El juez del 'caso Malaya' deja fuera del proceso a un policía y a un guardia civil

El instructor desestima el resto de recursos presentados por los acusados contra el auto de procesamiento
El 'caso Malaya' cuenta con dos acusado menos. El juez instructor, Óscar Pérez, ha acordado dejar fuera del procedimiento a un agente de la Guardia Civil, F.J.S.P., y a otro del Cuerpo Nacional de Policía, J.J.L.M., dos años después de que fueran procesados por revelación de secretos y alrededor de tres años más tarde de que se les imputara este delito. El magistrado ha estimado el recurso de ambos contra el auto de procesamiento dictado por el anterior instructor del caso, Miguel Ángel Torres, en julio de 2007, mientras que ha desestimado el interpuesto por más de 60 encausados en el procedimiento contra la corrupción municipal e inmobiliaria. Entre ellos, los del ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca y los de los ex alcaldes de Marbella Julián Muñoz y Marisol Yagüe.
La resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, establece que los agentes facilitaron información sobre vehículos al que fue jefe de seguridad de Roca, Jaime Hachuel, a quienes los procesados conocían por su trabajo anterior dentro del mismo s era ector en un centro comercial y un hotel. En su declaración, ambos declararon que la comprobación de matrículas una práctica habitual de colaboración con integrantes de la seguridad privada. El juez considera que los recursos deben ser estimados, dado que no existe ningún indicio de conexión entre los agentes y la organización criminal que se investiga en el 'caso Malaya'. Pérez mantiene que la actuación de los recurrentes «nos aleja del tipo penal, sin perjuicio de lo que pueda decidirse, en su caso, en el ámbito disciplinario».
En el auto, el instructor de la causa acuerda además estimar parcialmente el recurso presentado por la ex concejala María José Lanzat en lo que respecta a la cuantía de la fianza exigida inicialmente para cubrir sus responsabilidades pecuniarias. Pérez fija su importe en 75.000 euros, la mitad de la fianza solicitada hace dos años a la ex edil por este concepto. No corrige sin embargo auto de procesamiento de otros 63 encausados, desestimando el recurso interpuesto por estos.
En relación con el principal procesado, Juan Antonio Roca, el juez destaca la situación económica del ex asesor urbanístico y su amplio patrimonio, así como el poder que ostentaba en el Ayuntamiento de Marbella.
Trama
El instructor señala la presunta trama delictiva en la que Roca recibiría dinero de los promotores inmobiliarios a cambio de supuestos favores urbanísticos, cantidades que repartiría entre los entonces concejales del Consistorio. Según Pérez, el estudio pormenorizado de cada uno de los ex ediles «pone de manifiesto claros indicios de un delito de cohecho continuado» por parte de los mismos.
«Será con ocasión de estudiar los recursos formulados por los procesados 'empresarios-aportantes' cuando se detecten, además, indicios de que los cobros estaban vinculados a actos delictivos», establece el magistrado.
Al igual que en el caso de los ex concejales, el instructor del 'caso Malaya' analiza de forma conjunta los recursos presentados por los integrantes del despacho de abogados Sánchez Zubizarreta. El juez mantiene que el bufete presuntamente intervino en la construcción de un entramado societario «para la ocultación del patrimonio de origen sospechosamente delictivo» de Roca.