Alarmas anti-cacos

Las empresas de seguridad privada denuncian que la nueva normativa favorece al delincuente. Auguran la ruina de las centrales madrileñas si les multan por avisar a la Policía antes de tiempo

La seguridad privada está en pie de guerra. Las centrales de alarmas y los vigilantes de seguridad tienen que ajustarse, ,desde el pasado 18 de agosto, a una nueva normativa que consideran injusta, abusiva e incluso insegura para algunos de sus trabajadores. Se trata de cinco órdenes ministeriales publicadas en el BOE el pasado 18 de febrero y que fueron impugnadas ante la Audiencia Nacional en abril. Ahora, la sala de lo Contencioso de este órgano judicial ha admitido a trámite el recurso de impugnación presentado por la asociación nacional de centrales receptoras e instaladoras de alarmas y el sindicato Unión Nacional de Trabajadores (UNT). «Muchas empresas se van a ver abocadas al cierre porque no podrán asumir el coste de las adaptaciones a las que obliga la nueva normativa. Tendrán que prescindir, primero, de empleados y más tarde tendrán que cerrar». Francisco Quesada, presidente de la asociación nacional de centrales de alarmas, advierte de que será «muy complicado» que las empresas puedan desarrollar su trabajo correctamente, por lo que los clientes se irán. Según Quesada, una de las nuevas órdenes les impide avisar a la Policía antes de que salten tres alarmas distintas. «Si llamamos antes o después de tiempo, nos sancionan con multas mínimas de 600 euros. Sólo sobrevivirán las empresas grandes». Los vigilantes de seguridad, por su parte, critican una de las órdenes que les obliga a llevar el DNI en la placa identificativa. «Es una locura», explican. La polémica en el sector, destapada por Onda Cero, puede entrar ahora en tiempo muerto. Esperan que la Audiencia frene la aplicación de las órdenes que aprobó Rubalcaba antes de abandonar la cartera de Interior.

Fuente: La Razón
25/09/11

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