ÓSCAR B. OTÁLORA | BILBAO
El Departamento de Interior ha iniciado un estudio para que el servicio de escolta de la Ertzaintza, creado en 1997 ante la ofensiva de ETA contra los partidos políticos, pase a proteger también a las mujeres amenazadas por la violencia machista. Este grupo, denominado de acompañantes, lo componen doscientos agentes y fue clave a la hora de contrarrestar la dura campaña terrorista contra cargos públicos vascos. La consejería ha empezado este mismo verano las tareas para diseñar la adecuación de la unidad, cuyo objetivo es que los policías asuman la nueva función sin abandonar las tareas de protección de cargos públicos mientras persiste la amenaza etarra.
El primer paso de Interior, según han señalado fuentes consultadas por este periódico, consiste en realizar un estudio riguroso sobre las pautas por las que se rigen los agresores en los casos de violencia de género y analizar las fórmulas que permitan aumentar los protocolos de seguridad de las amenazadas, tanto con la asignación directa de un escolta como con la puesta en marcha de labores de contravigilancia; es decir, controlando el entorno de la mujer para detectar cualquier hipotético riesgo.
El hecho de destinar a ertzainas a misiones para la prevención de agresiones machistas supondría un cambio significativo respecto de los actuales protocolos. Hasta ahora se optaba por la contratación de vigilantes privados, aunque estos últimos no tienen la condición de agentes de la autoridad.
El Departamento de Interior considera que la posibilidad de organizar servicios especiales de vigilancia con la máxima discreción para controlar el entorno de las denunciantes contribuiría también a aumentar la seguridad y podría resultar un incentivo añadido para muchas mujeres que viven aterradas por temor a sus parejas.
La medida permitiría que continuaran con su vida normal bajo protección pero sin un agente que les acompañe constantemente. No en vano, una queja frecuente entre los cargos políticos que viven desde hace años escoltados es la obligatoriedad de desarrollar todas las actividades cotidianas siempre con la compañía de un guardaespaldas, al que deben además informar previamente de cada uno de sus pasos.
La decisión de llevar a cabo la readecuación de la unidad de acompañantes se ha tomado este verano, al considerar la consejería que dirige Rodolfo Ares que es necesario revisar los protocolos de seguridad que se están aplicando a la hora de evitar la violencia de género. Tragedias posteriores como la de Deisy Mendoza, de 36 años, asesinada por su exmarido el lunes de la semana pasada en la capital vizcaína, ha reforzado la intención de Interior de introducir cambios en su política de protección.
Cuatro mil denuncias
En el País Vasco, 46 mujeres reciben al año la atención de guardaespaldas, aunque el número de denuncias por violencia machista llega a las 4.000. Para intentar reducir ese número y establecer una barrera entre el agresor y su expareja, se están analizando también otras medidas, como las pulseras o señalizadores de GPS que detectan cuándo un maltratador se encuentra en las cercanías de su víctima. Esta forma de control, en fase de estudio con la Fiscalía, se ha aplicado ya a veinte agresores en Euskadi.
En cualquier caso, todo este proyecto no podría llevarse a cabo sin una disminución de esa otra violencia que precisamente llevó a la Ertzaintza a crear una unidad de escoltas en la década pasada: el terrorismo. Interior tiene en cuenta que ETA ha declarado una tregua, no ha habido atentados en España desde hace dos años, la organización terrorista se encuentra aparentemente en proceso de descomposición y la kale borroka prácticamente ha desaparecido.
Las acciones de los radicales, que hasta hace no mucho tiempo constituían también un factor decisivo para que una persona llevara o no guardaespaldas, han descendido más del 90% y en lo que va de 2011 solo se han registrado un par de casos, según un informe de la propia consejería difundido este mes de agosto.
La asunción de nuevas funciones por parte de los acompañantes de la Ertzaintza está relacionada así con el reajuste de todos los medios de escolta que se está llevando a cabo desde hace un año en Euskadi. Tanto el Gobierno Vasco como el Ministerio del Interior han reducido de forma paulatina el número de servicios que prestan, tras revisar los criterios por los que se otorgan los guardaespaldas y que, en algunos casos, suponían que personas que desde hace años ya no tenían cargos públicos contaban todavía con doble protección.
En algunos casos, se decidió suprimir este nivel de control y sustituirlo por la contravigilancia a cargo de agentes que supervisaban el entorno de los amenazados. La iniciativa chocó con reticencias en algunos colectivos, como el de los jueces vascos. Aunque la cúpula judicial ha aceptado la reducción de escoltas, algunos magistrados han discrepado sobre la idoneidad de esta iniciativa, cuando ETA no ha anunciado aún su final definitivo.
Fuentes gubernamentales sostienen, no obstante, que la medida es reversible. En el caso de que las fuerzas de seguridad detecten un aumento del riesgo por la actividad terrorista, tanto la consejería como el ministerio recuperarán los antiguos servicios de escolta e, incluso, podrían incrementarlos. El propio consejero de Interior, Rodolfo Ares, ha reconocido que la actual tregua ha provocado que se repiensen los protocolos de seguridad «adecuándolos a las necesidades», pero «gestionando con rigor los recursos públicos».
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