Bilbao, 21 mar (EFE).- La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha criticado hoy que el Gobierno vaya "a sustituir" por criterios economicistas sus servicios de escolta a personas amenazadas por ETA en el País Vasco y Navarra, que pasaran a cubrirse con seguridad privada.
A través de una nota, ese grupo de guardias civiles ha expresado su "preocupación por la forma en la que se está gestionando la cercana finalización" de sus servicios de escolta, prestados a personas posibles objetivos de los terroristas.
Según ha advertido, "la pretensión del Gobierno es sustituir a sus funcionarios" -agentes del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil-, "por escoltas privados, en base a un supuesto ahorro presupuestario".
La asociación de Independientes de la Guardia Civil ha rechazado ese criterio ya que, según sus datos, el Estado paga a cada guardia civil unos 2.500 euros mensuales además de su salario, y un escolta privado cobra de media esa misma cantidad por su trabajo, más otros gastos que deberá pagar a la empresa de seguridad contratante.
Por tanto, han concluido, "un escolta privado le supone al Estado un mayor desembolso".
Además, la IGC ha argumentado que las personas amenazadas que deben llevar escolta "prefieren la vigilancia de las Fuerzas públicas de Seguridad a la de los escoltas privados, lo que debería operar en favor de la permanencia de los agentes de la Guardia Civil".
Por ello, ha instado al Gobierno a "mantener la protección" de los cargos públicos o potenciales objetivos de ETA en el País Vasco y Navarra, "aún cuando el servicio se viera reducido en número de agentes", ante la hipótesis de que "alguien en nombre de ETA", pero "fuera de la disciplina de la organización, pueda intentar cometer un crimen".
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