domingo, 11 de enero de 2009

Los sistemas de videovigilancia en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) incumplen la Ley de Protección de Datos

La agencia vasca competente elabora una instrucción para adecuar los sistemas a la normativa vigente desde 1999
El grado de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos por parte de los sistemas de videovigilancia instalados en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) es "bastante bajo", en palabras del director de la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD), Iñaki Vicuña. El porqué hay que buscarlo en la falta de conocimiento de la ley y de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos, "que están dispuestos a renunciar a ellos en favor de una demanda mayor de seguridad". "Al no ser conscientes de los derechos que tienen, no los exigen", sostiene Vicuña, por lo que la responsabilidad recae exclusivamente sobre las autoridades de control.

En el ámbito público es la Agencia Vasca de Protección de Datos la que tiene la competencia, mientras que para el sector privado las empresas o demás establecimientos deben dar cuenta ante la Agencia Española de Protección de Datos. Existen excepciones, como las cámaras policiales, que están sometidas a una comisión de videovigilancia.

Asimismo, hay diferencia en el grado de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos (1999) entre las distintas entidades. Las instituciones, empresas o establecimientos que realizan algún tratamiento de imagen, como el de instalar cámaras, tengan el deber de declararlo a la autoridad competente. Sin embargo, no siempre se hace. En el ámbito público, por ejemplo, son los ayuntamientos los que menos dan cuenta de sus sistemas, mientras que en el sector privado son las pequeñas empresas.

Por esa razón, son muchas más las cámaras que vigilan nuestros pasos en la calle de las que realmente están registradas. "No hay más que fijarse un poco y mirar hacia arriba cuando uno está paseando", invita a realizar como ejercicio de reflexión Vicuña. Él lo ha hecho, y en los 14 minutos que dura su trayecto caminando desde su hogar hasta el trabajo ha contado 19 cámaras, "sólo que haya visto".

La Agencia Vasca de Protección de Datos tiene contabilizados 33 ficheros de videovigilancia en la CAV, de los que nueve se ubican en Gipuzkoa, 16 en Bizkaia y ocho en Álava. En estos registros no se detalla el número de cámaras de cada operativo, sino el tipo de sistema de videovigilancia y su finalidad. Los de Gipuzkoa se corresponden con Osakidetza (dos), la Diputación Foral (tres), el Ayuntamiento de Donostia (dos), el consistorio de Ibarra y el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa. Hay algunos sistemas pertenecientes a diferentes ayuntamientos que no aparecen como videovigilancia porque, en su momento, se declararon como seguridad policial.

En cuanto a los ficheros declarados ante la Agencia Española de Protección de Datos, que controla los sistemas de ámbito privado, alcanzan en Gipuzkoa los 152 y ascienden a 664 en toda la CAV (Álava cuenta con 101 y Bizkaia con 411). Pero estos no son ni mucho menos la totalidad de los que existen, porque sólo se controlan "los grandes tratamientos". Las pequeñas empresas, en cambio, apenas registran sus cámaras porque, en no pocas ocasiones, "no saben" que lo tienen que hacer.

Y es que es tal el "caos normativo" que hay que la agencia vasca está trabajando en una instrucción, al uso de la que su homóloga estatal realizó en 2006, "que no pretende regular el ámbito de la videovigilancia, sino dar soluciones concretas a las administraciones públicas recordándoles las obligaciones que tienen y facilitando la adecuación de estos sistemas a la Ley Orgánica de protección de Datos", sostiene Vicuña.

El director de la AVPD tiene muy clara la misión de la institución: "Tenemos la obligación de dar cultura a los ciudadanos en esta materia para que sean conscientes de los derechos que tienen y los exijan".

Un reflejo de ese desconocimiento es también que "no haya excesivas denuncias", según mantiene el director, para quien resulta "curioso" que la gente acepte la videovigilancia "como si no pasara nada, porque sí pasa, está cambiando la sociedad", sentencia.

Vicuña reprueba que cuando se vive en un mundo más seguro que nunca la sensación de inseguridad se haya incrementado. "Estamos en un momento en que la gente demanda seguridad y está dispuesta a renunciar a sus derechos", reitera no sin preocupación, ya que, a su entender, no existe proporcionalidad entre seguridad y privacidad. "Con la tecnología se ha roto ese equilibrio porque ha avanzado mucho y es muy barata", manifiesta. Aún así, no se trata de un Gran Hermano en el que la vigilancia viene de arriba a abajo (del Estado hacia sus ciudadanos), sino de una vigilancia horizontal, una especie de "exhibicionismo social" en el que "nos vigilamos unos a otros".

La vigilancia tiene dos caras, advierte Vicuña, "por un lado es buena, pero por otro invade unos derechos con un descontrol total por parte de los que lo usan".

Fuente: Noticias de Gipuzkoa
05/01/09

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