La Comunidad tardará tres meses en arreglar los desperfectos de todas las viviendas y la zona común
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Agentes judiciales, respaldados por un fuerte dispositivo de seguridad entre antidisturbios, Guardia Civil y Policía local, han desalojado este viernes 24 viviendas de una promoción del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) en Navalcarnero, que llevaban más de tres años y medio 'okupadas' por gente "violenta".
Así lo ha explicado a Europa Press el gerente del IVIMA, José Antonio Rodríguez Páramo, quien ha agradecido a la Delegación de Gobierno el dispositivo de seguridad con el que han contado para poder llevar a cabo el desalojo, que ha sido "tranquilo" y se ha podido llevar con "normalidad" porque las viviendas estaban vacías.
"Habían recibido ya la orden de desahucio, y estaban al tanto", ha explicado el gerente, quien ha asegurado que, no obstante, los últimos dejaron las viviendas este jueves por la noche y que esta misma mañana estaban "merodeando" por los alrededores para ver si finalmente se procedía al desalojo.
En total, más de un centenar de efectivos entre agentes antidisturbios, Guardia Civil, Policía Local de Navalcarnero y un helicóptero de apoyo han velado por que el desalojo se produjera sin incidentes, en un caso judicial pionero en España pues es la primera vez que se admite la solicitud de varios desahucios en una sola demanda.
Las Fuerzas de Seguridad no han necesitado el uso de la fuerza para desalojar las viviendas 'okupadas' ni se han producido detenciones, puesto que la gran mayoría de sus moradores han ido marchándose en los últimos días tras el aviso del inminente desalojo, han informado aEuropa Press fuentes de la Comandancia de Madrid. Durante las próximas semanas se mantendrá la vigilancia para evitar nuevas okupaciones.
'OKUPAS' "ESPECIALMENTE VIOLENTOS"
Rodríguez Páramo ha explicado que estas viviendas, en diciembre de 2007 fueron asaltadas por 'okupas' "especialmente violentos" y que durante este tiempo han podido ir echando "de forma individual" a diez de estas familias, con demandas individuales. Sin embargo, a las horas del desalojo, volvían a ocupar la vivienda.
Por ello, el IVIMA optó por la opción de acudir al Juzgado, con un informe favorable del propio Ministerio Fiscal, para solicitar una sola demanda con todos los desahucios, aludiendo a la problemática que tenían cada vez que se producía un desalojo a nivel individual. Con esta demanda común, esta semana se iban a producir los desalojos, y seis de las familias han abandonado la vivienda antes de que llegaran los agentes judiciales.
Ahora, nada más recuperar las viviendas, el IVIMA ha metido a cuatro empresas a arreglar los desperfectos de las casas, que han quedado "destrozadas": han defecado en los pisos y han extendido las heces por las paredes, han hecho agujeros en las zonas comunes, se han llevado un ascensor, entre otras cosas.
Para evitar problemas, durante este periodo de obras, entre doce y catorce vigilantes de seguridad velarán por que todo se desarrolle con normalidad, y en un periodo de tres meses, los nuevos adjudicatarios legales puedan entrar.
UNA PESADILLA DURANTE TRES AÑOS
Esta 'okupación' se ha convertido en una pesadilla para los adjudicatarios legales de las viviendas que tenían que convivir con los ilegales. En concreto, la historia empezó en diciembre de 2007 cuando se entregaron las llaves de dos promociones del IVIMA con 96 viviendas.
En enero de 2008, una veintena de casas ya estaba 'okupadas' y el IVIMA lo puso en manos de los jueces por el número elevado de viviendas afectadas. Durante este tiempo, se han ido desalojando a algunas familias, pero al hacerlo de manera individual, volvían a entrar.
"Era gente con un perfil determinado, era gente peligrosa que se ha dedicado a destrozar las viviendas por dentro y las zonas comunes", han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que han explicado que durante este tiempo han tenido que tomar medidas desde el IVIMA para salvaguardar la seguridad de los adjudicatarios legales.
Así, se creó una comisión desde el principio formada por el Ayuntamiento de Navalcarnero (Policía local), la Delegación de Gobierno, los vecinos y el IVIMA para abordar la situación. Además, se acotaron las entradas (había tres y se dejo una sola para controlar la entrada de gente y evitar nuevas ocupaciones).
El IVIMA contrató seguridad privada y desde enero se decidió que los inquilinos legales dejaran de pagar la renta. "Esto ha supuesto un drama para los adjudicatarios de vivienda legales, para otras familias que no han podido disfrutar porque ni pudieron llegar a entrar en su casa, para otros que han renunciado a las mismas y para el IVIMA, que ha tenido que asumir los costas", han indicado las mismas fuentes.
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