LAS agresiones en centros sanitarios se han convertido en titulares frecuentes de la prensa, y marcadas por el mismo patrón de las agresiones en los centros escolares: la pérdida de respeto a la institución y a sus profesionales en una sociedad insensible al fenómeno hasta tomar conciencia del error de haber tolerado un clima propicio para la violencia favoreciendo la sensación de impunidad de los agresores. Con seguridad no se trata de un comportamiento asociado al entorno específico de los centros sanitarios, sino que emana de la sociología general: creciente descrédito de los servicios públicos, creencia en que la agresividad proporciona una atención ventajosa, pérdida de noción de las limitaciones de los servicios públicos, insolidaridad ante el derecho de los demás a recibir la misma atención, en definitiva extensiones de una cultura cívica deficiente. De este modo, a la tensión propia de la actividad sanitaria, los profesionales han acabado por añadir una sensación degradante de riesgo. Y las autoridades sanitarias de algunos centros han cometido, y en algunos casos aún cometen, el error de ocultar esa realidad, algo que no contribuye precisamente a corregirla.
Ciertamente se han incrementado las medidas de de seguridad durante los últimos años. Hay dispositivos tecnológicos -desde cámaras de circuito cerrado a timbres antipánico- y la presencia habitual de vigilantes de seguridad. No obstante, esto puede inspirar una percepción de mayor protección, pero no basta por sí mimo para neutralizar la agresión puntual en urgencias o en una consulta. En este sentido, la respuesta del legislador apunta en la dirección adecuada al tipificar estos comportamientos como 'atentados contra funcionario público' para evitar que se saldasen como una falta casi irrelevante; por el contrario, resueltos mediante juicios rápidos, generan antecedentes penales que conducirán a prisión a quien reincida. No obstante, se puede tener la certeza de que el fenómeno no se corregirá con estas medidas sino al desandar el mismo itinerario recorrido hasta llegar a este punto: cambiando la actitud cívica, recuperando el prestigio de la función pública y en particular de la sanidad como de la educación, y estigmatizando a quienes tratan de obtener ventaja en la atención de los servicios públicos sin asumir que los derechos conllevan deberes. En definitiva, con educación.
SUR.es
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