El sector de la seguridad privada lleva varios meses atento a la extensión a Vizcaya de prácticas de contratación ilegal para la vigilancia de obras públicas y grandes infraestructuras. Un ejemplo son los llamativos casos que han salido a la luz de grupos de personas de etnia gitana, sin la titulación obligatoria para ejercer como vigilantes, contratadas por constructoras para controlar los tajos por la noche. Ocurrió con la 'Supersur' en Trapagaran y ahora en una promoción de viviendas municipales en Rekalde.
El departamento de Seguridad Privada del sindicato Cesif ha decidido tomar cartas en el asunto y anuncia que seguirá de cerca estas situaciones irregulares para denunciar cada una de ellas. Patxi Verde, portavoz de la central, es contundente. Cree que esta práctica de algunas empresas es «un atraco». «Para estar homologado como vigilante privado hay que tener el graduado escolar y aprobar una oposición del Ministerio de Interior», advirtió. Y no sólo se ven perjudicados en el plano formativo. «Trabajan sin contrato y con sueldos de 600 o 1.000 euros», muy por debajo del mercado.
Estos profesionales empezaron a detectar contrataciones de este tipo en el sur de España, «pero el fenómeno ya se ha extendido al norte y son auténticas mafias, más que probadas». No sólo culpan al empresario. «Las instituciones no pueden lavarse las manos escudándose en que son constructoras privadas las que realizan las contrataciones. Ellas adjudican las obras y están obligadas a velar por que los pliegos de condiciones respeten la legalidad», afirmó Verde. Las consideran, por tanto, «responsables subsidiarias».
El PP pide explicaciones
En cualquier caso, recalcó que detrás de su reacción «no hay ningún tipo de racismo». «En seguridad privada trabaja gente de todas las razas y procedencias: gitanos, búlgaros... Pero todos deben tener un título homologado». Su batalla es contra las «contrataciones irregulares». De este modo, el Cesif responde a las críticas de la asociación gitana Kaledor Kayiko, que observa una perspectiva xenófoba en la polémica. «Subyace la idea de que se contrata a gitanos porque los que roban en las obras son gitanos y esto es culpabilizar a todo un colectivo. Hay gitanos que trabajan como vigilantes, encargados...», defendió Óscar Vizarraga, presidente de la asociación.
Por su parte, el edil del PP Carlos García pidió ayer la comparecencia del concejal de Obras y Servicios, José Luis Sabas, para dar explicaciones sobre la situación de las obras en Rekalde, que a su juicio «es digna de Nápoles o de Sicilia. El Ayuntamiento tiene la obligación de controlar los contratos», afirma. La empresa que construye el parking niega cualquier relación con el patriarca Joselín, que firma los carteles que han aparecido en la zona, donde también se edifican viviendas municipales.
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