Una ley reorganizará la policía vasca

El anteproyecto, enviado a Eudel y los sindicatos, prevé una mayor coordinación entre la Ertzaintza y las guardias locales 

El Departamento de Interior prevé un cambio radical del panorama de la seguridad vasca. Según el anteproyecto de la Ley de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, al que ha tenido acceso este periódico, las policías locales cobrarán más fuerza y tendrán una mayor relación con la Ertzaintza en todos los sentidos. La futura norma, que se encuentra en fase de debate, tienen en cuenta tanto la formación de los futuros agentes locales, que se hará en la Academia de Arkaute y para ello los representantes de lo municipios estarán presentes en el Consejo Rector del centro de estudios, como cuestiones prácticas que afectan al trabajo diario tanto de ertzainas como de guardias urbanos. En este campo, por ejemplo, se prevé la uniformidad en las comunicaciones o crear mesas de contratación para abaratar los costes en materiales comunes. El objetivo final es poner orden un sistema policial complejo, en el que existen alrededor de 3.000 agentes locales dependientes de diferentes municipios y 8.000 ertzainas.

Esta norma supone la primera gran reescritura de la Ley de Policía del País Vasco, aprobada en 1992 y que ha regido la actividad policial del Gobierno Vasco desde esa fecha. En este sentido, la futura norma supone una reactualización de los principios que deben guiar a los servicios de seguridad en Euskadi en el siglo XXI. La coordinación, sin embargo, afecta a las policías municipales, pero también a los servicios de emergencias, como pueden ser los bomberos o los trabajadores de protección civil.

Una muestra del cambio que se pretende es la futura denominación de la Academia de Arkaute. El anteproyecto de ley establece que pasará a denominarse Academia Vasca de Policía y Emergencias. Este cambio implica que no sólo se formará a ertzainas y, en ciertos casos, a policías locales, como se venía haciendo hasta ahora. Por el centro de estudios pasarán también los escoltas, los responsables de extinción de incendios y de salvamento, personal sanitario o servicios forestales vinculados con la protección civil y, en definitiva, todo el personal vinculado con la atención de emergencias.

Pero Arkaute también formará a nuevas figuras del orden público que se crearán para que los ayuntamientos vascos puedan disponer de más personal para la seguridad, sin que eso suponga aumentar las plantillas de las guardias urbanas. Estos puestos serán los vigilantes municipales, los auxiliares de policía y los agentes de movilidad. Los vigilantes, que también serán denominados alguaciles, sólo podrán ser creados en aquellos municipios que no dispongan de cuerpo de policía local. No podrán ser más de cinco ni ir armados y sus funciones consistirán en la custodia y vigilancia de dependencias municipales, dirigir el tráfico, y hacer respetar las ordenanzas y bandos. A estas plazas se llegará por oposición y la formación de los alguaciles se realizará en la Academia de Arkaute.

Los auxiliares de policía, por su parte, serán una figura encargada de complementar a las guardias locales en momentos especiales. Al igual que los alguaciles, deberán pasar una oposición y se formarán en Arkaute. La tercera figura, los agentes de movilidad, se encargarán en exclusiva de la regulación del tráfico en el casco urbano. Tendrán un uniforme propio, no podrán portar armas y se formarán en Arkaute.

Mancomunidad

De cara a la mejora de las policías locales, la futura ley prevé por ejemplo que, previa autorización del Departamento de Interior, los ayuntamientos puedan compartir agentes, de forma que, si una localidad necesita ampliar su plantilla de forma temporal -por ejemplo los municipios costeros en época de vacaciones- pueda contar con agentes de zonas limítrofes. En esta misma línea, la norma establece que los municipios de menos de 20.000 habitantes podrán mancomunarse para prestar servicios policiales.

Esta colaboración con los municipios se llevará a cabo con la mayor coordinación posible entre los entes locales y el Gobierno Vasco. Como muestra de esta coordinación, representantes de los ayuntamientos y de las diputaciones entrarán en el Consejo Rector de la Academia de Arkaute, el órgano consultivo que regula el trabajo del centro de estudios.

Otro de los aspectos que recoge el anteproyecto de ley es la puesta en marcha de una mesa de contratación que gestione todos los expedientes relacionados con la seguridad. A esta mesa podrán adherirse todas las entidades que lo desean, dentro de una filosofía en la que no se busca realizar ningún tipo de imposición a los municipios, sino que puedan optar a este tipo de contratos que abaratarían los costes en la compra de material.

La ley, además, delimita los servicios entre policías locales y er-tzainas, en un modelo muy similar al que se aplica en la actualidad. El tráfico urbano dependerá de las guardias urbanas y el interurbano de los agentes de la Ertzaintza, por ejemplo. La policía judicial dependerá en exclusiva de los ertzainas, aunque se admite la firma de convenios para que agentes locales realicen también este tipo de labor.

Una de las disposiciones adicionales de la futura ley de seguridad regula uno de los aspectos más problemáticas en la Ertzaintza: la reserva de plazas para mujeres. La futura norma establecerá la preferencia para cupos de personal femenino de forma legal, por lo que no será recurrible cuando se aplique a los procesos de formación. Tal y como sucede en la actualidad, afectará al ingreso en la escala de agente, pero también a los procesos de ascenso.