UGT considera difícilmente soportables las cifras de desempleo del último trimestre de 2008 que ha dado a conocer hoy la Encuesta de Población activa (EPA) y que confirman la escalada en la destrucción de empleo. Ante esta situación resultan un escarnio las propuestas de nuevas desregulaciones de los derechos laborales. Los que mantienen estas tesis deberían explicar a los ciudadanos cómo despidiendo más barato o congelando los salarios se va a crear más empleo. La solución pasa por avanzar en el cambio de modelo productivo negociado en el Diálogo Social. En esta coyuntura, UGT demanda a los empresarios mayor responsabilidad, que no recurran a regulaciones de empleo injustificadas y con carácter preventivo (¿dónde está el colchón de beneficios que han cosechado en los últimos de bonanza económica?); a las entidades financieras que utilicen los avales y ayudas públicas para restablecer el flujo de los créditos a Pymes y familias, en caso contrario, el Gobierno debería revisar su política de apoyos a estas entidades; y a las Administraciones Públicas que realicen un gran esfuerzo de coordinación de los fondos de inversión local y de dinamización de la economía. Por último reitera la necesidad de garantizar y reforzar la protección social.
El INE ha dado a conocer hoy los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre del año 2008. La destrucción de empleo continúa su escalada, con un resultado de 490.000 ocupados menos que en el trimestre anterior, lo que confirma un 3% menos de ocupados que en el último trimestre de 2007.
Se ha destruido empleo principalmente masculino (el número de hombres ocupados cae en un 3,6% respecto al tercer trimestre), porque de nuevo es en la construcción donde se registra una mayor caída del empleo (un 10% respecto al trimestre anterior), así como en la industria (que cae un 5% en el trimestre), sectores que cuentan con una mayor presencia masculina.
Esto sitúa las tasas de ocupación en el 51,8%, 2,2 puntos porcentuales por debajo de la recogida el año pasado, disminución que proviene, en mayor medida de la tasa de empleo masculina, que cae al 60,2%.
Con todo, la tasa de temporalidad se sitúa en uno de los niveles más bajos: el 27,9%, pero no se debe a una mejora de los contratos indefinidos, sino a que los contratados temporalmente han sido expulsados del mercado de trabajo en mayor volumen.
Por el contrario, los contratados a tiempo parcial han aumentado respecto a trimestres anteriores, lo cual puede deberse a que su contratación resulta relativamente menos costosa frente a los contratados a tiempo completo, a la vez que la reducción de la actividad conlleva también reajustes en el tiempo de trabajo.
El número de desempleados recogido en la EPA, confirma los datos ya avanzados por el INEM: 3,2 millones de parados en el último trimestre del año, aumentando un 23,4% frente al trimestre anterior y un 66,4% respecto al último trimestre de 2007.
La diferencia en la evolución del número de parados según las dos grandes fuentes de información, los Servicios Públicos de Empleo y la Encuesta de Población Activa, se debe a la consideración de desempleados en la EPA de los trabajadores con contrato suspendido por expediente de regulación de empleo, cuando creen que no se reincorporarán a la empresa en los tres meses siguientes o reciben menos del 50% del salario. Estos trabajadores considerados como desempleados en la EPA, no figuran en cambio en las filas del paro registrado por los Servicios Públicos de Empleo, y en los meses de octubre y noviembre se han incrementado en 30.000 trabajadores más que en los tres meses anteriores, alcanzando la cifra de 39.147 afectados por ERE de suspensión de empleo.
Está aumentando el número de desempleados que perdieron su empleo hace más de un año (crece casi un 30% respecto al trimestre anterior, y un 53% en el último año), con lo que habrá que observar en los próximos trimestres la evolución de los parados de larga duración, cuya reincorporación al mercado de trabajo resulta más difícil a medida que aumenta el tiempo de desempleo.
Al mismo tiempo, disminuye el número de desempleados que buscan su primer empleo, por un efecto desánimo derivado de las dificultades para encontrar a un puesto de trabajo. Con todo ello, se ralentiza el fuerte crecimiento de la población activa que hemos vivido en la época de bonanza económica, pues la población activa sólo crece un 0,5%, disminuyendo incluso el número de hombres en activo. Aún así, la tasa de actividad se eleva al 60,1%, logrando la tasa de actividad femenina un nuevo hito al situarse en el 51,4%.
Lo más preocupante de los datos hoy publicados es la fuerte escalada del desempleo, que coloca la tasa de paro en el 13,9%, en el caso de los hombres, en el 13%, con una mayor subida frente a la tasa de desempleo femenina, que, no obstante, es mayor: 15,1%.
Conclusiones
Todas estas cifras comienzan a ser difícilmente soportables, con un paro que ha aumentado de manera muy acusada y aceleradamente, destruyéndose empleo a un ritmo muy elevado.
Ante estos datos, nos resulta complicado entender por qué algunos preconizan nuevas desregulaciones de los derechos laborales, al mismo tiempo que un abaratamiento del despido y una congelación salarial.
De nuevo, hemos de recordar que el origen de la crisis que actualmente vivimos no se encuentra en el mercado de trabajo, sino en el ámbito financiero y en nuestro modelo productivo. Por tanto, para paliar los problemas de desempleo que estamos afrontando, no se han de imponer reformas del mercado laboral, pues como se observa en nuestro entorno, en aquellos países con mercados de trabajo altamente flexibles y desregulados se está produciendo igualmente una destrucción de empleo y aumento del desempleo.
Incidir en una mayor flexibilidad no frenará la destrucción de empleo y puede, incluso, dificultar la recuperación de la demanda interna, elemento fundamental para salir de la actual situación de crisis. Al contrario, un crecimiento moderado y razonable de los salarios resulta imprescindible para reactivar la economía.
Desde UGT apelamos a la corresponsabilidad de todas las administraciones del Estado para salir de la crisis, ampliando los márgenes de actuación. Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos han de llevar a cabo una buena y pronta utilización de los fondos habilitados por el gobierno, en los niveles que les corresponden. Las Comunidades Autónomas deben actuar en los ámbitos de dependencia, rehabilitación de viviendas y automoción, mientras los Ayuntamientos han de aprovechar la ocasión para mejorar e innovar las infraestructuras.
Asimismo, es imprescindible que el gobierno controle las causas apeladas en los ERE presentados, evitando que se utilicen como un mero reajuste ante la crisis. También las Comunidades Autónomas, como Autoridad Laboral competente en gran parte de los ERE, deben asumir dicha responsabilidad y vigilar con rigor las causas alegadas.
Instamos a los empresarios a asumir la responsabilidad social que les corresponde a la hora de presentar ERE, procurando afinar los márgenes de actuación, así como alegar motivos realmente justificados, antes de llevar a cabo medidas tan drásticas.
Ante la magnitud de la destrucción de empleo y el escaso conocimiento de cómo se están implementando las medidas hasta ahora adoptadas, hacemos un llamamiento a retomar y profundizar el Diálogo Social, como instrumento adecuado de actuación conjunta, para lograr una pronta recuperación económica y la reactivación del mercado de trabajo.
Es por ello necesario recibir información sobre el desarrollo de las medidas financieras, que en principio no están llegando a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Y si estas medidas no causan el efecto previsto, será imprescindible que el gobierno revise su política de apoyo a las entidades financieras. Igualmente, se desconoce el estado de las actuaciones derivadas del Fondo Estatal de inversión local. De ahí la necesidad de abrir un cauce de control y seguimiento, en el marco del Diálogo Social.
De nuevo consideramos necesario reclamar una atención especial a las prestaciones por desempleo, mientras dan resultado las medidas adoptadas en aras de la creación de empleo, pues es urgente atender a los colectivos que pueden resultar más desprotegidos (jóvenes, inmigrantes, mujeres), al mismo tiempo que se atiende adecuadamente a las situaciones de los trabajadores que provienen de anteriores ERE que pueden haber agotado ya sus prestaciones. En este aspecto, creemos imprescindible que se adecúe y mejore el tratamiento fiscal de las indemnizaciones y rentas salariales provenientes de despidos colectivos, con el fin de que quede exenta la parte de indemnización percibida que no supere el límite establecido como despido improcedente en el Estatuto de los Trabajadores.
Por último, la firma del Acuerdo para la Negociación Colectiva para el año 2009 puede convertirse en una oportunidad de contribuir a la recuperación del mercado de trabajo, dando confianza y un ámbito de actuación común a los agentes sociales, en la delicada coyuntura de incertidumbre en la que nos encontramos.
http://www.ugt.es/actualidad/2009/enero/b23012009.html
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