BEATRIZ LLEDÓ blledo@lasprovincias.es Al propietario de un bar del área metropolitana de Valencia le instalaron una alarma que sonaba cada 15 horas. No fue una equivocación. «Como cada vez que salta viene la Policía, así te asegurarás de que la zona estará siempre vigilada», le dijo el técnico para contentar al hostelero. El resultado fue que los agentes llegaron a acudir tres veces cada semana a la nave. El jueves entra en vigor una orden del Ministerio del Interior sobre seguridad privada que persigue reducir el número de falsas alarmas y por tanto el desplazamiento innecesario de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Para ello, la nueva norma establece que la Policía sólo se movilizará cuando el peligro esté confirmado. Y es que los falsos avisos, bien por abuso -los menos-, errores de funcionamiento o avería, son un quebradero de cabeza contra el que se batalla desde hace años. En la Comunitat saltan más de 2.500 alarmas al día. Únicamente el 10% son reales.
La disposición marca tres protocolos para comprobar si existe un riesgo. Una de ellas es la presencial, es decir, el vigilante tendrá que verificar en persona si ha entrado un intruso. Otra opción será observar al ladrón mediante cámaras de vídeo, siempre que las tengan instaladas. Por último, los que disponen de alarmas conectadas a una central (la mayoría) sólo podrán dar aviso si saltan tres dispositivos de la sirena en 30 minutos.
Lo cierto es que la entrada en vigor de esta orden la semana que viene ha dividido a usuarios, empresas de seguridad y agentes en la Comunitat. Los primeros se consideran los grandes perjudicados. Ahora miles de ellos tendrán que revisar sus sistemas de protección. «Nos restará tranquilidad. Los que los han contratado lo han hecho para que cuando se dispare la alarma la Policía acuda. Esto lo interpretamos como una falta de asistencia», asegura el presidente de la Asociación Valenciana de Urbanizaciones, Carlos Verdú, quien afirma que es mejor «pecar de exceso».
El secretario general de la Asociación Patronal Valenciana de Seguridad y servicios (APVSS), José Luis Roberto, admite que restará «eficacia» a determinados sistemas de alarma. «Si tienen que saltar en tres zonas para que desde la central podamos avisar a la Policía, se está dando manga ancha al ladrón que inhibirá la señal antes de que suene tres veces», explica Roberto.
Los negocios de seguridad ya han enviado circulares a todos sus clientes explicándoles los cambios que acarrea la normativa. Los aparatos que funcionan vía radio se quedarán casi inservibles. Se trata de kits básicos, más baratos al no requerir mano de obra, y más fácil de silenciar por los ladrones. «Nunca verás un banco con uno de estos sistemas», se sincera un técnico.
«Son los más vulnerables dado que los detectores llevan una pilas que duran tres años y emiten una señal muy débil. Hasta los inhibidores de frecuencia de móvil son capaces de anularlos», explican desde la empresa valenciana de seguridad Tecnicom, que matizan que el sistema de cableado «es mucho más seguro».
Las compañías del sector ofrecen varias soluciones para adaptarse a la normativa. Una de ellas es incorporar algún detector con imágenes. Con la orden que entra en vigor el 18 de agosto, este método de verificación pasará por registrar «un mínimo de una imagen del momento exacto de la alarma y dos posteriores a ella que permiten identificar la causa». Pero sin duda esta adaptación supondrá un desembolso por parte del cliente.
«Si hasta ahora la Policía se hartaba de acudir a falsas alarmas ahora se hartará de ir a robos», sentencian desde Tecnicom.
Sin embargo, otras empresas consideran que es una orden necesaria. «Entendemos que supondrá una mejora sustancial en la actuación de las compañías de seguridad y la optimización de recursos del Estado», explica el responsable de seguridad de Securitas Direct, José Ignacio Jiménez.
Más saltos de alarma
Sólo en la central receptora de alarmas de la firma se registraron el verano pasado más de un millón de saltos de alarma en toda España. De ellas, 144.501 tuvieron lugar en la Comunitat, lo que convierte a la valenciana en la cuarta región de España donde más se activan.
«En el Polígono Fuente del Jarro saltan una media de seis al día, es decir, 1.800 al año. En el 95% de ellas se debe a errores técnicos o falta de revisión, entre otras causas», explica el secretario de APVSS.
Fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) aseguran que era necesario un control «más severo» sobre las alarmas. En cualquier caso, ponen en duda que la condición de que la sirena tenga que saltar tres veces tampoco será del todo eficaz. «Sólo con que se cuele un animal y recorra toda la vivienda se pueden disparar los detectores suficientes para que nos llamen. Es muy complicado», advierten. Las falsas alarmas pueden estar motivadas por errores del sistema, olvido de desactivarlas o por elementos que despistan los detectores (como animales o corrientes de aire).
No en vano, la Asociación Europea de Profesionales para el conocimiento y la regulación de las actividades de la seguridad ciudadana (AECRA) estima que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían ahorrarse más de 80.000 horas de trabajo si todas las empresas de seguridad con alarmas utilizaran sistemas de verificación más avanzados.
«Con la nueva norma se busca evitar desplazamientos innecesarios de la Policía y también rebajar los trastornos que las falsas alarmas pueden causar al vecindario», explican desde la sectorial de seguridad privada de UGT.
Otra de las novedades que incluye la orden, que otorga un plazo de adecuación de diez años, son las sanciones. «Se considera falsa toda alarma no confirmada en los términos establecidos en esta orden, que no esté determinada por hechos susceptibles de producir intervención policial».
La transmisión de una alarma sin confirmar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «podrá ser objeto de denuncia para la imposición de la correspondiente sanción», reza el texto.
Hasta ahora eran necesarios tres o más avisos falsos procedentes de una misma conexión para ser denunciable, una medida que también se mantiene.
Además, se conserva la posibilidad de desconexión. Esto puede ocurrir cuando el sistema, conectado o no a una central, origine dos o más falsas alarmas en un mes. Entonces se requerirá al titular de los bienes para que en menos de 72 horas subsane las deficiencias pudiendo acordar la «suspensión del servicio, ordenando su desconexión o la obligación de silenciar las sirenas durante un tiempo».
Sin embargo, desde el sindicato policial SUP explican que las ocasiones en la que la delegación del Gobierno llega a imponer un castigo son mínimas.
El cambio normativo ya ha despertado la picaresca. Varias empresas de seguridad de la Comunitat han detectado cómo comerciales de ciertos negocios aprovechan la incertidumbre que puede causar el documento para acudir a las casas de clientes que ya cuentan con protección y ofrecerles un «buen sistema de seguridad, apto para la nueva ley».
Desconfiar
Según denuncian las compañías, también suelen ofrecerse voluntarios para hacerles la gestión de baja con la empresa anterior. «Pedimos que desconfíen cuando les ocurra esto y sobre todo que no firmen ningún documento». En caso de hacerlo, el particular «no pagará el mismo precio que paga, sino más del triple por un equipo de seguridad que no vale ni la cuarta parte de lo que la persona está pagando». A ello se sumarán que no se podrá dar de baja de esta empresa, «ya que en realidad firma con una financiera. Y por supuesto, a la persona que le venderá el sistema de seguridad, no la volverá a ver».
Fuente: vigilantesdeseguridad.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario