La coalición es consciente de que ha podido molestar la resolución de la alcaldesa. Rubalcaba reformará la Ley de Bases de Régimen Local si persisten en prohibir a los escoltas acceder al consistorio Bildu intentará reconducir con los concejales afectados la polémica de los escoltas en Andoain. Fuentes solventes de la coalición soberanista aseguran que no se quiere hacer una batalla política de la decisión de la alcaldesa Ane Carrere de impedir a los escoltas entrar en el Ayuntamiento porque entienden que podría ser contraproducente para la propia formación.Las mismas fuentes afirman que son conscientes de que ha podido molestar la resolución de la alcaldesa andoaindarra, conocida el pasado jueves, de impedir a los agentes de seguridad privada el acceso a dependencias municipales. Reconocen, además, que no es su intención irrumpir en la vida municipal con decisiones que sean malentendidas. Representantes de esta coalición admiten que no ha sido la decisión más acertada en su estreno en la vida política de un municipio como el de Andoain, castigado particularmente por la violencia terrorista.En su intención de ser cuidadosos con aquellas cuestiones que por su carácter simbólico generen situaciones comprometidas, en los próximos días se darán los pasos necesarios para tratar de abordar con los propios ediles de PSE y PP las medidas pertinentes para su seguridad de en los recintos municipales.En una tónica similar se pronunció el alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre (Bildu), al afirmar que unas medidas como las tomadas en Andoain y Lasarte Oria, donde también se ha eliminado el arco de seguridad, «hay que consensuarlas o hablarlas con la gente que está afectada». El regidor donostiarra reflexionó en ETB2 sobre lo «positivo» del hecho de que «cada vez haga falta menos escoltas, si lo contextualizamos en un avance del proceso de normalización política y por la paz de este país». Izagirre apostilló, sin embargo, que «hay una tendencia de algunos partidos como PSE y PP de embarrar un poco la política vasca y de utilizar hechos puntuales para magnificarlos y dar una imagen que no es real».El último episodio de esta polémica tuvo lugar el pasado lunes cuando agentes de la Policía Municipal impidieron el acceso al Ayuntamiento a los escoltas que acompañan a los concejales del PP, Asun Guerra, y del PSE, José Luis Vela, en cumplimiento de la resolución dictada por la alcaldesa.Los ediles andoaindarras de PSE y PP no habían recibido ayer ninguna llamada de la alcaldesa ni de miembros de Bildu y la situación se mantenía en las mismas condiciones. La concejal popular Asun Guerra, sin embargo, confía en que las aguas puedan volver a su cauce en un futuro que sitúa después del verano.Tramitación parlamentariaEl Gobierno, por boca de Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer por la mañana que llevará al Congreso de los Diputados por la vía de urgencia una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local si en contra de lo expresado por fuentes solventes de Bildu, los alcaldes de esta formación generalizan la medida de no permitir el acceso a los escoltas.La citada norma establece en su artículo 25, apartado dos, que «el municipio ejercerá competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: Seguridad en lugares públicos». «Si para garantizar la seguridad de los concejales tenemos que modificar la Ley de Bases del Régimen Local, lo haremos con toda celeridad y por la vía de urgencia, y creo que podremos contar con el apoyo del Parlamento para que salga rápido», avanzó el vicepresidente y ministro del Interior. La tramitación parlamentaria abreviada acorta mucho los plazos y en caso de acuerdo entre los grupos, como puede ocurrir en este caso, puede aprobarse en cuestión de semanas.El vicepresidente primero avanzó, además, que los ministerios de Interior y Justicia ya están analizando el informe jurídico emitido por el Ayuntamiento de Andoain que justifica la prohibición de que los escoltas privados accedan a las instalaciones del consistorio. El informe emitido por el secretario del Ayuntamiento de Andoain establece que dentro de los edificios municipales compete a la alcaldesa «dictar las resoluciones oportunas para garantizar la seguridad de los lugares públicos».Los servicios jurídicos del PP vasco también estudian el documento para remitirlo a la Fiscalía. Ayer mismo, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Vasca, Juan Calparsoro, aseguró que no le consta hasta el momento ninguna denuncia por la prohibición de la entrada a los escoltas .Karrere se basa en el artículo 146 del real decreto 137/1993, sobre el reglamento de armas, que asegura que «deberá en general estimarse ilícito el hecho de llevar o usar armas en establecimientos públicos y lugares de reunión». Esta norma también determina que «queda al prudente criterio de las autoridades y sus agentes apreciar si el portador de las armas tiene o no necesidad de llevarlas consigo» en dichos edificios.El Gobierno Vasco asume que su capacidad de respuesta a la decisión de Carrere es limitada habida cuenta de que la competencia de seguridad en el interior de la sede consistorial es del alcalde. La portavoz Idoia Mendia explicó que ningún responsable municipal de Bildu consultó al Departamento de Interior la decisión de prohibir la entrada de escoltas e insistió en que «nosotros estamos sorprendidos y mostramos nuestra discrepancia con esta medida». El consejero Rodolfo Ares, remitió el viernes una carta a la alcaldesa de Andoain para «recordarle sus obligaciones como responsable de la Policía Local».
Bildu intentará reconducir con los concejales afectados la polémica de los escoltas en Andoain. Fuentes solventes de la coalición soberanista aseguran que no se quiere hacer una batalla política de la decisión de la alcaldesa Ane Carrere de impedir a los escoltas entrar en el Ayuntamiento porque entienden que podría ser contraproducente para la propia formación.
Las mismas fuentes afirman que son conscientes de que ha podido molestar la resolución de la alcaldesa andoaindarra, conocida el pasado jueves, de impedir a los agentes de seguridad privada el acceso a dependencias municipales. Reconocen, además, que no es su intención irrumpir en la vida municipal con decisiones que sean malentendidas. Representantes de esta coalición admiten que no ha sido la decisión más acertada en su estreno en la vida política de un municipio como el de Andoain, castigado particularmente por la violencia terrorista.
En su intención de ser cuidadosos con aquellas cuestiones que por su carácter simbólico generen situaciones comprometidas, en los próximos días se darán los pasos necesarios para tratar de abordar con los propios ediles de PSE y PP las medidas pertinentes para su seguridad de en los recintos municipales.
En una tónica similar se pronunció el alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre (Bildu), al afirmar que unas medidas como las tomadas en Andoain y Lasarte Oria, donde también se ha eliminado el arco de seguridad, «hay que consensuarlas o hablarlas con la gente que está afectada». El regidor donostiarra reflexionó en ETB2 sobre lo «positivo» del hecho de que «cada vez haga falta menos escoltas, si lo contextualizamos en un avance del proceso de normalización política y por la paz de este país». Izagirre apostilló, sin embargo, que «hay una tendencia de algunos partidos como PSE y PP de embarrar un poco la política vasca y de utilizar hechos puntuales para magnificarlos y dar una imagen que no es real».
El último episodio de esta polémica tuvo lugar el pasado lunes cuando agentes de la Policía Municipal impidieron el acceso al Ayuntamiento a los escoltas que acompañan a los concejales del PP, Asun Guerra, y del PSE, José Luis Vela, en cumplimiento de la resolución dictada por la alcaldesa.
Los ediles andoaindarras de PSE y PP no habían recibido ayer ninguna llamada de la alcaldesa ni de miembros de Bildu y la situación se mantenía en las mismas condiciones. La concejal popular Asun Guerra, sin embargo, confía en que las aguas puedan volver a su cauce en un futuro que sitúa después del verano.
Tramitación parlamentaria
El Gobierno, por boca de Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer por la mañana que llevará al Congreso de los Diputados por la vía de urgencia una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local si en contra de lo expresado por fuentes solventes de Bildu, los alcaldes de esta formación generalizan la medida de no permitir el acceso a los escoltas.
La citada norma establece en su artículo 25, apartado dos, que «el municipio ejercerá competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: Seguridad en lugares públicos». «Si para garantizar la seguridad de los concejales tenemos que modificar la Ley de Bases del Régimen Local, lo haremos con toda celeridad y por la vía de urgencia, y creo que podremos contar con el apoyo del Parlamento para que salga rápido», avanzó el vicepresidente y ministro del Interior. La tramitación parlamentaria abreviada acorta mucho los plazos y en caso de acuerdo entre los grupos, como puede ocurrir en este caso, puede aprobarse en cuestión de semanas.
El vicepresidente primero avanzó, además, que los ministerios de Interior y Justicia ya están analizando el informe jurídico emitido por el Ayuntamiento de Andoain que justifica la prohibición de que los escoltas privados accedan a las instalaciones del consistorio. El informe emitido por el secretario del Ayuntamiento de Andoain establece que dentro de los edificios municipales compete a la alcaldesa «dictar las resoluciones oportunas para garantizar la seguridad de los lugares públicos».
Los servicios jurídicos del PP vasco también estudian el documento para remitirlo a la Fiscalía. Ayer mismo, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Vasca, Juan Calparsoro, aseguró que no le consta hasta el momento ninguna denuncia por la prohibición de la entrada a los escoltas .
Karrere se basa en el artículo 146 del real decreto 137/1993, sobre el reglamento de armas, que asegura que «deberá en general estimarse ilícito el hecho de llevar o usar armas en establecimientos públicos y lugares de reunión». Esta norma también determina que «queda al prudente criterio de las autoridades y sus agentes apreciar si el portador de las armas tiene o no necesidad de llevarlas consigo» en dichos edificios.
El Gobierno Vasco asume que su capacidad de respuesta a la decisión de Carrere es limitada habida cuenta de que la competencia de seguridad en el interior de la sede consistorial es del alcalde. La portavoz Idoia Mendia explicó que ningún responsable municipal de Bildu consultó al Departamento de Interior la decisión de prohibir la entrada de escoltas e insistió en que «nosotros estamos sorprendidos y mostramos nuestra discrepancia con esta medida». El consejero Rodolfo Ares, remitió el viernes una carta a la alcaldesa de Andoain para «recordarle sus obligaciones como responsable de la Policía Local».
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