Bildu se apoya en un texto jurídico para negarles el acceso al Consistorio
La Policía Municipal de Andoain (Guipúzcoa), siguiendo órdenes de la alcaldesa, Ana Carrere, de Bildu, negó ayer la entrada al Ayuntamiento a los escoltas de los ediles Asunción Guerra, del PP, y José Luis Vela, del PSE. "Están muy preocupados de que los escoltas dejen sus pistolas, pero en cambio no muestran el mismo interés en que ETA abandone las pistolas para siempre", declaró Guerra a este diario.
La edil popular acudió a media mañana al Consistorio para registrar la moción que su partido está presentado en todos los municipios para exigir la condena de los asesinatos de ETA. Un guardia municipal que se encontraba en la puerta prohibió el acceso al guardaespaldas tras identificarle. Guerra tuvo que entrar sola a las dependencias municipales para registrar la moción. Al salir del Ayuntamiento se encontró con el socialista Vela, a quien también se le impidió acceder al interior con las personas que le protegen. Los dos concejales decidieron pedir explicaciones al jefe de la Policía Municipal, quien les recibió en su despacho mientras los cuatro escoltas permanecían en el exterior de la casa consistorial, según relató la edil del PP.
El responsable policial se limitó a decirles que los agentes estaban cumpliendo un mandato de la alcaldesa avalado por un informe jurídico del secretario municipal.
Dicho informe se remite, según Efe, al artículo 146 del real decreto 137/1993, sobre el reglamento de armas, que asegura que "deberá en general estimarse ilícito el hecho de llevar o usar armas en establecimientos públicos y lugares de reunión". Este reglamento también determina que "queda al prudente criterio de las autoridades y sus agentes apreciar si el portador de las armas tiene o no necesidad de llevarlas consigo" en dichos edificios.
El escrito del secretario considera ajustada a la legalidad la decisión de la alcaldesa de Bildu y recuerda que es responsabilidad del mandatario municipal "valorar las circunstancias que concurren en el caso relativas a la necesidad de seguridad privada de determinados concejales en el interior de los edificios municipales". También recuerda que recae sobre la alcaldesa la responsabilidad de "garantizar la total seguridad" de los ediles dentro del Ayuntamiento.
Tras abandonar el Consistorio, Asunción Guerra se dirigió a su despacho, ubicado en otro edificio municipal, al que pudo acceder "sin problemas" acompañada de sus escoltas. "Nadie se ha molestado", aseguró. La concejal del PP se quejó de "la falta de sensibilidad" de la alcaldesa Carrere, a quien criticó por haber adoptado "una medida tan intervencionista". "Si nos hubiese llamado a los concejales del PSE y del PP para explicarnos su decisión, esto no habría sucedido", se lamenta.
El informe jurídico del secretario de Andoain ya ha sido enviado a la a la Delegación del Gobierno del País Vasco para que la Abogacía del Estado analice su legalidad. El delegado del Gobierno en esta comunidad, Mikel Cabieces, aseguró que el Ejecutivo exigirá que los Ayuntamientos "cumplan sus funciones de seguridad". En una entrevista en Radio Euskadi, Cabieces quiso tranquilizar a la población al afirmar que la prohibición ordenada por la alcaldesa de Andoain "no va a tener consecuencias para la seguridad" de los ediles. Una decena de asociaciones de víctimas del terrorismo han suscrito un manifiesto elaborado por dos asociaciones de escoltas en el que se solicita "respeto" para los vigilantes de seguridad que dan protección a los cargos públicos amenazados de Euskadi y Navarra y de quienes destaca su labor "fundamental" frente al terrorismo.
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