Desde hace bastantes años España se debate en busca de su identidad, pero ésta se encuentra difusa, alentando diversos poderes fácticos, fundamentalmente políticos y nacionalistas una confusión sobre la convivencia que deben tener todos los españoles.
Sin embargo los problemas de los españoles de cara al futuro son muy distintos a los que se nos presentan, primero porque nos estamos quedando sin recursos para enfrentarnos al nuevo orden mundial y segundo, porque en caso de que se produzca una fragmentación de España, las posibilidades de supervivencia de cada uno de los “taifas” que se constituyan, disminuirán drásticamente, terminando por convertirse en “colonias” económicas y sociales de otras naciones, que sí han sabido hallar su propia identidad.
Es imposible en una sola columna, de la amplitud que debemos plantear en “expertos”, de analizar toda la problemática que en ella se expone, por lo que es preferible desdoblarla en varias, aunque obteniendo conclusiones de cada una de ellas.
La primera parte nos referiremos a las Administraciones Públicas, cáncer que corroe a nuestra sociedad y la segunda a la economía desde un punto de vista empresarial.
La reforma de las Administraciones Públicas
En una reciente sentencia del Tribunal Constitucional se anulaba el artículo del Estatuto de la Junta de Andalucía en el que se abrogaba competencias exclusivas sobre la cuenca del río Guadalquivir.
Cuando apareció el borrador del Estatuto, tras la apertura de la “caja de los truenos” por parte del Presidente del Gobierno, el cual, gracias a Dios, ha atemperado su maximalista posición a base de los “palos” recibidos, un servidor, no jurista, sino profesional de la seguridad, entre ellas como es lógico la que compete al agua, afirmó en una columna, publicada en este mismo portal, el 16 de mayo de 2006, con el título “Conflictos por el agua en España”, que por esa razón –había otras expuestas en otras columnas-, era inconstitucional el Estatuto de Andalucía.
Causa estupor lo que legislan nuestros políticos en los parlamentos autonómicos y nacional, porque hay que imaginarse que estarán asesorados por letrados: parlamentarios y de las cortes, que le expondrán con razonamientos convincentes, que lo que pretenden aprobar es contrario a la legalidad. Cinco años después, el Constitucional ha enmendado la plana, cuando el articulado anulado no tendría que haber sido, ni siquiera tratado en ningún debate parlamentario, pero así son las cosas, y los españoles, por incompetencia de algunos que se consideran “iluminados” hemos gastado dinero y esfuerzo en algo que se podía haber evitado con un poco de sentido común, pero como bien se dice el “sentido común es el menos común de nuestros sentidos”.
Las declaraciones del Presidente de la Junta de Andalucía son, cuanto menos, curiosas, arguyendo que a pesar de la inconstitucionalidad, existe margen para controlar la cuenca del Guadalquivir y respetar los derechos de las comunidades autónomas vecinas. La verdad es que no le falta razón y aquí entra en acción el argumento malévolo de determinados políticos, que poco a poco se van “comiendo” las competencias del Estado: Se ponen unos artículos abiertamente inconstitucionales, sabiendo que serán rectificados, pero NO en todas sus facetas, porque, desgraciadamente el Tribunal Constitucional también se encuentra contaminado políticamente, sino sólo en parte, ampliándose de esta forma tan anormal las competencias que la Constitución de 1978 atribuye a las Comunidades Autónomas, y poco a poco se va originando una estrategia de las “rodajas de salami” o de la “alcachofa”, comiéndose rodaja a rodaja, sin que sea perceptible, para terminar comiéndose el salchichón o la alcachofa completa. Con estos tiestos, dentro de pocos años la Administración Central será una entelequia y España se encontrará dividida en diecisiete o diecinueve “reinos taifas”.
Tenemos en estos albores del siglo XXI muchos problemas. Hay países que han vislumbrado con suficiente antelación el final del pozo, tomando medidas, algunas de ellas drásticas e impopulares, desde el año anteriormente citado (2006), encontrándose en estos momentos: principios de 2011, con un horizonte clareado. Pero hay otros, entre ellos España, que han preferido ocultar la cabeza en un hoyo para no ver la situación, entendiendo que como tantas veces en la historia anterior, hemos salido gracias al apoyo exterior, aunque fuera a costa de jirones de soberanía.
¿Pero son sólo económicos los problemas de España? Si salimos a la calle y encuestamos a un número adecuado de españoles, nos encontraríamos casi con los temores que le han acuciado desde hace treinta años: falta de trabajo; paro, principalmente juvenil; terrorismo; nacionalismos exacerbados; enfrentamientos políticos excluyentes, etc., pero que en realidad enmascaran los verdaderos problemas españoles.
Voces más autorizadas que la de este autor, pueden hablar ampliamente de todo lo anterior, pero en un intento de ser “observador” de la situación, me atrevo a exponer:
En el orden político no sobran naciones, nacionalidades o regiones, lo que sobran son administraciones, siendo imposible que la masa trabajadora de este país pueda sufragar los cuantiosos gastos de 17 comunidades autónomas más dos ciudades de la misma categoría, cruzadas las mismas con las periféricas de la Administración Central; más de cincuenta provincias; cerca de cincuenta mil municipios; e incontables comarcas, mancomunidades, áreas metropolitanas, pedanías, y otras entidades administrativas. Todo ello por no citar otras entidades, como por ejemplo las Universidades, siendo nuestra Patria (palabra que ya no se menta), una de las que dispone mayor número de ellas de carácter público, en valores relativos.
Las provincias nacieron como un intento de acercar la Administración a los administrados, pudiéndose consultar para ello las diversas obras del que fuera ministro de Isabel II, Javier de Burgos, impulsor de esta reforma. Hasta 1833 y aunque existieron tímidos intentos de descentralización, la división administrativa se regía por los reinos y capitanías generales. ¿Pero cabe pensar que ciento ochenta años más tarde la provincia acerca la administración al ciudadano?, desde luego que no, simplemente es un nivel donde se colocan los políticos de segunda y tercera fila, como “modus vivendi”. Las nuevas tecnologías permiten, desde las diversas capitales de las comunidades autónomas, llegar de forma inmediata al usuario de las mismas, sea ciudadano, empresa o entidad.
¿Es admisible la existencia de cincuenta mil municipios? A lo largo del siglo XX desaparecieron cerca de dos mil y nadie se ha dado cuenta. ¿Es viable un municipio de cientos de habitantes?, ¿Qué capacidad de respuesta puede tener el ayuntamiento que lo sustenta ante una situación grave en el término municipal?: Ninguna.
La desaparición de las provincias y de la inmensa mayoría de los municipios, no tiene que conllevar la centralización de las administraciones, al revés, puede potenciarse la descentralización administrativa y centralizando las sedes de decisiones políticas, que son las que verdaderamente cuestan dinero a los contribuyentes.
Hace años, siendo el responsable de la investigación y análisis para la preparación del ejército de tierra, hablando con un político que había sido consejero de educación de una comunidad autónoma y en aquel momento era director del centro de prospectiva autonómico, le exponía la multiplicación de las universidades, a lo que me indicaba que de esta forma se coordinaba mejor la enseñanza universitaria y que no se habían aumentado los centros de enseñanzas, es decir las facultades y escuelas, contestándole que ahí estaba el quid de la cuestión: si antes funcionaban dos o tres facultades en una provincia y un rectorado en otra, que conformaba un distrito universitario, con la proliferación de universidades se habían creado rectores, equipos de gobierno y una administración subsidiaria que consumía gran parte de los fondos de educación que debieran ir destinados a los alumnos.
Por lo tanto primer problema a resolver: ELIMINACIÓN DE NIVELES ADMINISTRATIVOS.
(Continuará...)
