El Sindicato de la Policía Local (SPL) de Cádiz sigue adelante con su particular cruzada para impedir la presencia de vigilancia privada en los accesos a la playa durante la celebración de las barbacoas del Trofeo Ramón de Carranza. Así, un año más, ha requerido por carta al subdelegado del Gobierno, Sebastián Saucedo, que no permita al Ayuntamiento de la capital la contratación de este servicio, al creer que la medida “no se ajusta a derecho”.
En el escrito enviado, el SPL exige al responsable de la Administración central en Cádiz que “no mire para otro lado y continúe desentendiéndose” de este asunto. No en vano, son muchas las peticiones que este sindicato ha presentado ya con el fin de evitar que guardias jurados desempeñen unas labores, a su entender, exclusivas de los agentes municipales. De hecho, hace 15 meses denunció ante la Subdelegación al propio Consistorio gaditano y a la empresa adjudicataria. Pero, a pesar del tiempo transcurrido, “de ese expediente aún no tenemos ninguna noticia”, se lamentaba ayer el secretario general de esta organización, Francisco Rama.
El dirigente sindical considera que esta reivindicación cuenta con “más respaldo”, a raíz de la respuesta ofrecida en junio por el Defensor del Pueblo Español a su queja. Tras admitirla a trámite, dicha institución solicitó información a la Delegación del Gobierno en Andalucía. Y ésta le remitió un informe donde se manifestaba “no haber autorizado en ningún momento servicios de seguridad privada en la vía pública a excepción de polígonos industriales o urbanizaciones aisladas”.
Para Rama, esta afirmación deja “en muy mal lugar” al subdelegado, quien “habría estado saltándose la ley a la torera, de no probarse lo contrario”, sostuvo. En su opinión, además, “ya no hay excusas” para consentir este verano el despliegue de vigilantes durante la fiesta de las barbacoas. Por eso, si la situación se repitiera, advirtió que “demandaremos al delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, el cese de Saucedo”.
Esta reclamación no es nueva y se extiende también a las procesiones de Semana Santa, cuando el Ayuntamiento suele reforzar el dispositivo de seguridad con guardias jurados. Sin embargo, no fue hasta el año pasado cuando, a partir de una sentencia del Tribunal Supremo sobre un caso similar ocurrido en Valencia, el SPL comenzó a denunciar este tema con más intensidad. Por ahora el sindicato se plantea agotar la vía administrativa, aunque no descarta acudir más adelante a los tribunales si ésta no le resultase efectiva.
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