sábado, 31 de octubre de 2009

Los vigilantes de los atuneros podrán disparar a los piratas


Un buque vasco huye de un abordaje tras pararse el motor de los asaltantes
La quincena de atuneros que faenan en aguas próximas a Somalia podrá embarcar vigilantes de seguridad privada a partir de la próxima semana. Los escoltas están autorizados a llevar fusiles de asalto, rifles y ametralladoras de un calibre inferior a 20 milímetros que podrán usar para prevenir y repeler ataques de los piratas.
El objetivo es proteger a los marineros e impedir secuestros como el de los pesqueros 'Playa de Bakio' y 'Alakrana', de acuerdo a la reforma aprobada ayer por el Gobierno, que modifica los reglamentos de seguridad privada y armas.
La nueva norma sólo afecta a los buques mercantes y pesqueros que navegan bajo bandera española en aguas extranjeras en situaciones de «grave riesgo» para la seguridad de personas y bienes. Estas reformas llevan incorporados otros acuerdos económicos. Entre ellos, que los Gobiernos central y vasco se comprometen a financiar a partes iguales la mitad del coste de embarcar a los escoltas privados en los atuneros, un gasto que oscila entre los 4.500 y los 12.000 euros al mes por barco.
La otra parte la asumirán los armadores, que, tras la reunión que mantuvieron en La Moncloa con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, dieron su beneplácito a la medida, ya que supone «un paso muy importante» para que los buques puedan trabajar con «relativa tranquilidad, según José Ángel Angulo, director de la Asociación Nacional de Buques Atuneros Congeladores.
A este gasto habría que sumar el importe de la formación de los guardias, su traslado a las islas Seychelles -base de los pesqueros que faenan en esa zona del Índico- y el equipamiento que lleven, que suele oscilar en torno a los 9.000 euros. Según fuentes del sector, se necesitaría un mínimo de seis agentes para proteger un barco con unos setenta metros de eslora de media como los que conforman la flota atunera española.
Desacuerdo
La vicepresidenta del Gobierno defendió la reforma tras la reunión del Consejo de Ministros y dijo que «todo estaba (legalmente) previsto porque se trata de un tema serio». Pero no todos están de acuerdo. El portavoz de defensa de CIU, Jordi Xuclá, tildó de «apaño» y «mala solución» la nueva norma, pues supone «una temeridad» poner en manos de mercenarios armas del Ministerio de Defensa. «No hablamos de una seguridad privada pacífica, sino de una situación en la que estos agentes deberán hacer frente a ataques que deberán repeler con disparos», afirmó.
De la Vega hizo referencia a un nuevo incidente, ocurrido el viernes en el Índico, que se quedó en nada. Un buque auxiliar de la flota atunera, el 'Iria Flavia', salió indemne de un intento de asalto a 2.000 kilómetros de la costa somalí porque los piratas, al parecer, tuvieron un problema con su motor

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