Los vigilantes profesionales denuncian que el intrusismo es cada vez mayor La Ley de Seguridad Privada exige unos requisitos que casi nadie cumple
El sector está que trina, y no es para menos. El intrusismo acecha cada vez con más fuerza a los vigilantes de seguridad y la última muerte de un chico madrileño a manos de un portero de discoteca ha reabierto el debate y ha puesto de manifiesto el grave problema que se esconde tras lo ocurrido. Jerez tampoco escapa de esta nueva y preocupante tendencia, ya que ninguno de los porteros que ejercen su labor en las discotecas y pubs de la ciudad lo hacen de forma legal, según el Sindicato Profesional de Vigilantes, que cifra en más de 50 el número de estos «intrusos».Como ha explicado el secretario general del SPV, Antonio Montesinos, la Ley de Seguridad Privada incluye una serie de requisitos para el desarrollo de esta labor nocturna que no son cumplidos por los que la realizan, lo que supone un serio perjuicio para los usuarios. «En Jerez todos los porteros de discoteca carecen de formación en materia de seguridad y no están homologados por el Ministerio del Interior. Pese a ello, ejercen funciones que son propias de los vigilantes profesionales, ya que todo lo que sea seguridad privada y no en vía pública (que corresponde a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado) es competencia exclusiva nuestra».La normativa legal exige que todos los locales con un aforo igual o superior a 300 personas cuenten con un vigilante de seguridad, un número que deberá aumentar cuanto mayor sea la capacidad del recinto. A estos trabajadores se les exige que posean una formación tanto jurídica como técnica, que comprenda desde conocimientos en control de accesos, medios de protección y alarmas, hasta ética, conducta, primeros auxilios y defensa personal.Unos condicionantes que, sin embargo, no reúnen actualmente la mayoría de las personas que se dedican a este oficio, que suelen hacer simultáneamente de porte ros propiamente dichos y de vigilantes de seguridad, dos funciones que deberían estar claramente diferenciadas. «El portero se limita a cortar tickets, mientras que el vigilante hace mucho más. Antes sí eran dos figuras diferentes, pero ahora está de moda el musculitos que hace las dos cosas y no ofrece seguridad ninguna. Y encima están amparados en la impunidad, porque al no estar reglados no se sabe quiénes son».A pesar de que la ley es clara en este sentido, los empresarios siguen contratando a personal no cualificado, algo que está penado con una multa de 30.000 euros para los establecimientos que así lo hagan, además de los 3.000 euros que deberá abonar el que realice la actividad fuera del marco legal. Unas sanciones que no impiden el desarrollo de esta práctica, acentuada más si cabe ahora en tiempo de crisis, puesto que al contratante le resulta más barato contar con unos trabajadores poco preparados pero que ejercen funciones distintas.Este panorama termina perjudicando a los más débiles, como son los jóvenes que frecuentan este tipo de locales, que acaban sujetos a los caprichos y a los desmanes de unos porteros que no saben realizar la labor que se les tiene encomendada. «Mientras que el vigilante ofrece unas garantías, de esta gente no se deriva responsabilidad ninguna. La seguridad es más que un tío en la puerta que no me inspira confianza (mucho menos a los padres de los jóvenes) y con unos modales que se alejan mucho de lo deseable». Aunque la ley les da la razón, los profesionales reconocen que se sienten desamparados ante un fenómeno que, a pesar de su gravedad, se ha vuelto cada vez más usual.admontalvo@lavozdigital.es
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