El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) y la empresa de consultoría Anova han presentado la 'Guía sobre videovigilancia y protección de datos personales' con el objetivo de compaginar la seguridad de la videovigilancia con la protección de los datos y las garantías de la puesta en marcha este método de seguridad, según ha explicado el director general de Inteco, Víctor Izquierdo.
Durante el acto, Izquierdo también ha señalado que este documento también pretende "conseguir una mayor concienciación ciudadana y sensibilizarla acerca del uso de estos sistemas que se están expandiendo". En este sentido, ha incidido en que estos sistemas de videovigilancia tienen "unas connotaciones determinadas debido a que afectan a derechos como la intimidad, la propia imagen y la protección de datos de los ciudadanos". Además, recuerda que es una "herramienta útil y que desempeña una labor importante en la protección de la sociedad", aunque recuerda que el Tribunal Constitucional atribuye en varias sentencias un carácter de medio "particularmente invasivo".
Por su parte, el gerente del Observatorio del Inteco, Pablo Pérez, ha explicado los contenidos de la guía, que, a su juicio, "puede ser útil" para los ciudadanos que creen que se están captando su imagen y para las empresas que aplican la videovigilancia. Según ha comentado, esta es una práctica "en la que por un lado está la intimidad personal y por otro la seguridad de las personas" y en la que existen sanciones en caso de que se incumplan las obligaciones a las que se someten las empresas que la usan.
Pérez ha precisado que la guía señala los principios que deben seguir los responsables de estos sistemas de seguridad y del tratamiento de la información obtenida. Concretamente, ha citado los principios de calidad de la información; la proporcionalidad; qué finalidad tiene la grabación; el consentimiento del individuo para ser grabado "excepto cuando la Ley lo permite o existe un interés general, como en la Seguridad Vial"; o el acceso limitado a la información por parte de personas autorizadas.
Asimismo, ha relatado las obligaciones de las empresas responsables de estas herramientas de videovigilancia que está incluidos en la guía, entre las que se encuentran la obligación de informar a los ciudadanos que se les está grabando en una zona determinada; incluir las imágenes en un registro, salvo en los casos de grabación en tiempo real sin almacenamiento; velar por que los terceros implicados cumplan la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD); o cancelar las imágenes en un plazo máximo de un mes si no hay requerimiento judicial.
Por otro lado, ha añadido que la guía también recoge los derechos de los ciudadanos, conocidos como derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Así, ha comentado que el derecho de rectificación "es el más complejo debido a la dificultad de modificar las imágenes", al tiempo que ha destacado el derecho de indemnización si se vulneran los derechos de los ciudadanos.
Aplicaciones de la videovigilancia
Por su parte, el director de Consultoría de Anova, Miguel Pérez, ha concretado que la guía recoge las aplicaciones de la videovigilancia en las categorías de seguridad de bienes y personas, control laboral y otros ámbitos. De esta manera, ha destacado que "está prohibido grabar la vía pública por temas de seguridad privada o que en el control labora "hay que tener cuidado con no sobrepasar los límites de la intimidad de los trabajadores".También ha explicado que el trabajo "pretende dar tranquilidad a los ciudadanos sobre el uso de estos sistemas, que se pueden implantar en casa con una webcam y un software gratuito", así como que se está trabajando a nivel internacional con distintas universidades "para conseguir los sistemas más avanzados de videovigilancia para adecuar la tecnología a las leyes de cada país".
Mientras, el socio director de la empresa de consultoría Anova, Enrique Piñero, ha destacado la motivación de la compañía de "promover la cultura de seguridad de la información y la cultura de difusión que provoque un efecto en cadena en la ciudadanía". "La implantación total de la tecnología no llegará si los ciudadanos no tienen confianza en las nuevas soluciones tecnológicas", ha asegurado, al tiempo que ha defendido que "no se puede dejar al margen la protección de los derechos de los ciudadanos".
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