Cinco meses después de que el vigilante D.R., de la empresa Serramar, fuera apartado de sus funciones en el CETI, acusado de agresión sexual a una argelina, el juzgado que lleva el caso ha determinado su archivo y sobreseimiento provisional.
De acuerdo con el escrito judicial, el juez titular del juzgado de instrucción número 6 -que llevó el caso- determinado que la manifestación de la inmigrante argelina que denunció los hechos no es creíble y que por lo tanto no sostiene una acusación contra el vigilante. Una impresión, la del juez, que es secundada por el Ministerio Fiscal que también interesó el archivo de la causa como finalmente ha sucedido y como defendía el abogado defensor del acusado, Jorge Gil Pacheco.
Fue el pasado 31 de julio cuando la propia Delegación del Gobierno, con un comunicado oficial, pretendía evitar y acallar cualquier polémica dando a conocer la denuncia presentada en la Jefatura Superior por una inmigrante argelina que, supuestamente, había sido agredida en el mes de abril por el vigilante D.R.
Aquella presunta violación se habría producido dentro del CETI, en un periodo que nunca fue concretado por la presunta víctima que puso los hechos en conocimiento, primero, de la psicóloga del centro. Al parecer la víctima habría permanecido callada durante todo este tiempo al estar muy afectada por lo sucedido y tener miedo, según llegó a confirmar la Delegación del Gobierno.
Nada más conocer el caso, la psicóloga dio parte a la dirección que trasladó los hechos al juzgado de guardia y a la Fiscalía que en la decisión judicial última apoya las tesis de la defensa representada por Gil Pacheco.
Ahora, cono el conocimiento del archivo de la causa, el vigilante D.R. queda exculpado de cualquier implicación en unos hechos que provocaron que fuera apartado de sus funciones en el campamento al que ahora quiere regresar, como parte de la plantilla de Serramar.
La otra protagonista de esta historia, que llegó a ser portada en los medios nacionales, la propia denunciante, ya no se encuentra en la ciudad, después de haber obtenido un permiso que permitió su traslado, regularizado, a la península.
El vigilante siempre consideró que el motivo de esta denuncia no era más que el de conseguir esa residencia, de ahí que pusiera en conocimiento los hechos a la dirección meses después de que supuestamente se hubieran producido.
En el auto de archivo ha pesado un dato clave, al margen de la declaración no consistente de la víctima, el hecho de que el día de autos el acusado no estuviera de servicio ni concordaran sus cuadrantes de guardia con la sucesión de horas en la que se tuvo que producir esa agresión.
Con la sentencia favorable, el acusado podría presentar una denuncia por daños morales, tal y como en su día avanzó a este medio, porque “en la vigilancia todos nos conocemos y me han nombrado por la calle”, además de por el perjuicio económico ocasionado, “me retiraron por prevención y ahora sólo tengo servicio tres días a la semana”.
D.R. siempre ha insistido en su inocencia y considera que ser uno de los vigilantes de menor edad en el centro del Jaral pudo llevar a la argelina a decidir que él reunía el perfil adecuado para acusarlo de agresión sexual. “Pero no ha sabido hacerlo bien, porque el día que se produjo la supuesta violación yo no estaba de servicio”, aclaró el agente privado en una entrevista concedida a este medio antes de conocer el fallo judicial. El denunciado calificó a la ex residente del CETI como una mujer “problemática” que ha tenido “roces con otros inmigrantes y miembros del personal”. Descarta que uno de esos roces le llevara a formular la denuncia como forma de venganza ya que su actuación siempre se ha ajustado a la normalidad, indicó.
El próximo objetivo: intentar regresar a su puesto laboral en el campamento del Jaral
Desde que sucedieron los hechos, el vigilante denunciado fue apartado por la propia dirección del CETI de su trabajo. El hecho de que la denuncia fuera por agresión sexual provocó miedo en el campamento e incluso en la Delegación del Gobierno, que optó, por orden del delegado, por dar publicidad a los hechos en aras a evitar acusaciones o críticas por parte de las oenegés.
El hecho generó tanta polémica que incluso provocó una valoración del Ministerio de Interior anunciando que se llegaría hasta el final de la investigación.
Ahora, meses después de lo sucedido y cuando la atención mediática está dormida, se conoce el auto judicial de archivo que elimina cualquier culpabilidad sobre el vigilante.
El deseo de D.R. es volver a trabajar en el CETI para limpiar una imagen que se ha visto seriamente dañada a pesar de que nunca se dio publicidad a su nombre.
No obstante, en el reducido sector de la vigilancia de seguridad sí quedo marcado.
De momento el afectado tiene un contrato de obras y servicios y espera que desde la dirección del campamento se le dé una notificación de cuál es su estado.
La denuncia por agresión fue la única conocida en el CETI por aquellas fechas a pesar de que la UCRIF del Cuerpo Nacional de Policía llegó a abrir una investigación para ver si se podían haber producido más casos. Nunca se hallaron.
http://www.elfaroceutamelilla.es/content/view/24273/67/
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