La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) ha puesto en marcha una experiencia piloto para proteger a los agricultores de los robos que sufren en sus explotaciones. Algunos, dijo ayer el presidente de la entidad, Francisco Belmonte, han sido víctimas de hasta cinco episodios de este tipo en un año, algo que, según explicó, hace inviable la actividad agrícola.
El plan se ha iniciado en una zona en la que los regantes se han unido para contratar una empresa de seguridad privada que, llegado el caso, avisa a la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y el objetivo es poder extender el servicio al resto de explotaciones, afirmó el presidente de la JCRMO. Los ladrones se llevan el cobre de los sistemas de riesgo y, últimamente, «hasta el latón de la cabeza de los aspersores».
A la inseguridad en el campo se suma la subida de los costes de producción y, sobre todo, de la energía eléctrica. A juicio de Belmonte, una solución al problema que padecen los regantes es que el Gobierno regional permita a agricultores, ganaderos y ayuntamientos ser productores de energías renovables. Y es que, según dijo, «en Castilla-La Mancha le hemos regalado el viento a un grupito muy pequeño» de «amigos y simpatizantes», mientras que «a nosotros sólo nos han dejado el molino y una miseria por el alquiler del suelo».
Belmonte hizo estas declaraciones al término de la asamblea general de la JCRMO, en la que tomaron parte un centenar de socios y donde se aprobaron las cuentas de 2010 y el presupuesto de 2011.
En este apartado, la entidad ha lamentado haber tenido que cerrar, «por primera vez», un ejercicio con déficit debido a una ayuda de la Junta de Comunidades de más de 100.000 euros con la que contaba y que no ha recibido, y que ha obligado a subir las cuotas de los socios.
Belmonte recordó que la JCRMO es una entidad de derecho público y reclamó más dinero de las instituciones. Por otra parte, se refirió al retraso del nuevo Plan del Júcar asegurando que «no se puede hacer un edificio sin saber cuál es el solar», y lamentó que en España «no se quiera cumplir la ley ni las sentencias de los tribunales».
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