La huelga convocada para ayer por los vigilantes de seguridad privada no tuvo repercusión en la actividad del sector. Los convocantes del paro, el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, reconocieron ayer que «casi nadie» lo secundó y achacaron el fracaso a que los tres colectivos mayoritarios del gremio, UGT, CC OO y USO, se demarcaron a última hora de la protesta.
El portavoz del Alternativa Sindical, Juan Antonio Bejarano, criticó que estos tres sindicatos «están vendidos a la patronal y no quieren luchar por los derechos de los vigilantes». Asimismo, manifestó que los servicios mínimos fijados por el Ministerio del Interior son «ilegales», ya que, a su juicio, limitaron el derecho de huelga. De hecho, en los últimos días, Bejarano no ha descartado presentar una querella contra el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, por «anular» este derecho.
El departamento dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba estableció el lunes unos servicios del cien por cien para los escoltas privados de autoridades, del 85% en el transporte de caudales y en la protección de entidades bancarias y del 75% en la vigilancia de infraestructuras sensibles como centrales nucleares o redes de suministro.
Los manifestantes exigían medidas reales para poner coto al «intrusismo laboral», así como el cumplimiento de la Ley de Seguridad Privada y de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a fin de garantizar la seguridad de los vigilantes y de los escoltas.
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