Vigilantes e intrusos

La crisis agrava el problema de los vigilantes de seguridad privada, que son sustituidos por personal sin cualificación específica y que cobra menos. Los sindicatos llevan desde 2005 denunciando, sin éxito, esta realidad.
Miguel se reúne a veces con algunos compañeros de profesión. Todos son vigilantes de seguridad privada y todos están desempleados actualmente. Miguel -un nombre figurado- explica que, con la crisis económica, en los últimos meses ha aumentado el paro en ese subsector y su vacío está siendo cubierto por otros trabajadores sin cualificación que cobran "la mitad". A juicio de Miguel, esa reducción de gastos se traduce inmediatamente en un descenso de la seguridad en empresas y organismos públicos que contratan dichos servicios.
Los vigilantes de seguridad inician su formación en academias mediante cursos diversos, alguno de los cuales puede durar tres o cuatro meses, con un precio que no baja de los 800 euros. Con esa titulación y si no tiene antecedentes policiales o judiciales, el aspirante se presenta a unas pruebas teóricas y físicas realizadas por el Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Si las supera, ya cuenta con su "placa oficial".
Muchas sociedades tienden a reducir sus gastos en la contratación de estos trabajadores. Sin embargo, las compañías de seguro exigen que las instalaciones deben disponer forzosamente de cámaras de vigilancia y personal preparado para poder formalizar las pólizas correspondientes.
Ante esa disyuntiva, Miguel apunta que la alternativa de determinadas empresas de seguridad pasa por ofrecer a empleados denominados "auxiliares", que, legalmente, pueden efectuar diversas tareas, pero no deberían suplir al vigilante con "placa".
Miguel reconoce que "nadie quiere denunciar" el asunto ante las organizaciones sindicales. El motivo es que, ante una posible manifestación o acción reivindicativa, no desean ser reconocidos y que ninguna de las compañías del sector quiera contratarlos con posterioridad.
Desde 2005
José Juan Socorro, que figura como responsable regional de Seguridad Privada en UGT Canarias, apunta que las quejas por el intrusismo profesional y la competencia desleal no son nuevas.
De hecho, hay documentación que confirma que desde el año 2005 se ha denunciado el citado problema ante varias instituciones públicas.
Socorro reconoce que hay sociedades de servicios independientes o vinculadas a las propias empresas de seguridad que ofrecen a los "auxiliares".
De hecho, las centrales sindicales Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras (CCOO), Unión Sindical Obrera (USO) e Intersindical Canaria (IC) han unido esfuerzos para presentar denuncias por casos de fraudes a la Hacienda Pública y a la Administración de la Seguridad Social, así como el incumplimiento del convenio colectivo.
Pero sus protestas no se quedan ahí. Lamentan que algunos empresarios no declaren en la nómina aquellos conceptos salariales que conllevan un pago a la Agencia Tributaria. Como consecuencia, se deja entrever que se abona "dinero negro" a los empleados.
Para Socorro, resulta muy grave que haya determinadas empresas que "revienten" el mercado con unos precios que implican pagar salarios por debajo de lo contemplado en el convenio colectivo.
Según dicho acuerdo, el coste de un vigilante de seguridad con arma puede rondar, aproximadamente, los 16 euros, mientras que baja a 15,5 si no porta pistola.
La hora extraordinaria puede oscilar entre los 7,30 y los 8,50 euros, en función de si trabaja armado, si se trata de un trabajo nocturno o si es un día festivo.
¿Todas las empresas son iguales? Socorro piensa que no. Explica que las grandes compañías del sector son más receptivas a negociar y más respetuosas con las condiciones laborales estipuladas. Por el contrario, lamenta que otras empresas de menor dimensión, por lo general, optan muchas veces por resolver los conflictos en los juzgados. El portavoz de UGT en esta materia indica que el mayor usuario de la seguridad privada es la administración pública, con casi el 60 por ciento de la demanda de los servicios. Pero, para José Juan Socorro, en ocasiones también se convierte en la primera en incumplir lo estipulado en los acuerdos del convenio colectivo, sacando a concurso contratos con precios situados por debajo del famoso artículo 74 de dicho texto.
Con esa situación, las empresas "grande" no optan a las concesiones porque no les resulta rentable.
Sin resultados
Socorro indica que esta realidad se ha planteado a los organismos públicos e, incluso, al Defensor del Pueblo, pero aún no se han conseguido resultados positivos.
Este periódico se intentó poner en contacto el pasado viernes con dos de las asociaciones empresariales del sector, con sede en Madrid, pero no fue posible.
También trató de conocer la opinión de una compañía canaria, Seguridad Integral Canaria, pero la respuesta de una empleada fue muy clara: "Por orden de la Dirección, no hacemos declaraciones sobre ese tema".
ELDIA.es