La Asociación para la Defensa de Sanabria ha anunciado acciones legales contra la instalación de las cámaras por entender que vulneran la intimidad de las personas
2011 amenaza con convertirse en uno de los peores años en incendios forestales de lo que va de siglo en Zamora. En cuatro meses se han quemado más de 2.000 hectáreas de monte bajo, arbolado y matorral, con cerca de 90 siniestros, localizados en su mayoría en la comarca sanabresa. Solo en los alrededores de Porto han ardido 900 hectáreas en menos de diez días. La Junta de Castilla y León ha apelado a la colaboración ciudadana para frenar una situación que se considera de especial gravedad porque los fuegos, en su mayor parte, han sido provocados.
Los últimos estudios de la Administración, fuerzas de seguridad y Justicia dejan muy claro que los fuegos tienen su origen en tres causas principales: imprudencias, intereses económicos (agrícolas, urbanísticos y cinegéticos) y la actividad de individuos con trastornos psicológicos. Es transcendental, por tanto, además de perseguir y castigar a quienes queman los montes, concienciar a la población de los valores de los bosques y propiciar que los beneficios que éstos generen recaigan sobre la población radicada en el ámbito forestal.
Es, además, imprescindible la prevención y para ello resulta crucial contar con los medios suficientes y adecuados, tanto humanos como técnicos. Y hacerlo continuamente, también los primeros meses del año, cuando, debido a episodios de sequía o helada, se dan condiciones propicias para los incendios en escenarios sin apenas presencia humana.
La Junta de Castilla y León, que lleva años incrementando los presupuestos destinados a la lucha contra los incendios forestales, apuesta ahora por la instalación de cámaras de videovigilancia en aquellos lugares donde hay más riesgo de siniestros y donde la estadística demuestra que se registran más fuegos provocados. Es evidente que una política contra el fuego realmente efectiva debe estar apoyada en tres pilares bien construidos: la formación e información, la prevención y la disuasión.
La medida, ya aprobada para Zamora y ya probada, con buenos resultados en Soria, no ha tenido la acogida entre la población y los propios ayuntamientos que esperaba la Administración regional. Más de cuarenta colectivos de la zona de Sanabria y Carballeda han remitido ya ante el Ministerio de Medio Ambiente su rechazo al proyecto de la instalación de cámaras de vigilancia cofinanciado por el Gobierno de la Nación y la Junta de Castilla y León. La Asociación para la Defensa de Sanabria ha anunciado acciones legales contra la instalación de las cámaras por entender que vulneran la intimidad de las personas.
El proyecto del Gobierno regional contempla extender el control a través de videovigilancia a todas las zonas que no queden cubiertas por los puestos fijos instalados en el monte, mejorar y ampliar la visibilidad en las áreas con mayor riesgo y mantener la observación los 365 días del año (ahora el dispositivo humano y material solo está operativo principalmente los meses estivales). La tecnología que se instalará facilitará la observación de al menos 80.000 hectáreas de masa forestal, de manera que la superficie controlada supere el 50% de la Alta Sanabria y el 70% en la Baja Sanabria. El proyecto, con un presupuesto de 1.548.750 euros, ya ha sido adjudicado a una empresa especializada y contempla la instalación de once dispositivos en otros tantos puntos estratégicos de la Alta y Baja Sanabria. La instalación del sistema está previsto que se ejecute a lo largo de este año.
La memoria elaborada por la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León deja muy claro, que con la instalación del sistema de cámaras de vigilancia, lo que se pretende es mejorar el dispositivo de detección de incendios en la comarca sanabresa «para que durante todo el año se puedan detectar con mayor rapidez los focos incipientes de incendio forestal y actuar más eficazmente en su extinción, minimizando así la superficie quemada».
La profusión de incendios forestales en lo que va de año apoya los argumentos de la Junta para desarrollar el proyecto, ya que donde está prevista la instalación de cámaras es donde más incendios forestales se han localizado, precisamente en las «zonas de sombra», en los lugares donde la vigilancia convencional es más difícil por lo inaccesible del espacio a proteger.
Juegan también a favor del Gobierno regional, los buenos resultados obtenidos por este sistema en la provincia de Soria y en otros lugares del territorio nacional, donde ha sido evidente la disminución de siniestros y donde, además, apenas han tenido incidencia las denuncias por vulneración de la intimidad de las personas, principal argumentación de quienes se oponen a esta iniciativa. La Junta argumenta, entre otras razones, que no se controlará a las personas que estén en el monte porque las cámaras funcionan mediante un barrido automático permanente que solo las detiene cuando detectan un incendio, al tiempo que anuncia campañas de sensibilización ciudadana para superar el rechazo.
Hay que poner todas las trabas posibles a quienes tengan la tentación de encender la cerilla incendiaria. La vigilancia y el control son capitales en esa tarea y las cámaras de vigilancia pueden ser un instrumento adecuado, siempre, claro está, que no atenten contra la intimidad de las personas. Esa política de vigilancia debe ir unidad, lógicamente, a una dotación técnica y humana suficiente de los equipos de extinción, a la apuesta por un modelo de gestión del monte que redunde en beneficio de los vecinos y municipios afectados y, por último, a la aplicación sin contemplaciones de la ley. Jamás los intereses particulares de deben estar por encima de los generales. Zamora no se puede permitir el lujo de perder su riqueza forestal.
Fuente: La Opinión de Zamora
22/04/11
22/04/11
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