jueves, 9 de julio de 2009

La Policía Canaria sufre un recorte en sus competencias


El Gobierno regional se ha visto obligado a suprimir varios párrafos del articulado de la ley para evitar un recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado

El Gobierno de Canarias se ha visto obligado a reducir las funciones de la Policía Canaria para evitar un recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado. Entre las modificaciones que afectan a la Ley 2/2008 del Cuerpo General de la Policía Canaria, y que fueron aprobadas ayer en el Pleno del Parlamento, se encuentra la supresión de parte del artículo 19, concretamente la que otorgaba a los agentes la función de colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la vigilancia del litoral, el control de explosivos y de material pirotécnico, el control de la inmigración irregular, la verificación del resguardo fiscal y la vigilancia, verificación y control de las empresas de seguridad privada.
La Policía Canaria tampoco podrá crear grupos o secciones con personal específico para desempeñar funciones de la Policía Judicial, tal y como se pretendía con la ley.
Las otras modificaciones que ha tenido que asumir el Gobierno de Canarias son relativas a la promoción interna y al cumplimiento de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, indicó que las modificaciones aprobadas ayer "hacen posible el encuentro con el Estado en un tema fundamental para Canarias, como es la seguridad" y "cierra cualquier posibilidad de recurso por inconstitucionalidad".
Por su parte, el Grupo Socialista insistió en su rechazo frontal a la creación de la Policía Canaria por considerarla un "despilfarro" en época de crisis económica y votó en contra tras un intento fallido de que el Parlamento aprobara una enmienda para que el título de la ley recogiera que la nueva norma modifica dos leyes más además de la de la Policía Canaria: la de Coordinación de Policías Locales y la del Sistema Canario de Seguridad. El diputado socialista Francisco Hernández Spínola señaló que las funciones a las que renuncia la Policía Canaria "tienen su calado y su importancia", respondiendo así a las intervenciones de Coalición Canaria y del Partido Popular en las que ambos grupos intentaron quitar hierro al recorte competencial que ha tenido que asumir el Gobierno. Asimismo, recordó que el Partido Socialista Canario ya advirtió hace meses que la ley tenía aspectos inconstitucionales.

Ruano exige al Estado un Plan de Seguridad con más contenido
El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, indicó ayer que el Estado no tiene un verdadero Plan Integral de Seguridad para Canarias, sino "sólo un documento" destinado casi de forma íntegra a la inmigración clandestina.
Por eso, el dirigente aprovechó para demandar a José Luis Rodríguez Zapatero un plan que incluya a las policías locales de Canarias, así como las previsiones para el desarrollo de la policía autonómica y políticas concretas para la seguridad, las emergencias y el salvamento marítimo. "Lo que ha habido hasta ahora no responde en absoluto a esta filosofía", añadió.
Ruano realizó estas manifestaciones aprovechando una pregunta que el Grupo Popular le hizo en el Pleno del Parlamento referida al recorte presupuestario que ha hecho el Estado al Plan Integral de Seguridad de Canarias. A este respecto, la diputada Cristina Tavío acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de venir a Canaria a "prometer dinero", mientras "sus ministros nos quitan más de tres millones de euros del Plan Integral de Seguridad".
La parlamentaria calificó esto de "muy grave" y aseguró que en los Presupuestos Generales del Estado sólo hay una partida de 60.000 euros para el cuartel de Corralejo (Fuerteventura), que será inaugurado este verano.
Para Cristina Tavío, el Gobierno de España "juega a quitar dinero" de las partidas destinadas a la seguridad en el Archipiélago.
Por su parte, José Miguel Ruano aclaró en su intervención para contestar a la diputada que lo que ha habido es una retención de crédito por parte del Ministerio de Economía y Hacienda que, efectivamente "afecta a Canarias".

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