El traumatismo facial que sufrió un menor internado en el centro Albaidel, a causa de las heridas causadas como consecuencia del empleo de las defensas de goma por parte de los vigilantes de seguridad, motivó que a principios de 2009 el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha iniciase una investigación de oficio sobre estas instalaciones de internamiento albaceteñas.
La institución quería conocer los motivos por los que la seguridad del centro de internamiento de menores infractores «se había apartado de los estándares de todas las normas internacionales». El análisis concluyó con un completo recordatorio, por parte del Defensor, de los deberes legales que debían adoptarse en el centro con el fin de que no se repitieran situaciones de violencia similares.
Entre otras cuestiones se hacía hincapié en la necesidad de recordar al personal de seguridad la conveniencia de priorizar la contención física y la sujeción mecánica de los menores internados antes que el uso de defensas de goma.
También se instaba a que se articulasen los medios para que los hechos que constituyesen una infracción extraordinaria fuesen puestos inmediatamente en conocimiento de la dirección del centro «sea cual sea la hora en el que se produjesen». ¿El objetivo? Que la dirección de Albaidel, como órgano responsable, se encargase de valorar la procedencia de comunicarlo al juzgado.
Medidas de separación
Otro de los aspectos sobre los que ponía la atención era en la necesidad de que las medidas de separación de grupo a algún menor infractor se hicieran efectivas en horario de actividad ordinaria (por la mañana o por la tarde). Asimismo se apuntaba que no debía proponerse el cambio de centros de menores en los que se cumplan las medidas de internamiento, salvo en los casos previstos en la ley.
En el informe se analizaba también la instalación donde se realizan los aislamientos describiéndolo como «una pequeña habitación de aspecto frío, triste y descuidado, emplazada en un lugar inadecuado porque dificulta la labor de vigilancia y acompañamiento».
Igualmente se recordaba entre esos deberes legales que cuando un empleado público efectuase llamadas a familiares «comunicando hechos graves, o realice otras gestiones externas al centro sin la debida autorización, se depurasen las responsabilidades administrativas procedentes». Junto a estos deberes el Defensor del Pueblo, en el informe especial de evaluación de la Ley del Menor en Castilla-La Mancha, recomienda que se sustituya el centro de cumplimiento de medidas Albaidel por otra instalación de nueva configuración.
Un aspecto éste que ya se contemplaba en el Plan de Mejora de Albaidel en el que la Consejería de Bienestar Social ha trabajado, colaborando con profesionales del centro y con asesores cualificados de la delegación provincial en Albacete y de la Dirección General de Familia.
El documento fue remitido al Defensor a finales del pasado mes de marzo. Según pone de manifiesto en el informe especial realizado por la institución regional, se trata de un plan detallado de mejoras junto al que se adjuntó un cronograma comprometiendo los objetivos en un marco temporal.
El plan en cuestión prevé la construcción de un nuevo centro de cumplimiento de medidas, muy cercano al emplazamiento actual de Albaidel, que sustituirá el espacio físico haciéndolo «arquitectónica y funcionalmente más acorde con la realidad a la que se destina», señala el informe.
El Defensor aconseja además que mientras que se articula la sustitución del centro se garantice la adecuada tramitación y documentación de los procedimientos disciplinarios en las instalaciones actuales de Albaidel.
Otras propuestas
Pero las propuestas o recomendaciones sobre los centros de internamiento que realiza el Defensor del Pueblo en el análisis sobre la ley del menor no se centran exclusivamente en Albaidel. Así desde la institución apuestan por diseñar un mapa regional de centros que dé respuesta a una mejor garantía del derecho de los menores a cumplir las medidas de responsabilidad penal cerca de su domicilio.
Aprobar la normativa de funcionamiento interno de los centros socioeducativos de la Región para el cumplimiento de medidas privativas de libertad que la administración aplica con carácter no obligatorio, en dichos centros, es otra de las propuestas.
También aboga por la implantación de nuevas tecnologías de la comunicación como forma de garantizar el contacto de jueces de menores y de fiscales con quienes cumplen medidas de responsabilidad penal de internamiento. Esta propuesta se realiza ante la falta de medios de estos órganos judiciales para desplazarse a los centros de internamiento.
En este mismo sentido se pide que se intensifique la coordinación con los juzgados y fiscalías especializadas para facilitar los desplazamientos de estos en atención al interés de los menores infractores que cumplen medidas de internamiento.
Solo en 2009, último dato del que dispone el Defensor en el informe elaborado, en toda la Región se produjeron 386 internamientos de menores infractores en centros. Cifra ésta en la que se incluyen los internamientos terapéutico y los de fin de semana. En la provincia se alcanzaron los 75 ingresos. De ellos 42 fueron en centro, 18 internamientos terapéuticos y 15 de fin de semana. En la Región solo el internamiento en centro se incrementó un 71,4% entre 2001 y 2009.
No hay comentarios:
Publicar un comentario