Las fachadas de la capital segoviana no solo son testimonios únicos del Patrimonio de la Humanidad reconocido por la Unesco; si se recorren las principales arterias del casco urbano, el transeúnte también puede descubrir todo un muestrario de alarmas y carteles de la seguridad privada con los que comerciantes, hosteleros y otros propietarios de negocios intentan disuadir a los cacos y vándalos más osados de cometer una tropelía.
Los empresarios ponen de su parte para velar por sus intereses y a ello le anima la Administración central. No les queda otra. Existe una serie de establecimientos que están obligados a adoptar y contratar ciertas medidas de seguridad de carácter privado, como joyerías, entidades financieras, supermercados, galerías de arte, farmacias, gasolineras o administraciones de lotería. La mayoría de ellos opta por instalar como dispositivo de vigilancia una alarma sonora y luminosa, lo que ocurre es que no siempre que se activa responde a la comisión de un delito.
La susceptibilidad de este tipo de sistemas ante cualquier movimiento, como puede ser el de un animal doméstico, hace que salten con facilidad. Las estadísticas que maneja el sector de la seguridad privada es que alrededor del 90% de los avisos que reciben las centrales de las empresas instaladoras son falsos.
Además, se da la circunstancia de que la práctica totalidad de las alarmas proceden de locales que están obligados a disponer de medidas de seguridad privada.
La subdelegada del Gobierno ya manifestó su preocupación por el exceso de falsas alarmas que se registran y que obligan a movilizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En este sentido, María Teresa Rodrigo, abogó por las mejoras tecnológicas y aplicar protocolos comunes para adecuar la toma de decisiones.
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