El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Elche ha dictado un auto en el que considera ilegal todos los servicios, incluido la vigilancia privada, que presta la entidad urbanística de conservación de la urbanización la Dehesa de Campoamor, en la costa de Orihuela, el núcleo poblacional más destacado de la costa oriolana, con 20.000 residentes en verano.
La entidad, disuelta oficialmente por el Ayuntamiento en enero de 2008, mantiene la prestación de varios servicios, entre ellos uno de seguridad con la firma Securitas, por el que anualmente cobra a los propietarios alrededor de medio millón de euros. El Ministerio del Interior también considera ilegal ese servicio de vigilancia privada y acaba de imponer la tercera sanción por un importe de 6.300 euros a la empresa.
El fallo judicial se produce a raíz de un recurso de los directivos de la entidad urbanística al acuerdo del Ayuntamiento oriolano de disolverla. Los recurrentes alegan que la entidad tiene "concertados compromisos y contratos con terceros". El juez rechaza el recurso porque todos los servicios "están ya prestados por el Ayuntamiento". Y en cuanto a los supuestos perjuicios invocados por el recurrente, el magistrado subraya que "deben confrontarse con los que se causarían a los vecinos que no quieren seguir perteneciendo a la entidad".
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