ALICANTE. «Improvisación, prisas por presiones políticas, una auténtica chapuza...». Los vigilantes de seguridad privada que el pasado mes de noviembre se embarcaron rumbo a Somalia para proteger a los pesqueros españoles frente a los piratas no han ocultado su malestar por las condiciones en las que tienen que desarrollar su labor.
Según explicaron a ABC, la empresa contratista ha aprovechado el primer reemplazo para despedir a más de una decena de agentes alegando que «no han superado el periodo de pruebas», tras cumplir los dos primeros meses de misión, la mitad de lo estipulado en su contrato.
El «verdadero motivo», explican los vigilantes consultados por este diario, es que en enero concluye la temporada de pesca en Somalia y buena parte de los 16 buques españoles que faenan en la zona se desplazarán a Madagascar, donde ya no necesitarán protección privada.
Algunos agentes también han encontrado problemas para cobrar la remuneración pactada, que ascendía a 5.200 euros brutos al mes: 1.035 correspondientes al convenio de los vigilantes de seguridad privada, 140 como plus de peligrosidad y 4.000 por permanecer embarcados.
Pero la principal queja es la falta de material adecuado, ya adelantada por ABC en su día. Según se anunció en un principio, cada barco de pesca estaría equipado con una ametralladora pesada Browning de 12.7 milímetros, pero este armamento nunca ha llegado. La empresa alega que el Gobierno de las Islas Scheychelles no ha autorizado su entrada en el país. Tampoco funcionan los equipos de visión nocturna y los teléfonos satélite, mientras que los chalecos antibalas no son eficaces contra el arsenal de los piratas, que utilizan habitualmente armas blancas y fusiles de asalto. «Algunos han dejado un empleo de escoltas en el País Vasco para embarcarse, y ahora están decepcionados», explicaron. A instancias de ABC, la empresa dijo que valorará hoy la denuncia de los agentes.
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