El secuestro del 'Alakrana' y sus 36 tripulantes, que se prolonga ya tres semanas, encadenó ayer varios episodios que llevan al extremo el desconcierto que rodea la complicada y espinosa resolución del cautiverio. Mientras el Gobierno autorizaba que los vigilantes privados embarcados en los atuneros del Índico lleven armas militares para prevenir posibles asaltos y repelerlos, en un intento de incrementar la seguridad sin subir a los buques a miembros de la Marina, el embrollo judicial en torno a uno de los dos piratas detenidos se agudizó al abrirse un inédito conflicto competencial entre el juez Pedraz y la Fiscalía. El garantismo del primero al inclinarse por la solución más favorable al reo al no dar por acreditada su mayoría de edad, frente al criterio opuesto del Ministerio Público, se ajusta a las previsiones legales. Pero resulta mucho más difícil de entender no sólo semejante disparidad a la hora de valorar el conjunto de los análisis forenses realizados, sino que la justicia no haya encontrado una vía menos gravosa de poner de manifiesto sus discrepancias. Aunque haya sido por otros motivos, no es la primera vez que afloran divergencias entre la Fiscalía y los magistrados de la Audiencia Nacional en un caso de piratería.
La actual peripecia en los juzgados de Abdu Willy debe resolverse lo antes posible por el bien de la legalidad y toda vez que este se ha convertido en el enésimo elemento de perturbación para los familiares de los secuestrados.
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