EL ALTO EL FUEGO Y LA CRISIS ECONÓMICA, PRINCIPALES ARGUMENTOS PARA ESTE REPLIEGUE DE GUARDAESPALDAS
EL IMPORTANTE RECORTE DE LA PROTECCIÓN PREVISTO EN NAFARROA A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DISPARA LAS CRÍTICAS
BILBAO. El desmantelamiento progresivo del servicio de escoltas a personas amenazadas en la CAV y Nafarroa, al tiempo que afecta gravemente a la situación laboral de centenares de guardaespaldas, supondrá una merma en la seguridad de los denominados vips. Así lo denuncian los profesionales de la seguridad privada, uno de cuyos representantes aseguró a DEIA que "las declaraciones del consejero de Interior, Rodolfo Ares, de que iban a recortar servicios de protección para ahorrar dinero pero manteniendo su calidad son vergonzosas, no se sostienen en la práctica".
El alto el fuego y la crisis económica son los principales argumentos esgrimidos tanto por el Ministerio como por la Consejería de Interior para recortar esta estructura, que alcanzará su cénit tras las elecciones municipales y forales. La medida, además de a los agentes privados, afecta a las tareas de protección llevadas a cabo por Guardia Civil y Policía española y por los integrantes de la sección de acompañamientos de la Ertzaintza, que están siendo retirados poco a poco de esta función.
La última noticia al respecto ha sido la confirmación de que, partir del 1 de junio, en la Comunidad Foral se reducirán de forma drástica los escoltas privados. Tal y como han denunciado varias asociaciones del gremio, la delegada del Gobierno en Nafarroa, Elma Saiz, está comunicando a los amenazados el inminente cambio en su situación. La Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra denunció ayer que dicho cambio consistirá en que "prácticamente todos los servicios de protección compuestos por dos escoltas y vehículo pasarán a ser realizados por un escolta".
En teoría, esa supresión de efectivos se compensará con labores de contravigilancia en el entorno del amenazado, lo que tampoco satisface los niveles de seguridad que demandan los profesionales del sector. El pasado miércoles fue la asociación de profesionales de seguridad de empresas privadas, ASP/92, la que cuestionó al Gobierno por "consentir" despidos en unas empresas de seguridad que "se han lucrado a expensas del terror a través de trabajadores que constantemente han sido explotados y maltratados sin apenas derechos".
Actualmente existen más de un millar de cargos públicos en la CAV y 900 en Nafarroa con protección asignada, sobre todo privada. Pese a que el recorte de sus servicios se tenía que haber producido ya, el mismo se ha retrasado para afectar lo menos posible al desarrollo de la campaña electoral que acaba de arrancar. El modus operandi elegido sería el mismo que el apuntado para la Comunidad Foral, según el cual de dos escoltas por persona se pasaría a tan solo uno. Otra medida que se está aplicando de forma paralela, aunque en una proporción mucho menor, es sustituir a los guardias civiles o policías españoles que protegen a concejales en el País Vasco por agentes de seguridad privada.
PRESIÓN DE ETA En un comunicado emitido ayer, la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra expresó su "preocupación" y advirtió de "los problemas de seguridad derivados de este tipo de iniciativas, además de la inquietud que se está generando en los profesionales de la seguridad privada en relación a su futuro profesional".
Defendió que "los escoltas privados han sido una pieza fundamental para el establecimiento de las libertades en el País vasco y Navarra, y han posibilitado que miles de cargos públicos pudieran desarrollar con normalidad las labores asignadas a sus cargos políticos". Por este motivo, censuró el "proceso silencioso que se está llevando a cabo para desmantelar la estructura de seguridad privada existente en el País Vasco y Navarra".
Esta situación está derivando en auténticos dramas humanos, con muchos guardaespaldas retornando a sus comunidades de origen tras perder sus empleos. También, como denuncian muchos de ellos, "con suicidios, un tema tabú del que nadie habla", motivados, según su parecer, por las grandes presiones, económicas y laborales, a las que se ven sometidos después de ser traspasados a empresas privadas. "No se tienen en cuenta todas las horas de trabajo que metemos, que en periodo de elecciones son muchas más", denuncian.
No son pocos los que aluden a la pervivencia de ETA como razón para mantener estos servicios. De hecho, en anteriores treguas ya se habían producido repliegues de la protección que tuvieron que ser restablecidos con el regreso a la actividad armada de la banda. El presidente de la Asociación Española de Escoltas, Vicente de la Cruz, afirmó la semana pasada en Bilbao que "no vemos un cambio en la calle ni un respeto hacia las ideas de otras opciones políticas, lo que, unido a las recientes detenciones y a la incautación de 2.000 kilos de explosivo, indica que ETA trabaja para seguir atentando". Durante el IV Congreso Nacional de Escoltas, agregó que la organización armada mantiene la "presión".
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