La Audiencia Provincial, a través de un tribunal de jurado, juzgará entre el martes y el viernes de la próxima semana a Youssef A., acusado del asesinato del empresario Benjamín Santana el 6 de octubre de 2009 en la localidad sureña de Playa Blanca (Yaiza).
Santana, de 58 años en el momento de su muerte, sufrió un total de 15 puñaladas: una en el brazo derecho que penetró en el tórax y que “limitó notablemente sus posibilidades de defensa”, nueve en el lado derecho de la cara, tres en el lado derecho del cuello, y tres en la mano izquierda.
Según el escrito de acusación del fiscal, las puñaladas se hicieron “con plena intención y conciencia” del “padecimiento de la víctima”. La muerte se produjo por un “shock hipovolémico”, es decir, desangrado.
Las puñaladas recibidas por la víctima le provocaron la sección de la arteria carótida y la vena yugular de la región derecha del cuello. La hora de la muerte está estimada entre las 6.40 y las 7.00 horas.
Tras el crimen fue detenido Youssef A., de 29 años y en prisión provisional desde entonces por orden del Juzgado de instrucción, que se enfrenta a una solicitud de pena de cárcel de 23 años, en el caso de la Fiscalía , o de 25 años de privación de libertad, como reclaman los hermanos de la víctima.
Tal y como destaca la acusación particular, el crimen se produjo “en la terraza del domicilio del fallecido”. Sostiene que, después, “el acusado introdujo el cuerpo ya sin vida en el interior de la vivienda, donde presionó diversos interruptores y tocó la pared”, dejando impresas “huellas suyas”.
Añade que “el acusado, tras matar a Benjamín Santana, se deshizo de la ropa que llevaba puesta así como del arma utilizada” supuestamente para acabar con la vida del empresario.
Según trascendió tras la detención del acusado, éste trabajaba como vigilante de seguridad en el restaurante de Playa Blanca en el que se había visto por última vez a Benjamín Santana.
Los investigadores del caso apuntaron a una deuda de 300 euros como el origen de una discusión entre ambos.
La defensa del acusado, que reclama su inocencia y ha pedido su libre absolución, llegó a solicitar que se le sometiera a un polígrafo, una prueba que no está admitida por la justicia española.
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