Los Pintado se enfrentan a cinco años más por tenencia de explosivos

Los hermanos José Manuel y Timoteo Pintado Palomo, propietariso de la agencia D-™Ajenti y de la empresa de servicios Búho se enfrentan a penas que suman hasta 33 años de cárcel cada uno, solicitadas por la acusación particular; 24 años por seis delitos de daños, cuatro años más por dos tentativas de daños y cinco años cada uno por tenencia ilícita de explosivos. El fiscal y el abogado de Sindo Castro consideran probado que los Pintado Palomo facilitar la información sobre las plantas que luego sufrían los ataques y usaban a José Villanueva a Gustavo Alonso Melcón y al fallecido Rafael Wolfgang Pérez como supuestos ejecutores. El hallazgo, tras un registrro domiciliario, de sesenta y un detonadores eléctricos, similares a los empleados en algunos sabotajes, también llevó al letrado de Sindo Castro a incluir el delito de tenencia de explosivos en su escrito de calificación, entre las críticas de la defensa de los Pintado. «No viene en el auto de apertura de juicio», se quejó.
El propio José Manuel Pintado Palomo ejerció su derecho a intervenir al final de la vista oral para reiterar ante el juez que tanto él como su hermano sólo elaboraron «informes comerciales» a petición de empresas de Martínez Núñez. Tanto el fiscal como el abogado de Castro habían vuelto a resaltar que los supuestos informes comerciales escondían en realidad la finalidad de preparar los sabotajes, pero Pintado reiteró que los hizo «sin meterme en la vida privada de nadie». Su abogado retieró en su alegato que los detonadores los tenía en depósito judicial, pero la acusación y el fiscal insistieron en que no ha aportado el mandamiento judicial que lo pruebe.
Durante la sesión de ayer, sin embargo, el que fue antiguo responsable de la sección de agencias de seguridad privada de la Comisaría de León, el policía jubilado Cárlos Vázquez, reveló al tribunal que Pintado fue condenado a 18 meses de prisión por realizar seguimientos sobre su persona y violentarle el buzón de su casa. Vázquez y su sucesor en la Comisaría, Valentín Plaza -”ambos llamados a declarar por el abogado de Villanueva, que trató sin éxito de demostrar que el confidente policial al que atribuía la condición de testigo protegido había participado en un turbio asunto sobre una inautación policial de hachís-” aseguraron que los Pintado Palomo no podía ejercer legalmente como detectives. «Estaban fuera de la ley», afirmó Plaza.