Las empresas de seguridad piden el reconocimiento de los vigilantes privados como "agentes de la autoridad"

Aresmur, integrante de FREMM, recurre a una guía multimedia interactiva para fomentar la profesionalidad

Que los vigilantes privados estén reconocidos como "agentes de la autoridad" es un de los retos planteados por las empresas de seguridad en la celebración de la I Jornada Técnica de Seguridad celebrada en la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), entidad que organizó el encuentro junto a la Asociación de Empresas de Seguridad de la Región de Murcia (ARESMUR).

La propuesta se planteó ante un público formado por empresas de seguridad procedentes de diferentes puntos de la Región, coincidente en avanzar hacia la mejora de la protección del personal de seguridad privada como colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en casos, circunstancias y servicios específicos, según se expuso durante la jornada que fue inaugurada por Carlos Llorente, jefe superior de Policía, mientras la clausura estuvo a cargo de Encarna Ortiz, presidenta de Aresmur, además de contarse entre los asistentes con Ginés Martínez, director del Servicio Regional de Empleo y Formación.

No es la primera vez que en foros análogos al celebrado en FREMM se hace esta petición, que llega en un momento de buena sintonía entre la seguridad pública y privada, como fue el II Congreso Nacional de Seguridad Privada, celebrado recientemente bajo el lema "avanzamos juntos".

Desde las empresas de seguridad se está demandando retos como la revisión y mejora del modelo de seguridad privada, la potenciación de los departamentos de seguridad de las empresas, la creación de una titulación oficial en esta materia, la continuidad en la potenciación de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el aumento de la protección jurídica de los profesionales del sector, entre otros desafíos expuestos por Luis González, secretario general de la Federación Empresarial Española de Seguridad.

La acción más inmediatas dentro del sector es la adaptación de las empresas a partir del 18 de agosto a las órdenes aprobadas por el Ministerio de Interior sobre regulación de la seguridad privada en ámbitos como los sistemas de alarmas, comisiones mixtas, además de medidas de seguridad privada y personal, sobre las que se trataron en el evento en donde se expuso que esta mayor regulación conllevará una disminución de las falsas alarmas y de los trámites administrativos. Para ello, se contó con la presencia de Francisco Jiménez, comisario jefe de la Brigada Operativa de Personal de la Unidad Central de Seguridad Privada.

Por otra parte, las empresas se encuentran inmersas en su adecuación a las normas UNE o UNE-EN, por las que se está regulando los requisitos a cumplir por los sistemas de seguridad, de cara a un mayor control sobre el intrusismo, mayor calidad del servicio y evitar la incertidumbre.

Coincidiendo con la jornada, ARESMUR presentó una aplicación multimedia interactiva para fomentar la profesionalidad en este sector. Durante la jornada se trató también sobre "Sistemas electrónicos de Seguridad adaptados a la Normativa Europea", con Juan José Nadales, gerente de Ventas de Honeywell.

En la organización del encuentro se contó con la colaboración de la empresa Honeywell Security Group, Región de Murcia, el Servicio Regional de Empleo y Formación, la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo, y de Región de Murcia-Crecemos con Europa

Stanley mejora oferta de Securitas por Niscayah; propone USD 1.200 millones

El grupo estadounidense Stanley Black & Decker mejoró este lunes la oferta presentada por la sueca Securitas por su compatriota Niscayah, un fabricante de equipamientos de seguridad, con una propuesta que valoriza a la empresa en 1.200 millones de dólares (deuda incluida).

El fabricante de herramientas manuales propone 18 coronas suecas por acción, según un comunicado.

Ese precio representa para los accionistas de Niscayah una prima de 15% en relación con la última cotización de su empresa y una mejora de 24% respecto de la oferta de Securitas, que había cedido Niscayah en 2006.

La oferta de Stanley Black & Decker constituye también una diferencia de 47% respecto del valor del título la víspera del anuncio del interés de Securitas por la empresa el 16 de mayo, informa el grupo.

La guerra, cada vez más privada

Libia es el nuevo hábitat de mercenarios contratados por Gadafi y empresas de seguridad militar occidentales - El negocio mueve 100.000 millones al año

Empleados de la firma estadounidense Blackwater participan
en un tiroteo enla ciudad iraquí de Nayaf, en abril de 2004

John Edward López, colombiano de 24 años, es uno de los numerosos exmilitares de su país que en las últimas dos semanas han contestado a una peculiar oferta de empleo en Internet. Se trata de trabajar como mercenario en Emiratos Árabes Unidos durante al menos un año. En el anuncio se requiere experiencia en combate. Él dice tenerla. "He estado en el Guaviare y Meta [zonas con presencia de las FARC]" y, agrega, no tiene miedo del riesgo que podría suponer este trabajo. El sueldo prometido es de 2.550 dólares al mes, cinco veces más de lo que ganaba hasta ahora.

La palabra mercenario es tan controvertida como las actividades que el gremio lleva a cabo por el mundo. Llámense contratistas o empresas de seguridad militar privadas, están en plena expansión y vivieron su propia burbuja con las guerras de Afganistán e Irak. Entre 2001 y 2006 brotaron más empresas y se consolidaron las grandes multinacionales estadounidenses y británicas, que controlan el 70% del sector. Hoy, el negocio mueve 100.000 millones de dólares anuales (70.000 millones de euros), según la ONU.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debatió recientemente en Ginebra la necesidad de dotar de un marco legal internacional a estas empresas. De establecer con claridad, para todos los países, cuáles son las funciones que pueden desempeñar y cuáles corresponden exclusivamente a los Estados. En realidad, llevan años discutiendo el tema. El principal escollo es la negativa occidental (sobre todo, Francia, Reino Unido y EE UU, donde están las principales compañías), que prefiere la autorregulación. La industria también, claro.
José Luis Gómez del Prado, presidente del grupo de trabajo de la ONU sobre el tema que ha documentado desde 2006 decenas de irregularidades cometidas por estas empresas, explica que "hay un gran vacío legal. El problema es la falta de rendición de cuentas de las compañías, aunque las haya contratado un Gobierno con los impuestos del contribuyente. El ejemplo más claro es Blackwater". El 16 de septiembre de 2007, un grupo de empleados de esta empresa, que ahora se llama Xe Services, ante la sospecha de un ataque de la insurgencia, disparó contra civiles en la concurrida plaza de Nisour, en Bagdad. Mataron a 17 personas e hirieron a 24. Este suceso desató la indignación de los iraquíes y simbolizó la impunidad que suponía la privatización de la guerra. Nadie ha sido condenado todavía por esos hechos. Una maraña legal y jurisdiccional lo ha impedido hasta que en abril un tribunal de EE UU reactivó el caso.
Uno de los temores de la ONU es que "se use a mercenarios o se recurra a estas empresas para reprimir movimientos prodemocráticos", como apunta Gómez del Prado. En Libia, Muamar el Gadafi ha utilizado a mercenarios africanos para tratar de aplastar la revuelta interna que ha desembocado en guerra civil. Algunos de ellos, capturados por los rebeldes, explicaron a Reuters que las autoridades libias les engañaron o los reclutaron por la fuerza y les dieron armas. Al Yazira filmó hace dos semanas a un grupo de hombres occidentales armados hablando con los rebeldes en la primera línea de fuego cerca de Misrata. Al día siguiente, The Guardian informó de que eran antiguos militares británicos que ayudaban a la OTAN a identificar objetivos para bombardeos.
El episodio es confuso. Pero sí parece verosímil que en un país del que se ha apoderado el caos, sin apenas control fronterizo por el este, se cuelen espías y compañías de seguridad militar privadas que han encontrado en Libia un nuevo hábitat. SGSI Group es una de ellas. Su fundador y gerente, Víctor González Moreno, de 41 años, afirma que está en Bengasi desde hace un par de meses. Explica que tienen a 50 trabajadores allí y que se dedican a adiestrar en el uso de las armas al improvisado ejército que busca derrocar a Gadafi. Asegura, a través de una entrecortada conversación por Skype, que ya han entrenado a unos 1.500 hombres. SGSI Group fue fundada en 1997 con capital español, pero está radicada en Gibraltar. Su responsable de prensa, Mar Monsoriu, afirma que tienen un campo de entrenamiento en Cesárea (Israel). El director de SGSI subraya que no cobran por entrenar a los civiles libios. Pero confía en que sea una inversión de futuro: "No digo que una vez pase la tormenta no vayamos a quedar en muy buena situación con los posibles nuevos clientes".
En este negocio es importante la nacionalidad y la formación. En las tarifas internacionales que maneja el grupo de trabajo de la ONU respecto a los contratistas en Irak, un ex Navy Seal o un exmarine de EE UU, un exlegionario francés o un británico cobran hasta 30 veces más (unos 30.000 dólares al mes) que un hondureño, un indio o un peruano, que cobrarían unos mil euros.
Los mercenarios no solo trabajan en guerras. Ni solo para empresas. La propia ONU contrata seguridad privada para proteger a su personal o sus edificios, igual que ONG o periodistas en zonas de conflicto. Las empresas de seguridad militar han logrado hacerse necesarias allí donde los Estados prefieren mirar para otro lado o es demasiado caro actuar.

La crisis dispara la inseguridad en los españoles

El 66% ve España más insegura, aunque su primera inquietud es el paro y la economía. La seguridad inquieta sólo a un 1,5%, pero casi el 70% exige más cámaras de vigilancia

El mundo parece desmoronarse ante los ojos angustiados de los españoles. El recelo, la incertidumbre o incluso el miedo crecen a una velocidad insólita entre la población. Sólo uno de cada diez ciudadanos considera que el planeta es ahora un lugar más seguro que hace apenas cinco años. Y la misma aprehensión suscita la realidad española en su conjunto: dos de cada tres ciudadanos consideran que España es menos segura que cinco años atrás.

Las mujeres y aquellas personas de entre 45 y 54 años son los ciudadanos que mayor angustia expresan ante el mundo que los rodea: alrededor del 70% de ellos lo percibe más inseguro que hace cinco años. Pero, aun así, la sensación de inseguridad afecta a todos los estratos sociales: alcanza a más del 60% entre los ricos y se acerca al 70% entre los más pobres. Son datos del último barómetro del CIS, realizado a comienzos de mayo pasado.
El impacto de estas percepciones sobre el binomio seguridad-libertad está siendo demoledor: actualmente, sólo un 28% prefiere tener más libertad si "eso implica perder algo de seguridad", mientras que casi el 64% está dispuesto a sacrificar "algo de libertad" a cambio del máximo de seguridad. A partir de ahí, podría parecer que los ciudadanos españoles viven aterrados por la situación de inseguridad pública. Y, de hecho, casi el 70% de los consultados se muestran partidarios de instalar más cámaras de videovigilancia en los espacios colectivos (frente a menos de un 14% que se manifiesta en contra).
Vistas en detalle, estas actitudes son aún más categóricas. Por ejemplo, casi el 82% de los ciudadanos apuesta por instalar cámaras de seguridad en colegios y guarderías (cuatro puntos más que hace dos años), mientras que cerca de un 80% (cinco puntos más) apoya su instalación en los transportes. Y un 66% (quince puntos más que en el 2009) quiere implantar la videovigilancia en las comunidades de vecinos, e incluso un 56% (once puntos más) apoya la instalación de cámaras en sus lugares de trabajo.
Estas percepciones parecen dibujar una sociedad española atenazada por el miedo a salir de casa. Y, sin embargo, cuando se pregunta a los ciudadanos por el problema que más les afecta personalmente, sólo un 1,5% alude a la inseguridad pública. En primer lugar figura el paro (36,5%), seguido de las dificultades económicas (22,7%) y, ya a gran distancia, de la clase política (3,9%).
¿Qué temen, entonces, los españoles? La respuesta se centra, sin duda, en el derrumbe del mundo que han conocido y en el desplome de las certezas que han dado seguridad a sus vidas. Pero ese derrumbamiento tiene más que ver con la crisis de la economía que con los atracos callejeros. No hay más que ver el índice de riesgos que expresan los ciudadanos. Ciertamente, más de la mitad juzgan muy o bastante probable ser víctimas de un robo; una percepción que apenas distingue de sexo, edad o filiación partidista. Pero a renglón seguido una proporción similar de consultados considera muy probable quedarse "sin el dinero necesario para atender las necesidades básicas de su familia". Y lo que es más significativo: una cifra mucho mayor, casi el 80%, ve aún más probable quedarse en paro.
Claro que si se interroga directamente a los ciudadanos sobre sus mayores temores, la respuesta clarifica el origen de la incertidumbre. A la pregunta sobre "qué es lo que le da más miedo que le pueda ocurrir", los españoles se centran mayoritariamente en dos eventualidades relacionadas con la crisis: quedarse sin el dinero necesario para sus necesidades básicas (35,5%) o perder su empleo (32,2%). Sólo un 15,5% señala un robo o un atraco como los sucesos que le provocan más miedo en este instante, mientras que otro 12% alude a la pérdida de sus ahorros.En definitiva, la crisis económica y los inevitables recortes en el sistema de protección social están teniendo un impacto que reduce a la categoría de anécdota la cifra de indignados que han venido ocupando algunas plazas de las ciudades. La verdadera cifra relevante afecta a otra categoría no menos inquietante desde el punto de vista social y político: los angustiados, asustados o directamente aterrados. No son cientos ni miles: son millones.

Trias escoge a Joan Delort como jefe de la seguridad de Barcelona

El nuevo gerente designará a un cargo de la Guardia Urbana para sustituir al actual jefe, Xavier Vilaró. El exalto cargo de Interior con CiU, PSC e ICV-EUiA fue, hasta enero, el responsable de los Mossos

El repetidísimo (a veces con toda la retranca del mundo por parte de la oposición) gobierno de los mejores de Artur Mas es, en verdad, un remedo de una vieja promesa de Xavier Trias, que en su día señaló que contaría con personas válidas con independencia de adscripción política o cargos pasados. Elegido para el primer nivel su equipo de concejales de confianza, los que han cruzado durante ocho años el desierto de la oposición municipal, Trias busca ahora construir su equipo de gerentes, ese cargo clave que es a la vez el último escalafón político y el primer ejecutivo. El enlace entre el mando político y el técnico. Según pudo saber EL PERIÓDICO de fuentes policiales y, así lo avanzó ayer en su edición on line a las 18.02, el exalto cargo de Interior (bajo tres colores políticos distintos: CiU, PSC e ICV-EUiA)) Joan Delort será el gerente de Seguridad (que también incluye Prevención y Movilidad), bajo la supervisión del primer teniente de alcalde, Joaquim Forn. Esto supone que pasa a liderar la Guardia Urbana el hombre que hasta hace seis meses era el jefe máximo de los Mossos.

Delort, en el centro, junto al 'conseller' Pomés (derecha), en el 2003

Delort, de 43 años y quizás el alto cargo con mayor experiencia en temas de seguridad en Catalunya, será el jefe político y a la vez el primer ejecutivo de la Guardia Urbana. Además, su experiencia como director general de tráfico en Catalunya, donde fue pionero en medidas como las penas de cárcel para los conductores imprudentes, le avalan como responsable de la movilidad de la ciudad.

Delort elegirá al sustituto del actual superintendente, Xavier Vilaró, toda vez que el alcalde in péctore, Xavier Trias, ya anunció que una de sus primeras decisiones, tras tomar posesión del cargo el 1 de julio, será firmar el despido de este mando.

Con el actual titular de Interior, Felip Puig, el pasado mes de enero

Recambio interno
Según pudo saber este diario, y a pesar de los múltiples rumores que circulan por Montjuïc -donde se halla el cuartel general de la policía local barcelonesa- el sustituto de Vilaró saldrá de la propia Guardia Urbana. No habrá fichajes, lo que acabará con uno de los principales temores que atenazan estos días a los miembros de la policía local, y es que serían puestos bajo el mando de un mosso d'esquadra. Delort, además, tendrá el encargo de llevar a la práctica las promesas que Trias realizó en campaña. El líder municipal nacionalista abogó por contar con un mayor número de agentes realizando tareas de seguridad en la calle y minimizar el número de urbanos en las oficinas.
Delort, en realidad, vuelve a casa, pues este alto responsable comenzó su carrera policial como guardia urbano de Barcelona, curiosamente licenciándose en la misma promoción que el próximamente defenestrado Vilaró. El nuevo gerente relevará en el cargo a Joan Albert Dalmau y su nombramiento ha generado cierta estupefacción dentro de la Guardia Urbana, cuyos miembros veían en Delort al cerebro gris de una estrategia para que los Mossos desplazaran a la policía local de Barcelona. Pasiones corporativistas aparte, Delort no es un recién llegado a la seguridad de Barcelona. En realidad, él es uno de los arquitectos -quizás el principal- del sistema policial que desde el 2005, con el despliegue de los Mossos, rige en la ciudad y que se ha demostrado poco eficaz para contener tanto los pequeños hurtos como los robos en pisos. De hecho, era notorio que en la época en que estuvo como director general de la policía, la cooperación entre urbanos y mossos era casi nula y que la policía local barcelonesa colaboraba más con el Cuerpo Nacional de Policía.

Con Joan Saura, al mando del departamento, en el 2007

En el otro bando
Experiencia desde luego no le falta», comenta con retranca un miembro del cuerpo, que reconoce que Delort, por su anterior etapa, no despierta demasiadas simpatías. «Pero era el momento que era y él estaba en el otro bando», señalan.Su llegada además se produce en el peor momento de relaciones entre mossos y urbanos. La desconfianza mutua se ha disparado después del polémico despliegue en la plaza de Catalunya del pasado 27 de mayo, en que los policías locales barceloneses tuvieron órdenes de no emplear sus porras bajo ningún concepto, lo que llevó a los mossos a acusarlos de haberles dejado abandonados a su suerte en una grave situación de inferioridad frente a los indignados que se concentraron en el enclave.

Cada día saltan una media de 271 alarmas en Baleares durante el verano 10:34h | lainformacion.com

PALMA DE MALLORCA, 28 (EUROPA PRESS)

La mayor central receptora de alarmas de Europa, perteneciente a Securitas Direct, registró un total de 16.279 saltos de alarma en el archipiélago entre los meses de julio y agosto de 2010, lo que supone un promedio de 271 saltos de alarma al día.

En una comparativa de los dos últimos años (2009-2010), según datos de Securitas Direct, las Islas Baleares han experimentado un incremento interanual del 8,2% en saltos de alarma ocurridos durante el verano.

En términos generales las cifras indican que durante el periodo estival se producen más saltos de alarmas en el segmento residencial, con un 54,16% del total, que en el de negocios, donde se registra el 45,84% restante.

El informe sobre la Evolución de la criminalidad (2010) del Ministerio del Interior, señala que desde 2007 la tasa de robos con fuerza en viviendas se ha incrementado en casi un 20%.

En el conjunto de España, las comunidades con mayor número de saltos de alarmas registrados durante el verano de 2010 fueron Andalucía (218.029); Madrid (210.956); Cataluña (207.976);Comunidad Valenciana (144.501); y Castilla-La Mancha (66.815).

Asimismo, el ranking con mayor incremento interanual entre 2009 y 2010 de saltos de alarma lo encabezan Cataluña, con un 12,7%; Canarias (10,3%), Navarra (8,4%), Baleares (8,2%), y Madrid (8%).

(EuropaPress)

Cada día saltan una media de 2.408 alarmas en la Comunitat durante el verano

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -  

   La Comunitat Valenciana ha registrado un total de 144.501 saltos de alarma entre los meses de julio y agosto de 2010, lo que supone un promedio de 2.408 saltos de alarma al día, según ha informado Securitas Direct en un comunicado.

   Así, la Comunitat se ha situado como la cuarta región con mayor número de saltos de alarmas registrados durante el verano de 2010, por detrás de Andalucía (218.029); Madrid (210.956); y Cataluña (207.976).

   Asimismo, el ranking con mayor incremento interanual entre 2009 y 2010 de saltos de alarma lo encabezan Cataluña, con un 12,7%; Canarias (10,3%), Navarra (8,4%), Baleares (8,2%), y Madrid (8%).

   En términos generales las cifras indican que durante el periodo estival se producen más saltos de alarmas en el segmento residencial, con un 54,16 por ciento del total, que en el de negocios, donde se registra el 45,84 por ciento restante.

   En esta línea, el informe sobre la Evolución de la criminalidad (2010) del Ministerio del Interior, señala que desde 2007 la tasa de robos con fuerza en viviendas se ha incrementado en casi un 20 por ciento.

Los saltos de alarma aumentaron en Canarias un 10,3% en 2010

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Comunidad Autónoma de Canarias registró un aumento del 10,3 por ciento en los saltos de alarma en 2010 con respecto a los localizados en 2009, según ha informado, Securitas Direct en un comunicado.

   De este modo, la central receptora de alarmas contabilizó un total de 32.618 saltos de alarma en total entre Gran Canaria y Tenerife, durante los meses de julio y agosto de 2010. Es decir, un promedio de 543 saltos de alarma al día. Tenerife es la isla con mayor número de saltos de alarma.

   A diferencia de lo que sucede en el resto de España, en ambas islas es en el mes de agosto cuando se registra un mayor número de saltos de alarma.

   En términos generales las cifras indican que durante el verano se producen más saltos de alarmas en el segmento residencial, con un 54,16% del total, que en el de negocios con el 45,84% restante.

   El informe sobre la Evolución de la criminalidad (2010) del Ministerio del Interior, señala que desde 2007 la tasa de robos con fuerza en viviendas se ha incrementado en casi un 20%.

   En el conjunto de España, las comunidades con mayor número de saltos de alarmas registrados durante el verano de 2010 fueron: Andalucía (218.029); Madrid (210.956); Cataluña (207.976); Comunidad Valenciana (144.501); y Castilla-La Mancha (66.815).

   Asimismo, el ranking con mayor incremento interanual (2009-2010) de saltos de alarma lo encabezan: Cataluña con un 12,7%, Canarias (10,3%), Comunidad Foral de Navarra (8,4%), Baleares (8,2%), y Madrid (8%).

Los pescadores, víctimas de piratería y barcos extranjeros

Tareas de patrullaje de la fuerza naval contra la piratería EU NAVFOR. (EU NAVFOR)

Los pescadores, víctimas de piratería y barcos extranjeros

SOMALÍA
Tuesday, June 28, 2011, 22:50 (GMT + 9)

Pescadores somalíes aseveran que están siendo perjudicados por arrastreros ilegales que continúan operando en las aguas de Somalia, a pesar de los planes implementados hace dos años para regular la pesca en las aguas territoriales del país.
 
“No sólo perdemos nuestro pescado, nuestras vidas también están en peligro”, sentenció Mohamed Abdirahman, miembro de la cooperativa pesquera de Bosasso, en la región de Puntland -autodeclarada como autónoma-, en el noreste de Somalia.

“A principios de este año, perdimos cinco miembros cuando su embarcación fue perseguida por un barco grande, y puedo decirle que no fue un accidente”, protestó el dirigente.
 
El ministro de Pesca de Somalia, Mohamed Moalim Hassan, dijo que el Gobierno interino intentaba establecer los límites marítimos del país reconocidos internacionalmente y hacer cumplir las leyes para regular la pesca.
   
También aclaró que cualquier barco extranjero que opere ahora en las aguas territoriales de Somalia estará pescando ilegalmente, informa IRIN.

Según Abdirahman, algunos arrastreros extranjeros utilizan cañones para rociar agua hirviendo a los pescadores somalíes, por lo que muchos miembros de su cooperativa dejaron de navegar lejos de la línea costera.

Mohamed Farah Aden, ministro de Pesca de Puntland, sostiene que los pescadores somalíes ahora también son víctimas de los piratas y de los barcos de la marina internacional.

A pesar de que hay fuerzas de la OTAN y de países entre los que se encuentran Rusia, India y China que patrullan la línea costera de Somalia, Hassan insiste en que no los protegen de los barcos de pesca extranjeros.
 
Para empeorar la situación, los piratas acostumbran secuestrar y mantener cautivos a los pescadores durante días para utilizar sus barcos, explicó.
 
Un informe titulado Ocean Beyond Piracy (El océano más allá de la piratería) denuncia que bandas de piratas roban barcos y motores y que, por lo tanto, dejan a los pescadores fuera del negocio.
 
Además, el comandante Paddy O’Kennedy, vocero de la Fuerza Naval de la Unión Europea para Somalia (EU NAVFOR), reconoció que grupos de seguridad armados confundieron a pescadores que portaban fusiles AK47 con piratas y abrieron fuego contra ellos.

“Lo que no sabían, porque no tuvieron un buen entrenamiento, es que cualquiera allí puede portar fusiles AK-47 para evitar que les roben el pescado”, recalcó.

Según el informe, no existen pruebas de que compañías de seguridad privada o guardias armados hayan matado pescadores somalíes por error.
 
De todas maneras, los pescadores se quejan de que la respuesta militar internacional a la piratería a veces es contra ellos. Por su parte, fuentes de EU NAVFOR recalcan que muy pocos barcos de pesca somalíes navegan donde hay fuerzas navales patrullando. 

El consultor Mohamed Abshir Waldo explica que los pescadores comenzaron a convertirse en piratas con el fin de luchar contra la pesca ilegal, el vertido de desechos tóxicos, nucleares u otros desperdicios por parte de los barcos extranjeros. El informe mencionado dice que esos problemas nunca pudieron solucionarse de manera satisfactoria.
 
Waldo recuerda que los mayores somalíes solicitaron ayuda de la OTAN pero fueron rechazados y algunos países ricos no hicieron nada mientras cientos de barcos de pesca ilegal, no regulada y no informada (IUU) saqueaban y contaminaban las aguas territoriales.
 
Algunos barcos extranjeros que operan ilegalmente son propiedad de los mismos países que patrullaban las costas de Somalia, observó Aden.

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ALAVA Detenido por robar 400 euros en un centro comercial

El pasado lunes se registraron varios robos en la capital alavesa. Uno de ellos tuvo lugar el pasado lunes sobre las 14.40 horas en el centro comercial El Boulevard, donde la Policía Municipal arrestó a un hombre de 37 años por intentar llevarse un producto valorado en más de 400 euros escondido entre sus ropas. El varón trató de huir sin pagar el producto hasta que un vigilante de seguridad se interpuso en su camino. El mismo hombre había sido identificado como el autor de otro hurto de varios artículos valorados en más de 1.200 euros en el mismo establecimiento, aunque en aquella ocasión logró escapar.

Una hora más tarde, dos jóvenes de 16 y 19 años fueron sorprendidos por la Guardia Urbana cuando intentaban romper el candado de una bicicleta del Ayuntamiento con una herramienta en las proximidades del centro cívico El Pilar, después de que un testigo avisara a los agentes. Además, los sospechosos portaban otra bici que les fue ocupada ya que presentaba evidentes síntomas de haber sido manipulada para ocultar su origen. Ambos jóvenes fueron imputados, y el menor fue puesto a disposición de un tutor legal. Otro intento de robo perturbó la madrugada de ayer, martes, en la zona de Abendaño. Sobre las 3.48 horas, la Policía Local arrestó a un joven de 21 años por tentativa de robo con fuerza en un establecimiento del barrio.

Colisión múltiple

El tráfico también se vio alterado a primera hora de la mañana de ayer a raíz de una colisión múltiple que se produjo pasadas las nueve en la Avenida del Cantábrico con Aguirrelanda. Un conductor que, al parecer, circulaba sin prestar atención, chocó por alcance con otro turismo que se encontraba detenido ante un semáforo, que a su vez colisionó con el anterior, y éste último con el que le precedía. Dos mujeres que viajaban en uno de los vehículos sufrieron lesiones leves.

Noticias agencias FGV licita por 8,2 millones de euros 4 servicios de vigilancia y protección

En un comunicado, FGV ha anunciado que el convenio para la protección de clientes, agentes, instalaciones y dependencias implica 254.634 horas anuales a cargo de un centenar de agentes que patrullarán en turnos de mañana, tarde y noche los 275 kilómetros de red ferroviaria, de los que 146 son de Metrovalencia y 129 del TRAM.

Al estar dividido el concurso de licitación en cuatro bloques, se da la posibilidad de que distintas empresas logren la adjudicación de la vigilancia y protección de los puestos de mando, las oficinas centrales y los talleres de estas dos explotaciones.

El primer bloque de los que se compone el concurso de licitación abarca los tres talleres y el puesto de mando de Valencia por un importe de salida de 752.084,80 euros, mientras que el segundo cubre las líneas de 1, 3 y 5 de Metrovalencia por 1.698.474,44 euros.

El tercero, con un presupuesto de 908.864,55 euros, hace referencia a las líneas de tranvía 4 y 6 de Metrovalencia y el último de ellos, con un límite de 774.939,18 euros, aborda la vigilancia de los talleres, el puesto de mando y las instalaciones del TRAM Metropolitano de Alicante.

Los vigilantes de seguridad ubicados en los puestos de mando son los encargados de controlar las 1.578 cámaras de videovigilancia existentes en las dos explotaciones de FGV.

En concreto, Metrovalencia posee 1.179 cámaras, de las que 544 están distribuidas en sus 133 estaciones y en sus talleres; y el TRAM dispone de 399, divididas entre las 255 de las instalaciones y las 144 de las unidades. EFE

La Policía detiene a dos mirones en la capital

Un hombre de 55 años se dedicaba a grabar a mujeres y a menores de edad en Las Teresitas y otro de 30 se metía en los baños de un centro comercial

E.R. La Policía Local de Santa Cruz detuvo este fin de semana a dos mirones que se dedicaban a grabar a mujeres y a menores de edad en la playa de Las Teresitas y en los baños de un centro comercial.

Los agentes indican que este tipo de sucesos en la capital tinerfeña no son habituales y destacan que es muy curioso que se hayan producido en días tan seguidos.

En Las Teresitas se detuvo a G. R. P. G., de 55 años. Este hombre se situaba en los alrededores del acceso número 4 de la playa y desde allí grababa a niñas y a mujeres que tomaban el sol. Fue un usuario de la zona de baño el que se dio cuenta de las prácticas ilegales llevadas a cabo por este individuo y se lo comunicó a los agentes que realizan el servicio en Las Teresitas, quienes comenzaron a seguir al arrestado.

El hombre llevaba una pequeña videocámara y al detectar la proximidad de los efectivos se introdujo en el agua. Los agentes esperaron a que saliera y después lo identificaron. La Policía Local también entrevistó a la madre de dos menores a las que el detenido había estado grabando. Tras su testimonio y tras el expreso deseo de interponer una denuncia, se procedió al arresto. Con la cámara incautada, los agentes comprobaron la veracidad y el tipo de grabaciones que realizaba este mirón. Junto a las diligencias en contra del detenido se entregó el aparato a la autoridad judicial.

El arrestado en un centro comercial de la capital se trata de un hombre de 30 años que fue sorprendido grabando imágenes de las mujeres que acudían a los baños de estas instalaciones.

La Policía Local acudió a la llamada de un vigilante de seguridad del centro quien tenía retenido a este individuo al que una clienta acusaba de haberla grabado mientras estaba en el servicio. El hombre disponía de dos cámaras que había utilizado tanto en la zona de los probadores como en los baños femeninos. La víctima relató que se asustó al ver como este hombre, desde el baño contiguo al que ella usaba, tomaba imágenes desde la parte superior del mismo. El vigilante de seguridad acudió al escuchar los gritos de esta ciudadana.
Como mínimo estos dos mirones tendrán que pagar cuantiosas multas, informa la Policía Local.

El yerno de los Tous deberá pagar 310.000 euros a la familia del asaltante

La juez absuelve a Lluís Corominas del homicidio de uno de los ladrones que intentaron robar en la vivienda de los joyeros

Barcelona (EP) La juez ha absuelto al yerno de la conocida familia Tous, Lluís Corominas, del homicidio de uno de los ladrones que asaltaron la vivienda de los joyeros en diciembre de 2006, aunque le ha condenado a pagar 310.000 euros como indemnización a la familia de la víctima.

Un jurado popular ya le declaró no culpable al considerar que sufrió "una amenaza real, seria e inminente y disparó por el miedo que sentía".

La juez, que le absuelve por concurrir la eximente completa de legítima defensa, le condena como responsable civil a pagar 100.000 euros a la mujer de la víctima, 150.000 al hijo, y 30.000 a cada uno de los padres; además, establece como responsable civil subsidiario a la empresa CES 21, de la que Corominas fue administrador.

La acusación particular pedía una indemnización de 400.000 euros, mientras que la Fiscalía solicitaba 270.000, y la defensa pretendía que Corominas -que ya había entregado 150.000 euros a la familia- no se hiciera cargo de la responsabilidad civil.

En la sentencia, la juez considera que, pese a que se haya declarado a Corominas "exento de responsabilidad" de la muerte del ladrón -porque disparó y mató creyendo que iban a dispararle a él-, esta agresión por parte del asaltante no existía, sino que solo la imaginó.

"Este acto sí que genera responsabilidad civil, pues resultaría del todo injusto que se vieran privados de este resarcimiento los perjudicados por una conducta errónea de Corominas", se establece en la sentencia.

La empresa CES 21 responderá subsidiariamente ya que la juez ha considerado probado que en el momento de los hechos Corominas era el socio y administrador único y ejercía su actividad como coordinador de la seguridad privada de los Tous, desempeñando sus funciones en el ámbito de esta empresa.

Movimiento brusco

El jurado dio por buena la legítima defensa al considerar que Corominas, alertado por el vigilante de seguridad, acudió a la vivienda, se acercó al coche sospechoso y, al observar un movimiento brusco de uno de los asaltantes, disparó al creer que éste le iba a disparar.

Consideraron que el yerno de los Tous no era consciente del riesgo en el momento en que disparó y el instinto le llevó a defenderse, y que no tuvo tiempo real para pensar sus actuaciones.

El tribunal también afirmó que la situación de miedo en la que se vio inmerso pudo provocar un efecto túnel, tal y como explicó uno de los peritos durante el juicio, que consiste en que se pierde la percepción de las cosas: "En una situación de miedo puede haber distorsión de las percepciones".

La Fiscalía y la acusación particular pedían 7 años y medio y 11 años y medio de cárcel, respectivamente, por un delito de homicidio, mientras que la defensa del acusado pedía la absolución.

Detenido por intentar robar en un supermercado con una navaja

Al intentar escapar por una salida de emergencia y tras herir a un vigilante de seguridad
Funcionarios de la Comisaría Provincial han detenido a un individuo, que responde a las iniciales de MA.C.G. de 49 años, cuando intentaba escapar por la salida de emergencias de un supermercado después de querer robar y tras ser sorprendido por los vigilantes de seguridad, forcejeo en el que uno de los vigilantes resultó herido con arma blanca en un brazo. 

El individuo había conseguido introducirse en el almacén y ya tenía los productos preparados, cuando fue sorprendido por los vigilantes de seguridad. 

Los policías acudieron a la llamada del personal del establecimiento donde tenían retenido al individuo, el cual al verse sorprendido por los vigilantes, sacó una navaja del bolsillo con la que hirió a uno de ellos, causándole un corte en un brazo.

El Defensor recomienda que se sustituya Albaidel por un nuevo centro

El traumatismo facial que sufrió un menor internado en el centro Albaidel, a causa de las heridas causadas como consecuencia del empleo de las defensas de goma por parte de los vigilantes de seguridad, motivó que a principios de 2009 el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha iniciase una investigación de oficio sobre estas instalaciones de internamiento albaceteñas.

La institución quería conocer los motivos por los que la seguridad del centro de internamiento de menores infractores «se había apartado de los estándares de todas las normas internacionales». El análisis concluyó con un completo recordatorio, por parte del Defensor, de los deberes legales que debían adoptarse en el centro con el fin de que no se repitieran situaciones de violencia similares.

Entre otras cuestiones se hacía hincapié en la necesidad de recordar al personal de seguridad la conveniencia de priorizar la contención física y la sujeción mecánica de los menores internados antes que el uso de defensas de goma.

También se instaba a que se articulasen los medios para que los hechos que constituyesen una infracción extraordinaria fuesen puestos inmediatamente en conocimiento de la dirección del centro «sea cual sea la hora en el que se produjesen». ¿El objetivo? Que la dirección de Albaidel, como órgano responsable, se encargase de valorar la procedencia de comunicarlo al juzgado.

Medidas de separación

Otro de los aspectos sobre los que ponía la atención era en la necesidad de que las medidas de separación de grupo a algún menor infractor se hicieran efectivas en horario de actividad ordinaria (por la mañana o por la tarde). Asimismo se apuntaba que no debía proponerse el cambio de centros de menores en los que se cumplan las medidas de internamiento, salvo en los casos previstos en la ley.

En el informe se analizaba también la instalación donde se realizan los aislamientos describiéndolo como «una pequeña habitación de aspecto frío, triste y descuidado, emplazada en un lugar inadecuado porque dificulta la labor de vigilancia y acompañamiento».

Igualmente se recordaba entre esos deberes legales que cuando un empleado público efectuase llamadas a familiares «comunicando hechos graves, o realice otras gestiones externas al centro sin la debida autorización, se depurasen las responsabilidades administrativas procedentes». Junto a estos deberes el Defensor del Pueblo, en el informe especial de evaluación de la Ley del Menor en Castilla-La Mancha, recomienda que se sustituya el centro de cumplimiento de medidas Albaidel por otra instalación de nueva configuración.

Un aspecto éste que ya se contemplaba en el Plan de Mejora de Albaidel en el que la Consejería de Bienestar Social ha trabajado, colaborando con profesionales del centro y con asesores cualificados de la delegación provincial en Albacete y de la Dirección General de Familia.

El documento fue remitido al Defensor a finales del pasado mes de marzo. Según pone de manifiesto en el informe especial realizado por la institución regional, se trata de un plan detallado de mejoras junto al que se adjuntó un cronograma comprometiendo los objetivos en un marco temporal.

El plan en cuestión prevé la construcción de un nuevo centro de cumplimiento de medidas, muy cercano al emplazamiento actual de Albaidel, que sustituirá el espacio físico haciéndolo «arquitectónica y funcionalmente más acorde con la realidad a la que se destina», señala el informe.

El Defensor aconseja además que mientras que se articula la sustitución del centro se garantice la adecuada tramitación y documentación de los procedimientos disciplinarios en las instalaciones actuales de Albaidel.

Otras propuestas

Pero las propuestas o recomendaciones sobre los centros de internamiento que realiza el Defensor del Pueblo en el análisis sobre la ley del menor no se centran exclusivamente en Albaidel. Así desde la institución apuestan por diseñar un mapa regional de centros que dé respuesta a una mejor garantía del derecho de los menores a cumplir las medidas de responsabilidad penal cerca de su domicilio.

Aprobar la normativa de funcionamiento interno de los centros socioeducativos de la Región para el cumplimiento de medidas privativas de libertad que la administración aplica con carácter no obligatorio, en dichos centros, es otra de las propuestas.

También aboga por la implantación de nuevas tecnologías de la comunicación como forma de garantizar el contacto de jueces de menores y de fiscales con quienes cumplen medidas de responsabilidad penal de internamiento. Esta propuesta se realiza ante la falta de medios de estos órganos judiciales para desplazarse a los centros de internamiento.

En este mismo sentido se pide que se intensifique la coordinación con los juzgados y fiscalías especializadas para facilitar los desplazamientos de estos en atención al interés de los menores infractores que cumplen medidas de internamiento.

Solo en 2009, último dato del que dispone el Defensor en el informe elaborado, en toda la Región se produjeron 386 internamientos de menores infractores en centros. Cifra ésta en la que se incluyen los internamientos terapéutico y los de fin de semana. En la provincia se alcanzaron los 75 ingresos. De ellos 42 fueron en centro, 18 internamientos terapéuticos y 15 de fin de semana. En la Región solo el internamiento en centro se incrementó un 71,4% entre 2001 y 2009.

Los vigilantes del hospital Macarena impiden la entrada a un forense

El médico fue comisionado por el juzgado de Guardia para explorar a una menor que había sido víctima de una agresión sexual pero no pudo realizar su reconocimiento
Los vigilantes de seguridad del hospital Virgen Macarena impidieron en la madrugada del pasado viernes el acceso a las instalaciones de un médico forense que había sido comisionado por el juzgado de Guardia para explorar a una menor que había sido víctima de una presunta agresión sexual. 

El incidente se produjo a primera hora de la madrugada del pasado 24 de junio cuando, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales, el forense se presentó en el hospital para realizar el trabajo que le había encomendado el juez y que consistía en la exploración y recogida de muestras de una niña de 13 años que había sido víctima de una supuesta violación. 

A su llegada a la puerta de urgencias, un vigilante de seguridad le solicitó "el pase", momento en que el médico forense se identificó como tal y explicó que había sido enviado por el juez de guardia. El vigilante le comunicó que tenía que pedir autorización al personal administrativo y un trabajador confirmó al facultativo que ellos mismos habían alertado al juzgado informando de la presencia de la joven que había denunciado la agresión. 

El forense pidió entonces que le acompañara personal sanitario hasta el lugar donde se hallaba la menor y, según indicaron las mismas fuentes, en ese momento el vigilante le negó el paso. 

El administrativo que había atendido al forense apoyó entonces la postura del vigilante, así como otro compañero de éste que se personó de inmediato en el lugar. 

El médico-forense, para evitar un altercado mayor, optó por marcharse del hospital Virgen Macarena sin realizar su cometido, al entender que los vigilantes habían adoptado una actitud "agresiva". El forense puso los hechos en conocimiento del juzgado que le había comisionado para realizar su cometido, dado que cuando un forense se encuentra en funciones de guardia, como ocurría en este caso, tiene el estatus de autoridad. 

Una ginecóloga del hospital practicó finalmente el reconocimiento de la menor y la recogida de muestras, aunque algunas fuentes jurídicas apuntan a que esta prueba podría ser impugnada por la defensa del sospechoso al no haber sido realizada por el forense comisionado por el juzgado.

ÉXITO ROTUNDO DEL II CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA

Las expectativas en torno al II Congreso Nacional de Seguridad Privada, celebrado en Madrid los días 16 y 17 de junio, se cumplieron con creces. Después de ocho años desde la primera edición de este evento, más de 450 profesionales se dieron cita en esta segunda convocatoria para abordar los principales asuntos que afectan al sector de la Seguridad Privada en nuestro país. La revista 'Seguritecnia' y 18 organizaciones del sector, con el apoyo del Ministerio del Interior, organizaron este encuentro.

El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, inauguró este congreso y destacó la buena sintonía existente entre la Seguridad pública y la privada “que, sin duda alguna, nos sitúa en uno de los mejores momentos de la buena relación entre los dos ámbitos”. Velázquez puso de manifiesto el incremento anual de la colaboración, que se tradujo el año pasado en más de 32.000 acciones entre auxilios e informaciones. Ese aumento “está contribuyendo decisivamente a alcanzar los buenos resultados obtenidos por nuestros Cuerpos de Seguridad y a la buena valoración que los ciudadanos tienen de los operadores del sector”, añadió.

El director general de la Policía y de la Guardia Civil se refirió también a otras cuestiones, como la modernización en la regulación y en la gestión de la Seguridad Privada o la aprobación de reformas normativas.

Además de Velázquez, acudió a la inauguración el concejal de área de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo. Asimismo, clausuró el evento el subdelegado del Gobierno en Madrid, Ricardo García, quien resaltó la necesidad de continuar impulsando la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Seguridad Privada; el comisario general de Seguridad Ciudadana, José Marín; y el jefe de la primera zona de la Guardia Civil, el general José Quilez.

Principales conclusiones

Entre las principales conclusiones, el presidente del II Congreso Nacional de Seguridad Privada, Antonio Ávila, instó a las autoridades públicas a “promover la mejora de la protección legal del personal de Seguridad Privada, como colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), para conseguir que pueda tener la consideración de ‘agente de la autoridad’ en los casos, circunstancias y servicios que se determinen”.

Otros retos extraídos del congreso fueron la revisión y mejora del modelo de Seguridad Privada, la potenciación de los departamentos de Seguridad de las empresas y de la figura del Director de Seguridad, la elaboración de un código de buenas prácticas, la creación de una titulación oficial en esta materia, la continuidad en la potenciación de la colaboración con las FCS o el aumento de la protección jurídica de los profesionales del sector, entre otros.

Obligan a una anciana a quitarse el pañal en un control en el aeropuerto de Florida

• La mujer tiene 95 años, está en silla de ruedas y enferma de leucemia.
• Su hija ha denunciado el trato de los empleados de seguridad ante el Departamento de Seguridad Nacional, donde aseguran que se respetó el protocolo establecido.

LLos empleados de seguridad del Aeropuerto Regional Northwest Florida han obligado a una mujer de 95 años, en silla de ruedas y enferma de leucemia en fase terminal, a quitarse el pañal para adultos que llevaba puesto para que pudiesen cachearla en busca de explosivos, según informa el Northwest Florida Daily News.

Jean Weber, hija de la afectada, ha denunciado ante el Departamento de Seguridad Nacional el trato recibido por parte de los agentes de aduana, quienes retuvieron a su madre durante casi una hora en el puesto de control y posteriormente en una habitación privada.

Sari Koshetz, portavoz de de la Administración de Seguridad en el Transporte de Miami, ha indicado que los pasajeros en silla de ruedas deben pasar por ciertos protocolos especiales, como los cacheos individuales si se sospecha de que puedan llevar explosivos.

Los agentes informaron a Jean Weber de que el pañal que llevaba su madre esta estorbando en la búsqueda de materiales explosivos y le pidieron que se dirigiese con ella al baño para quitárselo y posteriormente volver al puesto de control.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha tardado en expresarse y ha asegurado que los agentes respetaron en todo momento el protocolo establecido.