Guardias civiles piden 1.900 efectivos más para poder combatir los delitos «sin mover de un sitio a otro a los pocos que somos»
El refuerzo de seguridad que el Ministerio de Interior ha realizado en los campos para atajar los continuos robos se ha efectuado a costa de eliminar agentes de las zonas residenciales. Así lo denunciaron a LAS PROVINCIAS miembros de las más importantes asociaciones de la Guardia Civil.
Sobre ellos recae, desde el 1 de mayo, la responsabilidad de atajar los continuos robos de cobre, maquinaria, herramientas y productos hortofrutícolas. El Plan contra Robos en Instalaciones Agrícolas y Ganaderas ideado por Interior contempla la dedicación exclusiva de 282 guardias a perseguir esta lacra que sufren los agricultores valencianos.
«La clave de la cuestión radica en que esta dedicación intensiva no es gratuita. Los guardias no podemos estar en todos los sitios a la vez», explica un miembro de AUGC. «El que le comisionen a vigilar varias partidas rurales a lo largo del día o bien a hacer controles en carreteras próximas a una huerta no va a poder patrullar tanto por las urbanizaciones o por los comercios, bancos y otras zonas clave como los polígonos industriales», describe otro de los efectivos consultados. «Es de sentido común», apostilla. Esta función de vigilancia urbana, estiman los guardias, «confiamos en que recaerá a partir de ahora con más fuerza en las policías locales de los pueblos o en los servicios de vigilancia privada de urbanizaciones y áreas industriales».
Esta «descompensación», recalcan desde Independientes de la Guardia Civil (IGC), «es preocupante todo el año, pero en verano todavía lo es más, pues los núcleos urbanos de la costa crecen en población por la llegada de turistas y ciudadanos de vacaciones». Además, sospechan que el refuerzo de agentes para este verano será «muy escaso, por la penosa situación económica que atraviesa el país».
Varios funcionarios de la Benemérita en las tres provincias coinciden en que la solución a la inseguridad en el campo «no es mover de un sitio a otro a los pocos que somos». Las asociaciones reclaman al Gobierno «un refuerzo de verdad, consistente en una inyección de guardias civiles para poder vigilar todos los puntos por igual sin necesidad de ir poniendo parches».
Según estimaciones de las dos principales agrupaciones de guardias civiles, AUGC y IGC, la Comunitat precisa un 25% más de agentes. Según los últimos datos facilitados por Delegación del Gobierno, hay 7.592 miembros de la Benemérita repartidos en las tres provincias, con lo que el incremento que demandan quienes patrullan las calles a diario y conocen el delito de primera mano es de casi 1.900 hombres.
La delegada del Gobierno, Ana Botella, expuso recientemente que el número de guardias civiles destinados en la Comunitat ha incrementado en casi 200 efectivos desde 2008. En el mismo periodo, la Policía Nacional ha crecido en 1.142 funcionarios, es decir ha aumentado su plantilla cinco veces más que la Benemérita.
«Un trato equitativo»
Por esta razón, los agentes del Instituto Armado estiman que el incremento de guardias en la Comunitat Valenciana es «muy escaso para las necesidades reales» y desean recibir «un trato más equitativo en relación al Cuerpo Nacional de Policía, tanto en sueldos como en efectivos, instalaciones y medios de trabajo».
«Somos conscientes de que son tiempos difíciles y si no hay dinero no se puede hacer más», asegura un miembro de IGC, «pero es que estamos peor que nunca y creemos que la Benemérita necesita un mayor esfuerzo económico». Según lamenta otro guardia destinado en Alicante, «hemos tocado fondo y ahora la Guardia Civil está peor que con Roldán y que con la crisis en tiempos de Felipe González».
El plan del Gobierno responde a la angustia y desesperación de los agricultores, después de un 2010 que acarreó para el sector pérdidas de 15 millones de euros en robos. El año pasado, además, se incrementaron las sustracciones en un 50% respecto al anterior, según estimaciones de AVA-ASAJA.
«Estamos de acuerdo en que hay que paliar este problema», admiten los agentes, «pero lo que ocurre es que no hay ningún punto donde sobren guardias. Todo lo contrario. Faltan y muchos» . La misma petición ha hecho en reiteradas ocasiones la Conselleria de Gobernación.
Carlos Verdú es presidente de la Asociación Valenciana de Urbanizaciones (AVALUR). Considera que la vigilancia en estos entornos «no debe ser descuidada». Según calcula, sólo un 10% de las urbanizaciones de la Comunitat Valenciana pueden permitirse contratar seguridad privada. Sólo 50 de las 500 existentes, las más lujosas. «La crisis afecta a todos», recalca.
Sin embargo, «ni aún así se erradica el problema», lamenta Verdú. La urbanización Alfinach, situada en Puçol, invierte 500.000 euros anuales en seguridad y sus vecinos sufren entre tres y cuatro robos con fuerza mensuales.
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