A pesar de ello, el Gobierno ha anunciado que buscará vías para impugnar en los tribunales la decisión de la alcaldesa mediante un recurso que se presentaría en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, según han informado a Efe fuentes del Ejecutivo.
Las mismas fuentes han explicado que sólo si tras el estudio que está llevando a cabo la Abogacía del Estado se considera que no hay motivos de impugnación suficientes se aprobará una reforma legal que afectaría a tres leyes: la de Bases de Régimen Local, la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la de Seguridad Privada.
Antes de hacerse pública esta decisión del Ejecutivo, la alcaldesa de Andoain ha telefoneado este mediodía al portavoz municipal del PSE/EE, Estanis Amutxastegi, y a la única concejal del PP, Asun Guerra, para cerrar sendas citas la próxima semana con el objetivo de tratar de alcanzar un acuerdo sobre las medidas de seguridad, contando con la opinión de los afectados.
De esta manera, Bildu ha atendido a los numerosos llamamientos efectuados hoy, sobre todo desde las filas socialistas, para que la alcaldesa de Andoain "reflexione" y reconsidere las medidas adoptadas la semana pasada, que incluyen la retirada del arco detector de metales y del escáner que había en la puerta del Ayuntamiento, una decisión que también ha adoptado el consistorio de Lasarte-Oria.
Bildu de Andoain ha informado en un comunicado de su propósito de reconducir la situación y ha explicado que la intención de la alcaldesa con esta medida no era infligir a los ediles del PSE y el PP "un castigo político".
La coalición abertzale ha querido dejar "claro" que con la decisión de impedir la entrada de escoltas privados en los edificios municipales no ha pretendido "reducir la seguridad de los concejales", ni "elevar el nivel de riesgo" que sufren.
Bildu ha explicado que la decisión se enmarca en "un contexto muy especial" y significa un paso en la necesidad de avanzar hacia la "normalización también dentro del Ayuntamiento", al tiempo que ha recordado que el propio departamento vasco de Interior está planteando disminuir el número de escoltas e incluso el Ministerio del Interior ha manifestado que reducirá las medidas de seguridad de los ediles ante el descenso del nivel de riesgo derivado del alto el fuego de ETA.
Por su parte, el consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, se ha mostrado "esperanzado en que se reconduzca la situación" en el Ayuntamiento de Andoain tras hablar hoy con la alcaldesa de esta localidad guipuzcoana sobre la prohibición a los escoltas de acceder al consistorio.
También el portavoz del PSE/EE, José Antonio Pastor, ha pedido hoy a Bildu que dé "muestras claras de solidaridad" hacia las personas amenazadas en los municipios que gobiernan y asuma un "compromiso explícito" con su seguridad.
En Vitoria, el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, ha precisado que la prohibición de que los escoltas accedan al Ayuntamiento únicamente se ha producido en Andoain, tras lo que ha pedido a la alcaldesa que "reflexione para que se pueda reconducir la situación".
Por último, el portavoz del PSE/EE en el Ayuntamiento de San Sebastián, Ernesto Gasco, ha otorgado hoy un "margen de confianza" al alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, respecto a las medidas de seguridad en el Ayuntamiento, ya que el nuevo equipo de gobierno no ha acometido ningún recorte en esta materia. EFE
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