Un juzgado de lo penal de Ferrol ha impuesto seis meses de prisión a Vanesa C. B., sin antecedentes, por varios robos cometidos en un híper de A Gándara.
Según la sentencia, el 25 de mayo del 2007, se apoderó de cinco reproductores MP3, marca MX Onda, valorados en cerca de 300 euros, que se encontraban en un expositor del establecimiento. Para saltar los controles de seguridad, sacaba de sus cajas los aparatos y los introducía en una bolsa que llevaba.
Al día siguiente repitió la operación, pero entonces un vigilante acudió a la línea de cajas cuando la joven pasó y comenzó a sonar la alarma. Al trasladarla a la sala de seguridad y proceder a su registro el vigilante halló en varios compartimentos del cochecito de bebé que llevaba la sospechosa otros reproductores de MP3. Entonces ella reconoció que el día anterior se había llevado otros reproductores. El vigilante llamó a la policía y una patrulla se hizo cargo de ella para identificarla y tramitar la denuncia.
La defensa había solicitado que se considerase como una falta de hurto. No obstante, en la sentencia se estima que se trata de un delito de esta naturaleza dado el valor total de los efectos sustraídos. Deberá pagar por el valor de lo hurtado.
domingo, 31 de enero de 2010
77ª convocatoria de vigilantes de seguridad
•Lista de convocados a examen con indicación de las sedes asignadas y calendario de pruebas: Disponible en el teléfono 902.150.002
PARA VER LA LISTA CLICAR EN EL TITULAR
sábado, 30 de enero de 2010
Laporta renunciará a la seguridad privada cuando no sea presidente
El presidente Joan Laporta comentó que renunciará a la seguridad privada que le protege cuando deje de ser presidente
Por otra parte, en la reunión de la junta también se ha debatido que Joan Laporta tenga seguridad los próximos tres años, después de las amenazas que pesan contra él por parte de seguidores azulgrana radicales. Aunque Laporta ha rechazado la idea unánime propuesta por su equipo directivo.
"Agradezco a los compañeros de junta este gesto. La entidad no debe soportar la seguridad cuando acabe la presidencia del Barça. La seguridad será necesaria para los siguientes presidentes. Me sentiría incómodo y podría generar malas interpretaciones. Quiero volver a la normalidad", ha añadido.
PNV pregunta por el coste de la seguridad privada de los atuneros en Índico
En un comunicado, Rementería ha recordado que el Gobierno Vasco se comprometió a sufragar el 25% de los gastos de la seguridad privada.
Tras el abandono de varios vigilantes contratados para esta tarea, el parlamentario del PNV ha indicado que "las aguas no se calman para la flota atunera vasca en el Índico", por lo que ha pedido al lehendakari, Patxi López, que aclare si el Gobierno Vasco ha abonado su parte del coste de la seguridad privada. EFE
UGT rechaza que se alargue la edad legal de jubilación
Cándido Méndez califica el dato de la EPA como muy malo y dice que se pone en evidencia la necesidad de mantener, contra viento y marea, la protección social
El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha calificado de “muy malo” el dato del paro registrado por la Encuesta de Población Activa y ha afirmado que “no esperábamos algo distinto porque el año 2009 ha sido un año muy duro, en términos de destrucción de empleo, lo que pone claramente de manifiesto la magnitud de la recesión económica”.
En declaraciones al programa “Hoy por hoy” de la Cadena Ser, Méndez ha hecho mención al aumento del número de hogares con todas las personas en paro, lo que “pone en evidencia la necesidad de mantener, contra viento y marea, la protección social” y la necesidad de mantener políticas de empleos. En este sentido, el Secretario General de UGT ha resaltado la voluntad del sindicato “de, por la vía del diálogo social, buscar fórmulas distintas a la mera rescisión de la contratación para combatir la recesión económica y procurar que la incidencia en el año 2010 en términos de empleo sea menor”.
Sobre la intención del Gobierno de alargar la edad de jubilación
Cándido Méndez ha afirmado que UGT no comparte alargar la edad legal de jubilación y así lo manifestó en su comparecencia “en la Subcomisión del Pacto de Toledo”, donde ningún compareciente planteó esta cuestión, aunque sí se habló sobre alargar la edad real de jubilación. Un tema que se puede debatir, aunque Méndez aclaró que España es uno de los países de la vieja Europa que tiene la edad real de jubilación más tardía. El Secretario General de UGT ha dicho que ni incluso el propio Ministerio de Trabajo, desde hace muy pocas fechas, negaba contemplar esa posibilidad.
La propuesta del Gobierno de alargar legalmente la edad de jubilación es una medida, que así planteada, y sin matices, “supone un recorte en la cuantía de las pensiones y un endurecimiento de las condiciones de acceso, en una situación en la que la tendencia es a acortar las carreras laborales”. Así, “los jóvenes entran en fechas tardías al mercado laboral, con 26, 27, 28 años y en España la población activa por encima de 50, 52 años se está reduciendo también. No por voluntad de los trabajadores sino porque las empresas tienen esas estrategias de despido. Por tanto, es una medida muy polémica que yo, sinceramente, sólo la puedo ubicar en una visión de corto plazo, probablemente para contentar a los mercados financieros, y no sé siquiera si se van a contentar esos mercados, y, sin embargo, no le veo un encaje en una visión a largo plazo para la supervivencia de las pensiones públicas de nuestro país”.
El Secretario General de UGT ha reconocido que esta propuesta “no es precisamente un acicate para el diálogo social en materia de pensiones” y ha resaltado que esta medida todavía “tiene que pasar por el Parlamento y ahí pueden ocurrir muchas cosas”.Detenido el jefe de seguridad de un centro comercial por robar miles de productos
El acusado aprovechó su puesto para cometer los hurtos durante cinco años y vender los efectos a tiendas de segunda mano
MARCOS OLLÉS. PALMA. Debía hacer frente a los ladrones y acabó convirtiéndose en uno de ellos. La Policía ha detenido al jefe de seguridad de un centro comercial de Palma por haber robado durante los últimos cinco años miles de productos de toda clase del hipermercado que vigilaba. Junto a él fueron arrestados cuatro de sus familiares que supuestamente se encargaban de dar salida a la mercancía, ya que se ha detectado que realizaron hasta 130 ventas por valor de 16.000 euros en tiendas de segunda mano. Los investigadores se incautaron en el domicilio familiar de miles de efectos –videoconsolas, cámaras fotográficas, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, perfumes, juguetes, prendas de ropa y calzado, entre muchos otros– procedentes del centro comercial y valorados en unos 30.000 euros. Sin embargo, sospechan que se trata solo de una pequeña parte del botín obtenido por los acusados durante estos años.
Noches y días festivos
Según informó ayer el inspector de la Policía Nacional Carlos Franco, máximo responsable de la investigación, las pesquisas se iniciaron el pasado mes de noviembre tras una denuncia de los responsables del centro comercial, que sospechaban que alguno de sus trabajadores estaba llevándose una gran cantidad de productos. Las pesquisas se prolongaron durante varias semanas hasta que los agentes apuntaron como principal sospechoso hacia el máximo responsable del equipo de vigilantes, J.V.S., de 47 años, que llevaba una década en el puesto. Al parecer, aprovechaba tanto las guardias nocturnas como los días festivos en los que estaba al cargo de la vigilancia del recinto para llevarse los efectos.
Los investigadores descubrieron que tanto la mujer como los dos hijos y una nuera del acusado eran los encargados de vender los productos robados. Desde el año 2004, habían acudido en 130 ocasiones a tiendas de segunda mano para llevar a cabo ventas tan sospechosas como las de cinco videoconsolas, supuestamente procedentes de los robos en el centro comercial, con solo unos días de diferencia. En total, consiguieron unos 16.000 euros, aunque la Policía ha comprobado que también ofrecían los productos a particulares, por lo que es prácticamente imposible certificar la cantidad de efectos que robaron en el hipermercado.
Con estos indicios, la Policía registró el pasado miércoles la vivienda de los acusados. Allí se almacenaba una ingente cantidad de productos de toda clase que todavía conservaban la etiqueta del centro comercial del que habían desaparecido. Tal era la cantidad de efectos que los policías tardaron 13 horas en hacer el inventario de todos los objetos intervenidos, cuyo valor supera los 30.000 euros.
Aquel mismo día fueron arrestados tanto el vigilante como su mujer, sus dos hijos y su nuera, que quedó en libertad con cargos tras prestar declaración dado que está al cuidado de tres niños. Los otros cuatro sospechosos, que están acusados de un delito continuado de hurto, fueron puestos ayer por la tarde a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Palma, que se encontraba en funciones de guardia.
Condenados dos porteros del Orzán que le dieron una paliza a un cliente
La víctima, a la que golpearon con un bate de béisbol y una porra, discutió con uno de los procesados porque se negaba a abandonar el local sin encontrar la cazadora que había perdido
TANIA SUÁREZ | A CORUÑA Un juez condenó a un año de cárcel a dos porteros y a un camarero de un pub situado en la calle Juan Canalejo número 43 por propinarle una paliza a un cliente con el que uno de ellos discutió porque le faltaba una cazadora. La víctima se negó a abandonar el local de copas a la hora del cierre porque le faltaba la prenda, lo que provocó que uno de los procesados le diese una bofetada. En ese momento intervino el otro vigilante de seguridad condenado, quien golpeó al perjudicado con una porra metálica extensible y lo echó del establecimiento.
Uno de los camareros del local al que el juez también impuso un año de cárcel facilitó a uno de los porteros un bate de béisbol con el que continuó golpeando a la víctima, que volvió a entrar en el pub, circunstancia que aprovecharon los tres procesados para arrinconarlo en un hall cercano a la puerta y propinarle golpes por diversas partes del cuerpo. Como consecuencia de las agresiones el denunciante sufrió varias heridas de las que tardó en curar 15 días, cuatro de los cuales estuvo incapacitado para realizar sus ocupaciones habituales. El representante del Ministerio público recalca en su escrito de calificación de los hechos que a la víctima le quedaron como secuelas de la paliza una cicatriz en el cráneo y una cefalea intermitente.
Los agentes que detuvieron a los procesados les intervinieron un palo de madera que probablemente fuese la pata de una mesa. La Fiscalía solicitaba en su escrito de conclusiones que cada uno de los acusados fuese condenado a tres años de prisión, pero el abogado de los imputados, José Ramón Sierra, llegó a un acuerdo con el fiscal, que accedió a rebajar la pena. El magistrado, por tanto, dictó sentencia oral en la sala y el juicio no llegó a celebrarse. El juez, además de un año de prisión, impuso a los procesados el pago de una indemnización de 3.000 euros. El representante del Ministerio público solicitaba que los imputados le pagasen 217 euros a la víctima por los días que estuvo incapacitada y 600 por las secuelas que le quedaron.
Un taxista se sentará la próxima semana en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de A Coruña por clavarle una navaja a un compañero durante una discusión. Los hechos, según el escrito de calificación del Ministerio público, sucedieron sobre las seis de la tarde del 20 de diciembre de 2008 en la parada de taxis de la calle Modesta Goicouría, cercana a la plaza de Pontevedra. El procesado, que estará defendido por el letrado Manuel Ferreiro, entabló una disputa con el perjudicado debido a un incidente de tráfico. El representante de la Fiscalía sostiene que cuando discutían el imputado, "con ánimo de menoscabar la integridad física de la víctima", cogió una navaja y se la clavó en el cuarto dedo de la mano derecha.
El denunciante precisó puntos de sutura y tardó ocho días en curar de las heridas. Como secuela le quedó una pequeña cicatriz en el dedo. El fiscal solicita que el acusado sea condenado a tres años y seis meses de prisión por cometer un delito de lesiones. El representante del Ministerio público también exige que le pague a la víctima una indemnización de 320 euros por los daños que le causó y de 100 euros por las secuelas.
Detenido un paciente que se atrincheró en el hospital porque no quería el alta
El enfermo, que estaba ingresado en el Clínico, bloqueó la cerradura y obstruyó la puerta con su cama porque pretendía pasar allí el fin de semana
Hospital Clínico, quinta planta. Habitación 534. Un paciente recibe el alta médica después de varios días ingresado. Lo que para cualquier persona sería una buena noticia se convierte para él en un auténtico revés. No quiere irse. Se niega. Insiste en que no va a marcharse y se atrinchera. La policía tiene que avisar a los bomberos para sacarlo. Acaba en comisaría con los grilletes puestos.
Todo comenzó ayer a mediodía, cuando el médico acudió a visitar a uno de los enfermos de la planta, un hombre de 51 años, malagueño y vecino de Alhaurín el Grande. Tras revisar cómo iba la curación de su operación -llevaba días ingresado tras una intervención quirúrgica-, el facultativo decidió que ya estaba listo para recibir el alta. El paciente no estaba de acuerdo, y así se lo hizo saber al médico. «Ya veremos si me voy o no me voy», dicen que le contestó.
Poco después, la enfermera se pasó por su habitación para entregarle el documento del alta médica y para que recogiera sus pertenencias. El usuario se negó en redondo. Le dijo que no pensaba marcharse y que pretendía pasar allí el fin de semana, porque, afirmaba, aún estaba «malo».
Ante la negativa del médico, el hombre se atrincheró en la habitación individual que ocupaba. Movió la cama y la colocó en la puerta para bloquear la entrada. El personal sanitario empezó a desfilar por la planta para intentar convencerlo de que abriera. También los vigilantes de seguridad, que fueron avisados por los enfermeros. Ninguno de ellos lo consiguió. El encierro iba en serio.
Carácter violento
El paciente reaccionó de forma airada. Según fuentes del hospital, se mostró violento y empezó a insultar y a amenazar a los enfermeros y médicos que intentaban conversar con él al otro lado de la puerta. Al ver el cariz que tomaba el asunto, empezaron a temer que el hombre atentara contra sí mismo o contra los demás, así que decidieron llamar a la policía.
Una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana acudió inmediatamente al hospital. Los agentes intentaron negociar con él. Pero el sujeto se había enrocado y decía que no iba a salir hasta que el médico no le dijera que se podía quedar allí todo el fin de semana, según fuentes cercanas al caso.
Los policías no consiguieron nada por la vía del diálogo y decidieron intentar abrir la puerta, que estaba bloqueada por dentro. Todos sus intentos fueron en vano, así que llamaron a los bomberos. Un retén acudió al hospital. Los especialistas lograron desmontar la cerradura y franquear la entrada, tras casi una hora de encierro.
El paciente había interpuesto una cama y se negaba a entregarse. Las fuentes explicaron que tenía unas tijeras en la mano y el soporte del gotero en la otra, y que supuestamente empezó a amenazar a los presentes con agredirlos si se acercaban. Los policías buscaron la manera de abordarlo para reducirlo.
Calmantes
Los médicos tuvieron que administrarle calmantes, ya que seguía mostrándose muy agresivo y violento. Le hicieron un reconocimiento por si se le había abierto algún punto de sutura de la operación. Verificaron que estaba bien y los agentes se lo llevaron detenido a comisaría, donde, según las fuentes, siguió insultándolos.
Al identificarlo, comprobaron que tenía múltiples reseñas policiales. En el hospital también lo habían atendido anteriormente por problemas relacionados con la drogadicción, aunque no le constan antecedentes psiquiátricos.
Los agentes le leyeron los derechos por cuatro presuntos delitos: atentado, amenazas, coacciones y allanamiento. No se salió con la suya. Acabó la mañana en los calabozos.
Detienen a un vigilante por robar objetos durante más de cinco años en el centro en el que trabajaba
Palma, 29 (EP).-El Grupo de Investigación de la Comisaría de Distrito Oeste informó hoy de la detención de J.V.S., de 47 años, así como a cuatro miembros más de su familia, por haber robado durante más de cinco años objetos en el centro comercial en el que trabajaba como vigilante de seguridad.
La Jefatura Superior de Policía indicó en un comunicado, que la investigación se inició después de que el responsable de Seguridad del establecimiento pusiera en conocimiento del grupo sus sospechas sobre el trabajador. Así, los agentes constataron cómo J.V.S. se apropió de efectos del centro para que su mujer e hijos procedieran a su venta en establecimientos de segundamano o a terceras personas.
Durante las investigaciones se verificaron más de 130 ventas durante los últimos años por un valor que podría alcanzar los 16.000 euros. Además, en el registro que se hizo al domicilio familiar y duró más de 12 horas hallaron efectos que podrían alcanzar un valor de 30.000 euros.
La Jefatura Superior de Policía indicó en un comunicado, que la investigación se inició después de que el responsable de Seguridad del establecimiento pusiera en conocimiento del grupo sus sospechas sobre el trabajador. Así, los agentes constataron cómo J.V.S. se apropió de efectos del centro para que su mujer e hijos procedieran a su venta en establecimientos de segunda
Durante las investigaciones se verificaron más de 130 ventas durante los últimos años por un valor que podría alcanzar los 16.000 euros. Además, en el registro que se hizo al domicilio familiar y duró más de 12 horas hallaron efectos que podrían alcanzar un valor de 30.000 euros.
Barkos dice a UPN que "no vale atacar a la UPNA en la carrera electoral de nadie
La portavoz de Nafarroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona, Uxue Barkos, advirtió este viernes a UPN de que "atacar a una institución fundamental para el futuro como la Universidad Pública de Navarra no vale en la carrera electoral de nadie" y se mostró crítica con la postura que han mantenido en los últimos días varios dirigentes de UPN en torno a un informe que recoge actos vandálicos en el centro académico. La portavoz nacionalista hizo hincapié en que "el miércoles se citaban informes policiales y hoy nos encontramos con que el informe que está utilizando UPN en todo ello no son sino unas notas hechas por vigilantes de seguridad", según una información recogida este viernes por Diario de Noticias.
"Ya dijimos el miércoles que hacía dudar, por no decir sonrojar y hasta sonreír, el hecho de que se pusiera en el mismo nivel que la comisión de supuestos delitos de violencia callejera el hecho de que algunos estudiantes fumaran en el campus", dijo.
Barkos afirmó que "las fuerzas antiterroristas están no precisamente para apuntar quién fuma y no fuma en zonas no habilitadas para ello". "Aquello nos hizo dudar enormemente y hoy se confirma que efectivamente los vigilantes de seguridad miran lo que son aquellas cuestiones que contravienen el devenir normativo en una institución como es la UPNA, efectivamente fumar o que se quemen unas pelusas de unos chopos cercanos al río en la UPNA, en algo que no era un incendio provocado", apuntó.
La portavoz de NaBai sostuvo que "unos informes hechos por vigilantes de seguridad han sido utilizados por quien los tenía, en principio entiendo que el partido responsable del Gobierno". Así, consideró que "si UPN ha utilizado unos informes de la empresa privada de seguridad como informes policiales contra terroristas, el señor Sanz debe una respuesta urgente al conjunto de la sociedad navarra".
Respecto a las manifestaciones de dirigentes de UPN, Barkos pidió a la presidenta de la formación regionalista, Yolanda Barcina, que "ponga orden en sus filas, porque estamos hablando de declaraciones que nunca debían haberse producido". Igualmente, deseó, "por el bien de la UPNA, que personas que hacen declaraciones como el señor Sergio Sayas - secretario de Comunicación de UPN- no lleguen nunca a rector de la UPNA". Finalmente, concluyó manifestando que "en la carrera electoral no todo vale".
miércoles, 27 de enero de 2010
La seguridad privada se reinventa para buscar su hueco en el mercado
Se busca nuevos nichos de mercado y se demandan profesiones muy concretas.
El desempleo es la principal preocupación para el 79% de los españoles, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Una situación que, según todas las previsiones, se alargará aún durante mucho tiempo. La búsqueda de empleo es una de las principales tareas de muchos ciudadanos en España. Para otros, es la búsqueda de nuevos mercados que ayuden a reinventar sectores que parecía tenían poco desarrollo. Uno de ellos es el de la seguridad privada. Más allá de la actualidad que ha generado esta actividad a raíz del resurgir de la piratería y los riesgos de los pescadores que faenan en zonas peligrosas, el sector más urbanita trata de cubrir huecos que hasta ahora no concebían como posibles.
Es el caso de la Protección, Seguridad y Servicios Auxiliares, una empresa creada recientemente con la confianza de que existe un nicho de marcado todavía sin explotar. Se dirigen a un núcleo de población de clase media, media alta y en ocasiones incluso de un poder adquisitivo más bajo que necesita los servicios que ellos ofertan.
Crear valor
A diferencia de otras empresas de seguridad, esta compañía ha creado la figura del chófer con acompañamiento, que ofrece un trato personalizado a cada cliente. Es decir, el conductor, además de llevar el vehículo, trabaja como escolta y tiene que estar preparado para otras necesidades del usuario. Si, por ejemplo, tiene problemas de corazón, deberá saber auxiliarle en caso de urgencia. Si es aficionado a la navegación, el escolta tendrá que ser técnico de salvamento acuático.
Los servicios de escolta se realizan sin armas con lo que no necesita la autorización del Ministerio de Interior, matizan desde la compañía. Aseguran que han “encontrado un nicho en el que podemos explotar este servicio sin problemas” y que están profesionalizando el servicio, hasta el momento desempañado por personas sin la suficiente cualificación.
Por ahora, la compañía centra su actividad en el citado servicio, pero su propósito es entrar en nuevas áreas de negocio y eso que no es un buen momento para el sector de la seguridad privada.
Según las previsiones de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), la facturación de 2009, aún pendiente de cerrarse, se situará en los niveles de 2006, con lo que alcanzará la mayor caída de actividad de su historia.
Nuevas Profesiones
Para quienes optan por la búsqueda de un empleo, la consultora de selección Adecco Profesionnal ofrece algunas pistas sobre las profesiones más demandadas en 2010. La quinta edición de su informa Los más buscados no aprecia grandes cambios sobre los perfiles profesionales más solicitados en el pasado ejercicio, al tiempo que apunta a una moderación de los salarios, después de un aumento constante de las retribuciones de los profesionales más demandados.
Uno de los perfiles más buscados este año será el ingeniero especializado en energías renovables. Se prevé que este sector genere un millón de empleos en diez años. También es muy importante la demanda de ingenieros aeronáuticos cuya oferta no cubre las necesidades. El analista especializado en fusiones y adquisiciones será otro de los más buscados. Médicos de familia o las ventas y el marketing también estarán en primera línea de demanda.
Fuente: LA GACETA
24/01/10
El desempleo es la principal preocupación para el 79% de los españoles, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Una situación que, según todas las previsiones, se alargará aún durante mucho tiempo. La búsqueda de empleo es una de las principales tareas de muchos ciudadanos en España. Para otros, es la búsqueda de nuevos mercados que ayuden a reinventar sectores que parecía tenían poco desarrollo. Uno de ellos es el de la seguridad privada. Más allá de la actualidad que ha generado esta actividad a raíz del resurgir de la piratería y los riesgos de los pescadores que faenan en zonas peligrosas, el sector más urbanita trata de cubrir huecos que hasta ahora no concebían como posibles.
Es el caso de la Protección, Seguridad y Servicios Auxiliares, una empresa creada recientemente con la confianza de que existe un nicho de marcado todavía sin explotar. Se dirigen a un núcleo de población de clase media, media alta y en ocasiones incluso de un poder adquisitivo más bajo que necesita los servicios que ellos ofertan.
Crear valor
A diferencia de otras empresas de seguridad, esta compañía ha creado la figura del chófer con acompañamiento, que ofrece un trato personalizado a cada cliente. Es decir, el conductor, además de llevar el vehículo, trabaja como escolta y tiene que estar preparado para otras necesidades del usuario. Si, por ejemplo, tiene problemas de corazón, deberá saber auxiliarle en caso de urgencia. Si es aficionado a la navegación, el escolta tendrá que ser técnico de salvamento acuático.
Los servicios de escolta se realizan sin armas con lo que no necesita la autorización del Ministerio de Interior, matizan desde la compañía. Aseguran que han “encontrado un nicho en el que podemos explotar este servicio sin problemas” y que están profesionalizando el servicio, hasta el momento desempañado por personas sin la suficiente cualificación.
Por ahora, la compañía centra su actividad en el citado servicio, pero su propósito es entrar en nuevas áreas de negocio y eso que no es un buen momento para el sector de la seguridad privada.
Según las previsiones de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), la facturación de 2009, aún pendiente de cerrarse, se situará en los niveles de 2006, con lo que alcanzará la mayor caída de actividad de su historia.
Nuevas Profesiones
Para quienes optan por la búsqueda de un empleo, la consultora de selección Adecco Profesionnal ofrece algunas pistas sobre las profesiones más demandadas en 2010. La quinta edición de su informa Los más buscados no aprecia grandes cambios sobre los perfiles profesionales más solicitados en el pasado ejercicio, al tiempo que apunta a una moderación de los salarios, después de un aumento constante de las retribuciones de los profesionales más demandados.
Uno de los perfiles más buscados este año será el ingeniero especializado en energías renovables. Se prevé que este sector genere un millón de empleos en diez años. También es muy importante la demanda de ingenieros aeronáuticos cuya oferta no cubre las necesidades. El analista especializado en fusiones y adquisiciones será otro de los más buscados. Médicos de familia o las ventas y el marketing también estarán en primera línea de demanda.
Fuente: LA GACETA
24/01/10
La seguridad se juega ahora en su aeropuerto
Mientras se presentan dolorosas excusas como consecuencia de la casi-tragedia a bordo de un vuelo de Northwest Airlines con destino a Detroit, viene a la cabeza una conversación mantenida desde el aeropuerto londinense de Heathrow en 1986.
Se trata de un agente de seguridad de la aerolínea El Al que interroga a una tal Ann-Marie Doreen Murphy, una pasajera de 32 años de edad recién llegada a Londres desde Sallynoggin, Irlanda. Mientras trabajaba como camarera del Hotel Hilton en Park Lane, Murphy conoció a Nizar al-Hindawi, un palestino de izquierda radical que la dejó embarazada. Tras ordenarle "deshacerse del feto", de repente cambió de parecer e insistía en contraer matrimonio inmediatamente en "Tierra Santa". También insistió en viajar por separado.
Murphy, descrita más tarde por la fiscalía como "una chica irlandesa y católica nada sofisticada", aceptó incondicionalmente los preparativos que hizo Hindawi por ella para que viajara a Israel con El Al el 17 de abril. También aceptó una maleta de ruedas con un falso fondo que contenía cerca de 2 kilos de Semtex, un poderoso explosivo plástico, y ella aceptó ser entrenada por él para responder a las preguntas de la seguridad del aeropuerto.
Murphy superó con éxito la inspección rutinaria de la seguridad de Heathrow y llegó a la puerta de embarque con su maleta, donde un agente de El Al la interrogó. Como reconstruyen Neil C. Livingstone y David Halevy en la revista Washingtonian, el agente empezó preguntando si se había hecho el equipaje ella misma. Ella contestó negativamente. A continuación:
"¿Cuál es el propósito de su viaje a Israel?" Recordando las instrucciones de Hindawi, Murphy respondió: "Turismo".
"¿Está usted casada, señorita Murphy?" "No."
"¿Viaja sola?" "Sí".
"¿Se trata de su primer viaje al extranjero?" "Sí".
"¿Tiene parientes en Israel?" "No."
"¿Planea encontrarse con alguien en Israel?" "No.
"¿Ha planeado sus vacaciones con mucha antelación?" "No."
"¿Dónde se alojará mientras está en Israel?" "En el Tel Aviv Hilton".
"¿Cuánto dinero lleva usted encima?" "Cincuenta libras". Dado que la noche en el Hilton costaba por lo menos 70 libras en aquella época, él preguntó:
"¿Tiene usted tarjeta de crédito?" "Oh, sí", respondió ella, mostrándole un carné para cobrar cheques.
Eso bastó, y el agente envió su bolsa para ser inspeccionada, donde fue descubierto el dispositivo explosivo.
Si El Al se hubiera fiado del protocolo occidental usual de seguridad, 375 vidas se habrían perdido en algún punto sobre Austria. El complot salió a la luz, en otras palabras, a través de una intervención no tecnológica, basada en la conversación, la percepción, el sentido común, y (sí) el fichado. El agente se centró en el miembro del pasaje, no en el armamento. El contraterrorismo israelí toma en cuenta las identidades de los pasajeros; en consecuencia, los árabes son objeto de inspecciones especialmente exhaustivas. "En Israel, la seguridad es lo primero", explica David Harris, del Comité Judío Americano.
Tan obvio como pueda sonar, el exceso de confianza, la corrección política y la responsabilidad jurídica impiden que tal enfoque sea posible en cualquier otro lugar de Occidente. En Estados Unidos, por ejemplo, un mes después del 11 de Septiembre el Departamento de Transportes difundía directrices entre su personal que prohibían generalizar con "la tendencia de los miembros de cualquier grupo racial, étnico, religioso o nacional a tomar parte en actividades ilegales". (Póngase un hijab, aconsejé medio en broma a las mujeres que desearan evitar ser vigiladas por la seguridad de los aeropuertos).
Peor aún, considere las vergonzantes y cómicas medidas adoptadas presa del pánico por la Administración de Seguridad en el Transporte implantadas horas después del intento de atentado de Detroit: nada de anuncios por megafonía "que se refieran al rumbo del aparato sobre ciudades o lugares", y desconectar todos los servicios de comunicación del pasaje. El pasaje puede tener prohibido levantarse durante la última hora de un vuelo, acceder a su equipaje de mano o tener "mantas, almohadas o pertenencias personales sobre el regazo".
Algunas tripulaciones han ido más allá, conservando encendidas las luces de cabina toda la noche mientras se desconecta el entretenimiento en vuelo, se prohíben todos los dispositivos electrónicos y se obliga a los pasajeros a tener las manos a la vista durante la última hora de un vuelo sin comer ni beber. Las cosas se han puesto tan feas, cuenta Associated Press, "que el aviso de un auxiliar de que nadie podía leer nada… despertó gestos de incredulidad y auténticas carcajadas".
Ampliamente criticada por estas medidas propias del Inspector Clouseau, la administración decidió al poco sumar la "vigilancia avanzada" del pasaje que viajara a través o desde catorce "países de interés" – como si salir de un aeropuerto concreto constituyera un indicio de la intencionalidad de alguien de inmolarse.
La Administración adopta el "escenario de seguridad" – disponer medidas muy aparentes que tratan igual a todo el pasaje con tal de no arriesgarse a ofender a alguien por centrarse en, digamos, su religión. El enfoque alternativo es la israelificación, definida por el Toronto Daily Star como "un sistema que protege la vida y la integridad física del pasaje sin matarte a base de molestias".
¿Qué es lo que queremos - numeritos teatrales o seguridad?
Suplemento Temático: Seguridad en el Transporte
Se trata de un agente de seguridad de la aerolínea El Al que interroga a una tal Ann-Marie Doreen Murphy, una pasajera de 32 años de edad recién llegada a Londres desde Sallynoggin, Irlanda. Mientras trabajaba como camarera del Hotel Hilton en Park Lane, Murphy conoció a Nizar al-Hindawi, un palestino de izquierda radical que la dejó embarazada. Tras ordenarle "deshacerse del feto", de repente cambió de parecer e insistía en contraer matrimonio inmediatamente en "Tierra Santa". También insistió en viajar por separado.
Murphy, descrita más tarde por la fiscalía como "una chica irlandesa y católica nada sofisticada", aceptó incondicionalmente los preparativos que hizo Hindawi por ella para que viajara a Israel con El Al el 17 de abril. También aceptó una maleta de ruedas con un falso fondo que contenía cerca de 2 kilos de Semtex, un poderoso explosivo plástico, y ella aceptó ser entrenada por él para responder a las preguntas de la seguridad del aeropuerto.
Murphy superó con éxito la inspección rutinaria de la seguridad de Heathrow y llegó a la puerta de embarque con su maleta, donde un agente de El Al la interrogó. Como reconstruyen Neil C. Livingstone y David Halevy en la revista Washingtonian, el agente empezó preguntando si se había hecho el equipaje ella misma. Ella contestó negativamente. A continuación:
"¿Cuál es el propósito de su viaje a Israel?" Recordando las instrucciones de Hindawi, Murphy respondió: "Turismo".
"¿Está usted casada, señorita Murphy?" "No."
"¿Viaja sola?" "Sí".
"¿Se trata de su primer viaje al extranjero?" "Sí".
"¿Tiene parientes en Israel?" "No."
"¿Planea encontrarse con alguien en Israel?" "No.
"¿Ha planeado sus vacaciones con mucha antelación?" "No."
"¿Dónde se alojará mientras está en Israel?" "En el Tel Aviv Hilton".
"¿Cuánto dinero lleva usted encima?" "Cincuenta libras". Dado que la noche en el Hilton costaba por lo menos 70 libras en aquella época, él preguntó:
"¿Tiene usted tarjeta de crédito?" "Oh, sí", respondió ella, mostrándole un carné para cobrar cheques.
Eso bastó, y el agente envió su bolsa para ser inspeccionada, donde fue descubierto el dispositivo explosivo.
Si El Al se hubiera fiado del protocolo occidental usual de seguridad, 375 vidas se habrían perdido en algún punto sobre Austria. El complot salió a la luz, en otras palabras, a través de una intervención no tecnológica, basada en la conversación, la percepción, el sentido común, y (sí) el fichado. El agente se centró en el miembro del pasaje, no en el armamento. El contraterrorismo israelí toma en cuenta las identidades de los pasajeros; en consecuencia, los árabes son objeto de inspecciones especialmente exhaustivas. "En Israel, la seguridad es lo primero", explica David Harris, del Comité Judío Americano.
Tan obvio como pueda sonar, el exceso de confianza, la corrección política y la responsabilidad jurídica impiden que tal enfoque sea posible en cualquier otro lugar de Occidente. En Estados Unidos, por ejemplo, un mes después del 11 de Septiembre el Departamento de Transportes difundía directrices entre su personal que prohibían generalizar con "la tendencia de los miembros de cualquier grupo racial, étnico, religioso o nacional a tomar parte en actividades ilegales". (Póngase un hijab, aconsejé medio en broma a las mujeres que desearan evitar ser vigiladas por la seguridad de los aeropuertos).
Peor aún, considere las vergonzantes y cómicas medidas adoptadas presa del pánico por la Administración de Seguridad en el Transporte implantadas horas después del intento de atentado de Detroit: nada de anuncios por megafonía "que se refieran al rumbo del aparato sobre ciudades o lugares", y desconectar todos los servicios de comunicación del pasaje. El pasaje puede tener prohibido levantarse durante la última hora de un vuelo, acceder a su equipaje de mano o tener "mantas, almohadas o pertenencias personales sobre el regazo".
Algunas tripulaciones han ido más allá, conservando encendidas las luces de cabina toda la noche mientras se desconecta el entretenimiento en vuelo, se prohíben todos los dispositivos electrónicos y se obliga a los pasajeros a tener las manos a la vista durante la última hora de un vuelo sin comer ni beber. Las cosas se han puesto tan feas, cuenta Associated Press, "que el aviso de un auxiliar de que nadie podía leer nada… despertó gestos de incredulidad y auténticas carcajadas".
Ampliamente criticada por estas medidas propias del Inspector Clouseau, la administración decidió al poco sumar la "vigilancia avanzada" del pasaje que viajara a través o desde catorce "países de interés" – como si salir de un aeropuerto concreto constituyera un indicio de la intencionalidad de alguien de inmolarse.
La Administración adopta el "escenario de seguridad" – disponer medidas muy aparentes que tratan igual a todo el pasaje con tal de no arriesgarse a ofender a alguien por centrarse en, digamos, su religión. El enfoque alternativo es la israelificación, definida por el Toronto Daily Star como "un sistema que protege la vida y la integridad física del pasaje sin matarte a base de molestias".
¿Qué es lo que queremos - numeritos teatrales o seguridad?
Suplemento Temático: Seguridad en el Transporte
Seguridad Privada en lucha-Huelga General
desde el año 2008 y sin ninguna intención de abrir la mesa negociadora, el Sector ha decidido intensificar las acciones necesarias para sacar el Convenio adelante.
Dentro de esas acciones contemplamos una hoja de ruta que concluye con la REALIZACIÓN DE HUELGA GENERAL en el sector de seguridad privada.
La hoja de ruta (en cuanto a las movilizaciones planteadas) destacamos los siguientes puntos:
1. Del 25 de enero al 5 de febrero: Asambleas informativas en todos los territorios.
2. Registro de papeleta de huelga.
3. Envío de cartas a los clientes, informándoles de la convocatoria de huelga y del seguimiento de la Legalidad.
4. Concentración y manifestación en Madrid. Se habilitarán autobuses gratuitos para acudir todos y todas a Madrid.
5. Denuncias ante inspección de trabajo a todas las empresas de seguridad, por incumplimiento de distintos Art.del Convenio.
6. Encierro en Madrid de la mesa negociadora en señal de protesta.
7. Encierro de Responsables Sindicales y delegados/as, en las capitales de comunidad.
8. Del 31 de marzo al 5 de abril: Huelga GeneralJuntos podemos.
Acabemos con la prepotencia de la Patronal del Sector de Seguridad.¡¡¡HUELGA GENERAL!!!
Nota: Además de negarse a negociar, pretenden retrotraernos a los salarios del 2004 con la demanda por desequilibrio de convenio y evitar tener que cumplir con la sentencia de las horas extras.
Dentro de esas acciones contemplamos una hoja de ruta que concluye con la REALIZACIÓN DE HUELGA GENERAL en el sector de seguridad privada.
La hoja de ruta (en cuanto a las movilizaciones planteadas) destacamos los siguientes puntos:
1. Del 25 de enero al 5 de febrero: Asambleas informativas en todos los territorios.
2. Registro de papeleta de huelga.
3. Envío de cartas a los clientes, informándoles de la convocatoria de huelga y del seguimiento de la Legalidad.
4. Concentración y manifestación en Madrid. Se habilitarán autobuses gratuitos para acudir todos y todas a Madrid.
5. Denuncias ante inspección de trabajo a todas las empresas de seguridad, por incumplimiento de distintos Art.del Convenio.
6. Encierro en Madrid de la mesa negociadora en señal de protesta.
7. Encierro de Responsables Sindicales y delegados/as, en las capitales de comunidad.
8. Del 31 de marzo al 5 de abril: Huelga GeneralJuntos podemos.
Acabemos con la prepotencia de la Patronal del Sector de Seguridad.¡¡¡HUELGA GENERAL!!!
Nota: Además de negarse a negociar, pretenden retrotraernos a los salarios del 2004 con la demanda por desequilibrio de convenio y evitar tener que cumplir con la sentencia de las horas extras.
‘Quedada’ en Internet para pintar vagones en Zafra
Hay un detenido, natural de Alicante, al que se le incautaron numerosos botes de pintura
Un joven de 25 años ha sido detenido en Zafra por los graffitis realizados en vagones de la estación de ferrocarril de la localidad.
Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer, cuando los vigilantes de seguridad privada advirtieron la presencia de cuatro jóvenes merodeando por los vagones de pasajeros de la estación, por lo que alertan a la Guardia Civil.
Al percatarse de la presencia de los agentes, los jóvenes se dieron a la fuga. Sólo uno de ellos fue detenido. A este joven, vecino de la localidad alicantina de Santa Pola, se le intervinieron numerosos botes de pintura y una cámara fotográfica con imágenes de las pintadas.
Los jóvenes, que pueden ser no residentes en Zafra, se citaron en la estación de ferrocarril vía Internet. Realizaron las pintadas con la intención de fotografiarlas para después colgarlas en la Red.
Los graffitis en lugares no autorizados constituyen una falta tipificada en el artículo 626 del Código Penal. Si los daños causados sobrepasan los 400 euros, se puede considerar un delito de daños, como en este caso, donde la cuantía estimada para reparar el daño asciende a 6.000 euros.
Los agentes continúan buscando a los otros tres presuntos autores de las pintadas. Las diligencias junto con el detenido han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Zafra.
Un joven de 25 años ha sido detenido en Zafra por los graffitis realizados en vagones de la estación de ferrocarril de la localidad.
Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer, cuando los vigilantes de seguridad privada advirtieron la presencia de cuatro jóvenes merodeando por los vagones de pasajeros de la estación, por lo que alertan a la Guardia Civil.
Al percatarse de la presencia de los agentes, los jóvenes se dieron a la fuga. Sólo uno de ellos fue detenido. A este joven, vecino de la localidad alicantina de Santa Pola, se le intervinieron numerosos botes de pintura y una cámara fotográfica con imágenes de las pintadas.
Los jóvenes, que pueden ser no residentes en Zafra, se citaron en la estación de ferrocarril vía Internet. Realizaron las pintadas con la intención de fotografiarlas para después colgarlas en la Red.
Los graffitis en lugares no autorizados constituyen una falta tipificada en el artículo 626 del Código Penal. Si los daños causados sobrepasan los 400 euros, se puede considerar un delito de daños, como en este caso, donde la cuantía estimada para reparar el daño asciende a 6.000 euros.
Los agentes continúan buscando a los otros tres presuntos autores de las pintadas. Las diligencias junto con el detenido han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Zafra.
Barcelona negociará con el CGPJ el juzgado de faltas
• El ayuntamiento insiste en abanderar la lucha contra los multirreincidentes
PILLADOS IN FRAGANTI. Dos miembros de la seguridad privada de Transportes Metropolitanos de Barcelona sorprenden a dos carteristas habituales del metro, el 22 de octubre en la parada de Passeig de Gràcia. Foto: ARCHIVO / ALBERT BERTRANMÁS INFORMACIÓN
Ni el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ni la concejala de Seguridad, Assumpta Escarp, se conforman con las tímidas soluciones que el lunes les ofreció en Madrid el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para luchar contra la epidemia de los multirreincidentes. Ambos líderes municipales saben que las del ministro son soluciones a largo plazo, y que la ciudad no puede esperar a que mejore el funcionamiento del sistema judicial para solventar un grave conflicto de seguridad que protagoniza un grupo reducido, pero activo, de delincuentes. En los próximos días, reemprenderán con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, la negociación para crear un juzgado específico de faltas.
También insistirán al Gobierno para que elabore un registro que archive actualizadas todas las detenciones y causas pendientes de estos profesionales del hurto. E iniciarán una ofensiva en el Congreso, donde intentarán convencer a los grupos parlamentarios de la necesidad de aprovechar la nueva reforma del Código Penal para que sean tres y no cuatro, como pasa ahora, las faltas que se computan como delito.
Hereu y Escarp se reunieron con Dívar hace dos semanas en Madrid. El responsable del CGPJ se mostró «muy receptivo» con las reivindicaciones de Barcelona y pidió al alcalde un informe que desarrolle la petición de un juez para faltas. Caamaño, el lunes, se mostró en público contrario a esta medida, aunque durante el encuentro con la delegación barcelonesa no puso reparos a que negociaran con Dívar.
Lo que quiere el alcalde, y lo dijo claro en Madrid, es «efectividad» ante un grave problema que no solo tiene Barcelona, aunque es la única ciudad que ha alzado la voz denunciando las carencias para resolverlo. Un Hereu serio –sus colaboradores insistieron en que estaba «cansado» y no «cabreado»– aseguró que no quería «medidas de titulares rimbombantes, sino soluciones reales».
ROBAR MENOS DE 400 EUROS / El pequeño hurto se ha convertido en un grave problema para el que, de momento, parece que nadie da con la solución. Mientras se estudian salidas, esos grupos de delincuentes se asientan en la ciudad con una tremenda impunidad. Para determinados juristas, resulta del todo injustificado encarcelar a un sujeto por robar por un valor inferior a los 400 euros. El problema radica en el profesional del hurto que no roba un día una cartera, sino que se dedica exclusivamente a eso, a sustraer cada día cosas de poco valor y, cuando le detienen, seguir robando para abonar el importe de la multa.
La insistencia de Hereu en la creación del juzgado de faltas y del registro no es un capricho. Cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Interior, y serían dos medidas que sin necesitar reformas legislativas darían continuidad a las detenciones que ya hacen la Guardia Urbana y los Mossos. Ahora ningún juez dispone del historial ni las causas pendientes del detenido que tiene enfrente.
Queda por ver cómo se articulan las dos propuestas de reforma del Código Penal que prometió Caamaño el lunes: convertir en delito los hurtos que cometan más de tres personas y dictar órdenes de alejamientos de multirreincidentes sobre espacios concretos. Medidas que no parecen de fácil aplicación.
PILLADOS IN FRAGANTI. Dos miembros de la seguridad privada de Transportes Metropolitanos de Barcelona sorprenden a dos carteristas habituales del metro, el 22 de octubre en la parada de Passeig de Gràcia. Foto: ARCHIVO / ALBERT BERTRANMÁS INFORMACIÓN
Ni el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ni la concejala de Seguridad, Assumpta Escarp, se conforman con las tímidas soluciones que el lunes les ofreció en Madrid el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para luchar contra la epidemia de los multirreincidentes. Ambos líderes municipales saben que las del ministro son soluciones a largo plazo, y que la ciudad no puede esperar a que mejore el funcionamiento del sistema judicial para solventar un grave conflicto de seguridad que protagoniza un grupo reducido, pero activo, de delincuentes. En los próximos días, reemprenderán con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, la negociación para crear un juzgado específico de faltas.
También insistirán al Gobierno para que elabore un registro que archive actualizadas todas las detenciones y causas pendientes de estos profesionales del hurto. E iniciarán una ofensiva en el Congreso, donde intentarán convencer a los grupos parlamentarios de la necesidad de aprovechar la nueva reforma del Código Penal para que sean tres y no cuatro, como pasa ahora, las faltas que se computan como delito.
Hereu y Escarp se reunieron con Dívar hace dos semanas en Madrid. El responsable del CGPJ se mostró «muy receptivo» con las reivindicaciones de Barcelona y pidió al alcalde un informe que desarrolle la petición de un juez para faltas. Caamaño, el lunes, se mostró en público contrario a esta medida, aunque durante el encuentro con la delegación barcelonesa no puso reparos a que negociaran con Dívar.
Lo que quiere el alcalde, y lo dijo claro en Madrid, es «efectividad» ante un grave problema que no solo tiene Barcelona, aunque es la única ciudad que ha alzado la voz denunciando las carencias para resolverlo. Un Hereu serio –sus colaboradores insistieron en que estaba «cansado» y no «cabreado»– aseguró que no quería «medidas de titulares rimbombantes, sino soluciones reales».
ROBAR MENOS DE 400 EUROS / El pequeño hurto se ha convertido en un grave problema para el que, de momento, parece que nadie da con la solución. Mientras se estudian salidas, esos grupos de delincuentes se asientan en la ciudad con una tremenda impunidad. Para determinados juristas, resulta del todo injustificado encarcelar a un sujeto por robar por un valor inferior a los 400 euros. El problema radica en el profesional del hurto que no roba un día una cartera, sino que se dedica exclusivamente a eso, a sustraer cada día cosas de poco valor y, cuando le detienen, seguir robando para abonar el importe de la multa.
La insistencia de Hereu en la creación del juzgado de faltas y del registro no es un capricho. Cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Interior, y serían dos medidas que sin necesitar reformas legislativas darían continuidad a las detenciones que ya hacen la Guardia Urbana y los Mossos. Ahora ningún juez dispone del historial ni las causas pendientes del detenido que tiene enfrente.
Queda por ver cómo se articulan las dos propuestas de reforma del Código Penal que prometió Caamaño el lunes: convertir en delito los hurtos que cometan más de tres personas y dictar órdenes de alejamientos de multirreincidentes sobre espacios concretos. Medidas que no parecen de fácil aplicación.
Cámaras en el patio del recreo para acabar con el vandalismo
El Ayuntamiento de Sevilla ha informado este martes a los padres de alumnos del colegio de Educación Infantil y Primaria Maestra Isabel Álvarez, más conocido como Nuevo Tussam, de las medidas que adoptará para combatir los problemas de vandalismo y limpieza registrados en el centro, entre ellas, la instalación de cámaras de videovigilancia en el patio y el refuerzo de la vigilancia y la limpieza del colegio.
El concejal de Conservación de Edificios Municipales, Joaquín Díaz (PSOE) ha reconocido a los padres de que, hasta en siete ocasiones, los servicios de vigilancia han interceptado a personas dentro del colegio -localizado en el Porvenir-, todos ellos jóvenes del entorno menores de edad.
Como intento de paliar esta problemática, el Consistorio, al margen de instalar cámaras, va a reforzar los puntos que funcionan como posible acceso ilegal de estos jóvenes, es decir, las puertas de entrada y el ángulo entre el solar de las viviendas y el cerramiento del propio centro, que cuentan con zócalos y piezas metálicas que pueden funcionar como escalones. Además, va a cerrar los porches de las fachadas que dan acceso a los patios.
Asimismo, Díaz expuso que también se procederá a reforzar la vigilancia, subrayando que "la empresa de seguridad contratada ha llegado a hacer hasta 21 controles en un día". Ahora, los vigilantes no se limitarán a desactivar la alarma y dar una vuelta de reconocimiento, sino que habrá presencia física, reforzada con la vigilancia de la Policía Local los fines de semana.
En cuanto a la limpieza, el edil de Conservación de Edificios Municipales explicó que el adecentamiento del patio se reforzará los lunes por la mañana, si fuera necesario.
Aplazadas las protestas y demandas judiciales
"Nos hemos dado un plazo hasta las vacaciones de Semana Santa y Feria para ver si estas medidas funcionan y, si no son eficaces, nos plantearemos otras, como aumentar la altura del cerramiento, pues aunque no me gusta la idea de que los niños estén en cárceles, no podemos seguir consintiendo estos asaltos", concluyó.
De momento, la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) Nuevo Porvenir ha mostrado su satisfacción por los acuerdos alcanzados y añadió que el Ayuntamiento asumirá la pintura de la zona exterior de los patios -cuyos muros están llenos de 'graffitis'-, una vez que estas medidas se consoliden.
Así las cosas, los padres han suspendido las movilizaciones y las actuaciones administrativas y judiciales iniciadas hasta el momento, a la espera de que cumpla el plazo acordado para ver si las medidas son eficaces.
El concejal de Conservación de Edificios Municipales, Joaquín Díaz (PSOE) ha reconocido a los padres de que, hasta en siete ocasiones, los servicios de vigilancia han interceptado a personas dentro del colegio -localizado en el Porvenir-, todos ellos jóvenes del entorno menores de edad.
Como intento de paliar esta problemática, el Consistorio, al margen de instalar cámaras, va a reforzar los puntos que funcionan como posible acceso ilegal de estos jóvenes, es decir, las puertas de entrada y el ángulo entre el solar de las viviendas y el cerramiento del propio centro, que cuentan con zócalos y piezas metálicas que pueden funcionar como escalones. Además, va a cerrar los porches de las fachadas que dan acceso a los patios.
Asimismo, Díaz expuso que también se procederá a reforzar la vigilancia, subrayando que "la empresa de seguridad contratada ha llegado a hacer hasta 21 controles en un día". Ahora, los vigilantes no se limitarán a desactivar la alarma y dar una vuelta de reconocimiento, sino que habrá presencia física, reforzada con la vigilancia de la Policía Local los fines de semana.
En cuanto a la limpieza, el edil de Conservación de Edificios Municipales explicó que el adecentamiento del patio se reforzará los lunes por la mañana, si fuera necesario.
Aplazadas las protestas y demandas judiciales
"Nos hemos dado un plazo hasta las vacaciones de Semana Santa y Feria para ver si estas medidas funcionan y, si no son eficaces, nos plantearemos otras, como aumentar la altura del cerramiento, pues aunque no me gusta la idea de que los niños estén en cárceles, no podemos seguir consintiendo estos asaltos", concluyó.
De momento, la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) Nuevo Porvenir ha mostrado su satisfacción por los acuerdos alcanzados y añadió que el Ayuntamiento asumirá la pintura de la zona exterior de los patios -cuyos muros están llenos de 'graffitis'-, una vez que estas medidas se consoliden.
Así las cosas, los padres han suspendido las movilizaciones y las actuaciones administrativas y judiciales iniciadas hasta el momento, a la espera de que cumpla el plazo acordado para ver si las medidas son eficaces.
Securitas Direct presenta Verisure Solar Power, una alarma alimentada con energías renovables para proteger pisos vacíos y sin vender de promotoras y bancos.
Securitas Direct lanza al mercado Verisure Solar Power, una alarma que utiliza energía fotovoltaica para su funcionamiento y que garantiza la protección de este tipo de inmuebles, expuestos hoy más que nunca a saqueadores y ocupas.
Instalación sin requerimientos ni trámites previos
Además de las prestaciones de seguridad ofrecidas por la alarma y dado que Securitas Direct se convierte a la vez en proveedor de energía y comunicaciones para este producto, promotores, constructores y entidades financieras podrán olvidarse de gestionar costosos trámites burocráticos para dar de alta servicios como la luz y el teléfono.
La energía fotovoltaica, recolectada por un panel solar de reducidas dimensiones instalado en el interior de las viviendas, garantiza la alimentación continua de Verisure Solar Power y asegura su protección. Contrario a lo que podría pensarse, la contratación de este tipo de alarma sólo tiene un incremento de 99 € con respecto al coste de un equipo tradicional y 2 € más en la cuota mensual de servicio.
Para los más escépticos cabe anotar que esta nueva solución de seguridad, alimentada por energías renovables, ha sido probada en bajas condiciones de luz garantizando igualmente el suministro de energía necesario para su funcionamiento. Esto es posible también gracias a la localización geográfica de España, ubicada en una de las zonas de máxima radiación solar de Europa y reconocida como el país en el que mayor rendimiento se puede obtener de la energía fotovoltaica.
Más beneficios asociados
Verisure Solar Power es además compatible con otros elementos adicionales comercializados por esta empresa como la cerradura electrónica, que activada en remoto permitiría el acceso de cualquier persona a la vivienda sin necesidad de llave. Lo mismo sucedería con el Servicio Acuda, que ante cualquier incidente enviaría al lugar a un vigilante especializado que podría ingresar y verificar lo ocurrido.
Por otra parte, quienes instalen Verisure Solar Power podrán verificar los saltos de alarma producidos en sus viviendas, visualizando a través del portal de usuarios en la web de Securitas Direct las imágenes capturadas por los videodetectores de la alarma. Así mismo, desde la Central Receptora de esta compañía es posible verificar en tiempo real, mediante audio y video, cualquier tipo de salto de alarma registrado.
Más de 400 viviendas cuentan ya con la Verisure Solar Power, un producto con diez años de garantía y un servicio de soporte permanente, diseñado a medida para un público que debe mantener a buen recaudo miles de viviendas vacías que esperan a ser vendidas.
Más info:
CASADOMO.com-Madrid
Instalación sin requerimientos ni trámites previos
Además de las prestaciones de seguridad ofrecidas por la alarma y dado que Securitas Direct se convierte a la vez en proveedor de energía y comunicaciones para este producto, promotores, constructores y entidades financieras podrán olvidarse de gestionar costosos trámites burocráticos para dar de alta servicios como la luz y el teléfono.
La energía fotovoltaica, recolectada por un panel solar de reducidas dimensiones instalado en el interior de las viviendas, garantiza la alimentación continua de Verisure Solar Power y asegura su protección. Contrario a lo que podría pensarse, la contratación de este tipo de alarma sólo tiene un incremento de 99 € con respecto al coste de un equipo tradicional y 2 € más en la cuota mensual de servicio.
Para los más escépticos cabe anotar que esta nueva solución de seguridad, alimentada por energías renovables, ha sido probada en bajas condiciones de luz garantizando igualmente el suministro de energía necesario para su funcionamiento. Esto es posible también gracias a la localización geográfica de España, ubicada en una de las zonas de máxima radiación solar de Europa y reconocida como el país en el que mayor rendimiento se puede obtener de la energía fotovoltaica.
Más beneficios asociados
Verisure Solar Power es además compatible con otros elementos adicionales comercializados por esta empresa como la cerradura electrónica, que activada en remoto permitiría el acceso de cualquier persona a la vivienda sin necesidad de llave. Lo mismo sucedería con el Servicio Acuda, que ante cualquier incidente enviaría al lugar a un vigilante especializado que podría ingresar y verificar lo ocurrido.
Por otra parte, quienes instalen Verisure Solar Power podrán verificar los saltos de alarma producidos en sus viviendas, visualizando a través del portal de usuarios en la web de Securitas Direct las imágenes capturadas por los videodetectores de la alarma. Así mismo, desde la Central Receptora de esta compañía es posible verificar en tiempo real, mediante audio y video, cualquier tipo de salto de alarma registrado.
Más de 400 viviendas cuentan ya con la Verisure Solar Power, un producto con diez años de garantía y un servicio de soporte permanente, diseñado a medida para un público que debe mantener a buen recaudo miles de viviendas vacías que esperan a ser vendidas.
Más info:
CASADOMO.com-Madrid
Detenidos dos jóvenes por intentar robar en dos comercios en Barakaldo
Según informó hoy el departamento vasco de Interior, el primero de los robos se produjo alrededor de las 17:30 horas de ayer, cuando el personal de seguridad de un centro comercial de Barakaldo localizó a un joven que había sustraído género de un comercio.
El vigilante informó a la Ertzaintza de que el joven que tenía retenido, de 18 años, había robado bisutería, una cazadora y posiblemente alguna otra prenda que llevaba escondida.
El joven reaccionó de forma violenta, insultando y tratando de agredir a los policías, por lo que los ertzainas tuvieron que reducirle, para poder detenerle y trasladarle a dependencias policiales, acusado de un delito de atentado contra agentes y una falta de hurto. El arrestado tiene antecedentes policiales.
Horas más tarde, agentes de la Ertzaintza arrestaron a un menor de edad de 16 años y a una mujer de 34 años que fueron sorprendidos cuando intentaban sustraer varios pares de zapatillas deportivas que ocultaron en dos bolsos, para sacarlas del local.
La Ertzaintza les imputa una falta de hurto y el joven fue detenido por un delito de desobediencia grave ya que se negó a identificarse. EFE
El vigilante informó a la Ertzaintza de que el joven que tenía retenido, de 18 años, había robado bisutería, una cazadora y posiblemente alguna otra prenda que llevaba escondida.
El joven reaccionó de forma violenta, insultando y tratando de agredir a los policías, por lo que los ertzainas tuvieron que reducirle, para poder detenerle y trasladarle a dependencias policiales, acusado de un delito de atentado contra agentes y una falta de hurto. El arrestado tiene antecedentes policiales.
Horas más tarde, agentes de la Ertzaintza arrestaron a un menor de edad de 16 años y a una mujer de 34 años que fueron sorprendidos cuando intentaban sustraer varios pares de zapatillas deportivas que ocultaron en dos bolsos, para sacarlas del local.
La Ertzaintza les imputa una falta de hurto y el joven fue detenido por un delito de desobediencia grave ya que se negó a identificarse. EFE
Detenido por forzar una máquina expendedora de alimentos en San Sebastián
Según esta fuente, los hechos ocurrieron sobre las 19:30 horas de ayer, cuando la Policía Autonómica recibió un aviso de que un individuo se encontraba retenido en el citado centro médico al ser sorprendido robando.
El vigilante de seguridad explicó a los agentes que el sospechoso había sido descubierto después romper a golpes el candado de la máquina con una muleta, tras lo que se había apoderado de unos 40 euros de la caja de recaudación de la expendedora.
Los policías detuvieron entonces al hombre, al que intervinieron el dinero presuntamente robado. EFE
El vigilante de seguridad explicó a los agentes que el sospechoso había sido descubierto después romper a golpes el candado de la máquina con una muleta, tras lo que se había apoderado de unos 40 euros de la caja de recaudación de la expendedora.
Los policías detuvieron entonces al hombre, al que intervinieron el dinero presuntamente robado. EFE
Detenido por pintar los vagones de la estación de Zafra
Varios vigilantes de seguridad de la empresa 'Securitas', junto a la Guardia Civil, sorprendieron a un joven de 25 años, y vecino de la localidad alicantina de Santa Pola, mientras realizaba "graffitis' en los vagones de la estación de ferrocarril de Zafra (Badajoz) junto a otros tres jóvenes, que causaron daños por valor de 6.000 euros.
Los hechos ocurrieron en la madrugada de ayer martes, día 26, cuando los vigilantes advirtieron de la presencia de cuatro jóvenes que merodeaban por los vagones de la estación y alertaron a la benemérita, según informó hoy el Ministerio del Interior en un comunicado de prensa.
En estos momentos, continúan las investigaciones para la localización y detención de otros tres implicados.
La acción se enmarca dentro de un plan de coordinación entre el sector de la seguridad privada y la Guardia Civil y durante la detención fueron intervenidos "numerosos" botes de pintura y una cámara fotográfica.
Las investigaciones realizadas apuntan que los jóvenes implicados no residen en Zafra, se citaron en la estación de ferrocarril vía Internet y pretendían fotografiar las pintadas para mostrarlas posteriormente en la red.
Según informó el Ministerio del Interior, la realización de 'graffitis' en lugares no autorizados "puede constituir" una falta tipificada en el artículo 626 del Código Penal.
En caso de que los daños sobrepasen los 400 euros, se puede considerar un delito de daños. Las diligencias, junto al joven detenido, han sido puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Zafra.
Los hechos ocurrieron en la madrugada de ayer martes, día 26, cuando los vigilantes advirtieron de la presencia de cuatro jóvenes que merodeaban por los vagones de la estación y alertaron a la benemérita, según informó hoy el Ministerio del Interior en un comunicado de prensa.
En estos momentos, continúan las investigaciones para la localización y detención de otros tres implicados.
La acción se enmarca dentro de un plan de coordinación entre el sector de la seguridad privada y la Guardia Civil y durante la detención fueron intervenidos "numerosos" botes de pintura y una cámara fotográfica.
Las investigaciones realizadas apuntan que los jóvenes implicados no residen en Zafra, se citaron en la estación de ferrocarril vía Internet y pretendían fotografiar las pintadas para mostrarlas posteriormente en la red.
Según informó el Ministerio del Interior, la realización de 'graffitis' en lugares no autorizados "puede constituir" una falta tipificada en el artículo 626 del Código Penal.
En caso de que los daños sobrepasen los 400 euros, se puede considerar un delito de daños. Las diligencias, junto al joven detenido, han sido puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Zafra.
Detenido por lanzar piedras contra los trenes en un apeadero de Renfe
Un joven de 22 años fue detenido en la mañana de ayer en San Sebastián por agentes de la Ertzaintza acusado de lanzar piedras contra los trenes que circulaban por el apeadero de Renfe de Ategorrieta y de causar lesiones a uno de los vigilantes de la estación que trataban de impedírselo.
Cuando una patrulla de la Policía vasca llegó al lugar, en torno a las diez menos cuarto de la mañana, comprobó que el joven se estaba enfrentando de forma violenta a dos vigilantes del apeadero con una piedra en cada mano. Los ertzainas hicieron indicaciones al veinteañero para que depusiese su actitud y, ante su negativa, lo detuvieron.
Los vigilantes de seguridad relataron después que el joven les insultó y lanzó piedras y a uno de ellos le causó una contusión en la cabeza, de la que tuvo que ser atendido en un centro médico. El arrestado, que no portaba ningún tipo de identificación, tenía previsto pasar ayer a disposición de la autoridad judicial.
[Agentes de la Ertzaintza han detenido, por otro lado, a un hombre de 30 años por agredir supuestamente a su esposa durante una discusión en el domicilio familiar en Abanto. El suceso se produjo sobre las dos de la tarde del lunes, pero la víctima no alertó a la Policía vasca hasta tres horas después. La mujer declaró que ya había sido supuestamente maltratada en alguna otra ocasión por su marido aunque no lo había denunciado].
Cuando una patrulla de la Policía vasca llegó al lugar, en torno a las diez menos cuarto de la mañana, comprobó que el joven se estaba enfrentando de forma violenta a dos vigilantes del apeadero con una piedra en cada mano. Los ertzainas hicieron indicaciones al veinteañero para que depusiese su actitud y, ante su negativa, lo detuvieron.
Los vigilantes de seguridad relataron después que el joven les insultó y lanzó piedras y a uno de ellos le causó una contusión en la cabeza, de la que tuvo que ser atendido en un centro médico. El arrestado, que no portaba ningún tipo de identificación, tenía previsto pasar ayer a disposición de la autoridad judicial.
[Agentes de la Ertzaintza han detenido, por otro lado, a un hombre de 30 años por agredir supuestamente a su esposa durante una discusión en el domicilio familiar en Abanto. El suceso se produjo sobre las dos de la tarde del lunes, pero la víctima no alertó a la Policía vasca hasta tres horas después. La mujer declaró que ya había sido supuestamente maltratada en alguna otra ocasión por su marido aunque no lo había denunciado].
martes, 26 de enero de 2010
Desalojan a la plataforma de usuarios del hospital
La Guardia Civil pide la documentación a quienes recogían firmas para la integración del centro al entender que «bloqueaban el acceso»
Nuevo revés en la carrera para forzar la integración del Hospital Grande Covián en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). Representantes de la Plataforma de Usuarios del centro fueron ayer desalojados, primero del interior del hospital y más tarde de los soportales del mismo, cuando se disponían a recoger firmas para la integración del centro en la red pública. Los hechos ocurrían cerca de las once de la mañana cuando los socios de la plataforma instalaban en el hall del hospital una mesa para la recogida de firmas y recibían el aviso de la Gerencia del centro informándoles de que debían continuar con la actividad «fuera del edificio, y en una zona en la que no bloqueen ni dificulten la entrada de los pacientes al mismo», indicó la gerente, María Dolores Menéndez, quien les explicó personalmente que «el fin de este equipamiento es atender a los pacientes».
Los representantes de la plataforma se colocaron en los soportales del centro, pero la Gerencia consideró «que bloqueaban la entrada» e intentó sin éxito a través de un agente de seguridad privada que se retiraran. Ante la negativa de los usuarios, que mantienen que «no estaban molestando a nadie», tuvieron que intervenir agentes de la Guardia Civil, quienes solicitaron la documentación a los presentes y les advirtieron de que podrían estar incurriendo en un delito de alteración del orden público. Sólo en ese momento los representantes de la plataforma aceptaron retirarse de la entrada del centro y colocarse al otro lado de la calzada. Una zona «segura», a juicio de la gerente del centro, «porque sólo circulan los taxis en un único sentido y paran para dejar a los pacientes»; aunque «peligrosa» a ojos de los afectados. «No molestábamos a nadie, pero tuvimos que acatar las órdenes para no armar más polémica. Es una cacicada», sostiene Agustín López-Rivas, portavoz de la plataforma, quien se mostraba indignado por lo ocurrido.
Pese a estos contratiempos, el colectivo de usuarios acumulaba ayer a primera hora de la tarde unas trescientas rúbricas, que unidas las que han venido recogiéndose en los últimos días en mercadillos semanales de Cangas de Onís y Ribadesella, y a través de las diferentes asociaciones que componen la plataforma, suman cerca de dos mil. «Los usuarios han respondido de forma masiva y hemos recogido muchas firmas, aunque existe cierta desinformación y todavía hay quien piensa que lo que buscamos es meter a los trabajadores a funcionarios por la puerta de atrás. Y eso no es así», sentencia.
La plataforma de usuarios tiene intención de continuar recogiendo rúbricas en las próximas semanas y ya ha confirmado que estará presente los próximos días en Posada, Panes, Carreña, Llanes y Arriondas. Las firmas serán registradas en el Parlamento asturiano días antes de que se celebre la votación de la proposición de Ley presentada por el PP y apoyada por IU para la integración del centro, que está prevista para el próximo mes de febrero.
Nuevo revés en la carrera para forzar la integración del Hospital Grande Covián en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). Representantes de la Plataforma de Usuarios del centro fueron ayer desalojados, primero del interior del hospital y más tarde de los soportales del mismo, cuando se disponían a recoger firmas para la integración del centro en la red pública. Los hechos ocurrían cerca de las once de la mañana cuando los socios de la plataforma instalaban en el hall del hospital una mesa para la recogida de firmas y recibían el aviso de la Gerencia del centro informándoles de que debían continuar con la actividad «fuera del edificio, y en una zona en la que no bloqueen ni dificulten la entrada de los pacientes al mismo», indicó la gerente, María Dolores Menéndez, quien les explicó personalmente que «el fin de este equipamiento es atender a los pacientes».
Los representantes de la plataforma se colocaron en los soportales del centro, pero la Gerencia consideró «que bloqueaban la entrada» e intentó sin éxito a través de un agente de seguridad privada que se retiraran. Ante la negativa de los usuarios, que mantienen que «no estaban molestando a nadie», tuvieron que intervenir agentes de la Guardia Civil, quienes solicitaron la documentación a los presentes y les advirtieron de que podrían estar incurriendo en un delito de alteración del orden público. Sólo en ese momento los representantes de la plataforma aceptaron retirarse de la entrada del centro y colocarse al otro lado de la calzada. Una zona «segura», a juicio de la gerente del centro, «porque sólo circulan los taxis en un único sentido y paran para dejar a los pacientes»; aunque «peligrosa» a ojos de los afectados. «No molestábamos a nadie, pero tuvimos que acatar las órdenes para no armar más polémica. Es una cacicada», sostiene Agustín López-Rivas, portavoz de la plataforma, quien se mostraba indignado por lo ocurrido.
Pese a estos contratiempos, el colectivo de usuarios acumulaba ayer a primera hora de la tarde unas trescientas rúbricas, que unidas las que han venido recogiéndose en los últimos días en mercadillos semanales de Cangas de Onís y Ribadesella, y a través de las diferentes asociaciones que componen la plataforma, suman cerca de dos mil. «Los usuarios han respondido de forma masiva y hemos recogido muchas firmas, aunque existe cierta desinformación y todavía hay quien piensa que lo que buscamos es meter a los trabajadores a funcionarios por la puerta de atrás. Y eso no es así», sentencia.
La plataforma de usuarios tiene intención de continuar recogiendo rúbricas en las próximas semanas y ya ha confirmado que estará presente los próximos días en Posada, Panes, Carreña, Llanes y Arriondas. Las firmas serán registradas en el Parlamento asturiano días antes de que se celebre la votación de la proposición de Ley presentada por el PP y apoyada por IU para la integración del centro, que está prevista para el próximo mes de febrero.
Una sentencia obliga a trabajadores a recuperar días de asuntos propios
Afecta al menos a 600 operarios de la empresa Securitas Seguridad en Asturias.
Una sentencia del Juzgado de lo Social número uno de Oviedo considera que los trabajadores de la empresa Securitas Seguridad España, S. A. que disfruten permisos retribuidos por asuntos propios deberán devolver a la empresa las horas que no hayan trabajado durante ese permiso, ya que las mismas no se computan como jornada de trabajo y, por tanto, son recuperables.
El sindicato Comisiones Obreras de Asturias (CC OO) promovió un conflicto colectivo en la empresa de seguridad para que no se obligue a los trabajadores a recuperar las horas disfrutadas por el concepto de asuntos propios, ante las dudas surgidas por la interpretación del convenio colectivo vigente. El sindicato creía que las horas disfrutadas deben computarse como jornada y que no son recuperables como aseguraba la empresa.
La sentencia viene a poner claridad en un asunto de interpretación del convenio colectivo en una empresa de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada que en Asturias da empleo a seiscientos trabajadores.
El letrado de la compañía, Ángel Balbuena, explicó ayer que «si bien la sentencia se refiere a los centros de trabajo del Principado, su contenido podría afectar también a los 25.000 trabajadores que la empresa de seguridad tiene en toda España y también a todos los permisos retribuidos por asuntos propios establecidos en otros convenios colectivos de Asturias».
La sentencia del Juzgado de Oviedo puede ser recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, pero Balbuena cree que la alta consistencia de este fallo hará muy difícil la rectificación. Y es que dicho fallo se basa en otras tres sentencias, una de ellas de la Audiencia Provincial, de 1993, y las otras dos del Supremo, de los años 1995 y 2007.
La demanda de Comisiones Obreras se produjo después de que un trabajador solicitara en mayo de 2009 a la empresa un permiso retribuido por asuntos propios que le fue concedido, si bien en el cálculo mensual de las horas de trabajo no se computó por ese día ninguna hora.
Contradicción
La juez reconoce en la sentencia que el punto principal que hay que resolver es «una eventual contradicción entre la aplicación de una jornada de 1.766 horas anuales y el efecto sobre ésta de los permisos por asuntos propios». La sentencia dice que «lo que pretende el sindicato es que el día de asuntos propios cuente como día trabajado a efectos del computo de la jornada mensual, mientras que la empresa, por ese día de asuntos propios, no computa ninguna hora según consta en el informe de horas trabajadas». La sentencia dice también que el argumento decisivo a efectos de la recuperación de las horas «es el de la contradicción entre la jornada convencional de 1.766 horas del artículo 26 del convenio colectivo de la empresa de seguridad y el efecto de recuperación del permiso por asuntos propios».
Una sentencia del Juzgado de lo Social número uno de Oviedo considera que los trabajadores de la empresa Securitas Seguridad España, S. A. que disfruten permisos retribuidos por asuntos propios deberán devolver a la empresa las horas que no hayan trabajado durante ese permiso, ya que las mismas no se computan como jornada de trabajo y, por tanto, son recuperables.
El sindicato Comisiones Obreras de Asturias (CC OO) promovió un conflicto colectivo en la empresa de seguridad para que no se obligue a los trabajadores a recuperar las horas disfrutadas por el concepto de asuntos propios, ante las dudas surgidas por la interpretación del convenio colectivo vigente. El sindicato creía que las horas disfrutadas deben computarse como jornada y que no son recuperables como aseguraba la empresa.
La sentencia viene a poner claridad en un asunto de interpretación del convenio colectivo en una empresa de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada que en Asturias da empleo a seiscientos trabajadores.
El letrado de la compañía, Ángel Balbuena, explicó ayer que «si bien la sentencia se refiere a los centros de trabajo del Principado, su contenido podría afectar también a los 25.000 trabajadores que la empresa de seguridad tiene en toda España y también a todos los permisos retribuidos por asuntos propios establecidos en otros convenios colectivos de Asturias».
La sentencia del Juzgado de Oviedo puede ser recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, pero Balbuena cree que la alta consistencia de este fallo hará muy difícil la rectificación. Y es que dicho fallo se basa en otras tres sentencias, una de ellas de la Audiencia Provincial, de 1993, y las otras dos del Supremo, de los años 1995 y 2007.
La demanda de Comisiones Obreras se produjo después de que un trabajador solicitara en mayo de 2009 a la empresa un permiso retribuido por asuntos propios que le fue concedido, si bien en el cálculo mensual de las horas de trabajo no se computó por ese día ninguna hora.
Contradicción
La juez reconoce en la sentencia que el punto principal que hay que resolver es «una eventual contradicción entre la aplicación de una jornada de 1.766 horas anuales y el efecto sobre ésta de los permisos por asuntos propios». La sentencia dice que «lo que pretende el sindicato es que el día de asuntos propios cuente como día trabajado a efectos del computo de la jornada mensual, mientras que la empresa, por ese día de asuntos propios, no computa ninguna hora según consta en el informe de horas trabajadas». La sentencia dice también que el argumento decisivo a efectos de la recuperación de las horas «es el de la contradicción entre la jornada convencional de 1.766 horas del artículo 26 del convenio colectivo de la empresa de seguridad y el efecto de recuperación del permiso por asuntos propios».
¿Y si se privatizara la seguridad aérea para combatir el terrorismo?
Los economistas Arnold Kling y Nick Schulz proponen la privatización de la seguridad aérea. El reciente atentado fallido en EEUU ha vuelto a despertar la alarma sobre la insuficiencia del sistema de seguridad en los aeropuertos que, por otro lado, muchos usuarios consideran invasivo.
Albert Esplugas
En Estados Unidos la seguridad está centralizada bajo la dirección de la Transport Security Administration. Kling y Schulz sostienen, en un artículo para el USA Today (Airline security: Let's go private), que el modelo actual tiene varias carencias. Necesita adaptación continua, con un énfasis especial en satisfacer a los usuarios y mejorar los resultados.
El importante que el sistema desarrolle nuevos y eficaces métodos de control que respondan a la demanda de los usuarios que valoran la seguridad y, al mismo tiempo, la rapidez y la eficiencia. La seguridad debe operar en un marco dinámico, disciplinado por una rigurosa presión competitiva, por un mercado.
Dos informes de 2005 para el Congreso sobre el funcionamiento del modelo federalizado actual llegaron a la misma conclusión: basándose en pruebas en los controles de los aeropuertos, no hay evidencia de que la centralización de la seguridad bajo la tutela de la TSA haya producido mejores resultados que el sistema anterior a la federalización (previo a los atentados del 11-S). Robert Poole y James Carafano, en su estudio Time to Rethink Airport Security, consideran que el modelo actual ha elevado los costes sin proporcionar una mayor seguridad.
Ventajas del sistema privado
Los economistas Kling y Schulz sugieren que la responsabilidad de diseñar e implementar los sistemas de seguridad de las aerolíneas debe ser privatizada. Este modelo, matizan, no se parecería a la seguridad privada de antes de los atentados del 11-S, pues en aquel entonces un ataque de esas características era casi impensable y el sistema se adaptaría ahora a esta nueva amenaza. La seguridad privada post 11-S combinaría los beneficios de un mercado competitivo con una supervisión federal mucho más estricta que asegurara unos estándares básicos.
Cada aerolínea podría seleccionar la/s compañía/s de seguridad que quisiera para que realizara controles a los pasajeros. La aerolínea pagaría a la compañía, por ejemplo, una cantidad fija por pasajero, y el coste sería trasladado a los precios de los billetes.
Las compañías que ofrecieran seguridad a un menor coste o cuyos métodos fueran menos molestos para los pasajeros obtendrían, a igualdad de circunstancias, más contratos de las aerolíneas. En este contexto surge una duda: si las compañías compiten para reducir a un mínimo los costes y las molestias a los pasajeros, ¿no acabaría siendo demasiado laxa la seguridad?
Incentivos de mercado para proveer la mejor seguridad
Según Kling y Schulz varios incentivos, algunos de mercado, mantendrían a las compañías de seguridad privadas concentradas en mejorar la seguridad. En primer lugar, los usuarios de las aerolíneas pueden mostrar una preferencia por aquellas que emplean procedimientos de control más rigurosos, creyendo que así vuelan más seguros. Del mismo modo, muchos conductores prefieren coches más seguros por encima de otras características.
En segundo lugar, si una firma privada tuviera un solo fallo grave de seguridad inmediatamente perdería la confianza de los usuarios. Las aerolíneas cambiarían de proveedor y la empresa, sin clientes, quebraría. Por otro lado, las compañías de seguridad también podrían ser demandadas por daños y obligadas a pagar, por ejemplos, 25 millones de dólares como compensación. Como señalan Kling y Schulz, es más fácil demandar al Gobierno por daños que al sector privado. Por tanto, las compañías de seguridad tendrían fuertes incentivos para ofrecer una seguridad eficaz y evitar atentados terroristas.
Este mecanismo de incentivos de mercado contrasta con el del Gobierno y sus agencias, remarcan Paul Cleveland y Thomas Tacker en un artículo para la revista Freeman. Si la agencia gubernamental encargada de la seguridad aérea falla, como ya ha sucedido, aparte de la mala prensa inicial no hay ulteriores consecuencias negativas para la institución.
Más bien al contrario, el Estado expande sus actividades o aumenta su financiación. La agencia tampoco es responsable ante las aerolíneas o sus usuarios, con lo que no sufre la presión de la competencia y la huída de usuario a otro servicio tal y como experimenta una empresa privada.
Funciones de supervisión del Estado
Kling y Schulz otorgan, no obstante, dos funciones importantes al Gobierno. Por un lado, recogería información de inteligencia sobre sospechosos de alto riesgo (como hace actualmente) y la compartiría con las compañías de seguridad, requiriendo a estas empresas que tengan un robusto sistema de protección de datos. Por otro lado, el Gobierno también auditaría al sector privado, y tendría la capacidad de imponer multas si se detectan determinadas carencias o irregularidades.
El Estado todavía podría, por ejemplo, obligar a todas las compañías a cumplir ciertos estándares mínimos que la TSA emplea hoy en día. La auditoría puede cubrir desde la protección de datos al diseño de los procesos para segmentar a los pasajeros de acuerdo con su riesgo, pasando por los controles empleados para cada nivel de riesgo o la implementación de esos controles.
Las medidas de seguridad y procedimientos, destacan Kling y Schulz, serían distintos dependiendo de las compañías. Pero eso debe considerarse una ventaja, no una desventaja. Es esta diferenciación e innovación competitiva la que permitiría que emergieran técnicas que se adaptaran mejor a la demanda de los usuarios de una mayor seguridad y eficiencia. Algunas firmas, por ejemplo, podrían recurrir a las entrevistas a cada pasajero como hace la aerolínea israelí El-Al.
Otras podrían emplear las últimas tecnologías para escanear cuerpos. Las compañías podrían ajustar sus normas de embarque y equipaje de mano a las distintas categorías de riesgo de los pasajeros (los pasajeros de bajo riesgo podrían traer líquidos y gel y no haría falta que se sacaran los zapatos, mientras que los de alto riesgo tendrían que pasar ambos por los controles).
Robert Poole y James Carafano opinan, por ejemplo, que es una pérdida de recursos tratar a cada persona y a cada pieza de equipaje como si tuvieran el mismo riesgo y debieran ser objeto del mismo escrutinio. Un sistema eficiente asignaría los recursos en proporción al riesgo.
Competencia en el sector público
Los escépticos de esta reforma, señalan Kling y Schulz, deberían tener en cuenta que no es un mero ejercicio académico y que el Gobierno ya reconoce los beneficios de la competencia en el ámbito de la seguridad nacional. La agencia responsable de desarrollar algunas de las nuevas tecnologías militares, DARPA, ha instituido premios monetarios (Urban Challenge) para los competidores del sector privado que resuelvan determinados problemas tecnológicos.
En el campo de la seguridad aérea, la TSA permite que algunos aeropuertos, como el de Kansas City o el de Rochester, contraten seguridad privada bajo el programa piloto Screening Partnership. La empresa contratada asume la responsabilidad de supervisar la entrada de pasajeros (“checkpoint”) y el equipaje. Pero la autonomía real permitida por este programa piloto es muy limitada, y los contratistas tienen poco margen para conseguir eficiencias e implementar innovaciones.
En opinión de Kling y Schulz, hay que ir mucho más allá si se quiere garantizar una seguridad adaptativa y eficiente contra el terrorismo. Como señala el economista Jeffrey Miron, también partidario de la privatización de la seguridad aérea, ningún sistema es perfecto y garantiza completa invulnerabilidad.
Pero un mercado de seguridad proporciona más información sobre los procedimientos que funcionan, y lo hace de una forma más eficiente que el sistema uniforme, centralizado y no competitivo impuesto por el Gobierno.
Albert Esplugas
En Estados Unidos la seguridad está centralizada bajo la dirección de la Transport Security Administration. Kling y Schulz sostienen, en un artículo para el USA Today (Airline security: Let's go private), que el modelo actual tiene varias carencias. Necesita adaptación continua, con un énfasis especial en satisfacer a los usuarios y mejorar los resultados.
El importante que el sistema desarrolle nuevos y eficaces métodos de control que respondan a la demanda de los usuarios que valoran la seguridad y, al mismo tiempo, la rapidez y la eficiencia. La seguridad debe operar en un marco dinámico, disciplinado por una rigurosa presión competitiva, por un mercado.
Dos informes de 2005 para el Congreso sobre el funcionamiento del modelo federalizado actual llegaron a la misma conclusión: basándose en pruebas en los controles de los aeropuertos, no hay evidencia de que la centralización de la seguridad bajo la tutela de la TSA haya producido mejores resultados que el sistema anterior a la federalización (previo a los atentados del 11-S). Robert Poole y James Carafano, en su estudio Time to Rethink Airport Security, consideran que el modelo actual ha elevado los costes sin proporcionar una mayor seguridad.
Ventajas del sistema privado
Los economistas Kling y Schulz sugieren que la responsabilidad de diseñar e implementar los sistemas de seguridad de las aerolíneas debe ser privatizada. Este modelo, matizan, no se parecería a la seguridad privada de antes de los atentados del 11-S, pues en aquel entonces un ataque de esas características era casi impensable y el sistema se adaptaría ahora a esta nueva amenaza. La seguridad privada post 11-S combinaría los beneficios de un mercado competitivo con una supervisión federal mucho más estricta que asegurara unos estándares básicos.
Cada aerolínea podría seleccionar la/s compañía/s de seguridad que quisiera para que realizara controles a los pasajeros. La aerolínea pagaría a la compañía, por ejemplo, una cantidad fija por pasajero, y el coste sería trasladado a los precios de los billetes.
Las compañías que ofrecieran seguridad a un menor coste o cuyos métodos fueran menos molestos para los pasajeros obtendrían, a igualdad de circunstancias, más contratos de las aerolíneas. En este contexto surge una duda: si las compañías compiten para reducir a un mínimo los costes y las molestias a los pasajeros, ¿no acabaría siendo demasiado laxa la seguridad?
Incentivos de mercado para proveer la mejor seguridad
Según Kling y Schulz varios incentivos, algunos de mercado, mantendrían a las compañías de seguridad privadas concentradas en mejorar la seguridad. En primer lugar, los usuarios de las aerolíneas pueden mostrar una preferencia por aquellas que emplean procedimientos de control más rigurosos, creyendo que así vuelan más seguros. Del mismo modo, muchos conductores prefieren coches más seguros por encima de otras características.
En segundo lugar, si una firma privada tuviera un solo fallo grave de seguridad inmediatamente perdería la confianza de los usuarios. Las aerolíneas cambiarían de proveedor y la empresa, sin clientes, quebraría. Por otro lado, las compañías de seguridad también podrían ser demandadas por daños y obligadas a pagar, por ejemplos, 25 millones de dólares como compensación. Como señalan Kling y Schulz, es más fácil demandar al Gobierno por daños que al sector privado. Por tanto, las compañías de seguridad tendrían fuertes incentivos para ofrecer una seguridad eficaz y evitar atentados terroristas.
Este mecanismo de incentivos de mercado contrasta con el del Gobierno y sus agencias, remarcan Paul Cleveland y Thomas Tacker en un artículo para la revista Freeman. Si la agencia gubernamental encargada de la seguridad aérea falla, como ya ha sucedido, aparte de la mala prensa inicial no hay ulteriores consecuencias negativas para la institución.
Más bien al contrario, el Estado expande sus actividades o aumenta su financiación. La agencia tampoco es responsable ante las aerolíneas o sus usuarios, con lo que no sufre la presión de la competencia y la huída de usuario a otro servicio tal y como experimenta una empresa privada.
Funciones de supervisión del Estado
Kling y Schulz otorgan, no obstante, dos funciones importantes al Gobierno. Por un lado, recogería información de inteligencia sobre sospechosos de alto riesgo (como hace actualmente) y la compartiría con las compañías de seguridad, requiriendo a estas empresas que tengan un robusto sistema de protección de datos. Por otro lado, el Gobierno también auditaría al sector privado, y tendría la capacidad de imponer multas si se detectan determinadas carencias o irregularidades.
El Estado todavía podría, por ejemplo, obligar a todas las compañías a cumplir ciertos estándares mínimos que la TSA emplea hoy en día. La auditoría puede cubrir desde la protección de datos al diseño de los procesos para segmentar a los pasajeros de acuerdo con su riesgo, pasando por los controles empleados para cada nivel de riesgo o la implementación de esos controles.
Las medidas de seguridad y procedimientos, destacan Kling y Schulz, serían distintos dependiendo de las compañías. Pero eso debe considerarse una ventaja, no una desventaja. Es esta diferenciación e innovación competitiva la que permitiría que emergieran técnicas que se adaptaran mejor a la demanda de los usuarios de una mayor seguridad y eficiencia. Algunas firmas, por ejemplo, podrían recurrir a las entrevistas a cada pasajero como hace la aerolínea israelí El-Al.
Otras podrían emplear las últimas tecnologías para escanear cuerpos. Las compañías podrían ajustar sus normas de embarque y equipaje de mano a las distintas categorías de riesgo de los pasajeros (los pasajeros de bajo riesgo podrían traer líquidos y gel y no haría falta que se sacaran los zapatos, mientras que los de alto riesgo tendrían que pasar ambos por los controles).
Robert Poole y James Carafano opinan, por ejemplo, que es una pérdida de recursos tratar a cada persona y a cada pieza de equipaje como si tuvieran el mismo riesgo y debieran ser objeto del mismo escrutinio. Un sistema eficiente asignaría los recursos en proporción al riesgo.
Competencia en el sector público
Los escépticos de esta reforma, señalan Kling y Schulz, deberían tener en cuenta que no es un mero ejercicio académico y que el Gobierno ya reconoce los beneficios de la competencia en el ámbito de la seguridad nacional. La agencia responsable de desarrollar algunas de las nuevas tecnologías militares, DARPA, ha instituido premios monetarios (Urban Challenge) para los competidores del sector privado que resuelvan determinados problemas tecnológicos.
En el campo de la seguridad aérea, la TSA permite que algunos aeropuertos, como el de Kansas City o el de Rochester, contraten seguridad privada bajo el programa piloto Screening Partnership. La empresa contratada asume la responsabilidad de supervisar la entrada de pasajeros (“checkpoint”) y el equipaje. Pero la autonomía real permitida por este programa piloto es muy limitada, y los contratistas tienen poco margen para conseguir eficiencias e implementar innovaciones.
En opinión de Kling y Schulz, hay que ir mucho más allá si se quiere garantizar una seguridad adaptativa y eficiente contra el terrorismo. Como señala el economista Jeffrey Miron, también partidario de la privatización de la seguridad aérea, ningún sistema es perfecto y garantiza completa invulnerabilidad.
Pero un mercado de seguridad proporciona más información sobre los procedimientos que funcionan, y lo hace de una forma más eficiente que el sistema uniforme, centralizado y no competitivo impuesto por el Gobierno.
SEXO, VIOLACIONES, ABORTOS Y... TERRORISMO
EL GRAPO ha superado esta semana la imagen de incalificable grupo terrorista. Una joven militante ha denunciado que fue sometida sexualmente por uno de los jefes, Silva Sande, apelando a su superioridad. El acusado se defiende
ANA MARÍA ORTIZ
Hacía casi una década que Esther González Ilarraz no le veía la cara al jefe. Hasta que el pasado lunes 18 ambos coincidieron en el banquillo de los acusados durante el juicio que se celebra en la sección Tercera de la Audiencia Nacional contra los Grapo. El jefe, Fernando Silva Sande, y otros seis presuntos militantes eran interrogados sobre su participación en el atentado contra un furgón blindado en Vigo, en 2000.
Cuando a Esther González, de 33 años, le tocó rendir cuentas de lo suyo, se sacudió cualquier implicación en el golpe -en el asalto murieron dos de los tres vigilantes que custodiaban el furgón- diciendo que era materialmente imposible su presencia en aquellas fechas en la ciudad gallega porque se encontraba convaleciente, recuperándose de un aborto provocado.
El asunto del embarazo interrumpido no hubiera tenido mayor trascendencia de no revelarse que la gestación habría sido fruto de una violación y que ésta tenía como protagonista a uno de los cabecillas de la organización. «Llevo 10 años intentando olvidar lo sucedido», decía.
No quiso Esther González señalar al hombre que la habría forzado. Pero los antiguos compañeros de armas que la precedieron en el estrado lo hicieron por ella. Primero Mónica Refojos, quien explicaba así por qué Silva Sande ya no formaba parte de los Grapo: «Oí que lo expulsaron por violar a una compañera». Después, el pistolero Marcos Martín Ponce justificó la salida del que fuera su líder -en otro tiempo venerado e intocable- aduciendo que, llegado un momento, se convirtió en una especie de «cowboy», que se jactaba de las vidas que se había cobrado su revólver y que, además, violó a una militante y lo había intentado con otras. «La expulsión de la banda es lo mejor que le pudo pasar porque en una organización revolucionaria a esa gente se la suele ejecutar», declaró.
Los Grapo parecían sacar así a la luz así la trastienda más sórdida de su vida en la clandestinidad. A decir de sus testimonios, Silva Sande habría exigido a sus camaradas femeninas una implicación aún mayor que la lucha armada. El manual revolucionario incluiría también la obligación de satisfacer sexualmente al líder.
Así al menos lo contó la propia Esther González cuando fue detenida en una calle de Sevilla, en diciembre de 2006. Se encontraba entonces ya fuera de la organización, «renegada», según se lee en las cartas de algún Grapo. Su testimonio ante los agentes que la interrogaron fue entonces difundido por La Razón. «Me fui de los Grapo porque era un harén» era el titular que dejaba la joven, quien culpaba de los abusos a un cabecilla que ejercía «el derecho de pernada» sobre algunas de las mujeres alistadas en la banda.
Todo comenzó, contaba, en 1999, cuando la organización le pidió que se trasladara a Madrid para recoger a uno de los gerifaltes del Grapo. Así lo hizo. Al hombre importante al que tenía que cubrir las espaldas lo menciona en su declaración con el nombre clave de «Antonio» -Antonio, Antón y Juan son los tres alias usados por Silva Sande, el secuestrador de Publio Cordón-.
Se dispuso, continuaba su relato, que regresaran de noche, en un tren que moría en Granada, desde donde viajarían a Sevilla, su destino final. Durante el trayecto, según Esther, sucedió lo que sigue: «Se metió en mi litera y empezó a tocarme. Yo me quedé en blanco y no supe reaccionar, no queriendo nada en su momento».
Cuando los agentes le preguntaron por qué consideraba que los hechos que describía eran un abuso, respondió que Antonio era un superior al que tenía idealizado. «Abusó de ese poder sabiendo que no podía decirle que no». Las vejaciones, dijo, continuaron durante toda la estancia en Sevilla.
Esther González, siempre según su declaración, calló la ofensa. Hasta que, a principios de 2000, cumpliendo las órdenes de la organización, se desplazó junto a un puñado de militantes a Vigo (el asalto al furgón en esta ciudad se produjo el 8 mayo de ese año) y compartió confidencias con otra camarada. Ésta, mencionada con el nombre en clave de María, le habría reconocido no sólo que ella también era víctima del chantaje -sexo a cambio de un buen puesto en la organización o la expulsión si se negaba- sino que le dio cuenta de una tercera compañera -alias Gema- que vivía el mismo infierno. «Dedujimos que este hombre abusaba de las tres a la vez durante la misma época. En este punto, sentí rabia», le dijo Esther a los agentes.
La versión de Fernando Silva Sande llega a Crónica por boca de su abogada, Natalia Crespo. «Mi cliente y Esther mantuvieron una relación sexual consentida por ambas partes», dice ésta. «Evidentemente, es una procesada para la que el fiscal pide 152 años de prisión y, en el ejercicio de su defensa, cuenta lo que mejor le parece, pero no quiere decir que diga la verdad».
¿UNA VENGANZA?
Tras la acusación, dice la letrada, se escondería además la vendetta de la organización, que no perdona a Silva Sande que haya renegado de las siglas Grapo. Lo hizo primero en una carta -escrita desde la cárcel, en agosto de 2008, y remitida a la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo- en la que pedía perdón «por el daño y el dolor causado». Se refrendó más tarde en el arrepentimiento y detalló el porqué en una entrevista publicada por Crónica el 1 de marzo pasado. «La militancia que yo he vivido no creo que se diferencie mucho de las sectas religiosas medievales», decía.
Existe además un relato, escrito a mano por Fernando Silva Sande, en el que éste describe cómo fue su relación con Esther González. Lo tituló Vivencias con Aïda [éste era el nombre en clave de Esther dentro de los Grapo] o remansos de paz en medio del temporal, y en él refiere un idilio que poco tiene ver con los tormentosos encuentros que ha destapado ella. Bajo estas líneas reproducimos unos fragmentos.
Aprovechaba también Silva Sande la entrevista publicada en diciembre en estas páginas para hacer caer el peso de la organización sobre los hombros de Manuel Pérez -el camarada Arenas, también en el grupo de los siete grapos jugados esta semana- y aseguraba que el poder de éste llegaba incluso a «decidir quién podía ser pareja de quién».
Los Grapo, a decir del experto Lorenzo Castro, son señalados como una de las organizaciones terroristas con más mujeres en sus filas a nivel mundial. Y probablemente con más parejas también. «O bien las parejas salían por la relación tan intensa que mantenían durante la militancia o bien uno de los miembros de una pareja se incorporaba y arrastraba al otro a la organización», explica Castro.
Son famosos los tándem -pareja de atentado y de lecho- a lo largo de la historia del Grapo. El camarada Arenas e Isabel Llaquet, Carmen Muñoz y Leoncio Calcerada, José Antonio Peña y Rosario Llobregat... Y el propio Silva Sande e Isabel Santamaría, con quien estuvo casado hasta que en abril de 1993 ella pasó a engrosar las listas de activistas caídos en acción armada. Santamaría murió durante un asalto a un furgón blindado en Zaragoza en el que cayeron otros dos camaradas. Esther González pertenece al segundo grupo de parejas terroristas, es decir, que llegó a la organización atraída por un enamorado que ya militaba.
DISFRAZADO DEL CHE
Antonio María de Oriol y Urquijo, el que fuera presidente del Consejo de Estado, llevaba 20 días secuestrado cuando Esther vino al mundo en el barrio obrero de Vallecas, la nochevieja de 1976. Silva Sande, quien cumplirá 56 años en marzo, de los que ha pasado 24 en prisión, participó en aquel secuestro y fue condenado por ello.
Tuvieron que pasar dos décadas para que los Grapo se cruzaran en el camino de Esther. Fue durante los Carnavales de 1997, cuando conoció a un okupa, quien iba, según ella misma contó a la policía, con un grupo de disfrazados de Che Guevara. Hubo química y ella comenzó a dejarse ver cada vez con más asiduidad en la casa okupada en la que él vivía. Se trataba de Israel Torralba, también en el grupo de juzgados por lo de Vigo. Un día, el novio le dijo que tenía que marcharse y le dejó el nombre de «Juanito» como el contacto a través del cual se comunicarían.
El tal «Juanito», declaró Esther, la convocaba en un bar de Vallecas, al que llegaba unas veces con el Manifiesto Comunista bajo el brazo y otras con la revista Resistencia. Hasta que una velada deslizó en la conversación la primera referencia al Grapo. Para el verano de ese 1997, Esther González estaba ya plenamente integrada en la estructura. Las fuerzas de seguridad la sitúan en el asalto a una entidad bancaria en Valladolid en mayo de 1999; en el mencionado atentado de Vigo en 2000; en el atraco a un furgón blindado en Maliaño (Santander) en 2001...
No se sabe cuándo se rompió la relación con Israel Torralba ni el momento exacto en que Esther dejó la militancia. Estaba ya fuera cuando fue detenida en diciembre de 2006. Tras pasar dos años en prisión preventiva, fue puesta en libertad y se instaló en una vivienda en el barrio sevillano de San Luis, a escasos 200 metros de la casa en la que residía cuando fue apresada. Allí había formado hogar con una pareja nueva y su hijo, de unos siete años, fruto de una relación anterior. Tenía intención, según cuentan los vecinos, de restaurar la casa, pero no pudo afrontar las letras y su gran enemigo, el gran capital, se tomó la revancha: fue embargada por el banco.
En el barrio ha dejado una imagen de vecina modélica que nunca dio problemas: «Siempre era muy atenta y buena persona», dicen. A quienes sabían de su paso por los Grapo y le preguntaban por su pasado terrorista, les respondía: «Equivocaciones de hace muchos años, cosas de juventud».
Con información de Daniel Garrido
ANA MARÍA ORTIZ
Hacía casi una década que Esther González Ilarraz no le veía la cara al jefe. Hasta que el pasado lunes 18 ambos coincidieron en el banquillo de los acusados durante el juicio que se celebra en la sección Tercera de la Audiencia Nacional contra los Grapo. El jefe, Fernando Silva Sande, y otros seis presuntos militantes eran interrogados sobre su participación en el atentado contra un furgón blindado en Vigo, en 2000.
Cuando a Esther González, de 33 años, le tocó rendir cuentas de lo suyo, se sacudió cualquier implicación en el golpe -en el asalto murieron dos de los tres vigilantes que custodiaban el furgón- diciendo que era materialmente imposible su presencia en aquellas fechas en la ciudad gallega porque se encontraba convaleciente, recuperándose de un aborto provocado.
El asunto del embarazo interrumpido no hubiera tenido mayor trascendencia de no revelarse que la gestación habría sido fruto de una violación y que ésta tenía como protagonista a uno de los cabecillas de la organización. «Llevo 10 años intentando olvidar lo sucedido», decía.
No quiso Esther González señalar al hombre que la habría forzado. Pero los antiguos compañeros de armas que la precedieron en el estrado lo hicieron por ella. Primero Mónica Refojos, quien explicaba así por qué Silva Sande ya no formaba parte de los Grapo: «Oí que lo expulsaron por violar a una compañera». Después, el pistolero Marcos Martín Ponce justificó la salida del que fuera su líder -en otro tiempo venerado e intocable- aduciendo que, llegado un momento, se convirtió en una especie de «cowboy», que se jactaba de las vidas que se había cobrado su revólver y que, además, violó a una militante y lo había intentado con otras. «La expulsión de la banda es lo mejor que le pudo pasar porque en una organización revolucionaria a esa gente se la suele ejecutar», declaró.
Los Grapo parecían sacar así a la luz así la trastienda más sórdida de su vida en la clandestinidad. A decir de sus testimonios, Silva Sande habría exigido a sus camaradas femeninas una implicación aún mayor que la lucha armada. El manual revolucionario incluiría también la obligación de satisfacer sexualmente al líder.
Así al menos lo contó la propia Esther González cuando fue detenida en una calle de Sevilla, en diciembre de 2006. Se encontraba entonces ya fuera de la organización, «renegada», según se lee en las cartas de algún Grapo. Su testimonio ante los agentes que la interrogaron fue entonces difundido por La Razón. «Me fui de los Grapo porque era un harén» era el titular que dejaba la joven, quien culpaba de los abusos a un cabecilla que ejercía «el derecho de pernada» sobre algunas de las mujeres alistadas en la banda.
Todo comenzó, contaba, en 1999, cuando la organización le pidió que se trasladara a Madrid para recoger a uno de los gerifaltes del Grapo. Así lo hizo. Al hombre importante al que tenía que cubrir las espaldas lo menciona en su declaración con el nombre clave de «Antonio» -Antonio, Antón y Juan son los tres alias usados por Silva Sande, el secuestrador de Publio Cordón-.
Se dispuso, continuaba su relato, que regresaran de noche, en un tren que moría en Granada, desde donde viajarían a Sevilla, su destino final. Durante el trayecto, según Esther, sucedió lo que sigue: «Se metió en mi litera y empezó a tocarme. Yo me quedé en blanco y no supe reaccionar, no queriendo nada en su momento».
Cuando los agentes le preguntaron por qué consideraba que los hechos que describía eran un abuso, respondió que Antonio era un superior al que tenía idealizado. «Abusó de ese poder sabiendo que no podía decirle que no». Las vejaciones, dijo, continuaron durante toda la estancia en Sevilla.
Esther González, siempre según su declaración, calló la ofensa. Hasta que, a principios de 2000, cumpliendo las órdenes de la organización, se desplazó junto a un puñado de militantes a Vigo (el asalto al furgón en esta ciudad se produjo el 8 mayo de ese año) y compartió confidencias con otra camarada. Ésta, mencionada con el nombre en clave de María, le habría reconocido no sólo que ella también era víctima del chantaje -sexo a cambio de un buen puesto en la organización o la expulsión si se negaba- sino que le dio cuenta de una tercera compañera -alias Gema- que vivía el mismo infierno. «Dedujimos que este hombre abusaba de las tres a la vez durante la misma época. En este punto, sentí rabia», le dijo Esther a los agentes.
La versión de Fernando Silva Sande llega a Crónica por boca de su abogada, Natalia Crespo. «Mi cliente y Esther mantuvieron una relación sexual consentida por ambas partes», dice ésta. «Evidentemente, es una procesada para la que el fiscal pide 152 años de prisión y, en el ejercicio de su defensa, cuenta lo que mejor le parece, pero no quiere decir que diga la verdad».
¿UNA VENGANZA?
Tras la acusación, dice la letrada, se escondería además la vendetta de la organización, que no perdona a Silva Sande que haya renegado de las siglas Grapo. Lo hizo primero en una carta -escrita desde la cárcel, en agosto de 2008, y remitida a la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo- en la que pedía perdón «por el daño y el dolor causado». Se refrendó más tarde en el arrepentimiento y detalló el porqué en una entrevista publicada por Crónica el 1 de marzo pasado. «La militancia que yo he vivido no creo que se diferencie mucho de las sectas religiosas medievales», decía.
Existe además un relato, escrito a mano por Fernando Silva Sande, en el que éste describe cómo fue su relación con Esther González. Lo tituló Vivencias con Aïda [éste era el nombre en clave de Esther dentro de los Grapo] o remansos de paz en medio del temporal, y en él refiere un idilio que poco tiene ver con los tormentosos encuentros que ha destapado ella. Bajo estas líneas reproducimos unos fragmentos.
Aprovechaba también Silva Sande la entrevista publicada en diciembre en estas páginas para hacer caer el peso de la organización sobre los hombros de Manuel Pérez -el camarada Arenas, también en el grupo de los siete grapos jugados esta semana- y aseguraba que el poder de éste llegaba incluso a «decidir quién podía ser pareja de quién».
Los Grapo, a decir del experto Lorenzo Castro, son señalados como una de las organizaciones terroristas con más mujeres en sus filas a nivel mundial. Y probablemente con más parejas también. «O bien las parejas salían por la relación tan intensa que mantenían durante la militancia o bien uno de los miembros de una pareja se incorporaba y arrastraba al otro a la organización», explica Castro.
Son famosos los tándem -pareja de atentado y de lecho- a lo largo de la historia del Grapo. El camarada Arenas e Isabel Llaquet, Carmen Muñoz y Leoncio Calcerada, José Antonio Peña y Rosario Llobregat... Y el propio Silva Sande e Isabel Santamaría, con quien estuvo casado hasta que en abril de 1993 ella pasó a engrosar las listas de activistas caídos en acción armada. Santamaría murió durante un asalto a un furgón blindado en Zaragoza en el que cayeron otros dos camaradas. Esther González pertenece al segundo grupo de parejas terroristas, es decir, que llegó a la organización atraída por un enamorado que ya militaba.
DISFRAZADO DEL CHE
Antonio María de Oriol y Urquijo, el que fuera presidente del Consejo de Estado, llevaba 20 días secuestrado cuando Esther vino al mundo en el barrio obrero de Vallecas, la nochevieja de 1976. Silva Sande, quien cumplirá 56 años en marzo, de los que ha pasado 24 en prisión, participó en aquel secuestro y fue condenado por ello.
Tuvieron que pasar dos décadas para que los Grapo se cruzaran en el camino de Esther. Fue durante los Carnavales de 1997, cuando conoció a un okupa, quien iba, según ella misma contó a la policía, con un grupo de disfrazados de Che Guevara. Hubo química y ella comenzó a dejarse ver cada vez con más asiduidad en la casa okupada en la que él vivía. Se trataba de Israel Torralba, también en el grupo de juzgados por lo de Vigo. Un día, el novio le dijo que tenía que marcharse y le dejó el nombre de «Juanito» como el contacto a través del cual se comunicarían.
El tal «Juanito», declaró Esther, la convocaba en un bar de Vallecas, al que llegaba unas veces con el Manifiesto Comunista bajo el brazo y otras con la revista Resistencia. Hasta que una velada deslizó en la conversación la primera referencia al Grapo. Para el verano de ese 1997, Esther González estaba ya plenamente integrada en la estructura. Las fuerzas de seguridad la sitúan en el asalto a una entidad bancaria en Valladolid en mayo de 1999; en el mencionado atentado de Vigo en 2000; en el atraco a un furgón blindado en Maliaño (Santander) en 2001...
No se sabe cuándo se rompió la relación con Israel Torralba ni el momento exacto en que Esther dejó la militancia. Estaba ya fuera cuando fue detenida en diciembre de 2006. Tras pasar dos años en prisión preventiva, fue puesta en libertad y se instaló en una vivienda en el barrio sevillano de San Luis, a escasos 200 metros de la casa en la que residía cuando fue apresada. Allí había formado hogar con una pareja nueva y su hijo, de unos siete años, fruto de una relación anterior. Tenía intención, según cuentan los vecinos, de restaurar la casa, pero no pudo afrontar las letras y su gran enemigo, el gran capital, se tomó la revancha: fue embargada por el banco.
En el barrio ha dejado una imagen de vecina modélica que nunca dio problemas: «Siempre era muy atenta y buena persona», dicen. A quienes sabían de su paso por los Grapo y le preguntaban por su pasado terrorista, les respondía: «Equivocaciones de hace muchos años, cosas de juventud».
Con información de Daniel Garrido
El Supremo confirma la condena a tres mossos por detención ilegal
El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación presentados por tres mossos d'Esquadra condenados por detener ilegalmente y pegar a un cliente en la discoteca Bikini de Barcelona en 2006. La sentencia del Supremo considera acertada la decisión de la Audiencia de Barcelona de que la detención de José Antonio M. C. no estaba legitimada porque "no estaba incurriendo en un delito de atentado al arrojar al suelo a Alberto F. D. " ya que éste no se había identificado como mosso d'Esquadra cuando se produjo la pelea, y por lo tanto desconocía que era un agente de la autoridad.
La Audiencia de Barcelona condenó en marzo de 2009 a cuatro años de prisión a dos de los mossos d'Esquadra y a tres años a la mossa que les acompañaba aquella noche, y les impuso una indemnización para la víctima de 8. 200 euros.
Los hechos se remontan a la madrugada del 2 de junio de 2006 cuando José Antonio M. C. estaba con unos amigos en Bikini y uno de ellos, Pedro S. A. , rozó sin querer el culo de la agente. Uno de los mossos le pidió explicaciones y su compañero se acercó para ayudarle, un gesto que José Antonio M. C. interpretó como un intento de agresión y cogió al agente tirándole al suelo.
Los vigilantes de seguridad del local condujeron a ambos grupos a la calle y fue mientras salían cuando José Antonio M. C. y Pedro S. A. descubrieron que las personas con las que se habían enfrentado eran policías. Cuando llegaron varias patrullas de los Mossos, los agentes procesados detuvieron a José Antonio M. C. "Ahora te vas a cagar", le dijo uno de ellos a José Antonio M. C. antes de arrestarle como presunto autor de un delito de atentado a la autoridad que la Sección Séptima entiende que no cometió porque no sabía que eran policías, por lo que la detención fue ilegal.
El tribunal reconoció que fue uno de los mossos quien ordenó la detención de José Antonio M. C. pero también consideró culpables a los otros dos porque "nada hicieron para evitarlo y prestaron su consentimiento cooperando de manera eficaz con su compañero para dar apariencia de legal a lo que no lo era".
Una vez en la sala de cacheos de la comisaría de Les Corts, uno de los agentes le dio un cabezazo como demuestran las lesiones que ambos presentaban. Los dos agentes también propinaron varios golpes al detenido mientras se mofaban de él y le amenazaban para evitar que les denunciara.
Por esa razón, la Sala condenó a los tres agentes a tres años de prisión y ocho más de inhabilitación por un delito de detención ilegal por el que deberán indemnizar a José Antonio M. C. conjuntamente con 6. 000 euros. Los dos mossos también fueron condenados a otro año de cárcel y a tres más de inhabilitación por un delito contra la integridad moral, a pagar una de 400 euros cada uno por una falta de lesiones y a indemnizar a José Antonio M. C. con 2. 200 euros. Por su parte, Pedro S. A. fue absuelto del delito de abuso sexual del que le acusaba la Generalitat y José Antonio M. C. fue condenado a pagar una multa de 60 euros por una falta de malos tratos.
La Audiencia de Barcelona condenó en marzo de 2009 a cuatro años de prisión a dos de los mossos d'Esquadra y a tres años a la mossa que les acompañaba aquella noche, y les impuso una indemnización para la víctima de 8. 200 euros.
Los hechos se remontan a la madrugada del 2 de junio de 2006 cuando José Antonio M. C. estaba con unos amigos en Bikini y uno de ellos, Pedro S. A. , rozó sin querer el culo de la agente. Uno de los mossos le pidió explicaciones y su compañero se acercó para ayudarle, un gesto que José Antonio M. C. interpretó como un intento de agresión y cogió al agente tirándole al suelo.
Los vigilantes de seguridad del local condujeron a ambos grupos a la calle y fue mientras salían cuando José Antonio M. C. y Pedro S. A. descubrieron que las personas con las que se habían enfrentado eran policías. Cuando llegaron varias patrullas de los Mossos, los agentes procesados detuvieron a José Antonio M. C. "Ahora te vas a cagar", le dijo uno de ellos a José Antonio M. C. antes de arrestarle como presunto autor de un delito de atentado a la autoridad que la Sección Séptima entiende que no cometió porque no sabía que eran policías, por lo que la detención fue ilegal.
El tribunal reconoció que fue uno de los mossos quien ordenó la detención de José Antonio M. C. pero también consideró culpables a los otros dos porque "nada hicieron para evitarlo y prestaron su consentimiento cooperando de manera eficaz con su compañero para dar apariencia de legal a lo que no lo era".
Una vez en la sala de cacheos de la comisaría de Les Corts, uno de los agentes le dio un cabezazo como demuestran las lesiones que ambos presentaban. Los dos agentes también propinaron varios golpes al detenido mientras se mofaban de él y le amenazaban para evitar que les denunciara.
Por esa razón, la Sala condenó a los tres agentes a tres años de prisión y ocho más de inhabilitación por un delito de detención ilegal por el que deberán indemnizar a José Antonio M. C. conjuntamente con 6. 000 euros. Los dos mossos también fueron condenados a otro año de cárcel y a tres más de inhabilitación por un delito contra la integridad moral, a pagar una de 400 euros cada uno por una falta de lesiones y a indemnizar a José Antonio M. C. con 2. 200 euros. Por su parte, Pedro S. A. fue absuelto del delito de abuso sexual del que le acusaba la Generalitat y José Antonio M. C. fue condenado a pagar una multa de 60 euros por una falta de malos tratos.
lunes, 25 de enero de 2010
ALGECIRAS Los empleados de Securitas en APM Terminals retoman las manifestaciones
El responsable comarcal de seguridad privada de CC OO, Miguel Páramo, anunció ayer que los trabajadores de Securitas en APM Terminals Algeciras reanudarán las protestas. El sindicalista recordó que existe un conflicto «desde hace tiempo» originado por el traslado injustificado de trabajadores de la empresade seguridad, concesionaria del servicio en APM, perteneciente al grupo Maersk.
«Hemos dado muestras más que sobradas de nuestra voluntad de acuerdo y nos hemos encontrado con una empresa que no es capaz de cumplir los compromisos que adquiere», afirmó Páramo, quien hizo un llamamiento a la responsabilidad de la APM, «que ha participado en las negociaciones y que debe ser garante de los acuerdos que se alcanzaron en su día».
Por ello, CC OO ha convocado una concentración de representantes sindicales que será la antesala de una campaña de movilizaciones destinadas a denunciar la situación de estos trabajadores y a reclamar una solución al conflicto. Páramo destacó que su sindicato desconvocó las movilizaciones previstas para el pasado mes de diciembre, pero insistió en que retomará las medidas de presión ante la «falta de resultados» de los encuentros.
¿Y si se privatizara la seguridad aérea para combatir el terrorismo?
En Estados Unidos la seguridad está centralizada bajo la dirección de la Transport Security Administration. Kling y Schulz sostienen, en un artículo para el USA Today (Airline security: Let's go private), que el modelo actual tiene varias carencias. Necesita adaptación continua, con un énfasis especial en satisfacer a los usuarios y mejorar los resultados.
Es importante que el sistema desarrolle nuevos y eficaces métodos de control que respondan a la demanda de los usuarios que valoran la seguridad y, al mismo tiempo, la rapidez y la eficiencia. La seguridad debe operar en un marco dinámico, disciplinado por una rigurosa presión competitiva, por un mercado.
Dos informes de 2005 para el Congreso sobre el funcionamiento del modelo federalizado actual llegaron a la misma conclusión: basándose en pruebas en los controles de los aeropuertos, no hay evidencia de que la centralización de la seguridad bajo la tutela de la TSA haya producido mejores resultados que el sistema anterior a la federalización (previo a los atentados del 11-S). Robert Poole y James Carafano, en su estudio Time to Rethink Airport Security, consideran que el modelo actual ha elevado los costes sin proporcionar una mayor seguridad.
Ventajas del sistema privado
Los economistas Kling y Schulz sugieren que la responsabilidad de diseñar e implementar los sistemas de seguridad de las aerolíneas debe ser privatizada. Este modelo, matizan, no se parecería a la seguridad privada de antes de los atentados del 11-S, pues en aquel entonces un ataque de esas características era casi impensable y el sistema se adaptaría ahora a esta nueva amenaza. La seguridad privada post 11-S combinaría los beneficios de un mercado competitivo con una supervisión federal mucho más estricta que asegurara unos estándares básicos.
Cada aerolínea podría seleccionar la/s compañía/s de seguridad que quisiera para que realizara controles a los pasajeros. La aerolínea pagaría a la compañía, por ejemplo, una cantidad fija por pasajero, y el coste sería trasladado a los precios de los billetes.
Las compañías que ofrecieran seguridad a un menor coste o cuyos métodos fueran menos molestos para los pasajeros obtendrían, a igualdad de circunstancias, más contratos de las aerolíneas. En este contexto surge una duda: si las compañías compiten para reducir a un mínimo los costes y las molestias a los pasajeros, ¿no acabaría siendo demasiado laxa la seguridad?
Incentivos de mercado para proveer la mejor seguridad
Según Kling y Schulz varios incentivos, algunos de mercado, mantendrían a las compañías de seguridad privadas concentradas en mejorar la seguridad. En primer lugar, los usuarios de las aerolíneas pueden mostrar una preferencia por aquellas que emplean procedimientos de control más rigurosos, creyendo que así vuelan más seguros. Del mismo modo, muchos conductores prefieren coches más seguros por encima de otras características.
En segundo lugar, si una firma privada tuviera un solo fallo grave de seguridad inmediatamente perdería la confianza de los usuarios. Las aerolíneas cambiarían de proveedor y la empresa, sin clientes, quebraría. Por otro lado, las compañías de seguridad también podrían ser demandadas por daños y obligadas a pagar, por ejemplos, 25 millones de dólares como compensación. Como señalan Kling y Schulz, es más fácil demandar al Gobierno por daños que al sector privado. Por tanto, las compañías de seguridad tendrían fuertes incentivos para ofrecer una seguridad eficaz y evitar atentados terroristas.
Este mecanismo de incentivos de mercado contrasta con el del Gobierno y sus agencias, remarcan Paul Cleveland y Thomas Tacker en un artículo para la revista Freeman. Si la agencia gubernamental encargada de la seguridad aérea falla, como ya ha sucedido, aparte de la mala prensa inicial no hay ulteriores consecuencias negativas para la institución.
Más bien al contrario, el Estado expande sus actividades o aumenta su financiación. La agencia tampoco es responsable ante las aerolíneas o sus usuarios, con lo que no sufre la presión de la competencia y la huída de usuario a otro servicio tal y como experimenta una empresa privada.
Funciones de supervisión del Estado
Kling y Schulz otorgan, no obstante, dos funciones importantes al Gobierno. Por un lado, recogería información de inteligencia sobre sospechosos de alto riesgo (como hace actualmente) y la compartiría con las compañías de seguridad, requiriendo a estas empresas que tengan un robusto sistema de protección de datos. Por otro lado, el Gobierno también auditaría al sector privado, y tendría la capacidad de imponer multas si se detectan determinadas carencias o irregularidades.
El Estado todavía podría, por ejemplo, obligar a todas las compañías a cumplir ciertos estándares mínimos que la TSA emplea hoy en día. La auditoría puede cubrir desde la protección de datos al diseño de los procesos para segmentar a los pasajeros de acuerdo con su riesgo, pasando por los controles empleados para cada nivel de riesgo o la implementación de esos controles.
Las medidas de seguridad y procedimientos, destacan Kling y Schulz, serían distintos dependiendo de las compañías. Pero eso debe considerarse una ventaja, no una desventaja. Es esta diferenciación e innovación competitiva la que permitiría que emergieran técnicas que se adaptaran mejor a la demanda de los usuarios de una mayor seguridad y eficiencia. Algunas firmas, por ejemplo, podrían recurrir a las entrevistas a cada pasajero como hace la aerolínea israelí El-Al.
Otras podrían emplear las últimas tecnologías para escanear cuerpos. Las compañías podrían ajustar sus normas de embarque y equipaje de mano a las distintas categorías de riesgo de los pasajeros (los pasajeros de bajo riesgo podrían traer líquidos y gel y no haría falta que se sacaran los zapatos, mientras que los de alto riesgo tendrían que pasar ambos por los controles).
Robert Poole y James Carafano opinan, por ejemplo, que es una pérdida de recursos tratar a cada persona y a cada pieza de equipaje como si tuvieran el mismo riesgo y debieran ser objeto del mismo escrutinio. Un sistema eficiente asignaría los recursos en proporción al riesgo.
Competencia en el sector público
Los escépticos de esta reforma, señalan Kling y Schulz, deberían tener en cuenta que no es un mero ejercicio académico y que el Gobierno ya reconoce los beneficios de la competencia en el ámbito de la seguridad nacional. La agencia responsable de desarrollar algunas de las nuevas tecnologías militares, DARPA, ha instituido premios monetarios (Urban Challenge) para los competidores del sector privado que resuelvan determinados problemas tecnológicos.
En el campo de la seguridad aérea, la TSA permite que algunos aeropuertos, como el de Kansas City o el de Rochester, contraten seguridad privada bajo el programa piloto Screening Partnership. La empresa contratada asume la responsabilidad de supervisar la entrada de pasajeros (“checkpoint”) y el equipaje. Pero la autonomía real permitida por este programa piloto es muy limitada, y los contratistas tienen poco margen para conseguir eficiencias e implementar innovaciones.
En opinión de Kling y Schulz, hay que ir mucho más allá si se quiere garantizar una seguridad adaptativa y eficiente contra el terrorismo. Como señala el economista Jeffrey Miron, también partidario de la privatización de la seguridad aérea, ningún sistema es perfecto y garantiza completa invulnerabilidad.Pero un mercado de seguridad proporciona más información sobre los procedimientos que funcionan, y lo hace de una forma más eficiente que el sistema uniforme, centralizado y no competitivo impuesto por el Gobierno.
sábado, 23 de enero de 2010
NUEVO CURSO IDFO EN BARCELONA - SEGURETAT PRIVADA: ESCORTA PRIVAT
| Nom del curs | SEGURETAT PRIVADA: ESCORTA PRIVAT | |
| Col·lectiu | Treballadors en actiu | |
| Situació Laboral | Treballadors en actiu | |
| Data inici | 08/02/2010 | |
| Data fi | 04/03/2010 | |
| Adreça | PASSEIG VERDUM 9 INTERIOR | |
| Codi Postal | 08042 | |
| Població | BARCELONA | |
| Comarca | BARCELONÈS | |
| Persona de contacte | RAUL BARQUERO | |
| Telèfon de contacte | 933593481 | |
| Hores Totals: | 60 | |
| Mòdul | hores | |
| La Protecció. | 5 | |
| Protecció Dinàmica (I). | 5 | |
| Protecció Dinàmica (II). | 5 | |
| Protecció Estàtica. | 5 | |
| Tècniques de Seguretat en vehicles. | 5 | |
| Caravanes i Itineraris. | 5 | |
| Tècniques d' informació i observació. | 5 | |
| Els procediments de l`agressor. | 5 | |
| Armament. | 5 | |
| Teoria del tir. | 5 | |
| Normes de Seguretat en el maneig de les armes. | 5 | |
| Tir d' instrucció. | 5 | |
| Imprescindible: | VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA AMB LA TIP Ser treballador/a en actiu a l'inici del curs | |
| Horari de Tarda: | ||
| Dia de la setmana | Horari | |
| Dilluns : | de 16:00 a 21:00 | |
| Dimecres : | de 16:00 a 21:00 | |
| Dijous : | de 16:00 a 21:00 | |
Fallece un vigilante de seguridad víctima de una paliza
MARCHENA (SEVILLA), 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
El vigilante de seguridad que resultó herido grave como consecuencia del asalto perpetrado a finales del mes de noviembre a la planta fotovoltaica de Marchena (Sevilla), hospitalizado desde entonces, ha fallecido finalmente a causa de las lesiones padecidas y será enterrado esta tarde en la localidad aljarafeña de Camas, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.
El trabajador desempeñaba trabajos para 'Seguridad Uniformada SL' y para 'Omega Seguridad y Sistemas' y recibió una brutal paliza por los autores del asalto a esta planta fotovoltaica de Marchena cuando, a finales del mes de noviembre de 2009, prestaba servicios de vigilancia en estas instalaciones "sin estar armado", según las citadas fuentes.
Fue durante la madrugada, mientras el trabajador vigilaba las instalaciones de la planta fotovoltaica, cuando un grupo indeterminado de personas asaltó el edificio con la posterior agresión a este vigilante de seguridad que fue posteriormente descubierto esposado con sus propios grilletes víctima de una paliza "bastante importante", según señalaba entonces a Europa Press el alcalde de Marchena, Juan Rodríguez Aguilera.
Evacuado hasta un centro hospitalario de Sevilla, el trabajador habría caído incluso en coma a consecuencia de las graves lesiones que sufría, lesiones que finalmente le han conducido a la muerte.
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