La empresa que ha elaborado el estudio asegura que los robos se eliminarán «taxativamente»
Los empresarios del Polígono Industrial de Santa María de Benquerencia, en Toledo, deberán invertir al menos 209.345,72 euros (IVA e instalación eléctrica aparte) si quieren blindar todo el perímetro para luchar contra los robos. Es el presupuesto que maneja la empresa Ingeniera y Desarrollo Idassa, autora del «preestudio» encargado por la Asociación de Empresarios del Polígono. A esta organización, que depende directamente de Fedeto, están adscritos más de un 50 por ciento de las 460 firmas comerciales que hay en el Polígono, según su presidente, Ángel García.
Idassa propone la instalación de pilonas fijas y retráctiles automáticas hidráulicas en todas las entradas y salidas, excepto una, de la zona industrial desde la N-400 para cerrar los accesos fuera del horario laboral (de noche), además de una «fuerte vigilancia» por videocámaras domotizadas durante las 24 horas del día. De esta forma, la empresa afirma que eliminará «taxativamente» los robos.
En el estudio se aclara que las cámaras vigilarán «únicamente» las zonas comunes, es decir, todas las vías de acceso y las que atraviesan el polígono industrial. Cuando el sistema se active, aquellas personas que quieran pasar en vehículos dentro del perímetro de seguridad lo harían únicamente por un acceso vigilado por una empresa contratada al efecto. Idassa propone que estuviera en la calle Estenilla, donde habría un videoportero para solicitar la entrada y salida del Polígono Industrial.
«No hay nada concreto todavía, aunque el camino que marcamos está llevando una buena evolución», afirma Ángel García, quien se queja de que las «malas interpretaciones» debido a la falta de información puedan «fastidiar las cosas».
«Esto no es ningún calentón por parte de nadie —asevera el presidente de los empresarios—. Ha habido un consenso entre la Junta directiva de la asociación y los técnicos de Fedeto para sacar adelante esta iniciativa», aclara el presidente de los empresarios del Polígono, «con el único fin de prevenir, por seguridad». García hace hincapié en que también deberá haber unanimidad entre los empresarios para ejecutar la idea, que «ya se propuso no formalmente» a la anterior corporación municipal, presidida por José Manuel Molina.
A la espera de los informes
Desde la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional no se ponen objeciones. «Desde el punto de vista de adecuación a la Ley de Seguridad Privada, no hay ningún problema», asegura el subdelegado del Gobierno en Toledo, Javier Corrochano. «Ahora bien —puntualiza—, debe pasar por el Ayuntamiento y, como va a haber cámaras en la calle, debería hacerlo también por la Agencia de Protección de Datos, que es la que autoriza que se pongan las cámaras en determinados lugares».
Sobre la viabilidad de cortar al tráfico de vehículos unas calles públicas, el Ayuntamiento no se pronunciará hasta que no haya informes jurídicos y patrimoniales por tratarse de bienes municipales. «Políticamente, hablando en plata, el equipo de Gobierno quiere echar una mano y ayudar a los empresarios a tomar una decisión que está valorada también por la Policía y la Subdelegación del Gobierno», asegura el concejal de Seguridad, Rafael Perezagua. «Pero el Ayuntamiento quiere tener la seguridad jurídica absoluta de que la decisión será la correcta y no tendrá ningún tipo de recursos contra la resolución, en el caso de que fuese positiva», añade.
Perezagua y Corrochano hacen hincapié en que debe haber una «práctica unanimidad» entre los empresarios para implantar el sistema de seguridad en el Polígono Industrial, donde hay empadronadas más de 200 personas. «Que haya un alto nivel de unanimidad es una condición sine qua non para que el proyecto salga adelante», resalta el concejal de Seguridad.
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