–Estamos inmersos en una nueva polémica por la piratería en aguas del Índico. ¿Son asumibles las exigencias de los armadores?
–La implicación del Gobierno de España en la seguridad en el Índico, desde la «operación Centinela-Índico» hasta la puesta en marcha de la «operación Atalanta», viene motivada esencialmente por la presencia de buques pesqueros españoles en esa zona. A lo largo de estos meses, el Gobierno ha sido absolutamente receptivo a las demandas del sector atunero y las medidas adoptadas se han aplicado de acuerdo con las asociaciones de armadores, como la delimitación de una zona para que los pesqueros faenen con una mayor seguridad, la ampliación del espacio de la misión, la prórroga por un año más, la fragata y el avión español dedicado sólo a nuestros pesqueros… Sólo hay una demanda que no podemos aceptar tal y como la solicitan: la de militares a bordo de barcos privadas para seguridad de un negocio particular. Porque es ilegal y porque el Estado Mayor de la Defensa lo desaconseja desde el punto de vista operativo. Pero sí hemos variado las normas para que los armadores españoles puedan embarcar seguridad privada dotada de armas largas. O sea, hemos atendido a todas sus demandas. Ahora les corresponde a los empresarios que quieren pescar en esas aguas peligrosas hacer su parte: poner seguridad privada. Y también para eso estamos dispuestos a ayudar desde el Gobierno español y desde el Gobierno vasco.
–Si se modifica la Ley, ¿se podrían introducir militares en los barcos?
–Evidentemente, el Parlamento tiene la última palabra en cuanto a la modificación de las leyes, pero la negativa del Gobierno español a embarcar militares no es sólo una cuestión legal sino también operativa. Cuando se invoca el ejemplo francés se obvia que ese Francia es el único país de los que operan en la zona que embarca militares y lo hace porque tiene tres bases en la zona y, sólo en Yibuti (próxima a Somalia) cuenta con más de 3.000 militares, una cantidad similar a la totalidad de los que España tiene desplegados en todas sus misiones en el exterior.
–¿Qué deberían hacer los pesqueros para evitar episodios como el del «Alakrana»?
–Según las Naciones Unidas, el Índico es, hoy en día, el océano más peligroso del mundo. Este año 2009 ha habido 126 ataques y 44 de ellos han terminado en secuestro. 26 países trabajamos en una operación militar contra la piratería en esas aguas pero, aún así, la seguridad absoluta no existe. Necesitamos que los armadores (los empresarios) pongan de su parte para minimizar los riesgos que corren sus trabajadores (las tripulaciones). Les hemos recomendado que se doten de medidas disuasorias de autoprotección, como cañones de agua, focos de gran potencia, instalación de vallas en la cubierta, etc. También hay otras de carácter preventivo como no alejarse en exceso al faenar. Finalmente el Gobierno español, tal y como nos habían pedido algunos armadores, ha autorizado a las empresas de seguridad privada el uso en los barcos de fusiles de largo alcance. Ahora hace falta que lo lleven a la práctica y den mayor seguridad a las tripulaciones que envían a esa zona.
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