Ignacio Fernández de Mesa señala que él mismo es una de las víctimas y mantiene que siguen adelante con su proyecto de un sistema de seguridad privada en el campo
Robos y amenazas de muerte. Ese es el panorama que ayer denunció la organización agraria Asaja Córdoba a la hora de radiografiar la situación del campo cordobés. El presidente provincial de la organización, Ignacio Fernández de Mesa, explicó que tras 11 años en Asaja "es la primera vez" que comparecen para quejarse de problemas de orden público y describió como muy difícil la situación del campo, con robos continuos de material, maquinaria y expolios, a lo que se ha sumado últimamente "hasta amenazas de muerte".
Fernández de Mesa apuntó que él mismo es uno de los perjudicados y que ha tenido que denunciar a varias personas que previamente habían sido condenadas por robar en su propiedad con multas de 90 euros, cantidad que esos individuos ahora reclaman al propio Fernández de Mesa, quien tras negarse, fue amenazado de muerte por esas personas con frases "como te vamos a matar" o "te vamos a ir buscando por las carreteras". El también presidente de la Cámara de Comercio dijo que se han dado casos parecidos en la provincia de Córdoba y lamentó la falta de medios humanos y técnicos de la Guardia Civil, a la vez que lamentó que los agentes del instituto armados se estén concentrando en grandes núcleos de población por decisiones de orden político y se esté abandonando la vigilancia en el campo.
Ignacio Fernández de Mesa dijo que por su condición de dirigente de Confederación de Empresarios (CECO), de Asaja y de presidente de la Cámara de Comercio "no podía" silenciar estos hechos y decidió denunciarlos públicamente. También indicó que ha dado cuenta de lo sucedido al subdelegado del Gobierno, Jesús María Ruiz, del que dijo sólo le ha dado "apoyo". En este sentido, el dirigente agrario reconoció que sigue viva la idea de su organización de poner en marcha un sistema de seguridad privada, si bien el gran handicap de este proyecto es su alto coste económico. En este sentido, Fernández de Mesa indicó que "tendremos que pasar a la Subdelegación del Gobierno la factura". También se quejó de que los agricultores se ven obligados a asegurar "todo" lo vinculado al campo, lo que supone un fuerte desembolso.
En su denuncia, el presidente de la patronal agraria estuvo arropado por el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, quien con su asistencia quiso mostrar el apoyo de la organización a nivel nacional con Fernández de Mesa. También añadió que "estamos trabajando" con el fin de que las modificaciones en el Código Penal para endurecer las penas por robos en el campo. Pedro Barato insistió en que "la Guardia Civil fue creada para estar en el campo" y lamentó que "nosotros tenemos una necesidad que no está cubierta". También dijo que la organización de las fuerzas de seguridad "es una decisión política", con lo que se pueden solucionar los problemas de inseguridad. El presidente nacional de Asaja fue claro al decir que "si alguien roba es porque se está vendiendo", por lo que reclamó un mayor control de los puntos en los que se adquiere ese material hurtado de las fincas agrarias, como es el caso del cobre, herramientas o maquinaria, que en algunos casos tiene un valor de miles de euros.
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