jueves, 10 de marzo de 2011

El servicio lo pagaba la firma que hizo las obras de emergencia en los últimos años


El servicio de vigilancia en el conjunto de San Francisco lo prestó durante los últimos años una empresa de seguridad privada, cuyas facturas eran abonadas por la constructora a la que a finales del año 2008 se adjudicó la ejecución de obras de emergencia para frenar el deterioro y evitar el riesgo de ruina.
El control de la zona se prolongó desde entonces con carácter permanente e ininterrumpido. El acceso a la zona quedó restringido y en todo momento había una persona uniformada para advertir de la situación.
Estricto control
Los pleitos entre el Ministerio de Cultura y la sociedad a la que inicialmente se había concedido la ejecución de las obras, con advertencias judiciales que limitaban las actuaciones a labores de urgencia, aconsejaron extremar la vigilancia con el fin de mantener el conjunto bajo estricto control. Y así se hizo.
La presentación del nuevo proyecto, que permitirá finalizar unas obras que comenzaron a principios del año 2004 y se paralizaron en la primavera del 2006, ha puesto fin a la etapa de transición que en enero del 2009 tuvo a Copasa como responsable de las obras de emergencia ya rematadas.
Obras en el 2012
El empuje final a la recuperación de San Francisco requiere tiempo. Pese a que el trabajo de los arquitectos Xosé Manuel Casabella y José Luis Martínez Raído está prácticamente rematado, únicamente pendiente de ajustar detalles con los servicios técnicos del Ministerio de Cultura, la adjudicación efectiva de las obras se podrá hacer a finales del año 2011, de acuerdo con las estimaciones que la Subsecretaria de Cultura ofreció a finales del pasado mes de noviembre. De cumplirse los plazos y resolverse durante este año el concurso para adjudicar estas obras, en el año 2012 podrían reanudarse para su remate.
Responsabilidad pública
El reforzamiento de la seguridad en este conjunto monumental, o la contratación de un servicio de vigilancia, pasa ahora a ser responsabilidad de la administración central, en calidad de responsable tanto del claustro como del conjunto donde se construirá el Archivo Histórico Provincial y la Biblioteca Pública del Estado en Ourense.

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