Bancos y cajas adelgazan sus redes

 

El número de sucursales clausuradas en Castilla y León el año pasado ascendió a 75

Oficinas de las entidades financieras en Castilla y León

 

as tendencias financieras de la temporada 2009-2010 rompen con el estilo hasta ahora imperante y apuestan por los recortes en la red de sucursales. La banca prefiere llamarlo «redimensionamiento» y tiene su explicación no sólo en las fusiones de entidades y las exigencias del Banco de España, sino que responde al primer mandamiento de la ley empresarial en épocas de crisis: reducir costes. En Castilla y León, los bancos, cajas de ahorros, cooperativas y demás entidades de de crédito han cerrado 75 oficinas en los últimos doce meses (el 2,4% del total) y ahora tienen 3.085.

La integración de Caja España y Caja Duero, cuando se materialice, se llevará por delante unas 230 sucursales en toda España, principalmente en las provincias de Valladolid, Palencia y Zamora y en el medio rural, donde hay mayor duplicación de oficinas. Pero en el sector, la marea hace meses que ha comenzado.

En general, los bancos y cajas se están deshaciendo de las oficinas que aportan menor rentabilidad y valor al negocio y de aquéllas que están muy concentradas en determinadas zonas. Después de crecer de forma constante a lo largo de la última década y rondar las 46.000 en el 2008, en el último ejercicio se produjo un decrecimiento significativo. Entre septiembre del 2008 y septiembre del 2009 (últimos datos publicados por el Banco de España), los cierres han afectado a 1.390 oficinas en todo el país, el 3,1% del total de una red que ahora se compone de 44.728. Diversas fuentes consultadas por la consultora Tatum señalan que en España aún sobran en torno a 10.000 sucursales más.

«El Banco de España ha llamado a la racionalización del sector», explica Jesús Vara, responsable de banca de UGT en Castilla y León. «El sector tiene un número de oficinas sin parangón en Europa y, aunque cuenta con los menores ratios de empleados por oficina del mundo, se ha dado cuenta de que hay sucursales con muy poca rentabilidad que carecen de sentido».

De momento, la desaparición de puntos de atención bancaria no debería afectar demasiado a los clientes en Castilla y León, donde la proporción de oficinas por habitante, lo que se conoce como 'índice de bancarización', es superior a la del conjunto del país. Según un estudio de Caja España con datos del 2005, el dato era de 9,4 oficinas por cada 10.000 habitantes en España y de 11,6 en Castilla y León.

Las provincias que cuentan con más oficinas son las que más han visto reducir la red, de manera que Valladolid encabeza la lista con 17 cierres en doce meses (ahora tiene 599), seguida de León y Salamanca con 16 cada una (hasta 538 y 394, respectivamente). En Burgos han cerrado 11 y quedan 537, mientras que en Palencia, donde hay 8 menos, permanecen 219. Casi simbólicos han sido los casos de Zamora (3 menos, hasta 250), Segovia (1 menos, hasta 205) y Ávila (1 menos hasta 214).

Despidos en Banesto

Las cifras que maneja UGT sitúan en 52 oficinas bancarias y 22 de cajas de ahorros las clausuradas en el 2009 en la comunidad. En toda España, las tornas cambian y las cajas han abandonado 709 sucursales, por 660 los bancos. De éstas últimos, 139 eran del BBVA. «El Santander es más reacio a los cierres porque desde el punto de vista del márquetin estratégico puede dar la impresión de que se cierra porque el banco va mal», aclara el representante sindical.

En general, la contracción de la red de sucursales se está llevando a cabo de manera 'amistosa' con los trabajadores, mediante prejubilaciones y traslados. Sin embargo, Vara mostró su preocupación por el cambio de maneras que puede avecinarse. «El año pasado Lloyds presentó el primer ERE de la historia bancaria española para 150 de sus empleados y recientemente Banesto ha despedido a 100 personas, cuatro de ellas en Valladolid. Representantes de UGT se concentraron en protesta por esta política laboral ayer, frente a la oficina de Banesto de la calle Constitución.

En este sentido, el representante del sindicato ugetista alerta también de lo que llama «daños colaterales». «Cada oficina que cierra significa que hay personal de limpieza, vigilantes de seguridad y encargados del transporte de fondos que pierden su trabajo -recuerda-. Y frente a todo esto, nos encontramos con una prolongación sistemática de las jornadas laborales, con cantidades ingentes de empleados que siguen trabajando en horarios sin atención al público». Jesús Vara calificó de «fraude» la estrategia general del sector, que en el 2009 exigió a sus trabajadores que realizasen «un millón de horas extraordinarias sin remunerar, ni cotizar a la Seguridad Social».

«Podrían crearse 800 puestos de trabajo sólo con las horas extra del año pasado -se lamentó-, pero nos encontramos con la pasividad tanto de la Inspección de Trabajo de la Junta como de la Seguridad Social». Según Vara, el meollo de la cuestión está en los sueldos de los directivos, «vinculados a los beneficios, que siempre serán superiores si no se paga a los trabajadores»,

Prejubilaciones

En Castilla y León, las entidades bancarias suman actualmente 4.740 empleados en sus nóminas, frente a los 8.000 trabajadores de las cajas de ahorro (5.900 entre Caja España y Caja Duero), lo que da una cifra de casi 13.000 puestos de trabajo en el sector financiero de la comunidad.

La relación de empleados por oficina ronda los cuatro en Castilla y León, lo que con 75 cierres a finales del 2009 significa que unas trescientas personas se vieron afectados por la medida de una u otra forma. El responsable de UGT explicó que aparte de las personas a quienes se les buscó una nueva ubicación, fueron significativos los casos de contratos no renovados y de prejubilaciones.

Sin embargo, Vara quiso puntualizar que «las prejubilaciones no las piden los trabajadores, sino que las imponen la banca con presiones y, a veces, amenazas de traslados forzosos». Según detalló, «las prejubilaciones las pagan los bancos, que firman un convenio con la Seguridad Social y siguen cotizando para que el sistema no sufra merma». Los únicos que pierden -desde el punto de vista monetario, que no de la calidad de vida- son los empleados. «Pierden los complementos, que a veces son el 30% del salario total, y sufren hasta ocho años de congelación salarial, de modo que hay muchos que cuando llegan a pensionistas no alcanzan a cobrar 1.200 euros al mes».