El consejero remodela la sección de los supuestos autores de los seguimientos
Los casos de supuesto espionaje a altos cargos del PP de Madrid han dejado una profunda cicatriz en la Consejería de Presidencia e Interior, que dirige Francisco Granados. Las funciones de los 39 trabajadores del área de Seguridad son difusas. La fugaz comisión de investigación celebrada en la asamblea para esclarecer los casos de espionaje apenas pudo determinar a qué se dedicaban algunos de estos trabajadores. Ahora, Presidencia e Interior se prepara para una reorganización que pasa por la asignación de los cerca de 40 trabajadores a cuatro áreas diferentes distribuidas en otras consejerías, según precisan fuentes del Gobierno regional.
La decisión está relacionada con el convenio firmado con el Ministerio de Interior por el que se crea una unidad del Cuerpo Nacional de Policía, integrada por 80 agentes, adscrita a la Comunidad de Madrid. Según el convenio, se crearán cuatro departamentos, entre los que se encuentran el área para la preparación de eventos con personalidades públicas, la unidad para el tratamiento de datos confidenciales -como matrículas de coches-, la unidad para la coordinación de la seguridad física del complejo gubernamental de la Puerta del Sol y otra área para supervisar la actuación de los servicios de seguridad privada contratados en diversas sedes de la Comunidad de Madrid. El plan fue explicado por Granados en sede parlamentaria hace unas semanas.
Enrique Barón, director general de Seguridad e Interior de la Consejería de Presidencia e Interior, está comunicando los cambios a los trabajadores, según fuentes del Gobierno regional.
La reordenación del área de Seguridad, avanzada ayer por el diario gratuito ADN, despertó los rumores sobre una posible crisis de Gobierno del Ejecutivo de Aguirre. Pero tanto la propia presidenta, Esperanza Aguirre, como el vicepresidente, Ignacio González, se apresuraron a desmentirlo. "Es pura especulación y no hay nada más", comentó González en referencia a posibles cambios en la dirección de la Consejería de Presidencia e Interior. La figura de Granados ha perdido peso político en el Ejecutivo de Aguirre, según fuentes del PP. Descartada una reordenación inmediata de las consejerías, la decisión se aplaza para después del verano. Fuentes populares cuentan con que una vez pasadas las elecciones europeas y las vacaciones estivales se produzca una reforma del Gobierno regional para encarar la recta final de la legislatura.El área de Seguridad dependiente de la Consejería de Presidencia e Interior cuenta con 39 trabajadores. La mayoría de ellos tienen una actividad programada a diario que se detalla en partes internos. En el organigrama de la Dirección General de Seguridad, que dirige Enrique Barón, figuran los destinos de los casi 40 trabajadores. Ocho agentes están destinados al complejo de la presidencia, otros siete están asignados a diferentes consejerías, otros dos se encargan de la seguridad electrónica y nueve empleados figuran en la seguridad de exteriores. En la estructura figura un agente técnico de guardia asignado a la sede de la consejería en la calle de Gobelas, número 34. Hay un trabajador al cargo de los vehículos de la Dirección General de Seguridad, y otro de la informática. Cinco trabajadores tienen una baja laboral prolongada y otros tres están liberados por ser representantes sindicales. Los dos trabajadores restantes están al servicio del director general de Seguridad, Sergio Gamón.
Este alto cargo fue destituido por Francisco Granados en junio de 2008 tras acceder con un grupo de funcionarios a una oficina de la Consejería de Justicia, cuyo titular denunció el robo de un ordenador. Pero Gamón encontró acomodo en un área de Seguridad paralela de la Comunidad de Madrid, bajo las órdenes del vicepresidente regional, Ignacio González.
Los dos agentes al servicio de Gamón son José Palomo Gallego (supervisor de Seguridad) y José Manuel Pinto (técnico especialista de Seguridad). Ambos son compañeros desde hace cinco años. Pinto ha sido identificado como uno de los que supuestamente elaboraron los informes de seguimientos a altos cargos del PP de Madrid durante el pasado año, según una prueba pericial caligráfica encargada por este diario. Pero otro informe pericial encargado por la Comunidad desvincula al mismo agente de los espionajes.
José Manuel Pinto y José Palomo son los únicos de los 39 agentes que no tienen una actividad definida en el estadillo de funciones diario. Ambos desarrollan su trabajo en el turno diurno. En los partes de trabajo sólo aparecen referencias que les vinculan al servicio del director general.
Tras estallar el caso de los supuestos espionajes a altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid, los dos agentes redactaron una carta a sus compañeros. En el documento justificaban sus tareas y negaban que hubieran espiado a políticos. A la vez criticaban al resto de sus compañeros porque, según escribieron, se sentían "despreciados profesionalmente por los representantes de los trabajadores, por componentes del propio servicio de seguridad (algunos no tienen muy claro qué es un servidor público y menos el estamento al cual pertenecen) y por ex responsables políticos y de seguridad".
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