La muerte violenta del joven Álvaro Ussía el pasado fin de semana en un El Balcón de Rosales por los golpes de un portero -un cliente especial, según la discoteca- ha avivado la vieja polémica sobre el comportamiento violento de los porteros. Las asociaciones profesionales defienden que la clave está en la formación de los porteros como vigilantes de seguridad, con todos los conocimientos precisos.
Oviedo, Patricia MARTÍNEZ Además de la educación y el correcto trato al usuario de la discoteca, el portero de este tipo de locales debe saber qué competencias tiene en su trabajo y qué otras debería cumplir un vigilante de seguridad o los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales. A pesar de que la ley autonómica en Asturias no reconoce expresamente la figura del portero, sí deja abierta la posibilidad de que el titular del establecimiento delegue en él el servicio de admisión. Esta labor consiste en «asegurar el normal desarrollo de la entrada de personas al establecimiento local y requerir la intervención del personal del servicio de vigilancia y seguridad», que también puede estar autorizado para realizar esta función. Sin embargo, no otorga al portero la autoridad para realizar el resto de funciones del vigilante de seguridad, que sí puede expulsar a personas que dificulten el desarrollo del espectáculo, denegar el acceso a quienes incumplan los requisitos legalmente establecidos y controlar el consumo y tráfico de sustancias ilegales en el local. Sólo en caso de que «la urgencia lo requiera» y tras la comunicación al vigilante de seguridad, en caso de que lo hubiera (para lo que es necesario que el aforo supere las 350 personas), el personal del propio establecimiento puede proceder con «las actuaciones necesarias con el fin de velar por la integridad física de las personas». Precisamente la capacidad necesaria para que los locales de ocio nocturno cuenten con un vigilante de seguridad es uno de los principales caballos de batalla de quienes reclaman un cambio en la legislación. Manuel Abad, padre de Endika Abad, se pregunta cuántos locales hay en Asturias con esta capacidad, de manera que puedan contar con un servicio de vigilancia de seguridad. Para paliar este vacío, Abad reclama que la ley de seguridad privada, «ya obsoleta», se modifique para exigir a los controladores de accesos unas pruebas previas determinadas, junto con una formación específica y unos protocolos de actuación definidos.
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