Cada día fallecen en España dos trabajadores como consecuencia de su trabajo, 14 sufren accidentes graves y 1.613 tienen accidentes leves en su lugar de trabajo y en el transcurso de su actividad. UGT considera que la solución pasa por el compromiso del Gobierno, Sindicatos y Patronal en el cumplimiento de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además el sindicato defiende desde hace años la necesidad de una Ley Integral de Siniestralidad y una reforma total de la Ley de Mutuas con la que se logre transparencia y eficacia en su gestión.
Un informe elaborado por UGT afirma que en los cinco primeros meses del 2009 han fallecido 331 trabajadores, de los que 241 lo hicieron durante su jornada de trabajo y en sus lugares de trabajo, en tanto que los accidentes “in itínere” sumaron 90. Esto supone 109 fallecidos menos en jornada de trabajo y 19 trabajadores muertos menos in itínere.
A la vista de los últimos datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, tenemos claramente identificados los culpables de la siniestralidad: la temporalidad, la precariedad, la subcontratación, la falta de formación, la falta de experiencia laboral y en gran medida, la ausencia de prevención de riesgos laborales en la pequeña y muy pequeña empresa española.
Para UGT la solución pasa por un gran compromiso del Gobierno, sindicatos y patronal, que desarrollando la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, lleve la prevención de riesgos, la cultura preventiva a todas y cada una de las empresas y los trabajadores españoles, aunando esfuerzos para acabar con esta lacra social.
Además el sindicato defiende desde hace varios años la necesidad de una Ley Integral de Siniestralidad. Disponemos de una buena Ley de Prevención de Riesgos Laborales y una muy completa normativa de desarrollo, pero falla la aplicación de la misma.
Para el sindicato es fundamental mejorar el sistema de gestión de las Mutuas mediante una reforma total de la Ley de Mutuas con la que se logre transparencia y eficacia a través de: una mayor participación de los representantes de los trabajadores en la gestión real y efectiva de las mismas y un mayor control de la Administración, de los empresarios y de los sindicatos en los órganos de dirección, ya que no podemos olvidar que se gestionan con fondos públicos provenientes del trabajo y deben hacer un buen uso de los mismos.
En este sentido los datos constatan el descenso de la declaración de enfermedades profesionales, que nos lleva a que en los cinco primeros meses del 2009 se hayan declarado 4.289 enfermedades profesionales menos que en el 2006, un 36% menos.
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