La delegación de Empleo ha repartido en la última convocatoria nada menos que 20 millones de euros en cursos para la formación. Las academias y asociaciones deben cumplir unos requisitos para poder optar a ese dinero público, y después deben acreditar que se ha impartido correctamente el curso, que los alumnos han ido a clase, etcétera. Sin embargo, hasta la delegación de Empleo han llegado cuatro quejas de alumnos relativas a la calidad de dicha formación y al incumplimiento del compromiso de contratación. Todas ellas están siendo investigadas por la delegación de Empleo.
Este periódico ha tenido acceso a una de las quejas, presentadas por dos alumnos en el Defensor del Ciudadano después de que un técnico de Empleo la archivara, al alegar la academia que los alumnos tenían "intenciones dañinas". En su reclamación ante el Defensor, los estudiantes explican que en el verano pasado recibieron una llamada de la directora de la academia para hacerles una entrevista personal y poder hacer un perfil profesional. Sin embargo, lo que les ofrecían era un puesto de comercial de ventas, que nada tenía que ver con el curso de Administrativo Polivalente de Pymes, que era la formación que habían recibido. Además, les ofrecían prácticas de tres horas, cuando el compromiso que debían ofrecer era un contrato de seis meses como mínimo. Posteriormente, los alumnos supieron que «documentos internos de la academia iban a ser presentados para sustentar posibles renuncias» de los alumnos a la contratación, algo que ellos nunca firmaron.
La delegada de Empleo, Marina Martín, explica que «cada vez que hay reclamaciones, sea por el motivo que sea, se comprueba si la academia o asociación ha cumplido con todos los requisitos». En cuanto a las cuatro quejas que actualmente se investigan, no se ha cerrado aún el expediente informativo. No se ha aclarado tampoco si las academias efectivamente presentaron renuncias que presuntamente habrían 'falseado'.
Vigilantes de seguridad
Entre las irregularidades que se han denunciado a Empleo estaría otra denuncia presentada por una academia respecto a los cursos subvencionados de vigilantes de seguridad. Se refería a centros que habían recibido subvenciones de unos 26.000 euros para impartir cursos de vigilante de seguridad, sin contar con la necesaria acreditación del Ministerio del Interior.
El no tener esta homologación, los alumnos no podrían inscribirse oficialmente como vigilantes al acabar el curso, porque el Ministerio no les reconocería el título. Tras la queja recibida en Empleo, se les dio un plazo a los centros para que se homologaran, algo que hicieron a posteriori, y gracias a lo cual podrán seguir con sus cursos subvencionados y no tendrán que devolver el dinero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario