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viernes, 23 de octubre de 2009
Propinar un botellazo a un policía en el pregón cuesta solamente 180 euros
El juez multa a uno de los acusados y absuelve a los otros dos
Consideró que el vídeo aportado no era una prueba legítima
El fiscal había solictado una pena de cuatro años de prisión
Propinar un botellazo a un policía municipal cuesta únicamente 180 euros, o al menos así lo ha considerado el Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid que ha condenado a un joven y absuelto a otros dos, que fueron juzgados por hechos ocurridos durante el pregón de las fiestas de Valladolid de 2007, cuando resultó herido un agente que trataba de asegurar el orden junto al Ayuntamiento.
En el fallo, el juzgado basó su absolución, fundamentalmente, en que la cinta de vídeo aportada por la Policía Municipal no era una prueba legítima por no estar garantizada su originalidad, con lo que declaraba nula la misma.
La resolución del juez contrastaba con la postura del Ministerio Fiscal, que había solicitado multas que en su conjunto sumaban 2.400 euros para los ochos imputados por faltas de alteración de orden público y deslucimiento, así como un año y medio de cárcel para uno de ellos y el pago de una indemnización de 696 euros por delito de daños.
La sentencia, a la que ha tenido acceso la agencia Efe, establece como hechos probados que sobre las 20.30 horas del 7 de septiembre de hace dos años, en la concentración de una gran multitud de personas en la Plaza Mayor de Valladolid con ocasión del pregón de las fiestas patronales, se congregó un numeroso grupo de personas alrededor del perímetro vallado de seguridad montado en torno al consistorio.
Pancarta
El grupo, alguno de cuyos miembros llevaba el rostro enmascarado, desplegó una pancarta alusiva al alcalde, a la vez que empezaron a empujar las vallas hasta derribarlas e invadir el perímetro vallado, desbordando a los vigilantes de seguridad que lo custodiaban.Ante esta situación, acudieron en auxilio de los vigilantes seis agentes municipales vestidos del paisano que se dirigieron al lugar en el que se encontraba uno de los encausados, S.R.G., de 22 años, y se identificaron verbalmente como policías.
Entre varios agentes le sujetaron y arrastraron hacia el edificio del Ayuntamiento, ante lo que el encausado forcejeó para evitarlo, mientras sus compañeros de grupo, entre ellos los otros dos acusados, F.J.D.L. y A.K.R., ambos de 22 años, tiraron de él, empujaron a los agentes y lanzaron "numerosos" objetos para evitar que fuese arrastrado.
A.K.R. lanzó una botella de vidrio que alcanzó a uno de los policías y le causó una excoriación en la región frontal, explica la resolución judicial. Como consecuencia de estos hechos, el mismo agente sufrió además otra excoriación en la región metacarpiana, mientras otro policía –que renunció a formular reclamación– sufrió múltiples erosiones.
El juez absuelve a A.K.R. del delito de atentado y de una falta de lesiones por las que el fiscal había reclamado cuatro años de prisión y le condena por una falta de lesiones a pagar una multa de 90 euros y una indemnización de 90 euros al agente que resultó lesionado.
La sentencia absuelve a los otros dos encausados, para los que el ministerio público también había pedido una condena de cuatro años de cárcel.
Antecedentes
En julio de 2006, el mismo juzgado, absolvía a los ocho jóvenes acusados de lanzar huevos y limones contra la fachada del Ayuntamiento, registrado durante el pregón de las Ferias y Fiestas de San Lorenzo de 2004 que dio el presidente de la Casa de Valladolid en Madrid, Juan José Cantalapiedra.
La acusación pública entendía que con la prueba practicada había quedado demostrada la culpabilidad de los ocho jóvenes, fundamentalmente gracias a las diligencias realizadas por la Policía Municipal y a las fotografías extraídas del polémico vídeo filmado desde un despacho de la tercera planta del Consistorio y en el que aparecían los imputados arrojando huevos y limones contra el edificio público.
Los jóvenes fueron multados cada uno con 3.000 euros por el Ayuntamiento en vía administrativa por los hechos y que permaneció en suspenso a la espera del fallo penal.
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