domingo, 30 de noviembre de 2008
Pelicula donde el VS es el protagonista
Comentario especializado de Espejos siniestros
Espejos Siniestros es una película dirigida por Alexandre Aja y protagonizada por actor de la serie 24, Kiefer Sutherland. Según el director Aja, la película, tendrán una calificación R por la MPAA por fuerte violencia, imágenes perturbadoras, lenguaje adulto y breves escenas de desnudez. El elenco esta formado por Frank Mayers, Matt Neufeld, Paula Patton. El film narra como un guardia de seguridad comienza a investigar una serie de misteriosos asesinatos que ocurren frente a los escaparates de las tiendas. Ben Carson (Kiefer Sutherland) ha tenido días mejores. Ha pasado casi un año desde que el inestable detective fuera suspendido de su trabajo en el Departamento de Policía de Nueva York tras haber disparado fatalmente a otro policía que trabajaba de incógnito, un accidente que no sólo le costó su empleo, sino que le llevó al alcoholismo y desató la ira que le alejó de su esposa e hijos, teniendo que pernoctar ahora en el sofá de su hermana, en Queens. Ansioso por superarlo y reunirse de nuevo con su familia, Carson se emplea como vigilante nocturno en las calcinadas ruinas de los almacenes Mayflower.Lo que una vez fue símbolo de prosperidad y opulencia ahora va deteriorándose en la oscuridad, igual que se va corrompiendo un barco fantasma, devastado por un gigantesco fuego que se cobró muchas vidas inocentes. Mientras patrulla por los espeluznantes y chamuscados restos de los almacenes Mayflower, advierte algo siniestro en los fastuosos espejos que adornan sus paredes. En su inmenso cristal se reflejan unas imágenes terroríficas que le inquietan profundamente. Además de proyectar terribles imágenes del pasado, parece que los espejos también manipulan la realidad. Su comprensiva pero escéptica hermana Ángela (Amy Smart) atribuye esas extrañas “pesadillas” a su estrés y al sentimiento de culpa por la muerte que ocasionó accidentalmente, pero la despechada mujer de Carson (Paula Patton), una pragmática forense del Departamento de Policía, es menos indulgente.El cada vez más errático comportamiento de su marido la asusta, alejando aún más a su familia y, según ella, poniendo en peligro a sus hijos. Mientras investiga la misteriosa desaparición del guarda de seguridad de los almacenes Mayflower y la posible conexión con sus fantasmagóricas visiones, Carson se da cuenta de que una malévola fuerza sobrenatural está usando los reflejos como puerta de entrada para aterrorizarle a él y a su familia.Notas de producciónAbundando en el suspenso y con una atmósfera inquietante, la película Espejos Siniestros se ve reforzada por un sugerente diseño de producción que subraya el terrorífico viaje que espera a Ben Carson y a su familia.Espejos Siniestros se filmó casi en su totalidad en Bucarest, Rumania, exceptuando los exteriores principales, que se rodaron en Nueva York. Los creadores eligieron Bucarest por su formidable edificio de la Academia de Ciencias, una poderosa estructura mandada construir por el dictador comunista Nikolae Ceausescu, que se dejó sin terminar tras su muerte en 1989.El guionista y director Alexandre Aja concibió el edificio de la Academia como la mejor localización para los amenazantes y devastados almacenes Mayflower. “Este edificio es tan extraordinario que no se podría haber recreado en un plató”, dice Aja, que lo había visitado años atrás buscando localizaciones para otra película. “Hay tanto miedo y tanta tensión en este espacio que sabíamos que podíamos conseguir algo realmente único”. (De blogs).
Un ladrón resulta herido grave al lanzarse desde el segundo piso del Hospital Clínico
El delincuente saltó al vacío cuando era perseguido por dos vigilantes
Un presunto ladrón resultó herido grave al lanzarse al vacío desde el segundo piso del Hospital Clínico de Valencia cuando era perseguido por dos vigilantes del centro sanitario.El extraño suceso ocurrió cerca de las diez de la noche del viernes. David O. P., un joven colombiano de 20 años de edad, fue encontrado tendido sobre la acera junto al pabellón de maternidad del Hospital Clínico, entre la calle Doctor Gómez Ferrer y la avenida Blasco Ibáñez de Valencia.En un principio, las personas que pasaban por el lugar creyeron que se trataba de un joven que se encontraba en mal estado y precisaba ayuda urgente.Por ello, la llamada que se recibió en el teléfono de emergencias 112 activó un servicio humanitario con la correspondiente asistencia sanitaria.La sorpresa vino después cuando la primera patrulla de la Policía Local del retén de Benimaclet se personó con urgencia en el lugar y se entrevistó con los vigilantes del Hospital Clínico. Estos explicaron a los agentes que el presunto ladrón, instantes antes, se había arrojado al vacío desde el segundo piso del centro hospitalario tras ser sorprendido mientras robaba en las dependencias.El supuesto delincuente, antes que dejarse atrapar por el personal de seguridad del hospital -según explicaron los propios vigilantes a la policía- saltó a través de la ventana del segundo piso del pabellón de maternidad. El joven sufrió heridas de diversa consideración al impactar contra el suelo. El personal del Hospital Clínico atendió con urgencia al herido, que fue ingresado en el centro. La Policía Nacional de Valencia se hizo cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos.Murió al caer de un falso techo El pasado 10 de noviembre, otro presunto ladrón se precipitó desde un falso techo en la Facultad de Psicología en Valencia. Francisco G., de 43 años de edad y nacionalidad española, falleció dos días después debido a las graves heridas que sufrió en la caída desde una altura de seis plantas.Los hechos ocurrieron sobre las tres de la madrugada en el número 25 de la avenida Blasco Ibáñez de la ciudad. Un testigo dio la voz de alarma desde el Colegio Mayor Luis Vives, ya que vio al extraño individuo trepando por la fachada.
lasprovincias.es
Un presunto ladrón resultó herido grave al lanzarse al vacío desde el segundo piso del Hospital Clínico de Valencia cuando era perseguido por dos vigilantes del centro sanitario.El extraño suceso ocurrió cerca de las diez de la noche del viernes. David O. P., un joven colombiano de 20 años de edad, fue encontrado tendido sobre la acera junto al pabellón de maternidad del Hospital Clínico, entre la calle Doctor Gómez Ferrer y la avenida Blasco Ibáñez de Valencia.En un principio, las personas que pasaban por el lugar creyeron que se trataba de un joven que se encontraba en mal estado y precisaba ayuda urgente.Por ello, la llamada que se recibió en el teléfono de emergencias 112 activó un servicio humanitario con la correspondiente asistencia sanitaria.La sorpresa vino después cuando la primera patrulla de la Policía Local del retén de Benimaclet se personó con urgencia en el lugar y se entrevistó con los vigilantes del Hospital Clínico. Estos explicaron a los agentes que el presunto ladrón, instantes antes, se había arrojado al vacío desde el segundo piso del centro hospitalario tras ser sorprendido mientras robaba en las dependencias.El supuesto delincuente, antes que dejarse atrapar por el personal de seguridad del hospital -según explicaron los propios vigilantes a la policía- saltó a través de la ventana del segundo piso del pabellón de maternidad. El joven sufrió heridas de diversa consideración al impactar contra el suelo. El personal del Hospital Clínico atendió con urgencia al herido, que fue ingresado en el centro. La Policía Nacional de Valencia se hizo cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos.Murió al caer de un falso techo El pasado 10 de noviembre, otro presunto ladrón se precipitó desde un falso techo en la Facultad de Psicología en Valencia. Francisco G., de 43 años de edad y nacionalidad española, falleció dos días después debido a las graves heridas que sufrió en la caída desde una altura de seis plantas.Los hechos ocurrieron sobre las tres de la madrugada en el número 25 de la avenida Blasco Ibáñez de la ciudad. Un testigo dio la voz de alarma desde el Colegio Mayor Luis Vives, ya que vio al extraño individuo trepando por la fachada.
lasprovincias.es
Más de 50 porteros ilegales trabajan en las discotecas y pubs de Jerez
Los vigilantes profesionales denuncian que el intrusismo es cada vez mayor La Ley de Seguridad Privada exige unos requisitos que casi nadie cumple
El sector está que trina, y no es para menos. El intrusismo acecha cada vez con más fuerza a los vigilantes de seguridad y la última muerte de un chico madrileño a manos de un portero de discoteca ha reabierto el debate y ha puesto de manifiesto el grave problema que se esconde tras lo ocurrido. Jerez tampoco escapa de esta nueva y preocupante tendencia, ya que ninguno de los porteros que ejercen su labor en las discotecas y pubs de la ciudad lo hacen de forma legal, según el Sindicato Profesional de Vigilantes, que cifra en más de 50 el número de estos «intrusos».Como ha explicado el secretario general del SPV, Antonio Montesinos, la Ley de Seguridad Privada incluye una serie de requisitos para el desarrollo de esta labor nocturna que no son cumplidos por los que la realizan, lo que supone un serio perjuicio para los usuarios. «En Jerez todos los porteros de discoteca carecen de formación en materia de seguridad y no están homologados por el Ministerio del Interior. Pese a ello, ejercen funciones que son propias de los vigilantes profesionales, ya que todo lo que sea seguridad privada y no en vía pública (que corresponde a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado) es competencia exclusiva nuestra».La normativa legal exige que todos los locales con un aforo igual o superior a 300 personas cuenten con un vigilante de seguridad, un número que deberá aumentar cuanto mayor sea la capacidad del recinto. A estos trabajadores se les exige que posean una formación tanto jurídica como técnica, que comprenda desde conocimientos en control de accesos, medios de protección y alarmas, hasta ética, conducta, primeros auxilios y defensa personal.Unos condicionantes que, sin embargo, no reúnen actualmente la mayoría de las personas que se dedican a este oficio, que suelen hacer simultáneamente de porte ros propiamente dichos y de vigilantes de seguridad, dos funciones que deberían estar claramente diferenciadas. «El portero se limita a cortar tickets, mientras que el vigilante hace mucho más. Antes sí eran dos figuras diferentes, pero ahora está de moda el musculitos que hace las dos cosas y no ofrece seguridad ninguna. Y encima están amparados en la impunidad, porque al no estar reglados no se sabe quiénes son».A pesar de que la ley es clara en este sentido, los empresarios siguen contratando a personal no cualificado, algo que está penado con una multa de 30.000 euros para los establecimientos que así lo hagan, además de los 3.000 euros que deberá abonar el que realice la actividad fuera del marco legal. Unas sanciones que no impiden el desarrollo de esta práctica, acentuada más si cabe ahora en tiempo de crisis, puesto que al contratante le resulta más barato contar con unos trabajadores poco preparados pero que ejercen funciones distintas.Este panorama termina perjudicando a los más débiles, como son los jóvenes que frecuentan este tipo de locales, que acaban sujetos a los caprichos y a los desmanes de unos porteros que no saben realizar la labor que se les tiene encomendada. «Mientras que el vigilante ofrece unas garantías, de esta gente no se deriva responsabilidad ninguna. La seguridad es más que un tío en la puerta que no me inspira confianza (mucho menos a los padres de los jóvenes) y con unos modales que se alejan mucho de lo deseable». Aunque la ley les da la razón, los profesionales reconocen que se sienten desamparados ante un fenómeno que, a pesar de su gravedad, se ha vuelto cada vez más usual.admontalvo@lavozdigital.es
sábado, 29 de noviembre de 2008
Agreden a una trabajadora en el centro social de Cabezo de Torres
UGT exige al Ayuntamiento que elabore un mapa de riesgos que pueden sufrir estos empleados y que cree un Plan de Prevención de Agresiones a los Profesionales de los Servicios Sociales
Por El Faro
Por El Faro
Una empleada de una Unidad de Trabajo Social del centro de Cabezo de Torres fue agredida el pasado miércoles por una mujer a la que se le había denegado una ayuda por no cumplir los requisitos exigidos, tal y como informó ayer la Federación de Servicios Públicos de UGT.La trabajadora social, que se encuentra en buen estado de salud y que interpuso una denuncia por agresiones, se ha convertido en un caso de violencia contra los trabajadores de los servicios sociales que ha abierto el debate.El sindicato UGT ha exigido al Ayuntamiento de Murcia que elabore un mapa de los riesgos a los que se someten estos profesionales cuando acuden “a zonas marginales y peligrosas” y que, “en base a ello, realice un Plan de Prevención de las Agresiones a los Profesionales de Servicios Sociales”, tal y como indicó el Secretario de Administración Local de la Federación de Servicios Públicos de UGT Murcia, José Francisco Serrano.Asimismo, Serrano añadió que “los centros sociales más conflictivos y que supongan un mayor peligro para los profesionales de los servicios sociales deben ser dotados de recursos para salvaguardar su seguridad, como vigilantes de seguridad, cámaras de video o dispositivos de alarma.Además, solicita la creación de un Registro de Agresiones, donde se recogerán todos los incidentes que se produzcan en los centros sociales, ya sean físicos, incidentes verbales o de otro tipo.Según añadió el sindicato, es necesaria la aprobación de un Plan de Formación específico para capacitar a los profesionales en el manejo de situaciones conflictivas y habilidades en técnicas de comunicación.UGT denunció que “concretamente, la situación de inseguridad laboral se ha producido en los centros de La Ñora, Monteagudo, Nonduermas, Aljucer, Alquerías, Infante, San Andrés, donde ya se han producido otras agresiones con anterioridad, y ahora Cabezo de Torres”.Desde la organización sindical se califica esta iniciativa como “un plan innovador, que se enmarca en la política de recursos humanos a la promoción profesional, unida a la preocupación por la seguridad en los centros de servicios y bienestar social de Murcia”.
Hospitalizado un menor tras saltar por la ventana de un instituto al huir de los vigilantes
Un menor de 17 años resultó herido el pasado jueves tras saltar por la ventana de un instituto, desde una altura de dos plantas, mientras huía de las vigilantes de seguridad que lo sorprendieron dentro del centro.
Los hechos sucedieron sobre las 13.30 horas en el IES Universidad Laboral, en Málaga capital. Según confirmaron fuentes del instituto, las vigilantes encontraron al joven dentro del centro -no está matriculado en el mismo- y se acercaron a él para preguntarle qué hacía allí.
El menor, al verse sorprendido, salió corriendo y se adentró en uno de los pabellones de la Universidad Laboral. Los vigilantes fueron tras él, pero no les dio tiempo a alcanzarlo. Antes de que lo interceptaran, según las fuentes, el joven saltó por la ventana, al parecer, con la intención de escapar.
Sin embargo, sufrió una fractura abierta en la tibia de la pierna derecha como consecuencia de la caída desde una altura de dos plantas. El médico del propio instituto lo atendió hasta que llegó la ambulancia del 061, que lo trasladó a un centro hospitalario.
SUR.es
Los hechos sucedieron sobre las 13.30 horas en el IES Universidad Laboral, en Málaga capital. Según confirmaron fuentes del instituto, las vigilantes encontraron al joven dentro del centro -no está matriculado en el mismo- y se acercaron a él para preguntarle qué hacía allí.
El menor, al verse sorprendido, salió corriendo y se adentró en uno de los pabellones de la Universidad Laboral. Los vigilantes fueron tras él, pero no les dio tiempo a alcanzarlo. Antes de que lo interceptaran, según las fuentes, el joven saltó por la ventana, al parecer, con la intención de escapar.
Sin embargo, sufrió una fractura abierta en la tibia de la pierna derecha como consecuencia de la caída desde una altura de dos plantas. El médico del propio instituto lo atendió hasta que llegó la ambulancia del 061, que lo trasladó a un centro hospitalario.
SUR.es
viernes, 28 de noviembre de 2008
Las víctimas de los robos estudian contratar a vigilantes privados para custodiar sus casas
La actual oleada de asaltos por bandas de encapuchados generó alarma en Santa Cruz de Arrabaldo y la urbanización del Club Tenis Ramirás, tanto que las víctimas sopesan la idea de contratar vigilantes. La Policía Nacional trabaja de forma coordinada con la Guardia Civil, que vigila constantemente urbanizaciones en las que residen personas de medio y alto poder adquisitivo, en Coles, Pereiro y Nogueira de Ramuín. Cinco guardias civiles especialistas en robos se sumarán hoy a la investigación abierta por los asaltos.
Cuatro de las casas asaltadas en Santa Cruz y Ramirás sólo son ocupadas por sus propietarios durante los fines de semana y el resto son primeras viviendas. La oleada de robos generó alarma entre las víctimas, que temen que regresen los encapuchados, y entre sus vecinos. ‘Somos conocedores que la Policía está investigando, pero reclamamos más presencia policíal en la zona porque los robos se están concentrando en un área concreta y ya tuvieron tiempo de esperarlos y cogerlos con las manos en la masa’, asegura uno de los empresarios asaltados.Las víctimas ya llegaron a sopesar la idea de contratar a una empresa de vigilancia para que custodie sus propiedades. ‘De seguir así, algo tendremos que hacer. No podemos seguir trabajando para que el dinero se lo lleven los ladrones’, añadió el citado empresario.En las puertas de casi todos los inmuebles hay perros y los dueños ya no saben qué hacer para evitar los robos. Es más, en una de las casas asaltadas los encapuchados pudieron acceder al interior utilizando las llaves, que estaban en la puerta. ‘Dejo las llaves por la parte de fuera para que no ocasionen destrozos en una ventana o la propia puerta’, aseguró la dueña de esta vivienda.PrecaucionesLa mujer suele desplazarse a Ramirás los fines de semana y deja las llaves en la puerta ‘porque no tengo nada de valor en el interior, puede haber algo de dinero o restos de alguna compra’, añadió.Pero su medida de precau ción no resultó demasiado efectiva. Los ladrones entraron utilizando las llaves y en el interior se apoderaron de 50 euros, aunque causaron cuantiosos destrozos buscando la caja fuerte. ‘Rompieron armarios y dejaron todo patas arriba. Buscaban una caja fuerte que no hay en la vivienda’, comenta la víctima.
La alarma generada provoca que algunas de las víctimas relaten los robos pero solicitando quedar en el anonimato. Otros, bien por recomendación policial para no entorpecer la investigación o por miedo, no se atreven a articular palabra y aseguran que los ladrones sólo saltaron la verja de la finca en la que está la casa. ‘La situación es muy complicada. Son personas encapuchadas y armadas dentro de una vivienda y nunca se sabe lo que pueden llegar a hacer si se ven sorprendidos’, señala una de las víctimas.Los autores del asalto en la casa de un industrial de Xinzo La Dirección General de la Policía Nacional y Guardia Civil desplazó a Ourense cinco agentes especialistas en robos para detener a los encapuchados. Los agentes llegaron en la mañana a Coruña, donde se reunieron con mandos del cuerpo y hoy tienen previsto incorporarse a su destino y ponerse a trabajar. Ayer, tanto en la Comisaría como en la Comandancia, se desligaban los robos que se están registrando en el Club Tenis Ramirás y Santa Cruz de Arrabaldo de los perpetrados durante los últimos meses, también por encapuchados, en viviendas de personas mayores situadas en Montederramo, Xin zo, Vilamarín y Baños de Molgas. ‘No tienen nada que ver unos con otros, son obra de personas diferentes’, señaron fuentes de la investigación Sin embargo, los agentes atribuyen a la banda que actúa en los alrededores de la ciudad el robo de la vivienda de un empresario en Xinzo, en la que se apoderaron de joyas por valor de 6.000 euros. Ambos cuerpos de seguridad trabajan de forma coordinada y la Guardia Civil vigila chalés de urbanizaciones de Pereiro, Nogueira de Ramuín, Coles y San Cibrao, entre otros municipios, ante el temor de que los ladrones puedan desplazarse a esas zonas.
Cuatro de las casas asaltadas en Santa Cruz y Ramirás sólo son ocupadas por sus propietarios durante los fines de semana y el resto son primeras viviendas. La oleada de robos generó alarma entre las víctimas, que temen que regresen los encapuchados, y entre sus vecinos. ‘Somos conocedores que la Policía está investigando, pero reclamamos más presencia policíal en la zona porque los robos se están concentrando en un área concreta y ya tuvieron tiempo de esperarlos y cogerlos con las manos en la masa’, asegura uno de los empresarios asaltados.Las víctimas ya llegaron a sopesar la idea de contratar a una empresa de vigilancia para que custodie sus propiedades. ‘De seguir así, algo tendremos que hacer. No podemos seguir trabajando para que el dinero se lo lleven los ladrones’, añadió el citado empresario.En las puertas de casi todos los inmuebles hay perros y los dueños ya no saben qué hacer para evitar los robos. Es más, en una de las casas asaltadas los encapuchados pudieron acceder al interior utilizando las llaves, que estaban en la puerta. ‘Dejo las llaves por la parte de fuera para que no ocasionen destrozos en una ventana o la propia puerta’, aseguró la dueña de esta vivienda.PrecaucionesLa mujer suele desplazarse a Ramirás los fines de semana y deja las llaves en la puerta ‘porque no tengo nada de valor en el interior, puede haber algo de dinero o restos de alguna compra’, añadió.Pero su medida de precau ción no resultó demasiado efectiva. Los ladrones entraron utilizando las llaves y en el interior se apoderaron de 50 euros, aunque causaron cuantiosos destrozos buscando la caja fuerte. ‘Rompieron armarios y dejaron todo patas arriba. Buscaban una caja fuerte que no hay en la vivienda’, comenta la víctima.
La alarma generada provoca que algunas de las víctimas relaten los robos pero solicitando quedar en el anonimato. Otros, bien por recomendación policial para no entorpecer la investigación o por miedo, no se atreven a articular palabra y aseguran que los ladrones sólo saltaron la verja de la finca en la que está la casa. ‘La situación es muy complicada. Son personas encapuchadas y armadas dentro de una vivienda y nunca se sabe lo que pueden llegar a hacer si se ven sorprendidos’, señala una de las víctimas.Los autores del asalto en la casa de un industrial de Xinzo La Dirección General de la Policía Nacional y Guardia Civil desplazó a Ourense cinco agentes especialistas en robos para detener a los encapuchados. Los agentes llegaron en la mañana a Coruña, donde se reunieron con mandos del cuerpo y hoy tienen previsto incorporarse a su destino y ponerse a trabajar. Ayer, tanto en la Comisaría como en la Comandancia, se desligaban los robos que se están registrando en el Club Tenis Ramirás y Santa Cruz de Arrabaldo de los perpetrados durante los últimos meses, también por encapuchados, en viviendas de personas mayores situadas en Montederramo, Xin zo, Vilamarín y Baños de Molgas. ‘No tienen nada que ver unos con otros, son obra de personas diferentes’, señaron fuentes de la investigación Sin embargo, los agentes atribuyen a la banda que actúa en los alrededores de la ciudad el robo de la vivienda de un empresario en Xinzo, en la que se apoderaron de joyas por valor de 6.000 euros. Ambos cuerpos de seguridad trabajan de forma coordinada y la Guardia Civil vigila chalés de urbanizaciones de Pereiro, Nogueira de Ramuín, Coles y San Cibrao, entre otros municipios, ante el temor de que los ladrones puedan desplazarse a esas zonas.
'Okupan' el Saló del Tinell en protesta por la orden de desalojo de un local del Poblenou de Barcelona
BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) - Una treintena de activistas 'okuparon' este mediodía el Saló del Tinell, en la plaza del Rei de Barcelona, en protesta por la orden de "desalojo preventivo" de un centro social 'okupado' del barrio del Poblenou. Los activistas consideran una "vergüenza" que se ordene desalojar local ocupado hace un año cuando llevaba 30 abandonado.
Poco antes de las 13 horas una veintena de jóvenes entraron por la puerta la capilla de Santa Àgata, que da acceso al Saló del Tinell y es la salida del Museo de Historia de la Ciudad. Minutos después, otro grupo de unos 25 jóvenes se apostaron en la puerta y la escalinata de acceso al histórico edificio, según pudo comprobar Europa Press.
Varios de los jóvenes del exterior intentaron entrar también al museo, pero, a pesar de algún forcejeo y discusión, dos vigilantes de seguridad se lo impidieron. Poco después sí lo consiguieron cinco o seis.
Los 'okupas' eligieron el Saló del Tinell como símbolo por ser el antiguo palacio de los Condes de Barcelona, actual museo de la ciudad y lugar donde se firmó el pacto del primer Govern tripartito de la Generalitat en 2003.
Acto seguido llegó al lugar el jefe de seguridad del museo, que habló con los 'okupas' sobre los motivos de la acción. Mientras tanto, los visitantes del centro salían sorprendidos por la movilización. Dos grupos escolares también se vieron sorprendidos por la acción, aunque, ante los saludos de los 'okupas' a través de las ventanas del Saló, se lo tomaron con humor y se interesaron por los motivos de la protesta.
Finalmente, sobre las 13.30 horas, una patrulla de la Guardia Urbana y otra de los Mossos d'Esquadra llegaron a la plaza del Rei. Tras hablar con el jefe de seguridad del museo y con los portavoces de los 'okupas', los jóvenes se comprometieron a abandonar el edificio pacíficamente a las 14 horas, cuando el museo cierra a los visitantes.
Llevaban camisetas, pancartas y panfletos lilas con el lema 'Quieren desalojar la Teixidora. ¡Qué vergüenza! No volverán a silenciar las utopías del Poblenou'. También llevaban una gran fotografía con el estado del edificio justo antes de ser 'okupado' y que mostraba un estado total de abandono y gran cantidad de escombros y objetos viejos.
Los jóvenes se quejan de que el centro social La Teixidora, un edificio de planta baja y dos pisos ubicado en el centro histórico del Poblenou, en el número 35 de la calle Marià Aguiló, puede ser desalojado en breve por orden judicial.
EDIFICIO EMBLEMÁTICO
El edificio, de estilo modernista, fue construido a principios del siglo XX por partidarios del político Francesc Pi i Margall y se dedicó a entidades federalistas, republicanas y de izquierdas. Por ello, tras la Guerra Civil, fue incautado por las autoridades franquistas y fue la sede de la Falange en el barrio.
Hace unos 30 años quedó abandonado y se deterioró. En otoño del año pasado un grupo de jóvenes entró en el edificio, lo rehabilitó y durante este tiempo han realizado charlas, talleres y otras actividades.
Después de que la causa penal para desalojar el centro fuera archivada, la semana pasada, la jueza, "instada por un proceso de la Audiencia provincial" en la que se "negó" a los 'okupas' que se personaran, se decidió reabrir el caso, que ha supuesto una "amenaza de desalojo cautelar".
Poco antes de las 13 horas una veintena de jóvenes entraron por la puerta la capilla de Santa Àgata, que da acceso al Saló del Tinell y es la salida del Museo de Historia de la Ciudad. Minutos después, otro grupo de unos 25 jóvenes se apostaron en la puerta y la escalinata de acceso al histórico edificio, según pudo comprobar Europa Press.
Varios de los jóvenes del exterior intentaron entrar también al museo, pero, a pesar de algún forcejeo y discusión, dos vigilantes de seguridad se lo impidieron. Poco después sí lo consiguieron cinco o seis.
Los 'okupas' eligieron el Saló del Tinell como símbolo por ser el antiguo palacio de los Condes de Barcelona, actual museo de la ciudad y lugar donde se firmó el pacto del primer Govern tripartito de la Generalitat en 2003.
Acto seguido llegó al lugar el jefe de seguridad del museo, que habló con los 'okupas' sobre los motivos de la acción. Mientras tanto, los visitantes del centro salían sorprendidos por la movilización. Dos grupos escolares también se vieron sorprendidos por la acción, aunque, ante los saludos de los 'okupas' a través de las ventanas del Saló, se lo tomaron con humor y se interesaron por los motivos de la protesta.
Finalmente, sobre las 13.30 horas, una patrulla de la Guardia Urbana y otra de los Mossos d'Esquadra llegaron a la plaza del Rei. Tras hablar con el jefe de seguridad del museo y con los portavoces de los 'okupas', los jóvenes se comprometieron a abandonar el edificio pacíficamente a las 14 horas, cuando el museo cierra a los visitantes.
Llevaban camisetas, pancartas y panfletos lilas con el lema 'Quieren desalojar la Teixidora. ¡Qué vergüenza! No volverán a silenciar las utopías del Poblenou'. También llevaban una gran fotografía con el estado del edificio justo antes de ser 'okupado' y que mostraba un estado total de abandono y gran cantidad de escombros y objetos viejos.
Los jóvenes se quejan de que el centro social La Teixidora, un edificio de planta baja y dos pisos ubicado en el centro histórico del Poblenou, en el número 35 de la calle Marià Aguiló, puede ser desalojado en breve por orden judicial.
EDIFICIO EMBLEMÁTICO
El edificio, de estilo modernista, fue construido a principios del siglo XX por partidarios del político Francesc Pi i Margall y se dedicó a entidades federalistas, republicanas y de izquierdas. Por ello, tras la Guerra Civil, fue incautado por las autoridades franquistas y fue la sede de la Falange en el barrio.
Hace unos 30 años quedó abandonado y se deterioró. En otoño del año pasado un grupo de jóvenes entró en el edificio, lo rehabilitó y durante este tiempo han realizado charlas, talleres y otras actividades.
Después de que la causa penal para desalojar el centro fuera archivada, la semana pasada, la jueza, "instada por un proceso de la Audiencia provincial" en la que se "negó" a los 'okupas' que se personaran, se decidió reabrir el caso, que ha supuesto una "amenaza de desalojo cautelar".
Pladimega inició la vigilancia en las rías para evitar sabotajes en las bateas
EFE
Actualizado 27-11-2008 19:45 CET
Vilagarcía.- Vigilantes de seguridad contratados por la Plataforma para la distribución del mejillón gallego (Pladimega) iniciaron esta noche la vigilancia en las rías para intentar evitar los sabotajes que se vienen produciendo en los parques de cultivo, según indicó hoy su portavoz, Julián García.
Actualizado 27-11-2008 19:45 CET
Vilagarcía.- Vigilantes de seguridad contratados por la Plataforma para la distribución del mejillón gallego (Pladimega) iniciaron esta noche la vigilancia en las rías para intentar evitar los sabotajes que se vienen produciendo en los parques de cultivo, según indicó hoy su portavoz, Julián García.
En la ría de Arousa vigilaron las aguas dos lanchas con un patrón y un guardia jurado a bordo cada una, mientras que en las de Pontevedra y Vigo la vigilancia la realizaron una embarcación en cada una de ellas.
La decisión fue adoptada por unanimidad en una reunión celebrada por las asociaciones que integran la plataforma con la intención de evitar la escalada de sabotajes que en los últimos días vienen afectando a miembros del sector.
García señaló que "es necesario mejorar la coordinación, pero es normal al tratarse del primer día" aunque mostró su convicción de que la vigilancia privada contratada por Pladimega es "necesaria" para recuperar la tranquilidad, ya que había gente que apuntaba hacia Pladimega, según dijo.
"Lo único que quiere (Pladimega) es la unidad del sector", aseguró.
Julián García añadió que "en los últimos 15 días el precio del molusco bajó un 50 por ciento", una cuestión que, según confesó, ya tenían clara.
"Ya sabíamos que iba a pasar, a ver adónde llegará. Antes (el precio) lo aguantaba Pladimega, pero el mercado libre trae estas cosas", indicó.
La decisión fue adoptada por unanimidad en una reunión celebrada por las asociaciones que integran la plataforma con la intención de evitar la escalada de sabotajes que en los últimos días vienen afectando a miembros del sector.
García señaló que "es necesario mejorar la coordinación, pero es normal al tratarse del primer día" aunque mostró su convicción de que la vigilancia privada contratada por Pladimega es "necesaria" para recuperar la tranquilidad, ya que había gente que apuntaba hacia Pladimega, según dijo.
"Lo único que quiere (Pladimega) es la unidad del sector", aseguró.
Julián García añadió que "en los últimos 15 días el precio del molusco bajó un 50 por ciento", una cuestión que, según confesó, ya tenían clara.
"Ya sabíamos que iba a pasar, a ver adónde llegará. Antes (el precio) lo aguantaba Pladimega, pero el mercado libre trae estas cosas", indicó.
soitu.es
PROFESOR INCREPADO POR LA PROTESTA ESTUDIANTIL CONTRA 'BOLONIA'
'Nos insultaban y escupían mientras treinta agentes nos hacían un pasillo para salir'
Él y otros seis docentes salen de la Facultad escoltados por treinta agentes
Jóvenes con pasamontañas deslumbraban con el flash a los vigilantes y llevaban un palo
El decano de Derecho admite que 'se ha creado miedo' y no descarta más incidentes
Los estudiantes se desmarcan de los ataques y culpan a 'gente que estaba de botellón'
IVÁN PÉREZ NOA DE LA TORRE
VALENCIA.- Mariano García Pechuán, profesor de Derecho del Departamento de Constitucional de la Universitat de València, se sumó en la noche del jueves como público a la mesa electoral que realizaba el recuento de los votos emitidos por docentes y estudiantes durante toda la jornada para elegir el nuevo Claustro. Nunca imaginó que la cena que tenía prevista con un compañero presente en la mesa sería sustituida por el lamentable incidente que terminó con él y otros seis profesores escoltados por una treintena de agentes de la Policía Nacional.
Los comicios en la universidad valenciana se celebraron este jueves con el polémico telón de fondo de la implantación del Proceso de Bolonia, lo que ha provocado en las últimas semanas distintas protestas y encierros en facultades promovidos por el colectivo de estudiantes. Pequeños incidentes en todos los casos que nada tienen que ver con lo vivido en la madrugada del jueves al viernes en el Campus de Tarongers, a las puertas de la Facultad de Derecho.
"Al intentar irnos a casa, nos encontramos entre setenta y ochenta personas agolpadas en las dos puertas de acceso laterales al vestíbulo del salón de grados", comenta Mariano, quien añade que los allí presentes "gritaban y aporreaban los cristales, algunos de ellos con pasamontañas y en un tono muy provocativo".
La Asamblea de Estudiantes se ha desmarcado de los ataques, ha asegurado que no fueron ellos quienes acorralaron a los profesores y ha recordado que todos los jueves se reúnen muchos jóvenes en el Campus para hacer 'botellón'. "Los que se acercaron a la puerta no eran estudiantes de los que están acampados", aseguran fuentes de la Asamblea.
Con los seis vigilantes de seguridad de la Universitat "desbordados" por la situación, el profesor asegura que empezó a sentir "miedo". "Los que llevaban la cara tapada, de los que no podemos asegurar que sean estudiantes, comenzaron a hacer fotos con flash a los vigilantes para deslumbrarlos, incluso uno de ellos llevaba un palo".
En ese momento, teniendo en cuenta las recomendaciones del equipo de seguridad de la universidad y la creciente tensión del grupo de jóvenes que mantenía sitiado el edificio, el decano de la Facultad de Derecho, Carlos Alfonso, decidió llamar a la policía, que acudió "en apenas veinte minutos".
El profesor de Derecho destaca la "profesionalidad" de la Policía Nacional, que envió una avanzadilla con dos agentes de paisano para comprobar que todas las salidas del edificio estaban bloquedas, y diez minutos después se presentó con una treintena de agentes para ejecutar el "plan de evacuación" propuesto a los siete docentes que permanecían encerrados en la Facultad.
Mariano García señala que los policías les instaron a no salir en busca de sus coches para evitar posibles agresiones personales y daños en los vehículos, tras lo cual dispusieron un cordón policial con agentes a ambos lados para facilitar la evacuación. "Mientras salíamos por el pasillo que hizo la policía, los estudiantes nos insultaban y nos escupían desde ambos lados", relata el docente, quien confiesa que "nos sentimos como concejales de Ermua atacados por la 'kale borroka'".
El profesor del departamento de Derecho Constitucional declara que, "por suerte, a las tres de la madrugada había una riada de taxis en la zona, de los que recogen a los chicos que hacen 'botellón' los jueves en Tarongers, y la Policía nos acompañó para que pudiéramos cogerlos e irnos a casa".
El sentimiento de preocupación e indignación del profesor universitario es mayor si cabe, teniendo en cuenta que es uno de los docentes que ha hablado en varias ocasiones con los alumnos y se ha mostrado favorable a su causa: "Conozco bien el Proceso de Bolonia por mi experiencia internacional y sólo puedo decir que Alemania se ha apeado del mismo".
Mariano considera que la movilización estudiantil "fue ejemplar hasta hace una semana, con una reivindicación en tono festivo, ideas originales y pancartas graciosas", y denuncia la "radicalización" de la protesta en los últimos días con la entrada en escena de "grupos de estudiantes de otros campus, 'okupas' y gente antisistema en general".
El profesor de Derecho considera "intolerable" esta "situación de riesgo" y cree que el decano "no ha atendido" correctamente el asunto. Precisamente el decano, Carlos Alfonso, se encontraba presente este jueves junto a García Pechuán y otros cinco docentes en el lamentable incidente de Tarongers. Juanto a ellos, el vicedecano y candidato continuista al Decanato, Salvador Montesinos, el aspirante reformista Guillermo Palau, la secretaria de la Facultad y otros dos profesores, de derecho romano y del trabajo.
Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho ha anunciado este viernes que denunciará el incidente del Campus de Tarongers porque "no puedo tolerar que a mis profesores se les intimide". Carlos Alfonso reconoció que "se ha llegado al inadmisible riesgo físico y a crear miedo entre los profesores".
Lejos de tranquilizar a la comunidad educativa, Alfonso concluyó admitiendo que "se pueden producir incidentes en cualquier momento".
elmundo.es
Él y otros seis docentes salen de la Facultad escoltados por treinta agentes
Jóvenes con pasamontañas deslumbraban con el flash a los vigilantes y llevaban un palo
El decano de Derecho admite que 'se ha creado miedo' y no descarta más incidentes
Los estudiantes se desmarcan de los ataques y culpan a 'gente que estaba de botellón'
IVÁN PÉREZ NOA DE LA TORRE
VALENCIA.- Mariano García Pechuán, profesor de Derecho del Departamento de Constitucional de la Universitat de València, se sumó en la noche del jueves como público a la mesa electoral que realizaba el recuento de los votos emitidos por docentes y estudiantes durante toda la jornada para elegir el nuevo Claustro. Nunca imaginó que la cena que tenía prevista con un compañero presente en la mesa sería sustituida por el lamentable incidente que terminó con él y otros seis profesores escoltados por una treintena de agentes de la Policía Nacional.
Los comicios en la universidad valenciana se celebraron este jueves con el polémico telón de fondo de la implantación del Proceso de Bolonia, lo que ha provocado en las últimas semanas distintas protestas y encierros en facultades promovidos por el colectivo de estudiantes. Pequeños incidentes en todos los casos que nada tienen que ver con lo vivido en la madrugada del jueves al viernes en el Campus de Tarongers, a las puertas de la Facultad de Derecho.
"Al intentar irnos a casa, nos encontramos entre setenta y ochenta personas agolpadas en las dos puertas de acceso laterales al vestíbulo del salón de grados", comenta Mariano, quien añade que los allí presentes "gritaban y aporreaban los cristales, algunos de ellos con pasamontañas y en un tono muy provocativo".
La Asamblea de Estudiantes se ha desmarcado de los ataques, ha asegurado que no fueron ellos quienes acorralaron a los profesores y ha recordado que todos los jueves se reúnen muchos jóvenes en el Campus para hacer 'botellón'. "Los que se acercaron a la puerta no eran estudiantes de los que están acampados", aseguran fuentes de la Asamblea.
Con los seis vigilantes de seguridad de la Universitat "desbordados" por la situación, el profesor asegura que empezó a sentir "miedo". "Los que llevaban la cara tapada, de los que no podemos asegurar que sean estudiantes, comenzaron a hacer fotos con flash a los vigilantes para deslumbrarlos, incluso uno de ellos llevaba un palo".
En ese momento, teniendo en cuenta las recomendaciones del equipo de seguridad de la universidad y la creciente tensión del grupo de jóvenes que mantenía sitiado el edificio, el decano de la Facultad de Derecho, Carlos Alfonso, decidió llamar a la policía, que acudió "en apenas veinte minutos".
El profesor de Derecho destaca la "profesionalidad" de la Policía Nacional, que envió una avanzadilla con dos agentes de paisano para comprobar que todas las salidas del edificio estaban bloquedas, y diez minutos después se presentó con una treintena de agentes para ejecutar el "plan de evacuación" propuesto a los siete docentes que permanecían encerrados en la Facultad.
Mariano García señala que los policías les instaron a no salir en busca de sus coches para evitar posibles agresiones personales y daños en los vehículos, tras lo cual dispusieron un cordón policial con agentes a ambos lados para facilitar la evacuación. "Mientras salíamos por el pasillo que hizo la policía, los estudiantes nos insultaban y nos escupían desde ambos lados", relata el docente, quien confiesa que "nos sentimos como concejales de Ermua atacados por la 'kale borroka'".
El profesor del departamento de Derecho Constitucional declara que, "por suerte, a las tres de la madrugada había una riada de taxis en la zona, de los que recogen a los chicos que hacen 'botellón' los jueves en Tarongers, y la Policía nos acompañó para que pudiéramos cogerlos e irnos a casa".
El sentimiento de preocupación e indignación del profesor universitario es mayor si cabe, teniendo en cuenta que es uno de los docentes que ha hablado en varias ocasiones con los alumnos y se ha mostrado favorable a su causa: "Conozco bien el Proceso de Bolonia por mi experiencia internacional y sólo puedo decir que Alemania se ha apeado del mismo".
Mariano considera que la movilización estudiantil "fue ejemplar hasta hace una semana, con una reivindicación en tono festivo, ideas originales y pancartas graciosas", y denuncia la "radicalización" de la protesta en los últimos días con la entrada en escena de "grupos de estudiantes de otros campus, 'okupas' y gente antisistema en general".
El profesor de Derecho considera "intolerable" esta "situación de riesgo" y cree que el decano "no ha atendido" correctamente el asunto. Precisamente el decano, Carlos Alfonso, se encontraba presente este jueves junto a García Pechuán y otros cinco docentes en el lamentable incidente de Tarongers. Juanto a ellos, el vicedecano y candidato continuista al Decanato, Salvador Montesinos, el aspirante reformista Guillermo Palau, la secretaria de la Facultad y otros dos profesores, de derecho romano y del trabajo.
Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho ha anunciado este viernes que denunciará el incidente del Campus de Tarongers porque "no puedo tolerar que a mis profesores se les intimide". Carlos Alfonso reconoció que "se ha llegado al inadmisible riesgo físico y a crear miedo entre los profesores".
Lejos de tranquilizar a la comunidad educativa, Alfonso concluyó admitiendo que "se pueden producir incidentes en cualquier momento".
elmundo.es
El Hospital General de Valencia presenta un robot de seguridad
ES UN NUEVO VEHÍCULO-ROBOT DE VIGILANCIA CAPAZ DE DETECTAR LA PRESENCIA Y EL MOVIMIENTO DE CUALQUIER INTRUSIÓNLos responsables de seguridad del Hospital General de Valencia y la empresa MoviRobotics presentaron este viernes en el salón de actos del centro el ´mSecurit´, un nuevo vehículo-robot de vigilancia capaz de detectar la presencia y el movimiento de cualquier intrusión, así como de enviar la información de alerta a la central de seguridad, según informaron fuentes del centro sanitario en un comunicado.
DIARIO CRITICO CV / PANORAMA-ACTUAL.ES - 28/11/2008 13:09 h.
Según señalaron, el Hospital General es el espacio "apropiado para su presentación, pues su arquitectura hospitalaria con estructura horizontal y espacios abiertos permiten demostrar las capacidades y funcionalidades más importantes del robot". Además, la seguridad y protección de los pacientes y visitantes quedaría "totalmente garantizada al igual que su intimidad, ya que si se utilizara el robot en el hospital, sólo tendría acceso a las áreas comunes" como patios, parking y salas de espera.El ´mSecurit´ es un robot inteligente cuyo sistema de detección de humanos "en tiempo real" es "capaz de funcionar en condiciones adversas tales como la oscuridad, la niebla o el polvo y que inicia la exploración automática en caso de alarma". Está dotado de una cámara de visión normal y otra térmica que permite la vigilancia incluso en situaciones de visibilidad baja o nula.Además, dispone un sistema avanzado de navegación autónoma que le permite realizar rutas establecidas previamente, sensores de proximidad que favorecen la detección de obstáculos que puedan encontrarse durante la ruta, un interfaz de comunicación sencillo e intuitivo mediante el cual, los vigilantes, utilizando su habitual navegador de internet, pueden disponer de las imágenes y datos del recorrido en tiempo real.Igualmente, ofrece la posibilidad de que los responsables del servicio de seguridad tomen el control de robot mediante un joystick y dirigir el vehículo a cualquier lugar del recinto vigilado con el objetivo de comprobar cualquier incidencia que pueda producirse. La monitorización transmite una "valiosa cantidad de información a los miembros de seguridad y permite mostrar un mapa de toda la instalación con los valores medidos en cada punto de los parámetros que son de interés", según las mismas fuentes.Algunas de las ventajas que ofrece son la mejora de la cobertura y la calidad de la vigilancia, la mayor cantidad de información que suministra a los vigilantes, la automatización de las rondas de vigilancia así como la reducción de riesgos, tiempo y costes.
DIARIO CRITICO CV / PANORAMA-ACTUAL.ES - 28/11/2008 13:09 h.
Según señalaron, el Hospital General es el espacio "apropiado para su presentación, pues su arquitectura hospitalaria con estructura horizontal y espacios abiertos permiten demostrar las capacidades y funcionalidades más importantes del robot". Además, la seguridad y protección de los pacientes y visitantes quedaría "totalmente garantizada al igual que su intimidad, ya que si se utilizara el robot en el hospital, sólo tendría acceso a las áreas comunes" como patios, parking y salas de espera.El ´mSecurit´ es un robot inteligente cuyo sistema de detección de humanos "en tiempo real" es "capaz de funcionar en condiciones adversas tales como la oscuridad, la niebla o el polvo y que inicia la exploración automática en caso de alarma". Está dotado de una cámara de visión normal y otra térmica que permite la vigilancia incluso en situaciones de visibilidad baja o nula.Además, dispone un sistema avanzado de navegación autónoma que le permite realizar rutas establecidas previamente, sensores de proximidad que favorecen la detección de obstáculos que puedan encontrarse durante la ruta, un interfaz de comunicación sencillo e intuitivo mediante el cual, los vigilantes, utilizando su habitual navegador de internet, pueden disponer de las imágenes y datos del recorrido en tiempo real.Igualmente, ofrece la posibilidad de que los responsables del servicio de seguridad tomen el control de robot mediante un joystick y dirigir el vehículo a cualquier lugar del recinto vigilado con el objetivo de comprobar cualquier incidencia que pueda producirse. La monitorización transmite una "valiosa cantidad de información a los miembros de seguridad y permite mostrar un mapa de toda la instalación con los valores medidos en cada punto de los parámetros que son de interés", según las mismas fuentes.Algunas de las ventajas que ofrece son la mejora de la cobertura y la calidad de la vigilancia, la mayor cantidad de información que suministra a los vigilantes, la automatización de las rondas de vigilancia así como la reducción de riesgos, tiempo y costes.
Los trabajadores de seguridad privada de la Xunta piden sueldos 'de funcionario'
Trabajan más y cobran menos
Etiquetas: Xunta, seguridad, conflicto, protesta, trabajo AGN.
Unos 80 trabajadores de seguridad privada que realizan sus servicios para la Xunta se concentraron este jueves delante del edifico administrativo de San Lázaro para reclamar la equiparación salarial con el personal laboral de la administración pública. Bajo el lema 'Seguridade en loita', los vigilantes de los servicios centrales de la Xunta y de las delegaciones provinciales se quejaron por una situación que afecta a unas 90 personas en Galicia.La CIG pide que el servicio vuelva a ser públicoLa Confederación Intersindical de Galicia (CIG) también reclama que este servicio vuelva a ser público. El secretario Nacional de la Federación de Servizos de la CIG, Paulo Rubido, explicó que estos vigilantes están sujetos a un convenio colectivo estatal con unas condiciones inferiores al personal laboral, con un horario laboral muy superior, sufriendo desregulación horaria, con unas diferencias económicas que rozan los 3.000 euros anuales y sin tener complementadas las prestaciones en caso de baja. Rubido también anunció que esta será la primera de una serie de movilizaciones que el sector protagonizará en los próximos meses.La patronal se niega a negociarPor su parte, los sindicatos UGT, CC.OO. y USO (Unión Sindical Obrera), que representan al 97% de los trabajadores del sector de la seguridad privada en España, han anunciado la convocatoria de una serie de movilizaciones en respuesta a la actitud de la patronal. Ésta manifestó que las reivindicaciones de estas organizaciones no podían ser abordadas antes del año que viene y que no se podían exponer a negociación cuestiones económicas vinculadas al Convenio.La convocatoria de los tres sindicatos afecta a unos 95.000 trabajadores en España, 5.000 de los cuales trabajan en Galicia. La mayoría asegura que se ve en la necesidad de prorrogar su jornada laboral para cobrar un sueldo decente.
Galiciae
Etiquetas: Xunta, seguridad, conflicto, protesta, trabajo AGN.
Unos 80 trabajadores de seguridad privada que realizan sus servicios para la Xunta se concentraron este jueves delante del edifico administrativo de San Lázaro para reclamar la equiparación salarial con el personal laboral de la administración pública. Bajo el lema 'Seguridade en loita', los vigilantes de los servicios centrales de la Xunta y de las delegaciones provinciales se quejaron por una situación que afecta a unas 90 personas en Galicia.La CIG pide que el servicio vuelva a ser públicoLa Confederación Intersindical de Galicia (CIG) también reclama que este servicio vuelva a ser público. El secretario Nacional de la Federación de Servizos de la CIG, Paulo Rubido, explicó que estos vigilantes están sujetos a un convenio colectivo estatal con unas condiciones inferiores al personal laboral, con un horario laboral muy superior, sufriendo desregulación horaria, con unas diferencias económicas que rozan los 3.000 euros anuales y sin tener complementadas las prestaciones en caso de baja. Rubido también anunció que esta será la primera de una serie de movilizaciones que el sector protagonizará en los próximos meses.La patronal se niega a negociarPor su parte, los sindicatos UGT, CC.OO. y USO (Unión Sindical Obrera), que representan al 97% de los trabajadores del sector de la seguridad privada en España, han anunciado la convocatoria de una serie de movilizaciones en respuesta a la actitud de la patronal. Ésta manifestó que las reivindicaciones de estas organizaciones no podían ser abordadas antes del año que viene y que no se podían exponer a negociación cuestiones económicas vinculadas al Convenio.La convocatoria de los tres sindicatos afecta a unos 95.000 trabajadores en España, 5.000 de los cuales trabajan en Galicia. La mayoría asegura que se ve en la necesidad de prorrogar su jornada laboral para cobrar un sueldo decente.
Galiciae
jueves, 27 de noviembre de 2008
UGT denuncia irregularidades en la carga de combustible a los aviones con pasajeros
Nuestro sindicato pide a Aviación Civil que inspeccione las actividades de la plataforma del aeropuerto de Girona La Federación de Servicios Públicos de la UGT de Cataluña ha denunciado ante la Dirección General de Aviación Civil una serie de irregularidades que afectan la seguridad de las operaciones de abastecimiento de combustible a los aviones con pasajeros a bordo, embarcado o desembarcando de la 'aeropuerto de Girona. Los hechos denunciados van desde el incumplimiento de normas obligatorias, a la falta de recursos y la reciente modificación del procedimiento que regula las medidas de seguridad para la carga de combustibles de aviación. La denuncia fue presentada el pasado día 13 de octubre, a la delegación del gobierno en Cataluña, acompañada de un informe exhaustivo de la situación y diversos incidentes ocurridos en la zona de movimientos del aeropuerto. UGT destaca que los factores de riesgo derivados de la carga de queroseno con cisternas a pie de avión y la presencia de pasajeros a bordo, ha crecido debido al espectacular aumento de las operaciones, los cambios en la configuración de la plataforma y sobre todo por la intensidad y simultaneidad con que se realizan las tareas de asistencia en tierra (handling), generalmente en sólo 25 minutos de escala. A pesar del establecimiento de medidas preventivas para mitigar los riesgos de esta manipulación, consistentes en la activación de alertas y el posicionamiento de una dotación de bomberos en la plataforma, cada vez que dos aviones o más coinciden en la carga de combustible, en la práctica, a menudo se detectan deficiencias importantes impiden hacer efectivo el procedimiento de seguridad establecido. Por otra parte, el número de operaciones simultáneas, estaba limitado a un máximo de tres aviones, pero la modificación implantada por parte de la Dirección, ha comportado la supresión de este máximo y también la obligación de situar un vehículo de bomberos cerca los aviones para controlar visualmente los procesos de carga de queroseno con pasajeros a bordo y poder intervenir en caso de un derrame, riesgo de incendio o explosión. UGT también denuncia la drástica reducción de las tareas de control y supervisión del procedimiento y deficiencias en vehículos actúan en el lado aire. UGT acusa a la dirección del aeropuerto de no velar por el cumplimiento efectivo de mormes de seguridad establecidas a nivel estatal e internacional, ni de resolver los déficits del aeropuerto. El sindicato se muestra muy crítico con la reciente modificación del procedimiento, toda vez que lejos de subsanar los puntos débiles, la dirección ha optado por el camino fácil, modificando a la baja precauciones ya establecidas y sustituyéndolas por criterios discrecionales-supresión del 'obligación de situar una dotación de bomberos en la plataforma-y obviar el límite máximo establecido de abastecimientos simultáneos, lo que incumple la Orden Ministerial vigente y las normas de obligado cumplimiento aprobadas por la dirección general de Aena para el suministro de combustible a los aviones. El sindicato también ha pedido al director del aeropuerto, Eduardo Cerezo, la suspensión de la modificación implantada en el procedimiento, mientras se revisa el mapa de riesgos y se evalúan los factores en torno a la seguridad operacional y laboral. A la espera de la actuación inspectora, UGT no descarta denunciar la situación a otras instituciones con competencias sobre seguridad aeroportuaria y también del ámbito laboral. En concreto, la coordinación de actividades empresariales que se desarrollan en el aeropuerto; una obligación que implica directamente a la dirección del aeropuerto. En este sentido, el sindicato recuerda que en 2006, el aeropuerto de Girona fue objeto de una infracción grave por parte de la Inspección de Trabajo, a raíz de la peligrosidad de las actividades que tienen lugar en la plataforma de aviones y los riesgos que conllevan algunas de estas tareas.
La Policía acude a Tarongers para desalojar a los estudiantes acampados en Derecho
En el día en que se celebran las Elecciones estudiantiles en la Universitat
IVÁN PÉREZ
VALENCIA.- Los vigilantes de seguridad del campus universitario de Tarongers han intentado a primera hora de la mañana de este jueves desalojar a los estudiantes acampados en la Facultad de Derecho que protestan desde hace un mes por la pretendida implantación del Proceso de Bolonia sin un debate previo con la comunidad educativa.
La oposición, no violenta, de los alumnos y el respaldo de algunos profesores que consideraban improcedente la medida ha evitado en primera instancia el desalojo, tras lo cual los vigilantes han requerido la presencia policial.
Fallido el intento de arrancar las pancartas y arrastrar las tiendas de campaña, dos furgones de la Policía Nacional han llegado al campus universitario en torno a las once de la mañana.
En ese momento, en la Facultad de Derecho se concentraban ya unos 150 estudiantes, convocados vía sms por la Asamblea de Estudiantes y los propios alumnos de la facultad.
El colectivo estudiantil considera que esta protesta es ajena a los comicios de este jueves y avanza que adoptará medidas en función de cómo termine el desalojo.
VALENCIA.- Los vigilantes de seguridad del campus universitario de Tarongers han intentado a primera hora de la mañana de este jueves desalojar a los estudiantes acampados en la Facultad de Derecho que protestan desde hace un mes por la pretendida implantación del Proceso de Bolonia sin un debate previo con la comunidad educativa.
La oposición, no violenta, de los alumnos y el respaldo de algunos profesores que consideraban improcedente la medida ha evitado en primera instancia el desalojo, tras lo cual los vigilantes han requerido la presencia policial.
Fallido el intento de arrancar las pancartas y arrastrar las tiendas de campaña, dos furgones de la Policía Nacional han llegado al campus universitario en torno a las once de la mañana.
En ese momento, en la Facultad de Derecho se concentraban ya unos 150 estudiantes, convocados vía sms por la Asamblea de Estudiantes y los propios alumnos de la facultad.
El colectivo estudiantil considera que esta protesta es ajena a los comicios de este jueves y avanza que adoptará medidas en función de cómo termine el desalojo.
elmundo.es
Sucesos.- Detenido un joven en Burgos que logro huir con 15 pantalones robados de un centro comercial
BURGOS, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía de Burgos detuvieron a un joven de 28 años que logró huir de un centro comercial con 15 pantalones robados aunque fue retenido por los agentes de seguridad de una entidad bancaria cercana.
Según los datos facilitados a Europa Press por fuentes policiales, los hechos se produjeron cuando el joven, cuya identidad responde a las iniciales C.C.B, salió huyendo del centro comercial con los 15 pantalones robados y sin que las dependientas pudieran darle alcance.
No obstante, los vigilantes de seguridad de una entidad bancaria próxima vieron donde el joven se escondió por lo que procedieron a retenerlo hasta que llegó la Policía.
Ya en Comisaría los policías encontraron un billete de cincuenta euros que resultó ser falso y del que el joven trató de deshacerse antes de ser cacheado.
Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía de Burgos detuvieron a un joven de 28 años que logró huir de un centro comercial con 15 pantalones robados aunque fue retenido por los agentes de seguridad de una entidad bancaria cercana.
Según los datos facilitados a Europa Press por fuentes policiales, los hechos se produjeron cuando el joven, cuya identidad responde a las iniciales C.C.B, salió huyendo del centro comercial con los 15 pantalones robados y sin que las dependientas pudieran darle alcance.
No obstante, los vigilantes de seguridad de una entidad bancaria próxima vieron donde el joven se escondió por lo que procedieron a retenerlo hasta que llegó la Policía.
Ya en Comisaría los policías encontraron un billete de cincuenta euros que resultó ser falso y del que el joven trató de deshacerse antes de ser cacheado.
miércoles, 26 de noviembre de 2008
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra pide "calma activa" a los ciudadanos frente al "repunte" de robos en chalés
PONTEVEDRA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Delfín Fernández, demandó hoy "calma activa" e instó a los ciudadanos a tomar medidas de autoprotección y "confianza" en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque "tienen encauzada la investigación para dar con los autores" de esos robos registrados en chalés que, según insistió, "no tienen porqué ser siempre los mismos".
Fernández se remitió hoy a las estadísticas de los últimos diez años para asegurar que en la provincia se está registrando un "descenso sistemático en el número de delitos contra la propiedad, al tiempo que aumenta la eficacia policial".
De este modo el subdelegado concluyó que los niveles de seguridad ciudadana son más que aceptables, aunque admitió que los últimos meses se está produciendo un "repunte" en el número de robos que está provocando mucha preocupación entre los ciudadanos.
En este sentido, reiteró que este incremento puntual en el número de delitos contra la propiedad, se debe a la "actuación de grupos organizados que nos llegan de fuera, pero también a delincuentes autóctonos que podrían estar actuando por un efecto mimético".
El subdelegado del Gobierno presidió hoy una reunión con representantes de las 40 empresas de seguridad privada existentes en la provincia de Pontevedra, que dan trabajo a un millar de empleados.
Precisamente uno de los asuntos objeto de análisis fue el elevado intrusismo que se registra en este sector, y los perjuicios derivados de las falsas alarmas que en el 90 por ciento de los casos proceden de chalés.
En este sentido, el subdelegado del Gobierno indicó que se está elaborando un plan estratégico para el año 2009, que se caracterizará por una mayor flexibilidad con las falsas alarmas.
"Hay que ser más flexibles para que la seguridad privada cumpla su misión de colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para proveer a los ciudadanos de una buena seguridad pública", concluyó.
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Delfín Fernández, demandó hoy "calma activa" e instó a los ciudadanos a tomar medidas de autoprotección y "confianza" en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque "tienen encauzada la investigación para dar con los autores" de esos robos registrados en chalés que, según insistió, "no tienen porqué ser siempre los mismos".
Fernández se remitió hoy a las estadísticas de los últimos diez años para asegurar que en la provincia se está registrando un "descenso sistemático en el número de delitos contra la propiedad, al tiempo que aumenta la eficacia policial".
De este modo el subdelegado concluyó que los niveles de seguridad ciudadana son más que aceptables, aunque admitió que los últimos meses se está produciendo un "repunte" en el número de robos que está provocando mucha preocupación entre los ciudadanos.
En este sentido, reiteró que este incremento puntual en el número de delitos contra la propiedad, se debe a la "actuación de grupos organizados que nos llegan de fuera, pero también a delincuentes autóctonos que podrían estar actuando por un efecto mimético".
El subdelegado del Gobierno presidió hoy una reunión con representantes de las 40 empresas de seguridad privada existentes en la provincia de Pontevedra, que dan trabajo a un millar de empleados.
Precisamente uno de los asuntos objeto de análisis fue el elevado intrusismo que se registra en este sector, y los perjuicios derivados de las falsas alarmas que en el 90 por ciento de los casos proceden de chalés.
En este sentido, el subdelegado del Gobierno indicó que se está elaborando un plan estratégico para el año 2009, que se caracterizará por una mayor flexibilidad con las falsas alarmas.
"Hay que ser más flexibles para que la seguridad privada cumpla su misión de colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para proveer a los ciudadanos de una buena seguridad pública", concluyó.
Los empresarios de discotecas piden mayor presencia y coordinación policial en las zonas de ocio
Reconocen que las discotecas tienen que coordinar su seguridad con empresas de servicios y con vigilantes de seguridad homologados "cuando se encuentran, porque no hay suficientes"
26.11.08 - 15:58 -
EFE VALENCIA
La Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discoteca de Valencia (Aediva) ha denunciado hoy que no exista un plan de protección ni de coordinación entre las discotecas y las fuerzas de seguridad del Estado, a pesar de ser visitados estos locales cada fin de semana por un gran número de clientes.
A falta de un plan de esas características, las discotecas tienen que coordinar su seguridad con empresas de servicios y con vigilantes de seguridad homologados "cuando se encuentran, porque no hay suficientes", según un comunicado de Aediva.
Asimismo, han recordado que la seguridad "debe ser objetivo de la administración" y que ésta "debe velar porque nuestras discotecas tengan las mayores cuotas de seguridad, pues no hay que olvidar que son actividades de gran atractivo turístico", han destacado.
Según recoge el comunicado, los empresarios "son los más interesados en profesionalizar al máximo esta actividad", por lo que "hemos estado realizando cursos de formación para personal de servicio de admisión en Alicante, Castellón y Valencia" desde el año 1990.
Desde Aediva además se han referido al decreto que regula el servicio de admisión y a sus diversas implicaciones, por lo que piden que se diferencie "aquellos profesionales que dan un servicio cumpliendo con la legalidad y los que no".
Para la asociación, "son muchos los porteros de discoteca, personal de sala, animación, empresarios que están trabajando en pro de la calidad y seguridad del ocio" y asegura que ese esfuerzo se está demostrando en aquellas salas de la Comunitat que disponen de las preceptivas licencias.
Según ha indicado, el ratio de incidencias en esos locales "es insignificante" en comparación con el número de usuarios que acude a cada sesión el fin de semana
26.11.08 - 15:58 -
EFE VALENCIA
La Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discoteca de Valencia (Aediva) ha denunciado hoy que no exista un plan de protección ni de coordinación entre las discotecas y las fuerzas de seguridad del Estado, a pesar de ser visitados estos locales cada fin de semana por un gran número de clientes.
A falta de un plan de esas características, las discotecas tienen que coordinar su seguridad con empresas de servicios y con vigilantes de seguridad homologados "cuando se encuentran, porque no hay suficientes", según un comunicado de Aediva.
Asimismo, han recordado que la seguridad "debe ser objetivo de la administración" y que ésta "debe velar porque nuestras discotecas tengan las mayores cuotas de seguridad, pues no hay que olvidar que son actividades de gran atractivo turístico", han destacado.
Según recoge el comunicado, los empresarios "son los más interesados en profesionalizar al máximo esta actividad", por lo que "hemos estado realizando cursos de formación para personal de servicio de admisión en Alicante, Castellón y Valencia" desde el año 1990.
Desde Aediva además se han referido al decreto que regula el servicio de admisión y a sus diversas implicaciones, por lo que piden que se diferencie "aquellos profesionales que dan un servicio cumpliendo con la legalidad y los que no".
Para la asociación, "son muchos los porteros de discoteca, personal de sala, animación, empresarios que están trabajando en pro de la calidad y seguridad del ocio" y asegura que ese esfuerzo se está demostrando en aquellas salas de la Comunitat que disponen de las preceptivas licencias.
Según ha indicado, el ratio de incidencias en esos locales "es insignificante" en comparación con el número de usuarios que acude a cada sesión el fin de semana
Valoraciones del SAP-UGT en la condena para los Mossos acusados de torturar a un detenido
Después de que la Audiencia de Barcelona haya condenado diversos agentes de los Mossos d'Esquadra con condenas que llegan hasta los seis años de prisión por torturas y lesiones a un detenido, el SAP-UGT, sindicato mayoritario en el Cuerpo de los Mossos d'Esquadra:
Solicita que se mantenga el derecho de presunción de inocencia de los acusados ya que no existe aún ninguna sentencia penal firme y no se han agotado aún todos los recursos procesales.
Reivindicamos el apoyo institucional por parte del Departamento Interior para todos los implicados. De la misma manera que el Departamento se ha hecho cargo de su defensa consideramos que debe mantener el mismo apoyo y asesoramiento legal que les ha prestado hasta ahora.
Hacemos un llamamiento a la sociedad para que hechos puntuales no cuestionen la valía del Cuerpo de Policía de Cataluña.
Los locales de ocio nocturno tendrán seguridad privada
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Tercer simposio de actividades lúdicas y recreativas
Tercer simposio de actividades lúdicas y recreativas
Tras la entrada en vigor de la nueva norma que impide a los porteros llevar a cabo labores de seguridad, los empresarios contratarán seguridad privada para que medie antes de la llegada de la policía
Con un minuto de silencio, en memoria de Alvaro Ussía, ha comenzado este simposio.
Setecientos mil madrileños salen de marcha, y la noche, ha asegurado Dionisio Lara Porras, presidente de la Asociación Nacional de empresarios por la calidad del ocio, es segura. Sin lugar a dudas, dice, el terrible suceso del asesinato de Alvaro Ussía marcará un antes y un después del ocio nocturno. Dionisio Lara afirma que se está criminalizando esta actividad con el cierre de numerosos locales. Pide una reforma de la ley para que los Ayuntamientos agilicen los expedientes. No se puede por un lado promocionar la noche como reclamo turístico y por otro no poner fin a la lentitud de la gestión de las licencias.
Dionisio Lara ha roto una lanza a favor de los porteros. No todos son unos asesinos y realizan una labor importantísima, evitando, por ejemplo, que entre en el local un borracho. Están satisfechos con la regulación, pero advierten de que ahora tendrán que contratar seguridad privada para que intervenga hasta que llegue la policía, en caso, por ejemplo de una pelea, minutos fundamentales para que aquello no se convierta en un salón del oeste. El problema es que las empresas de seguridad no quieren trabajar en el ocio nocturno.
Están satisfechos con la norma que regula a los porteros y solicitan mayor presencia policial.
Cerca del 40 por ciento de los turistas que vienen a Madrid es por el ocio nocturno. Un ocio de calidad que proporciona 100.000 puestos de trabajo y que supone un dos y medio por ciento de la economía nacional.
Al término de la reunión, han anunciado el lanzamiento de un plan de formación nacional del servicio de admisión en locales nocturnos.
Setecientos mil madrileños salen de marcha, y la noche, ha asegurado Dionisio Lara Porras, presidente de la Asociación Nacional de empresarios por la calidad del ocio, es segura. Sin lugar a dudas, dice, el terrible suceso del asesinato de Alvaro Ussía marcará un antes y un después del ocio nocturno. Dionisio Lara afirma que se está criminalizando esta actividad con el cierre de numerosos locales. Pide una reforma de la ley para que los Ayuntamientos agilicen los expedientes. No se puede por un lado promocionar la noche como reclamo turístico y por otro no poner fin a la lentitud de la gestión de las licencias.
Dionisio Lara ha roto una lanza a favor de los porteros. No todos son unos asesinos y realizan una labor importantísima, evitando, por ejemplo, que entre en el local un borracho. Están satisfechos con la regulación, pero advierten de que ahora tendrán que contratar seguridad privada para que intervenga hasta que llegue la policía, en caso, por ejemplo de una pelea, minutos fundamentales para que aquello no se convierta en un salón del oeste. El problema es que las empresas de seguridad no quieren trabajar en el ocio nocturno.
Están satisfechos con la norma que regula a los porteros y solicitan mayor presencia policial.
Cerca del 40 por ciento de los turistas que vienen a Madrid es por el ocio nocturno. Un ocio de calidad que proporciona 100.000 puestos de trabajo y que supone un dos y medio por ciento de la economía nacional.
Al término de la reunión, han anunciado el lanzamiento de un plan de formación nacional del servicio de admisión en locales nocturnos.
cope.es
Premio a la honestidad
Iberia devuelve a una inmigrante los 20.000 dólares que halló en un avión hace tres años
Como un cuento prenavideño. Marisol, una inmigrante peruana, se partía el lomo limpiando el interior de los aviones en la Terminal 2 del aeropuerto de Barajas. Un día de verano de 2005, Marisol estaba quitando la basura de los asientos de primera clase de un aparato de Iberia cuando, escondido en un pequeño hueco, encontró una bolsa con varios fajos de billetes de dólar dentro. "¡Chicas, vengan, miren lo que he encontrado!", alertó a sus compañeras.
Se armó un buen revuelo dentro del avión. Un guardia de seguridad contó en alto los billetes: "¡20.000 dólares!", sentenció el vigilante. La mujer, al ser la primera que había encontrado la bolsa, entregó el dinero a sus superiores, éstos apuntaron su nombre en un trozo de periódico y ella se olvidó del tema. Hasta el martes.
Justo después de comer, Marisol (prefiere no dar sus apellidos), de 47 años y madre de dos adolescentes, está pensativa y algo triste: su padre murió hace dos meses en Perú y para pagar los viajes que hizo para ver a su familia se ha endeudado en casi 6.000 euros.
De pronto, suena su teléfono móvil: "Te llamo de Iberia para comunicarte que, como nadie ha reclamado el dinero que encontraste en 2005, es tuyo. Tienes 20.000 dólares [15.381 euros]".
Pobre, pobrísima
"¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡No me lo creo! ¡El cuponazo!", repetía ayer una y otra vez Marisol mientras recordaba su historia, en un descanso en su nuevo trabajo, en un museo. Su alegría es contagiosa. Se parte de risa tomando café, mientras se despide de su jefe, mientras se deja hacer fotos.
Tan sólo se pone seria cuando se acuerda de la muerte de su padre; de que allí, en Perú, su familia es "pobre, pobrísima" y de que su madre siempre le repetía: "Tú, Marisol, ten siempre en mente estas tres palabras: honestidad, sinceridad y puntualidad".
Tapar huecos
Lo de honesta ya lo ha demostrado. La Ley de Objetos Perdidos señala que pasados dos años y un día de la entrega, si nadie lo reclama, el objeto se considera oficialmente abandonado. El que haya depositado el hallazgo tiene derecho a quedarse con él. "Algunas compañeras me dijeron entonces que por qué no me había quedado el dinero. Hubiese sido fácil, pero...", y repite otra vez aquello de: "Honestidad, sinceridad y puntualidad". La mujer prevé ir hoy a recoger su dinero. Fuentes del departamento de Seguridad de Iberia aseguraron a Público que de este asunto sólo iban a hablar con la agraciada.
A la pregunta obligada de: "¿Qué va a hacer con el dinero?", Marisol responde con el obligado: "Tapar huecos"; y luego se suelta un poco y calcula que a sus dos hijos les caerá "algún regalito". Ella dice que no se va a comprar nada especial: "Bastante regalo es ya lo que me ha pasado".
Marisol encontró aquel día 20.000 dólares, pero lo frecuente para ella después de los vuelos era hallar otro tipo de objetos: "Bragas grandes y usadas [sus manos se abren para señalar el tamaño] y tangas, condones usados... yo que sé, la gente se deja de todo". Y entonces pone una sonrisa pícara y se echa la mano al bolsillo de la blusa. "Lo único que cogí una vez fue ésto", y se ríe mientras saca y guarda en un segundo un boli de plástico.
Publico.es
Como un cuento prenavideño. Marisol, una inmigrante peruana, se partía el lomo limpiando el interior de los aviones en la Terminal 2 del aeropuerto de Barajas. Un día de verano de 2005, Marisol estaba quitando la basura de los asientos de primera clase de un aparato de Iberia cuando, escondido en un pequeño hueco, encontró una bolsa con varios fajos de billetes de dólar dentro. "¡Chicas, vengan, miren lo que he encontrado!", alertó a sus compañeras.
Se armó un buen revuelo dentro del avión. Un guardia de seguridad contó en alto los billetes: "¡20.000 dólares!", sentenció el vigilante. La mujer, al ser la primera que había encontrado la bolsa, entregó el dinero a sus superiores, éstos apuntaron su nombre en un trozo de periódico y ella se olvidó del tema. Hasta el martes.
Justo después de comer, Marisol (prefiere no dar sus apellidos), de 47 años y madre de dos adolescentes, está pensativa y algo triste: su padre murió hace dos meses en Perú y para pagar los viajes que hizo para ver a su familia se ha endeudado en casi 6.000 euros.
De pronto, suena su teléfono móvil: "Te llamo de Iberia para comunicarte que, como nadie ha reclamado el dinero que encontraste en 2005, es tuyo. Tienes 20.000 dólares [15.381 euros]".
Pobre, pobrísima
"¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡No me lo creo! ¡El cuponazo!", repetía ayer una y otra vez Marisol mientras recordaba su historia, en un descanso en su nuevo trabajo, en un museo. Su alegría es contagiosa. Se parte de risa tomando café, mientras se despide de su jefe, mientras se deja hacer fotos.
Tan sólo se pone seria cuando se acuerda de la muerte de su padre; de que allí, en Perú, su familia es "pobre, pobrísima" y de que su madre siempre le repetía: "Tú, Marisol, ten siempre en mente estas tres palabras: honestidad, sinceridad y puntualidad".
Tapar huecos
Lo de honesta ya lo ha demostrado. La Ley de Objetos Perdidos señala que pasados dos años y un día de la entrega, si nadie lo reclama, el objeto se considera oficialmente abandonado. El que haya depositado el hallazgo tiene derecho a quedarse con él. "Algunas compañeras me dijeron entonces que por qué no me había quedado el dinero. Hubiese sido fácil, pero...", y repite otra vez aquello de: "Honestidad, sinceridad y puntualidad". La mujer prevé ir hoy a recoger su dinero. Fuentes del departamento de Seguridad de Iberia aseguraron a Público que de este asunto sólo iban a hablar con la agraciada.
A la pregunta obligada de: "¿Qué va a hacer con el dinero?", Marisol responde con el obligado: "Tapar huecos"; y luego se suelta un poco y calcula que a sus dos hijos les caerá "algún regalito". Ella dice que no se va a comprar nada especial: "Bastante regalo es ya lo que me ha pasado".
Marisol encontró aquel día 20.000 dólares, pero lo frecuente para ella después de los vuelos era hallar otro tipo de objetos: "Bragas grandes y usadas [sus manos se abren para señalar el tamaño] y tangas, condones usados... yo que sé, la gente se deja de todo". Y entonces pone una sonrisa pícara y se echa la mano al bolsillo de la blusa. "Lo único que cogí una vez fue ésto", y se ríe mientras saca y guarda en un segundo un boli de plástico.
Publico.es
Diputación rechaza rescindir el contrato a Segurisa a la espera del informe de una auditoría externa
La empresa recurrirá la sentencia que le obliga a readmitir a la trabajadora que despidió y establece que ésta sufrió acoso.
El pleno de la Diputación de Granada rechazó hoy, con los votos en contra del PSOE e IU, la moción presentada por el PP para que se inicien los trámites para rescindir el contrato a la empresa adjudicataria del servicio de seguridad de la institución provincial, Segurisa S.A., al considerar que debe esperarse a que la auditoría externa detecte si existen incumplimientos del contrato.
La moción también solicitaba la constitución de una comisión de investigación para analizar los incumplimientos, contrataciones, adjudicación y actual situación del servicio de seguridad de la Diputación.
El portavoz del grupo socialista en la Diputación, José María Aponte, indicó al respecto que la institución no puede rescindir el contrato a la empresa "de forma unilateral y sin haber seguido los trámites legales y administrativos oportunos". Recordó que se va a contratar a una auditoría externa para analizar la prestación del servicio por parte de la entidad y en la que estarán representados todos los grupos políticos para dar "la máxima transparencia" al proceso.
"Si hay incumplimientos se sancionará a la empresa en función de los mismos, ya que no se puede rescindir un contrato si no existen causas justificadas para ello", explicó Aponte que negó que existiera ningún tipo de irregularidad en el proceso de contratación que, dijo, "fue abierto y transparente".
En este sentido, señaló que en la mesa de contratación "estuvo presente el PP, que no se opuso", así como tampoco se presentaron informes desfavorables de los técnicos de Diputación ni quejas por parte del resto de las empresas que concurrían a la contratación.
Aponte informó también de que Segurisa recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Social 1 de Granada que le obliga a readmitir a la trabajadora y establece que ésta sufrió acoso por parte de la dirección de la empresa y del coordinador de seguridad de la institución, Juan Carlos Adarve.
Por su parte, el diputado del grupo popular, Antonio Jesús Granados --que fue sustituido en el pasado Congreso Provincial del PP en el cargo de portavoz por José Antonio Robles-- consideró que los argumentos del PSOE para rechazar la moción son "vagos e indecisos" y consideró que la empresa ya ha incurrido en varios incumplimientos del contrato que justifican la rescisión, como no haber realizado un plan integral de seguridad para la institución o no poner en marcha un plan de formación para los trabajadores.
Aseguró que según las condiciones contractuales, la empresa debe tener contratados a unos 67 vigilantes para la institución provincial, lo que, según Granados, "no se cumple". Así, acusó al PSOE de "no querer llegar al fondo del asunto" y de mirar hacia otro lado.
Por su parte, la portavoz del grupo de IU, María Asunción Cotarelo, coincidió con el PP en que la empresa ha incurrido en incumplimientos como no presentar el plan de seguridad integral para la institución, si bien mostró su deseo de que la auditoría externa agilice el expediente informativo que se abrió en julio a Segurisa "a instancias de IU", de modo que se detecten todos los incumplimientos "y se vaya a la calle".
Negó que existiera trato de favor en la contratación de la empresa y justificó su rechazo a la creación de una comisión de investigación en que "no hay razón" para ello puesto que "en este proceso no cabe más que rescindir el contrato".
Defendió la actuación de IU en el conflicto, al haber detectado el despido de la trabajadora y ayudado a su primera reincorporación, que luego la empleada recurrió, y por haber impulsado la apertura del citado expediente informativo.
GranadaDigital
El pleno de la Diputación de Granada rechazó hoy, con los votos en contra del PSOE e IU, la moción presentada por el PP para que se inicien los trámites para rescindir el contrato a la empresa adjudicataria del servicio de seguridad de la institución provincial, Segurisa S.A., al considerar que debe esperarse a que la auditoría externa detecte si existen incumplimientos del contrato.
La moción también solicitaba la constitución de una comisión de investigación para analizar los incumplimientos, contrataciones, adjudicación y actual situación del servicio de seguridad de la Diputación.
El portavoz del grupo socialista en la Diputación, José María Aponte, indicó al respecto que la institución no puede rescindir el contrato a la empresa "de forma unilateral y sin haber seguido los trámites legales y administrativos oportunos". Recordó que se va a contratar a una auditoría externa para analizar la prestación del servicio por parte de la entidad y en la que estarán representados todos los grupos políticos para dar "la máxima transparencia" al proceso.
"Si hay incumplimientos se sancionará a la empresa en función de los mismos, ya que no se puede rescindir un contrato si no existen causas justificadas para ello", explicó Aponte que negó que existiera ningún tipo de irregularidad en el proceso de contratación que, dijo, "fue abierto y transparente".
En este sentido, señaló que en la mesa de contratación "estuvo presente el PP, que no se opuso", así como tampoco se presentaron informes desfavorables de los técnicos de Diputación ni quejas por parte del resto de las empresas que concurrían a la contratación.
Aponte informó también de que Segurisa recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Social 1 de Granada que le obliga a readmitir a la trabajadora y establece que ésta sufrió acoso por parte de la dirección de la empresa y del coordinador de seguridad de la institución, Juan Carlos Adarve.
Por su parte, el diputado del grupo popular, Antonio Jesús Granados --que fue sustituido en el pasado Congreso Provincial del PP en el cargo de portavoz por José Antonio Robles-- consideró que los argumentos del PSOE para rechazar la moción son "vagos e indecisos" y consideró que la empresa ya ha incurrido en varios incumplimientos del contrato que justifican la rescisión, como no haber realizado un plan integral de seguridad para la institución o no poner en marcha un plan de formación para los trabajadores.
Aseguró que según las condiciones contractuales, la empresa debe tener contratados a unos 67 vigilantes para la institución provincial, lo que, según Granados, "no se cumple". Así, acusó al PSOE de "no querer llegar al fondo del asunto" y de mirar hacia otro lado.
Por su parte, la portavoz del grupo de IU, María Asunción Cotarelo, coincidió con el PP en que la empresa ha incurrido en incumplimientos como no presentar el plan de seguridad integral para la institución, si bien mostró su deseo de que la auditoría externa agilice el expediente informativo que se abrió en julio a Segurisa "a instancias de IU", de modo que se detecten todos los incumplimientos "y se vaya a la calle".
Negó que existiera trato de favor en la contratación de la empresa y justificó su rechazo a la creación de una comisión de investigación en que "no hay razón" para ello puesto que "en este proceso no cabe más que rescindir el contrato".
Defendió la actuación de IU en el conflicto, al haber detectado el despido de la trabajadora y ayudado a su primera reincorporación, que luego la empleada recurrió, y por haber impulsado la apertura del citado expediente informativo.
GranadaDigital
Condenado por comprar electrodomésticos por más de 2.000 euros con una identidad falsa
La juez impone dos años de cárcel y obliga al imputado a devolver lo robado
Un joven inmigrante guineano ha sido condenado a dos años de cárcel por adquirir electrodomésticos y productos tecnológicos utilizando una identidad ficticia y documentación falsa. Además deberá devolver al establecimiento comercial el importe de lo defraudado, que supera los 2.000 euros,
Los hechos, según recoge la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Logroño, sucedieron en febrero del pasado año. I.K.A., un inmigrante de 20 años procedente de Guinea Ecuatorial, adquirió a una persona no identificada un documento que simulaba un permiso de residencia. Le adjuntó una foto y una identidad falsa y a continuación se dirigió a una sucursal bancaria de Caja Laboral donde consiguió abrir una libreta de ahorros.
El mismo día entró en el establecimiento de Osaba de la calle Vara de Rey, de Logroño, donde compró un televisor marca Samsung, un reproductor MP3 de la misma marca y una cámara fotográfica Panasonic. La factura ascendió a 2.083,31 euros. Para pagarla firmó un contrato de financiación presentando la tarjeta de residencia fraudulenta, la libreta de ahorros recién abierta y una nómina falsa de la empresa Rioglass.
Un mes más tarde , I.K.A. acudió al Media Markt del centro comercial Berceo con la intención de actuar de idéntico modo. Esta vez adquirió género por valor de 1.027 euros. Cuando presentó la tarjeta de residencia, el vigilante de seguridad del establecimiento se dio cuenta de su falsedad, por lo que decidió dar aviso a la Policía.
larioja.com
Un joven inmigrante guineano ha sido condenado a dos años de cárcel por adquirir electrodomésticos y productos tecnológicos utilizando una identidad ficticia y documentación falsa. Además deberá devolver al establecimiento comercial el importe de lo defraudado, que supera los 2.000 euros,
Los hechos, según recoge la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Logroño, sucedieron en febrero del pasado año. I.K.A., un inmigrante de 20 años procedente de Guinea Ecuatorial, adquirió a una persona no identificada un documento que simulaba un permiso de residencia. Le adjuntó una foto y una identidad falsa y a continuación se dirigió a una sucursal bancaria de Caja Laboral donde consiguió abrir una libreta de ahorros.
El mismo día entró en el establecimiento de Osaba de la calle Vara de Rey, de Logroño, donde compró un televisor marca Samsung, un reproductor MP3 de la misma marca y una cámara fotográfica Panasonic. La factura ascendió a 2.083,31 euros. Para pagarla firmó un contrato de financiación presentando la tarjeta de residencia fraudulenta, la libreta de ahorros recién abierta y una nómina falsa de la empresa Rioglass.
Un mes más tarde , I.K.A. acudió al Media Markt del centro comercial Berceo con la intención de actuar de idéntico modo. Esta vez adquirió género por valor de 1.027 euros. Cuando presentó la tarjeta de residencia, el vigilante de seguridad del establecimiento se dio cuenta de su falsedad, por lo que decidió dar aviso a la Policía.
larioja.com
Detenido por amenazar y lanzar una botella a un médico, al que exigía tranquilizantes
ABC.es
La Policía Local de Málaga detuvo la pasada madrugada a un ciudadano marroquí de 27 años, Rachid E. A. , por amenazar a dos vigilantes de seguridad y a un médico del Hospital Civil, al que exigió tranquilizantes de forma agresiva. Llegó, incluso, a lanzar una botella de agua contra el facultativo y a golpear a dos agentes.
Los hechos ocurrieron sobre las 02.00 horas de hoy, siendo los agentes avisados de que el ahora detenido estaba alterando el orden público en el centro hospitalario, llegando a amenazar a un facultativo y a dos vigilantes de seguridad con un palo de madera, según informó la Policía Local.
El médico manifestó a los agentes que el individuo le había exigido de modo violento y agresivo tranquilizantes, llegando a coger el monitor del ordenador que se encontraba en la mesa de su despacho y golpearlo contra la mesa, sin llegar a romperlo, para, finalmente, coger una botella de agua y lanzársela al cuerpo.
Los policías locales encontraron al individuo muy alterado y en un gran estado de nerviosismo, negándose a ser identificado e, incluso, intentando autolesionarse. Asimismo, insultó a los agentes y golpeó a dos de ellos, por lo que se procedió a su detención, ofreciendo gran resistencia.
Tras ser detenido, continuó insultando y amenazando a los agentes, así como a personal facultativo, siendo trasladado a dependencias policiales y acusado de los delitos de atentado a agentes de la autoridad, resistencia activa a la detención, alteración del orden público y amenazas. Finalmente, fue puesto a disposición judicial.
La Policía Local de Málaga detuvo la pasada madrugada a un ciudadano marroquí de 27 años, Rachid E. A. , por amenazar a dos vigilantes de seguridad y a un médico del Hospital Civil, al que exigió tranquilizantes de forma agresiva. Llegó, incluso, a lanzar una botella de agua contra el facultativo y a golpear a dos agentes.
Los hechos ocurrieron sobre las 02.00 horas de hoy, siendo los agentes avisados de que el ahora detenido estaba alterando el orden público en el centro hospitalario, llegando a amenazar a un facultativo y a dos vigilantes de seguridad con un palo de madera, según informó la Policía Local.
El médico manifestó a los agentes que el individuo le había exigido de modo violento y agresivo tranquilizantes, llegando a coger el monitor del ordenador que se encontraba en la mesa de su despacho y golpearlo contra la mesa, sin llegar a romperlo, para, finalmente, coger una botella de agua y lanzársela al cuerpo.
Los policías locales encontraron al individuo muy alterado y en un gran estado de nerviosismo, negándose a ser identificado e, incluso, intentando autolesionarse. Asimismo, insultó a los agentes y golpeó a dos de ellos, por lo que se procedió a su detención, ofreciendo gran resistencia.
Tras ser detenido, continuó insultando y amenazando a los agentes, así como a personal facultativo, siendo trasladado a dependencias policiales y acusado de los delitos de atentado a agentes de la autoridad, resistencia activa a la detención, alteración del orden público y amenazas. Finalmente, fue puesto a disposición judicial.
Detienen a una pareja por agredir a los vigilantes de la estación de San Mamés
El hecho tuvo lugar ayer hacia las 20.30 horas en la estación de Renfe
Agentes de la Ertzaintza arrestaron anoche a una pareja, ambos de 27 años de edad, por haber agredido a dos vigilantes de seguridad en la estación de Renfe de San Mamés, según ha informado el Departamento vasco de Interior.
Minutos antes de las ocho y media de la noche de ayer, la Policía vasca fue alertada de que se estaba produciendo una agresión en la estación de trenes. Una vez allí, los vigilantes de seguridad explicaron que el incidente se había producido cuando instaron a la pareja a abandonar la estación ya que estaban molestando al resto de usuarios.
Al parecer, la pareja azuzó al perro que les acompañaba contra las dos vigilantes y se produjo un forcejeo en el que los dos encargados de la seguridad recibieron diversos golpes. Los agentes procedieron la detención de la pareja por una falta de lesiones.
elcorreodigital.
Agentes de la Ertzaintza arrestaron anoche a una pareja, ambos de 27 años de edad, por haber agredido a dos vigilantes de seguridad en la estación de Renfe de San Mamés, según ha informado el Departamento vasco de Interior.
Minutos antes de las ocho y media de la noche de ayer, la Policía vasca fue alertada de que se estaba produciendo una agresión en la estación de trenes. Una vez allí, los vigilantes de seguridad explicaron que el incidente se había producido cuando instaron a la pareja a abandonar la estación ya que estaban molestando al resto de usuarios.
Al parecer, la pareja azuzó al perro que les acompañaba contra las dos vigilantes y se produjo un forcejeo en el que los dos encargados de la seguridad recibieron diversos golpes. Los agentes procedieron la detención de la pareja por una falta de lesiones.
elcorreodigital.
Cándido Méndez defiende que la salida a la crisis pasa por el apoyo a las familias
Esta crisis económica no la superarán los banqueros y no la superarán por si mismos los Gobiernos, necesitan del concurso de las familias trabajadoras, a través de sus organizaciones democráticas, que somos las organizaciones sindicales”, ha manifestado hoy el Secretario General de UGT, Cándido Méndez, durante su intervención en la conmemoración de 100 aniversario de la Casa del Pueblo de Madrid. Aseguró que ello exige también “una determinación muy clara de la UE, que debería tomar una resolución coordinada en favor de las familias europeas y superar viejos tabúes, reforzando la cooperación para relanzar la economía productiva”.
Méndez destacó que frente a los que “nos están atizando y pretenden azuzarnos”, sobre todo desde los ámbitos de la derecha, que está mostrando “bastante desorientación y disconformidad” con la forma de hacer oposición por parte de Rajoy, el sindicato va a defender una posición sindical, y no política, al servicio de los trabajadores e insistirá en proteger a los trabajadores y a sus familias y a los parados. Con respecto a los desempleados precisó que demandará “protegerlos hoy con la cobertura de desempleo que tienen hoy, pero exigiendo alternativas si se da la circunstancia de que se alarga la crisis económica y los trabajadores agotan la prestación por desempleo, que quede meridianamente claro” y que se refuercen las inversiones en políticas públicas e industriales.
El Secretario General de UGT indicó, con respecto al escaso interés de la banca de asistir a la subasta para obtener liquidez, que deberían “acreditar reputación social, no sólo financiera” e inyectar esa liquidez a las necesidades de las familias y de las pequeñas empresas. “Si no necesitan el dinero que el Gobierno reoriente esos recursos económicos para mejorar la inversión pública, relanzar nuestros sectores industriales y mejorar la protección social porque falta nos va a hacer”. Resaltó, al igual que el resto de los intervinientes José Ricardo Martínez, Secretario General de UGT-Madrid; Manuel Chaves, Presidente del PSOE, y Tomás López, Secretario General del Partido Socialista Madrileño, y que los valores que presidieron el sindicato hace cien años siguen teniendo plena vigencia. Méndez destacó el papel de los sindicatos en la salida de la crisis y reivindicó asociar el debate mundial sobre la crisis al movimiento sindical a nivel global para superar el periodo y reorientar la globalización hacia un modelo más sostenible.
Méndez destacó que frente a los que “nos están atizando y pretenden azuzarnos”, sobre todo desde los ámbitos de la derecha, que está mostrando “bastante desorientación y disconformidad” con la forma de hacer oposición por parte de Rajoy, el sindicato va a defender una posición sindical, y no política, al servicio de los trabajadores e insistirá en proteger a los trabajadores y a sus familias y a los parados. Con respecto a los desempleados precisó que demandará “protegerlos hoy con la cobertura de desempleo que tienen hoy, pero exigiendo alternativas si se da la circunstancia de que se alarga la crisis económica y los trabajadores agotan la prestación por desempleo, que quede meridianamente claro” y que se refuercen las inversiones en políticas públicas e industriales.
El Secretario General de UGT indicó, con respecto al escaso interés de la banca de asistir a la subasta para obtener liquidez, que deberían “acreditar reputación social, no sólo financiera” e inyectar esa liquidez a las necesidades de las familias y de las pequeñas empresas. “Si no necesitan el dinero que el Gobierno reoriente esos recursos económicos para mejorar la inversión pública, relanzar nuestros sectores industriales y mejorar la protección social porque falta nos va a hacer”. Resaltó, al igual que el resto de los intervinientes José Ricardo Martínez, Secretario General de UGT-Madrid; Manuel Chaves, Presidente del PSOE, y Tomás López, Secretario General del Partido Socialista Madrileño, y que los valores que presidieron el sindicato hace cien años siguen teniendo plena vigencia. Méndez destacó el papel de los sindicatos en la salida de la crisis y reivindicó asociar el debate mundial sobre la crisis al movimiento sindical a nivel global para superar el periodo y reorientar la globalización hacia un modelo más sostenible.
martes, 25 de noviembre de 2008
Cae el Che Guevara por robar ron en un súper
Es angoleño, tiene 33 años y vive en Málaga. La policía ha detenido al homónimo del revolucionario argentino por intento de hurto
La policía ha detenido en Málaga a Ernesto Che Guevara. El homónimo del guerrillero argentino tiene 33 años, es angoleño y vive en la ciudad. Y no es precisamente un revolucionario. Ha sido arrestado por presuntamente intentar llevarse dos botellas de ron de un súper.
Su detención se produjo durante la medianoche del domingo al lunes. El Che malagueño fue sorprendido por el vigilante de un supermercado de la cadena Opencor situado en la zona de La Malagueta cuando se disponía a salir de la tienda con dos botellas de ron Cacique que, supuestamente, no había abonado en caja, según informaron fuentes cercanas al caso.
El guarda de seguridad interceptó al hombre y avisó a la sala del 091 del Cuerpo Nacional de Policía, que envió una patrulla al supermercado. Los agentes trataron de identificar al hombre, que en esos momentos no llevaba documentación encima. No sin cierta sorpresa, comprobaron que se llama Ernesto Che Guevara B.
Lo más curioso es que se trata de un viejo conocido de la policía, y también de algunos establecimientos comerciales de la ciudad. No en vano, el Che malagueño ha sido detenido anteriormente por la policía hasta en 24 ocasiones. Tampoco era la primera vez que los empleados del supermercado lo veían merodeando por el mismo, añadieron las fuentes consultadas.
Esta vez, Ernesto Che Guevara fue arrestado por estar indocumentado al ser sospechoso del intento de hurto de las dos botellas de ron, que habrían sido valoradas en apenas 30 euros.
SUR.es
La policía ha detenido en Málaga a Ernesto Che Guevara. El homónimo del guerrillero argentino tiene 33 años, es angoleño y vive en la ciudad. Y no es precisamente un revolucionario. Ha sido arrestado por presuntamente intentar llevarse dos botellas de ron de un súper.
Su detención se produjo durante la medianoche del domingo al lunes. El Che malagueño fue sorprendido por el vigilante de un supermercado de la cadena Opencor situado en la zona de La Malagueta cuando se disponía a salir de la tienda con dos botellas de ron Cacique que, supuestamente, no había abonado en caja, según informaron fuentes cercanas al caso.
El guarda de seguridad interceptó al hombre y avisó a la sala del 091 del Cuerpo Nacional de Policía, que envió una patrulla al supermercado. Los agentes trataron de identificar al hombre, que en esos momentos no llevaba documentación encima. No sin cierta sorpresa, comprobaron que se llama Ernesto Che Guevara B.
Lo más curioso es que se trata de un viejo conocido de la policía, y también de algunos establecimientos comerciales de la ciudad. No en vano, el Che malagueño ha sido detenido anteriormente por la policía hasta en 24 ocasiones. Tampoco era la primera vez que los empleados del supermercado lo veían merodeando por el mismo, añadieron las fuentes consultadas.
Esta vez, Ernesto Che Guevara fue arrestado por estar indocumentado al ser sospechoso del intento de hurto de las dos botellas de ron, que habrían sido valoradas en apenas 30 euros.
SUR.es
DETENIDO POR AMENAZAR A UN VIGILANTE
www.gentedigital.es
Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a R.A.R., de 46 años de edad, con numerosos antecedentes delictivos, por presunto delito de amenazas graves a un vigilante de seguridad. El vigilante pidió al detenido que devolviera algún producto que había sustraído de un establecimiento. Al poco rato, el hombre volvió al local armado con una barra de hierro y piedras, y amenazó al vigilante, insultándole y retándole para que saliera a la calle.
Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a R.A.R., de 46 años de edad, con numerosos antecedentes delictivos, por presunto delito de amenazas graves a un vigilante de seguridad. El vigilante pidió al detenido que devolviera algún producto que había sustraído de un establecimiento. Al poco rato, el hombre volvió al local armado con una barra de hierro y piedras, y amenazó al vigilante, insultándole y retándole para que saliera a la calle.
Arenas pide planes de protección individuales
25/11/2008 EFE
El presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, anunció ayer que su partido presentará una enmienda a los presupuestos del 2009 para reclamar una partida de 12 millones de euros con el fin de impulsar planes personalizados de protección a los que las mujeres maltratadas puedan acogerse voluntariamente.
Durante la clausura de una jornada del PP sobre la violencia contra las mujeres celebrada en Córdoba, el dirigente popular consideró "imprescindible" que las víctimas dispongan de planes de estas características porque si requieren algún tipo de protección "ahí tienen que estar" las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías municipales y "cualquier tipo" de seguridad privada.
Arenas recordó que lleva defendiendo este modelo, que ya se ha implantando en otras comunidades autónomas, desde el debate de investidura del presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien, según ha dicho, le contestó que lo que estaba proponiendo era un "disparate". En su opinión, debe garantizarse esa protección porque cada vez hay más mujeres que están confiando en el sistema mientras crece el número de asesinadas tras conseguir una orden contra su agresor.
El presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, anunció ayer que su partido presentará una enmienda a los presupuestos del 2009 para reclamar una partida de 12 millones de euros con el fin de impulsar planes personalizados de protección a los que las mujeres maltratadas puedan acogerse voluntariamente.
Durante la clausura de una jornada del PP sobre la violencia contra las mujeres celebrada en Córdoba, el dirigente popular consideró "imprescindible" que las víctimas dispongan de planes de estas características porque si requieren algún tipo de protección "ahí tienen que estar" las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías municipales y "cualquier tipo" de seguridad privada.
Arenas recordó que lleva defendiendo este modelo, que ya se ha implantando en otras comunidades autónomas, desde el debate de investidura del presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien, según ha dicho, le contestó que lo que estaba proponiendo era un "disparate". En su opinión, debe garantizarse esa protección porque cada vez hay más mujeres que están confiando en el sistema mientras crece el número de asesinadas tras conseguir una orden contra su agresor.
Crecen los casos de robos y agresiones en las 'líneas calientes' de Cercanías-Renfe
Alertan de que en estos trayectos hay grupos que lanzan adoquines desde puentes a trenes en marcha.
Las 'líneas calientes' son la C-4, la C-5 y la C-8.
Los grafiteros también se han vuelto más agresivos.
Las 'líneas calientes' son la C-4, la C-5 y la C-8.
Los grafiteros también se han vuelto más agresivos.
Los vigilantes de seguridad de Cercanías han detectado en los últimos meses un aumento de agresiones recibidas por parte de grafiteros cada vez más violentos así como la presencia de grupos de jóvenes que lanzan adoquines a trenes en marcha desde puentes y altercados de tribus urbanas en los convoyes.
Las líneas ‘calientes' , tal y como adelantó 20 minutos el pasado 3 de noviembre, son la C-4 (Parla- Atocha), C-5 (Humanes y Móstoles-El Soto-Atocha) y C-8 (Cercedilla y El Escorial-Atocha), al igual que los intercambiadores de Príncipe Pío, Chamartín, Moncloa, Legazpi, Avenida de América y Atocha.
Los dos ramales de la C-5, especialmente en Villaverde Alto, Zarzaquemada y Puente Alcocer, son frecuentados por grupos de pandilleros, en algunos casos armados con cuchillos. Las estaciones de Getafe Centro, Las Margaritas y Parla, en la C-4, también tienen presencia de grupos violentos, algunos de ellos suramericanos. En la C-8, son los skin heads los que predominan, procedentes de la Sierra.
Entran a bandadas grupos que destrozan todo lo que pillan y amenazan a los conductores
"Otros puntos ‘calientes' son el entorno de La Cubierta de Leganés. "Entran a bandadas grupos que destrozan todo lo que pillan y amenazan a los conductores", ha indicado Rafael Saldaña, responsable de seguridad privada de UGT.
Los vigilantes destacan también que desde que el Ayuntamiento de Madrid incrementó las sanciones a los grafiteros, éstos se han vuelto más agresivos con tal de evadir a los guardias.
Respecto a arrojar piedras y adoquines a los trenes, es en Villaverde y Orcasitas donde se han detectado estas prácticas que provocan retrasos y daños en los vagones.
lunes, 24 de noviembre de 2008
UGT considera necesario recoger en la Negociación Colectiva el acoso sexual
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, UGT considera necesario negociar en los Convenios Colectivos protocolos de actuación ante el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
Asimismo, la adopción de las medidas necesarias para paliar los efectos negativos en las víctimas de violencia de género. UGT hace un llamamiento a la participación en las manifestaciones y actos contra la violencia de género, y se adhieren a la campaña de la CSI “los sindicatos dicen NO a la violencia contra mujeres y niñas”.
La violencia contra la mujer es, seguramente, la violación de derechos humanos que más se tolera socialmente. Afortunadamente, se empieza a tomar conciencia de que la violencia doméstica también es una cuestión laboral, ya que repercute de forma clara en la capacidad de la mujer para hacer su trabajo y en su absentismo.
UGT hace un llamamiento a participar en las manifestaciones y acciones por la eliminación de la violencia contra las mujeres, y plantea actuaciones concretas en el ámbito laboral, tales como:
Establecer en las empresas, para los supuestos de acoso, procedimientos de denuncia internos que reúnan los requisitos de sumariedad, confidencialidad, informalidad e imparcialidad, previos a la aplicación del procedimiento disciplinario y, cuando sea posible y oportuno, a la utilización de las vías administrativa y judicial.
Asegurar en los convenios colectivos la prioridad de elección en los supuestos de movilidad geográfica, reorganización del tiempo de trabajo, posibilidad de asistencia psicológica y permisos retribuidos por el tiempo indispensable para normalizar la situación de las trabajadoras víctimas de violencia de género, así como cualquier otra medida que contribuya a paliar los efectos negativos que esta situación ocasiona.
UGT, como miembro de la Confederación Sindical Internacional (CSI), participa en la campaña “Los sindicatos dicen NO a la violencia contra mujeres y niñas” con motivo de la celebración, el próximo día 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
El objetivo principal de esta campaña de sensibilización es concienciar a la opinión pública de que la violencia contra las mujeres supone una grave violación de los derechos humanos. Se desarrolla desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y se incluye en las acciones de la campaña sobre trabajo decente.
La situación de las mujeres en el mercado de trabajo es el reflejo de una desigualdad estructural que pervive en otros ámbitos de la sociedad, cuya manifestación más grave es la violencia contra las mujeres y que abarca múltiples manifestaciones, desde el acoso en el trabajo o la violencia doméstica, a la trata de seres humanos y la prostitución.
Año tras año, las estadísticas repiten datos estremecedores sobre mujeres muertas a manos de sus parejas, sobre las violaciones de mujeres y niñas en los conflictos armados, agresiones que se reproducen en todos los ámbitos, estatus socio-económicos, culturas o sociedades.
Por ello, la celebración, el 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es una oportunidad de unir los esfuerzos sindicales y sociales para decir NO a la violencia contra la mujer.
La Declaración del Día Internacional por la ONU recoge el concepto de violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada.”
La violencia contra las mujeres y las niñas es no sólo una agresión, sino una situación que conduce a privar a las víctimas de los derechos humanos y libertades fundamentales. Todos los esfuerzos son importantes para conseguir que esta violencia desaparezca de nuestros hogares, de nuestras sociedades y del lugar de trabajo, si queremos que las mujeres dispongan de iguales oportunidades para acceder a un trabajo decente y una vida decente.
Tristemente, cada vez son más las noticias que relatan situaciones de violencia de género en las escuelas, que muchas veces se traducen en violencia sexual, acoso e intimidación y, cada vez más, los autores de estas agresiones son menores. Las agresiones a las niñas en el entorno educativo representan una violación generalizada de los derechos humanos, además de un obstáculo al acceso, la retención y los buenos resultados en el sistema escolar, lo que dificultará su desarrollo personal y laboral.
La aceptación social de cualquiera de estas formas de violencia, no sólo implica condicionar la libertad de las mujeres y sus derechos de ciudadanía sino que daña a toda la sociedad, al poner en cuestión los derechos humanos y la igualdad de la mitad de la población.
Asimismo, la adopción de las medidas necesarias para paliar los efectos negativos en las víctimas de violencia de género. UGT hace un llamamiento a la participación en las manifestaciones y actos contra la violencia de género, y se adhieren a la campaña de la CSI “los sindicatos dicen NO a la violencia contra mujeres y niñas”.
La violencia contra la mujer es, seguramente, la violación de derechos humanos que más se tolera socialmente. Afortunadamente, se empieza a tomar conciencia de que la violencia doméstica también es una cuestión laboral, ya que repercute de forma clara en la capacidad de la mujer para hacer su trabajo y en su absentismo.
UGT hace un llamamiento a participar en las manifestaciones y acciones por la eliminación de la violencia contra las mujeres, y plantea actuaciones concretas en el ámbito laboral, tales como:
Establecer en las empresas, para los supuestos de acoso, procedimientos de denuncia internos que reúnan los requisitos de sumariedad, confidencialidad, informalidad e imparcialidad, previos a la aplicación del procedimiento disciplinario y, cuando sea posible y oportuno, a la utilización de las vías administrativa y judicial.
Asegurar en los convenios colectivos la prioridad de elección en los supuestos de movilidad geográfica, reorganización del tiempo de trabajo, posibilidad de asistencia psicológica y permisos retribuidos por el tiempo indispensable para normalizar la situación de las trabajadoras víctimas de violencia de género, así como cualquier otra medida que contribuya a paliar los efectos negativos que esta situación ocasiona.
UGT, como miembro de la Confederación Sindical Internacional (CSI), participa en la campaña “Los sindicatos dicen NO a la violencia contra mujeres y niñas” con motivo de la celebración, el próximo día 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
El objetivo principal de esta campaña de sensibilización es concienciar a la opinión pública de que la violencia contra las mujeres supone una grave violación de los derechos humanos. Se desarrolla desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y se incluye en las acciones de la campaña sobre trabajo decente.
La situación de las mujeres en el mercado de trabajo es el reflejo de una desigualdad estructural que pervive en otros ámbitos de la sociedad, cuya manifestación más grave es la violencia contra las mujeres y que abarca múltiples manifestaciones, desde el acoso en el trabajo o la violencia doméstica, a la trata de seres humanos y la prostitución.
Año tras año, las estadísticas repiten datos estremecedores sobre mujeres muertas a manos de sus parejas, sobre las violaciones de mujeres y niñas en los conflictos armados, agresiones que se reproducen en todos los ámbitos, estatus socio-económicos, culturas o sociedades.
Por ello, la celebración, el 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es una oportunidad de unir los esfuerzos sindicales y sociales para decir NO a la violencia contra la mujer.
La Declaración del Día Internacional por la ONU recoge el concepto de violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada.”
La violencia contra las mujeres y las niñas es no sólo una agresión, sino una situación que conduce a privar a las víctimas de los derechos humanos y libertades fundamentales. Todos los esfuerzos son importantes para conseguir que esta violencia desaparezca de nuestros hogares, de nuestras sociedades y del lugar de trabajo, si queremos que las mujeres dispongan de iguales oportunidades para acceder a un trabajo decente y una vida decente.
Tristemente, cada vez son más las noticias que relatan situaciones de violencia de género en las escuelas, que muchas veces se traducen en violencia sexual, acoso e intimidación y, cada vez más, los autores de estas agresiones son menores. Las agresiones a las niñas en el entorno educativo representan una violación generalizada de los derechos humanos, además de un obstáculo al acceso, la retención y los buenos resultados en el sistema escolar, lo que dificultará su desarrollo personal y laboral.
La aceptación social de cualquiera de estas formas de violencia, no sólo implica condicionar la libertad de las mujeres y sus derechos de ciudadanía sino que daña a toda la sociedad, al poner en cuestión los derechos humanos y la igualdad de la mitad de la población.
UGT, CC.OO. y USO critican la "negativa" de la patronal a negociar "cualquier tema salarial"
Los sindicatos anuncian movilizaciones en la seguridad privada por el nuevo convenio colectivoLos sindicatos UGT, CC.OO. y USO anunciaron hoy la convocatoria inmediata de movilizaciones en la seguridad privada por la "negativa" de la patronal a negociar "cualquier cuestión salarial" en el nuevo convenio colectivo, que afecta a más de 95.000 vigilantes de seguridad de toda España, más de 900 de ellos adscritos a las 14 empresas operativas en Cantabria.
Según precisó hoy el secretario general de la Federación de Servicios (FES) de UGT en Cantabria, Justo San Millán, estos tres sindicatos, que cuentan con el 97 por ciento de los representantes sindicales en la mesa de negociación de la seguridad privada, no pueden aceptar la "actitud intransigente" de los empresarios en todo lo relativo a las cuestiones salariales, "y más, cuando una gran mayoría de los vigilantes de seguridad se ven obligados a prolongar su jornada laboral para disponer de un salario mínimamente decente".
En nota de prensa, el responsable regional de FES-UGT recordó que los sindicatos presentaron en su momento una serie de reivindicaciones en la mesa de negociación del nuevo convenio colectivo que la patronal se negó a abordar, emplazando su debate a "nunca antes del año 2009 y hasta que se conozca una resolución del Tribunal Supremo sobre las horas extraordinarias".
San Millán aclaró que, ante la "negativa unilateral" de los empresarios a negociar cualquier cuestión salarial en el nuevo convenio colectivo y "con el ánimo de desbloquear la situación", se planteó "una subida salarial mínima para evitar una mayor pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, que los empresarios también han rechazado".
"Los sindicatos sólo propusimos que a partir de enero se produzca un adelanto de la subida salarial de los trabajadores del IPC real de 2008 más dos puntos, todo ello a cuenta de lo que se acuerde definitivamente en el convenio, aunque la respuesta de los empresarios fue que tal pretensión no está dentro de sus planes por la actual crisis económica", explicó.
Para los sindicatos, "esta posición de enroque de la patronal, que se niega a abordar cualquier aspecto salarial, vulnera los derechos más elementales de negociación colectiva" y les "fuerza" a convocar movilizaciones y "a controlar de manera estricta la legalidad de la prestación de servicios en el sector".
Según precisó hoy el secretario general de la Federación de Servicios (FES) de UGT en Cantabria, Justo San Millán, estos tres sindicatos, que cuentan con el 97 por ciento de los representantes sindicales en la mesa de negociación de la seguridad privada, no pueden aceptar la "actitud intransigente" de los empresarios en todo lo relativo a las cuestiones salariales, "y más, cuando una gran mayoría de los vigilantes de seguridad se ven obligados a prolongar su jornada laboral para disponer de un salario mínimamente decente".
En nota de prensa, el responsable regional de FES-UGT recordó que los sindicatos presentaron en su momento una serie de reivindicaciones en la mesa de negociación del nuevo convenio colectivo que la patronal se negó a abordar, emplazando su debate a "nunca antes del año 2009 y hasta que se conozca una resolución del Tribunal Supremo sobre las horas extraordinarias".
San Millán aclaró que, ante la "negativa unilateral" de los empresarios a negociar cualquier cuestión salarial en el nuevo convenio colectivo y "con el ánimo de desbloquear la situación", se planteó "una subida salarial mínima para evitar una mayor pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, que los empresarios también han rechazado".
"Los sindicatos sólo propusimos que a partir de enero se produzca un adelanto de la subida salarial de los trabajadores del IPC real de 2008 más dos puntos, todo ello a cuenta de lo que se acuerde definitivamente en el convenio, aunque la respuesta de los empresarios fue que tal pretensión no está dentro de sus planes por la actual crisis económica", explicó.
Para los sindicatos, "esta posición de enroque de la patronal, que se niega a abordar cualquier aspecto salarial, vulnera los derechos más elementales de negociación colectiva" y les "fuerza" a convocar movilizaciones y "a controlar de manera estricta la legalidad de la prestación de servicios en el sector".
cantabriaconfidencial.com
Su cartera peligra en esta estación
Un manual distribuido por una empresa de vigilantes de metro radiografía los tramos de líneas con más ladrones - Culpa a los inmigrantes de los robos
Párense y pónganse ahí.
-¿Por qué?
-Porque son ustedes carteristas.
Mediodía de jornada laborable. Pasillo del metro repleto. Tres vigilantes de seguridad de la empresa Prosegur acompañan a una pareja de extranjeros hasta la salida. "Es la tercera vez que les echamos", dice uno de ellos. No actúan a ciegas. Disponen de un manual que, desde hace cerca de un mes, descansa en algunos de los vestuarios de estos trabajadores. Se llama Operativa anticarteristas y va encabezado por el sello de la empresa Prosegur, responsable de la vigilancia en las líneas 1, 6 y 11. Detalla las técnicas y los tramos del metro con más robos y divide a los descuideros por nacionalidades. El informe, de 18 páginas, sostiene que "con el aumento de la inmigración" ha crecido la cifra de los delincuentes que bajan al suburbano y se quedan con el bolso ajeno o el monedero.
Para describir los distintos modus operandi de estos delincuentes el manual hace una división geográfica. Los carteristas provienen de seis puntos diferentes del mapa. Empieza por los rumanos, los que "más abundan" y que "se muestran agresivos si no consiguen su objetivo". Bloquean a la víctima a la entrada o salida del tren para dificultar el paso mientras la roban.
Los sudamericanos, prosigue el texto, "pueden ser ecuatorianos, chilenos o presuntamente cubanos". Se cruzan y se entregan el botín de unos a otros. "Son bastante más finos que el resto" porque van bien vestidos, usan buenos perfumes y se acercan "provocativamente" a la víctima para llamar su atención mientras el cómplice roba la cartera.
Algunos magrebíes -que "hace unos años eran una auténtica plaga", según el documento- "también están enganchados a las drogas o el alcohol, con lo que tenemos el mismo problema que con los rumanos".Las bosnias -en este caso hace distinción de género- "se refugian en el metro para cometer sus fechorías". Según el documento, "no se muestran violentas, aunque sí es cierto que en ocasiones han sufrido las iras de los rumanos", de los que se vengan con un método particular: si los ven en el vagón "roban una cartera, la tiran a los pies de los rumanos y avisan a la víctima".
Hay un grupo para el que el informe plantea dudas: los italianos. Según el documento, usan los mismos métodos de los rumanos, a los que acompañan, "y por supuesto sus mismos vicios". Los españoles, por último, "son una especie en extinción" que se ha desplazado a la calle y a los accesos al transporte público "al encontrarse tanta competencia".
El manual señala que los carteras prefieren actuar en el interior de los trenes, en escaleras mecánicas y andenes. "Últimamente han empezado a actuar bien entrada la noche, cuando las dependencias de la oficina policial de Nuevos Ministerios está cerrada, ya que se ven sometidos a menos presión por los policías de esa oficina".
El informe, que arranca con un listado de artículos de distintas normativas de seguridad, considera que "la levedad de penas" incluidas en la legislación favorece la proliferación de los robos de carteras.
"No es intención hacer un discurso cargado de política" prosigue, pero "unas leyes permisivas y una mal llamada solidaridad con los desfavorecidos dan lugar a estas situaciones". Acusa a los carteristas de beneficiarse de "ayudas sociales" o de costear con el botín "el consumo de drogas, alcohol, prostitutas o máquinas recreativas".
Un inspector de la brigada provincial de seguridad ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía asegura que no suelen portar armas, en contra de lo que señala el manual de seguridad Operativa anticarteristas, el informe dirigido a los vigilantes del metro, en el que se describen todo tipo de utensilios que esconden objetos cortantes. La lista incluye cuchillos en el mango de un paraguas, lápices "muy afilados y con loctite en la punta" o uñeros "con pincho". En los primeros días de trabajo de la brigada policial no han detectado ningún suceso violento relacionado con los carteristas.
Según el documento, Metro pidió a Prosegur en marzo de 2007 "que estableciera un dispositivo anticarterista". Un portavoz de Metro señaló que la empresa no podía ofrecer detalles sobre este tipo de operaciones "por motivos de seguridad".
Desde Prosegur, una portavoz de la empresa sostiene que el informe "no es un documento oficial" de la empresa y culpa a "algún vigilante" de su redacción y distribución. Dos de sus trabajadores empleados en el metro -donde trabajan más de 2.000 guardias de diferentes compañías- aseguraron a EL PAÍS que lo habían distribuido los inspectores de Prosegur. El viernes, después de que este periódico pidiera su versión a la empresa, los manuales fueron retirados de los vestuarios.
El informe ya retirado señala que tras la inauguración de las ampliaciones del metro de hace año y medio se organizó un dispositivo con 10 vigilantes y un inspector con "libertad absoluta" para hacer su trabajo y con "una formidable colaboración de los policías nacionales". Obtuvieron resultados "muy aceptables" pero "inexplicablemente, Metro decidió días después suspender dicho operativo". El manual señala que es "decepcionante" asistir a un juicio contra "estos sujetos" y ver que las condenas "suelen ser multas que suelen pagar sin problemas ya que sale de bolsillos ajenos". Acaba con un refrán a modo de advertencia: mano cerrada, mano sospechosa.
ELPAIS:com
Párense y pónganse ahí.
-¿Por qué?
-Porque son ustedes carteristas.
Mediodía de jornada laborable. Pasillo del metro repleto. Tres vigilantes de seguridad de la empresa Prosegur acompañan a una pareja de extranjeros hasta la salida. "Es la tercera vez que les echamos", dice uno de ellos. No actúan a ciegas. Disponen de un manual que, desde hace cerca de un mes, descansa en algunos de los vestuarios de estos trabajadores. Se llama Operativa anticarteristas y va encabezado por el sello de la empresa Prosegur, responsable de la vigilancia en las líneas 1, 6 y 11. Detalla las técnicas y los tramos del metro con más robos y divide a los descuideros por nacionalidades. El informe, de 18 páginas, sostiene que "con el aumento de la inmigración" ha crecido la cifra de los delincuentes que bajan al suburbano y se quedan con el bolso ajeno o el monedero.
Para describir los distintos modus operandi de estos delincuentes el manual hace una división geográfica. Los carteristas provienen de seis puntos diferentes del mapa. Empieza por los rumanos, los que "más abundan" y que "se muestran agresivos si no consiguen su objetivo". Bloquean a la víctima a la entrada o salida del tren para dificultar el paso mientras la roban.
Los sudamericanos, prosigue el texto, "pueden ser ecuatorianos, chilenos o presuntamente cubanos". Se cruzan y se entregan el botín de unos a otros. "Son bastante más finos que el resto" porque van bien vestidos, usan buenos perfumes y se acercan "provocativamente" a la víctima para llamar su atención mientras el cómplice roba la cartera.
Algunos magrebíes -que "hace unos años eran una auténtica plaga", según el documento- "también están enganchados a las drogas o el alcohol, con lo que tenemos el mismo problema que con los rumanos".Las bosnias -en este caso hace distinción de género- "se refugian en el metro para cometer sus fechorías". Según el documento, "no se muestran violentas, aunque sí es cierto que en ocasiones han sufrido las iras de los rumanos", de los que se vengan con un método particular: si los ven en el vagón "roban una cartera, la tiran a los pies de los rumanos y avisan a la víctima".
Hay un grupo para el que el informe plantea dudas: los italianos. Según el documento, usan los mismos métodos de los rumanos, a los que acompañan, "y por supuesto sus mismos vicios". Los españoles, por último, "son una especie en extinción" que se ha desplazado a la calle y a los accesos al transporte público "al encontrarse tanta competencia".
El manual señala que los carteras prefieren actuar en el interior de los trenes, en escaleras mecánicas y andenes. "Últimamente han empezado a actuar bien entrada la noche, cuando las dependencias de la oficina policial de Nuevos Ministerios está cerrada, ya que se ven sometidos a menos presión por los policías de esa oficina".
El informe, que arranca con un listado de artículos de distintas normativas de seguridad, considera que "la levedad de penas" incluidas en la legislación favorece la proliferación de los robos de carteras.
"No es intención hacer un discurso cargado de política" prosigue, pero "unas leyes permisivas y una mal llamada solidaridad con los desfavorecidos dan lugar a estas situaciones". Acusa a los carteristas de beneficiarse de "ayudas sociales" o de costear con el botín "el consumo de drogas, alcohol, prostitutas o máquinas recreativas".
Un inspector de la brigada provincial de seguridad ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía asegura que no suelen portar armas, en contra de lo que señala el manual de seguridad Operativa anticarteristas, el informe dirigido a los vigilantes del metro, en el que se describen todo tipo de utensilios que esconden objetos cortantes. La lista incluye cuchillos en el mango de un paraguas, lápices "muy afilados y con loctite en la punta" o uñeros "con pincho". En los primeros días de trabajo de la brigada policial no han detectado ningún suceso violento relacionado con los carteristas.
Según el documento, Metro pidió a Prosegur en marzo de 2007 "que estableciera un dispositivo anticarterista". Un portavoz de Metro señaló que la empresa no podía ofrecer detalles sobre este tipo de operaciones "por motivos de seguridad".
Desde Prosegur, una portavoz de la empresa sostiene que el informe "no es un documento oficial" de la empresa y culpa a "algún vigilante" de su redacción y distribución. Dos de sus trabajadores empleados en el metro -donde trabajan más de 2.000 guardias de diferentes compañías- aseguraron a EL PAÍS que lo habían distribuido los inspectores de Prosegur. El viernes, después de que este periódico pidiera su versión a la empresa, los manuales fueron retirados de los vestuarios.
El informe ya retirado señala que tras la inauguración de las ampliaciones del metro de hace año y medio se organizó un dispositivo con 10 vigilantes y un inspector con "libertad absoluta" para hacer su trabajo y con "una formidable colaboración de los policías nacionales". Obtuvieron resultados "muy aceptables" pero "inexplicablemente, Metro decidió días después suspender dicho operativo". El manual señala que es "decepcionante" asistir a un juicio contra "estos sujetos" y ver que las condenas "suelen ser multas que suelen pagar sin problemas ya que sale de bolsillos ajenos". Acaba con un refrán a modo de advertencia: mano cerrada, mano sospechosa.
ELPAIS:com
domingo, 23 de noviembre de 2008
...y una actividad de alto riesgo
LAS agresiones en centros sanitarios se han convertido en titulares frecuentes de la prensa, y marcadas por el mismo patrón de las agresiones en los centros escolares: la pérdida de respeto a la institución y a sus profesionales en una sociedad insensible al fenómeno hasta tomar conciencia del error de haber tolerado un clima propicio para la violencia favoreciendo la sensación de impunidad de los agresores. Con seguridad no se trata de un comportamiento asociado al entorno específico de los centros sanitarios, sino que emana de la sociología general: creciente descrédito de los servicios públicos, creencia en que la agresividad proporciona una atención ventajosa, pérdida de noción de las limitaciones de los servicios públicos, insolidaridad ante el derecho de los demás a recibir la misma atención, en definitiva extensiones de una cultura cívica deficiente. De este modo, a la tensión propia de la actividad sanitaria, los profesionales han acabado por añadir una sensación degradante de riesgo. Y las autoridades sanitarias de algunos centros han cometido, y en algunos casos aún cometen, el error de ocultar esa realidad, algo que no contribuye precisamente a corregirla.
Ciertamente se han incrementado las medidas de de seguridad durante los últimos años. Hay dispositivos tecnológicos -desde cámaras de circuito cerrado a timbres antipánico- y la presencia habitual de vigilantes de seguridad. No obstante, esto puede inspirar una percepción de mayor protección, pero no basta por sí mimo para neutralizar la agresión puntual en urgencias o en una consulta. En este sentido, la respuesta del legislador apunta en la dirección adecuada al tipificar estos comportamientos como 'atentados contra funcionario público' para evitar que se saldasen como una falta casi irrelevante; por el contrario, resueltos mediante juicios rápidos, generan antecedentes penales que conducirán a prisión a quien reincida. No obstante, se puede tener la certeza de que el fenómeno no se corregirá con estas medidas sino al desandar el mismo itinerario recorrido hasta llegar a este punto: cambiando la actitud cívica, recuperando el prestigio de la función pública y en particular de la sanidad como de la educación, y estigmatizando a quienes tratan de obtener ventaja en la atención de los servicios públicos sin asumir que los derechos conllevan deberes. En definitiva, con educación.
SUR.es
Ciertamente se han incrementado las medidas de de seguridad durante los últimos años. Hay dispositivos tecnológicos -desde cámaras de circuito cerrado a timbres antipánico- y la presencia habitual de vigilantes de seguridad. No obstante, esto puede inspirar una percepción de mayor protección, pero no basta por sí mimo para neutralizar la agresión puntual en urgencias o en una consulta. En este sentido, la respuesta del legislador apunta en la dirección adecuada al tipificar estos comportamientos como 'atentados contra funcionario público' para evitar que se saldasen como una falta casi irrelevante; por el contrario, resueltos mediante juicios rápidos, generan antecedentes penales que conducirán a prisión a quien reincida. No obstante, se puede tener la certeza de que el fenómeno no se corregirá con estas medidas sino al desandar el mismo itinerario recorrido hasta llegar a este punto: cambiando la actitud cívica, recuperando el prestigio de la función pública y en particular de la sanidad como de la educación, y estigmatizando a quienes tratan de obtener ventaja en la atención de los servicios públicos sin asumir que los derechos conllevan deberes. En definitiva, con educación.
SUR.es
Gasteiz, roba en un supermercado y agrede al vigilante de seguridad
Agentes de la Ertzainetxea de Gasteiz detuvieron en la tarde de ayer sábado a un varón de 37 años de edad por un presunto delito de robo con violencia. El arrestado, tras ser sorprendido hurtando dos cajas de langostinos en un supermercado, golpeó al vigilante para tratar de huir.
Sobre las cinco y media de la tarde, desde un comercio situado en el barrio de Zaramaga se solicitó la presencia de la Ertzaintza debido a que tenían retenido a un varón, el cual había tratado de sustraer diverso género.A la llegada de los agentes al lugar, éstos pudieron comprobar cómo el vigilante de la tienda tenía inmovilizado a un varón. Al parecer, éste había sido interceptado cuando abandonaba el local sin abonar dos cajas de langostinos que portaba ocultas debajo del jersey, activándose la alarma de robo a su paso por los arcos de seguridad. Al verse sorprendido intentó darse a la fuga, llegando a agredir al guarda causándole una lesión en el labio.El varón fue trasladado a dependencias policiales en calidad de detenido por un delito de robo con violencia. El implicado, que presenta otros cinco arrestos anteriores, deberá presentarse próximamente ante la Autoridad Judicial.
cronica112
Sobre las cinco y media de la tarde, desde un comercio situado en el barrio de Zaramaga se solicitó la presencia de la Ertzaintza debido a que tenían retenido a un varón, el cual había tratado de sustraer diverso género.A la llegada de los agentes al lugar, éstos pudieron comprobar cómo el vigilante de la tienda tenía inmovilizado a un varón. Al parecer, éste había sido interceptado cuando abandonaba el local sin abonar dos cajas de langostinos que portaba ocultas debajo del jersey, activándose la alarma de robo a su paso por los arcos de seguridad. Al verse sorprendido intentó darse a la fuga, llegando a agredir al guarda causándole una lesión en el labio.El varón fue trasladado a dependencias policiales en calidad de detenido por un delito de robo con violencia. El implicado, que presenta otros cinco arrestos anteriores, deberá presentarse próximamente ante la Autoridad Judicial.
cronica112
Sólo los locales con capacidad para más de 350 personas necesitan vigilantes de seguridad
La muerte violenta del joven Álvaro Ussía el pasado fin de semana en un El Balcón de Rosales por los golpes de un portero -un cliente especial, según la discoteca- ha avivado la vieja polémica sobre el comportamiento violento de los porteros. Las asociaciones profesionales defienden que la clave está en la formación de los porteros como vigilantes de seguridad, con todos los conocimientos precisos.
Oviedo, Patricia MARTÍNEZ Además de la educación y el correcto trato al usuario de la discoteca, el portero de este tipo de locales debe saber qué competencias tiene en su trabajo y qué otras debería cumplir un vigilante de seguridad o los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales. A pesar de que la ley autonómica en Asturias no reconoce expresamente la figura del portero, sí deja abierta la posibilidad de que el titular del establecimiento delegue en él el servicio de admisión. Esta labor consiste en «asegurar el normal desarrollo de la entrada de personas al establecimiento local y requerir la intervención del personal del servicio de vigilancia y seguridad», que también puede estar autorizado para realizar esta función. Sin embargo, no otorga al portero la autoridad para realizar el resto de funciones del vigilante de seguridad, que sí puede expulsar a personas que dificulten el desarrollo del espectáculo, denegar el acceso a quienes incumplan los requisitos legalmente establecidos y controlar el consumo y tráfico de sustancias ilegales en el local. Sólo en caso de que «la urgencia lo requiera» y tras la comunicación al vigilante de seguridad, en caso de que lo hubiera (para lo que es necesario que el aforo supere las 350 personas), el personal del propio establecimiento puede proceder con «las actuaciones necesarias con el fin de velar por la integridad física de las personas». Precisamente la capacidad necesaria para que los locales de ocio nocturno cuenten con un vigilante de seguridad es uno de los principales caballos de batalla de quienes reclaman un cambio en la legislación. Manuel Abad, padre de Endika Abad, se pregunta cuántos locales hay en Asturias con esta capacidad, de manera que puedan contar con un servicio de vigilancia de seguridad. Para paliar este vacío, Abad reclama que la ley de seguridad privada, «ya obsoleta», se modifique para exigir a los controladores de accesos unas pruebas previas determinadas, junto con una formación específica y unos protocolos de actuación definidos.
Lne.es » Asturias
Oviedo, Patricia MARTÍNEZ Además de la educación y el correcto trato al usuario de la discoteca, el portero de este tipo de locales debe saber qué competencias tiene en su trabajo y qué otras debería cumplir un vigilante de seguridad o los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales. A pesar de que la ley autonómica en Asturias no reconoce expresamente la figura del portero, sí deja abierta la posibilidad de que el titular del establecimiento delegue en él el servicio de admisión. Esta labor consiste en «asegurar el normal desarrollo de la entrada de personas al establecimiento local y requerir la intervención del personal del servicio de vigilancia y seguridad», que también puede estar autorizado para realizar esta función. Sin embargo, no otorga al portero la autoridad para realizar el resto de funciones del vigilante de seguridad, que sí puede expulsar a personas que dificulten el desarrollo del espectáculo, denegar el acceso a quienes incumplan los requisitos legalmente establecidos y controlar el consumo y tráfico de sustancias ilegales en el local. Sólo en caso de que «la urgencia lo requiera» y tras la comunicación al vigilante de seguridad, en caso de que lo hubiera (para lo que es necesario que el aforo supere las 350 personas), el personal del propio establecimiento puede proceder con «las actuaciones necesarias con el fin de velar por la integridad física de las personas». Precisamente la capacidad necesaria para que los locales de ocio nocturno cuenten con un vigilante de seguridad es uno de los principales caballos de batalla de quienes reclaman un cambio en la legislación. Manuel Abad, padre de Endika Abad, se pregunta cuántos locales hay en Asturias con esta capacidad, de manera que puedan contar con un servicio de vigilancia de seguridad. Para paliar este vacío, Abad reclama que la ley de seguridad privada, «ya obsoleta», se modifique para exigir a los controladores de accesos unas pruebas previas determinadas, junto con una formación específica y unos protocolos de actuación definidos.
Lne.es » Asturias
Nada que ver con los vigilantes de seguridad
La sociedad confunde al personal de seguridad con los porteros de discoteca. Sólo nosotros podemos desarrollar funciones de seguridad». Luis Miguel Fernández, uno de los portavoces del colectivo, refleja las quejas de sus compañeros. Opinan que sucesos como el de Madrid les demonizan, cuando ellos no tienen «nada que ver» con las personas que se ponen en la entrada de un local.
El Departamento de Interior del Gobierno vasco expone las diferencias. A un guarda jurado, por ejemplo, se le exige una formación previa avalada por el Ministerio del Interior, que le permite obtener la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP). Para lograr esta titulación, explica Fernández, se debe pasar un curso de 240 horas, dividido en teoría y práctica, en una academia homologada por el propio Ministerio. Su coste es de entre 600 y 700 euros. Tras él, deben someterse a un examen, «tipo oposición», tanto físico como teórico, y conseguir un certificado médico que acredite que están en condiciones de trabajar. Un portero, salvo en Cataluña, Madrid y Valencia, no debe cumplir «requerimientos legales para acceder a su actividad», apunta Interior.
Un vigilante desarrolla su labor integrado en una empresa de seguridad, debe vestir el uniforme reglamentario de la firma y será sancionado, tanto él como su compañía, si ejecuta funciones distintas a las que la legislación le asigna.
Un portero de discoteca, en cambio, se relaciona directamente con el propietario del establecimiento, no debe portar ningún uniforme específico y será penado si se arroga el papel de un vigilante. Y mucho más si se convierte en un peligro para los propios clientes.
elcorreodigital
El Departamento de Interior del Gobierno vasco expone las diferencias. A un guarda jurado, por ejemplo, se le exige una formación previa avalada por el Ministerio del Interior, que le permite obtener la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP). Para lograr esta titulación, explica Fernández, se debe pasar un curso de 240 horas, dividido en teoría y práctica, en una academia homologada por el propio Ministerio. Su coste es de entre 600 y 700 euros. Tras él, deben someterse a un examen, «tipo oposición», tanto físico como teórico, y conseguir un certificado médico que acredite que están en condiciones de trabajar. Un portero, salvo en Cataluña, Madrid y Valencia, no debe cumplir «requerimientos legales para acceder a su actividad», apunta Interior.
Un vigilante desarrolla su labor integrado en una empresa de seguridad, debe vestir el uniforme reglamentario de la firma y será sancionado, tanto él como su compañía, si ejecuta funciones distintas a las que la legislación le asigna.
Un portero de discoteca, en cambio, se relaciona directamente con el propietario del establecimiento, no debe portar ningún uniforme específico y será penado si se arroga el papel de un vigilante. Y mucho más si se convierte en un peligro para los propios clientes.
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Las grandes ciudades de Galicia son deficitarias en vigilantes de seguridad
La creación de centros comerciales y urbanizaciones en urbes como A Coruña y Vigo provoca que los 3.873 profesionales de las 68 compañías de vigilancia de la comunidad no logren cubrir la demanda.
ARANCHA VÁZQUEZ. A CORUÑA. El surgimiento de nuevos servicios como centros comerciales o infraestructuras de transporte han disparado la demanda de vigilantes de seguridad en Galicia, un sector que ha experimentado un crecimiento de alrededor de un 7% en los últimos años. Sin embargo, los casi 4.000 profesionales que se dedican a la vigilancia en la comunidad no son suficientes para responder a este aumento de la demanda, especialmente en el entorno de las grandes ciudades gallegas, como A Coruña y Vigo.El creciente número de grandes superficies con las que cuenta A Coruña en la actualidad -a las que recientemente se ha sumado el centro comercial Dolce Vita-, así como la expansión de las infraestructuras de transporte y el surgimiento de urbanizaciones en las afueras de la ciudad han hecho que en los últimos años haya aumentado la demanda de vigilantes de seguridad, una situación similar a la del resto del país. La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Empresas de Seguridad (Aproser), que engloba a 13 de las principales compañías que operan a nivel nacional, calcula que en toda España hacen falta 20.000 vigilantes más para responder al crecimiento del sector. En Galicia, esta demanda de profesionales no es tan elevada como en Madrid o Cataluña, aunque sí que existe "una necesidad de mano de obra", sobre todo en los entornos de A Coruña y Vigo, tal y como indicó el secretario general de Aproser, Eduardo Cobas, que apuntó que estas necesidades se deben "al surgimiento de nuevos servicios". "Evidentemente, si en A Coruña se construye un puerto exterior crece la demanda de vigilancia, al igual que si se abren nuevos centros comerciales", subrayó. Desde 1992 hasta 2007, el sector de la vigilancia ha crecido una media de un 7% al año en toda España, debido sobre todo al crecimiento del bienestar económico del país. Galicia también ha experimentado una subida, contando en la actualidad con 3.873 vigilantes de seguridad trabajando para alguna de las 68 compañías que operan en las cuatro provincias gallegas, y que el año pasado dejaron unos beneficios de 137 millones de euros.Sin crisisAsí, parece que el sector se librará de la crisis o, al menos, no se verá tan afectado como otras actividades. "A nosotros también nos afecta la mala situación económica, nuestros niveles de crecimiento se han moderado, aunque aún así siguen siendo positivos", comentó el secretario general de Aproser.En este sentido habló también Roberto Lage, presidente de la Asociación de Empresas de Seguridade de Galicia (Aesga), que comentó que, hasta hace dos meses, "había una fuerte demanda, pero ahora debido a la crisis ha habido un recorte de gastos en las empresas", que afecta "al personal de limpieza y seguridad". Aún así, asegura que la desaceleración económica no los ha perjudicado mucho, y confía en que los niveles de crecimiento del sector vuelvan a repuntar. "Sigue habiendo demanda de profesionales", indicó Lage, al tiempo que pidió "una modificación en la ley" para poder trabajar en sectores en los que hasta ahora no pueden, como algunas urbanizaciones de viviendas unifamiliares o polígonos industriales.También desde Aproser demandaron un cambio en la legislación, sobre todo para poder contratar a inmigrantes, que serían una solución para acabar con la escasez de mano de obra. "No me parece lógico que un húngaro pueda ser vigilante de seguridad, y en cambio no podamos contratar a un argentino que lleve años viviendo en España sólo porque no esté nacionalizado. Y en cambio podemos mandarlos a Afganistán, que no es una cosa demasiado segura", criticó Eduardo Cobas. Los requisitos burocráticos del proceso de habilitación de los vigilantes de seguridad son otra de las cuestiones que habría que modificar, en opinión del secretario general de Aproser, que indicó que la extensa formación de 180 horas y las pruebas que tienen que pasar los aspirantes a vigilante hacen que muchos se lo piensen dos veces antes de dedicarse a esta profesión. "Mi problema es que desde que alguien llama a la puerta de una empresa hasta que es vigilante de seguridad habilitado pasan cinco meses, y que esta es una profesión muy dura, por lo que mucha gente prefiere dedicarse a otras actividades", lamentó. Esta opinión la secunda David Castiñeira, presidente de la Asociación Galega de Traballadores de Seguridade Privada (Agasep). "Desde el 98 estoy más en la academia que en casa", bromea. Lo que sí es cierto es que España es uno de los países donde los aspirantes a vigilante de seguridad tienen que pasar mayores pruebas, ya que a las 180 horas de formación se le añade un examen ante la dirección general de la policía, y 20 horas anuales de formación permanente. Además, las propias características del sector hacen que la mayoría de servicios "sean en fines de semana y por la noche". "Eso machaca la vida familiar", asegura David Castiñeira, que reconoce que "es un sector que requiere mucho sacrificio" y, aunque hay profesionales que llevan 20 año trabajando, "muchos se cansan antes".
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