Desde su creación en el 2009, sólo se ha puesto uno en Barcelona. Las pulseras para el control de maltratadores apenas son utilizadas por los jueces
Las pulseras para el control de maltratadores, que el Gobierno presentó a bombo y platillo en julio del 2009 como un ambicioso paso adelante en la lucha contra la violencia machista, una lacra que ya se ha cobrado 47 vidas este año, apenas son utilizadas por los jueces. Un año después de la presentación del proyecto, con una inversión inicial de cinco millones de euros, el balance es poco optimista: de los 3.000 aparatos puestos a disposición de los juzgados de toda España, sólo se han instalado 299, la mayoría (un total de 197) en Madrid y únicamente uno en Barcelona. Este último ha tenido un trasfondo bien curioso. Tanto, que su portador pasó con el brazalete puesto varios días en la cárcel porque tuvo que acudir un técnico de una empresa madrileña para quitárselo.
Algunas comunidades autónomas, entre ellas Catalunya, tienen otros programas de control telemático, mucho más modestos, destinados al seguimiento de presos que cumplen penas por violencia machista durante sus permisos penitenciarios. Por el contrario, el plan estatal impulsado por los ministerios de Justicia, Interior e Igualdad no se aplica a reclusos con condenas, sino a hombres que han sido denunciados, que siguen en libertad mientras se instruyen sus causas y contra los que también se han dictado órdenes o medidas cautelares de alejamiento. Un dato revela la extensión del problema: tan sólo en el primer trimestre de este año, con una media de 360 denuncias diarias por malos tratos, se han cursado 6.074 alejamientos, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial.
La singularidad del caso de Barcelona refleja la renuencia de los magistrados a la hora de optar por este recurso, a la vez que destapa su gestión centralizada, sus aciertos y también sus complejidades técnicas. Manuel Álvarez, titular del juzgado de violencia sobre la mujer número 4, acordó a finales del pasado mes de julio la colocación de uno de estos dispositivos para controlar los movimientos de un hombre sobre el que pesaba una orden de alejamiento. Su seguimiento reveló su reiterado incumplimiento, por lo que en agosto ingresó en la Modelo, donde sigue.
Resulta que estos aparatos, según explican los jueces consultados, sólo pueden ser instalados y retirados por una empresa de Madrid, cuyos técnicos deben viajar ex profeso allá donde se les reclame. Uno de ellos fue a Barcelona para colocarlo, regresó para retirarlo y volverá a ir si, cuando el preso abandone la cárcel, el juez considera que debe seguir llevándolo. Demasiadas idas y venidas para unos pasos que podrían ser mucho más simples. El mecanismo, por si fuera poco, tiene más pegas. En primer lugar, las alarmas de los localizadores saltan cuando se agota su batería. También pueden saltar cuando se quedan sin cobertura o por otras "incidencias técnicas", como reconoce su manual de instrucciones, es decir, el "protocolo de actuación para el seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en materia de violencia de género", pomposamente bautizado así en el acuerdo firmado por los ministerios de Justicia, Interior e Igualdad.
Tales eventualidades no justifican el escaso uso que se está dando a este instrumento, a juicio de la delegación del Gobierno contra la violencia de género, que confía en su "cada vez mayor aceptación y progresiva implantación". Los jueces replican que no todas las medidas de alejamiento pueden ir acompañadas de una "limitación tan importante a la libertad" como es la colocación de uno de estos artefactos, cuyo empleo debe estar siempre justificado y debidamente razonado en un auto judicial. Hay más quejas, como la falta de información recibida ("yo me enteré de la existencia de las pulseras por los medios de comunicación", dicen varios titulares de juzgados) y dudas, muchas dudas. Por ejemplo, la empresa de Madrid tiene un plazo de 24 horas para colocar la pulsera. ¿La no llegada de su operario es motivo suficiente para prolongar el periodo máximo de tres días de detención preventiva?
Los magistrados lamentan que no se les consultara. Tampoco se contó con las comunidades autónomas, lo que ha convertido un asunto en principio simple en algo muy trabajoso. Como se resume en el gráfico de más arriba, el sistema conecta a la denunciante y al denunciado con un centro de control, operativo las 24 horas del día, los 365 días del año.
Todo consiste en un emisor similar a un reloj aparatoso, ajustable a la muñeca o al tobillo del denunciado "mediante una correa que detecta manipulaciones", y en una unidad parecida a un teléfono móvil para recibir avisos, que llevan tanto él como ella. El Gran Hermano que capta sus señales está en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón y lo gestiona un consorcio formado por Teléfonica y Securitas Direct. Cuando las alarmas de los localizadores saltan, sus técnicos se ponen en contacto con la policía o los distintos cuerpos autonómicos, en función del lugar donde ocurran los hechos.
Francisca Verdejo, titular del juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Barcelona, y miembro hasta hace un año del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, opina que un procedimiento con tantos intermediarios adolece de falta de agilidad y coordinación, "lo que puede hacer perder un tiempo vital para la víctima, y más si se llegaran a producir problemas de comunicación o telefónicos".
Por ello, cuando presumen estar ante situaciones graves, muchos jueces prefieren una mayor vigilancia policial antes que confiar en el control telemático. Una mujer de Barcelona ha tenido durante tres meses y hasta hace muy poco escolta policial de paisano noche y día. La protección sólo se le retiró cuando su marido, que ya había intentado matarla a ella y a su compañero, fue localizado y detenido.
Quizá eso les salvó la vida, pero es utópico pensar que todas las personas en situación de riesgo puedan beneficiarse de un trato parecido, lo que lleva a la verdadera raíz del mal. La violencia de género no se ataja con más policías o mejores tecnologías, sino con más educación, desarrollando una tarea preventiva en el hogar, las escuelas, los centros asistenciales, los trabajos... A la magistrada Verdejo, a quien la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Maria Eugènia Alegret, no tiene empacho en reconocer como su interlocutora más preciada en estos asuntos, le irritan ciertas declaraciones de políticos. "A veces insisten en que las mujeres tienen que denunciar más para prevenir el problema, ¡pero cuando hay motivos para denunciar es que el problema ya ha estallado! La prevención se tiene que hacer muchísimo antes", concluye.
"No hay panaceas ni remedios infalibles, pero mientras la situación no mejore, las pulseras y cualquier otra ayuda, por perfeccionables que sean, son bienvenidas. Pero que se gestionen mejor", afirma Francisca Verdejo. La prueba de que las cosas no van bien está en las 47 mujeres asesinadas en lo que va de año, seis más que en el mismo periodo del 2009. Las dos últimas murieron los pasados jueves y viernes. A una la estranguló su ex pareja, para luego suicidarse. La víctima nunca le había denunciado. La otra fue acuchillada por su marido, del que se estaba separando. El acusado, que permanece detenido, tenía una orden de alejamiento, pero no brazalete.
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