MÁLAGA.- La patronal del sector de la seguridad privada, APROSER, con más de 30 años de existencia, muestra su preocupación por el intrusismo existente en el sector, representado por empresas o personal de seguridad que no cuentan con la autorización administrativa requerida para desempeñar estas funciones. Esta situación suele tener como consecuencia que estas empresas no respetan los derechos de sus trabajadores o no cotizan debidamente sus responsabilidades con la seguridad social.
La lucha contra todo tipo de intrusismo constituye, asimismo, “una prioridad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” según reconoció en un comunicado la Unidad Central de Seguridad Privada del Ministerio del Interior. Esta es también una de las principales preocupaciones existentes desde la fundación de Aproser‐Andalucía, en 2007.
En la reunión de Málaga se ha abordado específicamente el férreo compromiso de lucha contra este problema, que acecha al prestigio de la profesión y supone la
intensificación de la competencia desleal. Por ello, las empresas asociadas a la patronal del sector, han decidido plantear una serie de medidas para frenar la
proliferación de contratos adjudicados a empresas compuestas por personal sin habilitación para desempeñar las funciones de la seguridad privada.
A tales efectos, la Comisión Mixta Provincial de Málaga se ha venido reuniendo durante los primeros meses del año y en ella se ha presentado una serie de
propuestas, por parte de los diversos agentes sociales y empresariales, específicamente centradas en la lucha contra el intrusismo.
La Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental viene demostrando, de manera sostenida y continuada, su preocupación por esta situación y en los últimos meses ha incrementado sus dispositivos de vigilancia y sanción para las empresas que no dispongan de personal debidamente habilitado por el Ministerio del Interior, previa aprobación de los exámenes teóricos y prácticos que éste exige.Asimismo, la subdelegación del gobierno en Málaga, dirigida por Hilario López Luna, está demostrando una magnífica disposición para solucionar los problemas de intrusismo en el sector.
Los datos manejados por APROSER revelan que la provincia andaluza en la que más incidencia tiene este tipo de irregularidades es Málaga. Concretamente, en esta provincia ocurre que muchos servicios de seguridad son desempeñados por empresas auxiliares, de forma irregular, y suelen estar ligados al sector inmobiliario. Asimismo hay que destacar que las autoridades públicas deben tener conciencia de que en los procesos de contratación, con el respeto a la libre competencia, la contratación debe desarrollarse de acuerdo a los precios de mercado, forma de evitar que existan empresas que realicen ofertas que solo pueden sostenerse razonablemente desde una posible infracción a la Ley.
Con la actual situación de crisis económica, algunas empresas y organismos han optado por reducir gastos en sus servicios de vigilancia y ello ha afectado de forma
notable a la demanda de servicios de seguridad, protección y vigilancia, que en el último año ha caído más de un 4%.
Andalucía tiene un total de 200 empresas de seguridad inscritas en el Ministerio del Interior, cifra sólo superada por la Comunidad de Madrid, en la que figuran un total de 310 compañías.
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