Figueres (Girona), 6 may (EFE).- El conseller de Interior, Felip Puig, ha anunciado hoy la apertura de un expediente sancionador que podría comportar sanciones de entre 300 y 30.000 euros a los organizadores de la manifestación antisistema del pasado 1 de mayo en Barcelona, que según ha dicho, "no cumplió la ley".
"Se ha acabado la impunidad de los que atentan contra la propiedad privada o el orden público sin ningún tipo de consecuencia" ha afirmado Puig en Figueres, tras reunirse con el alcalde de esta ciudad para hablar de seguridad ciudadana entre otros temas.
El Departamento de Interior quiere que la cantidad final, que será impuesta tras el estudio pertinente de los expedientes durante dos o tres meses por parte de un funcionario público, sea equiparable a los desperfectos ocasionados y al gasto que supuso la operación del orden público durante la manifestación.
Puig ha considerado que durante la manifestación del pasado 1 de mayo no se garantizó el orden público, ni se organizó la protesta de manera ordenada para que estuviera dentro de la legalidad ni tampoco siguieron el itinerario acordado.
"Algunos de los manifestantes no estaban de broma, el Departamento de Interior tampoco", ha dicho el conseller, que ha anunciado que se aumentará hasta en mil efectivos el número de agentes policiales en las calles de toda Cataluña a partir de finales de junio.
Puig no ha concretado exactamente el número de policías que irán destinados a las calles de Figueres, la segunda ciudad más importante de Girona, donde en el último trimestre han descendido un 25 por ciento los actos delictivos y se han incrementado en un 16-17 por ciento las detenciones durante los cuatro primeros meses del año.
El conseller ha dicho además que "entiende" que las asociaciones de payeses de algunas localidades de Girona hayan decidido contratar seguridad privada para evitar robos y atentados contra su patrimonio.
"Entiendo que haya gente que quiera colaborar y que en un momento dado además de hacer lo posible por ayudar, ponga vigilancia privada", ha afirmado Puig, que ha recordado que en muchas empresas privadas también se hace.
Ha añadido además que están estudiando la posibilidad de atribuir en algunos casos grado de autoridad pública a estos vigilantes privados que hacen un servicio para la comunidad de payeses y empresarios privados.
Sobre la propuesta de Abertis de aumentar la velocidad en las carreteras y autopistas españolas, Puig ha dicho que estas cuestiones dependen del gobierno central, pero ha defendido que espera que el modelo europeo de responsabilidad y civismo al volante frente a tanta prohibición y limitación pueda imponerse algún día.
EFE 1011115 icr/mb
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